EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA EN LOS CULTIVOS DE PALMA AFRICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Juan Manuel Ochoa Amaya
Ernesto Leonel Chávez Hernández

6.6.3 Las condiciones de contratación de los trabajadores

Por la misma época en que se aprobó la Ley 101 de 1993, se aprobó también la Ley 100 del mismo año y ya en 1990 se había aprobado la Ley 50. Estas dos fueron especialmente lesivas para los intereses de los trabajadores porque facilitó el despido y redujo sus costos, eliminó la retroactividad de las cesantías, redujo el monto de las mesadas pensionales y aumentó la  edad de jubilación, para solo mencionar lo más relevante. Pero no fueron las únicas medidas con que el gobierno recibió la última década del siglo XX. En efecto, en 1990 mediante el Decreto 468 se reglamentó el funcionamiento de las Cooperativas de Trabajo Asociado y la Ley 677 de 2001 creó las llamadas Zonas Económicas Especiales ZEE. Pero hubo una norma del año 2002 (ley 789), que redujo los pagos de los dominicales y festivos, eliminó los sobrecargos nocturnos hasta las 10 de la noche otorgó un subsidio directo a las empresas para que despidieran trabajadores y en su lugar contrataran jóvenes a quienes se les podía pagar por un cierto periodo un salario inferior al mínimo legal vigente.

En un trabajo de campo que se realizó en varios municipios del Departamento del Meta, en el cual participaron los autores del presente estudio, se pudo verificar que la absoluta mayoría de trabajadores son contratados a través de las llamadas Cooperativas de Trabajo Asociado como se ilustra en la siguiente tabla.
Las cifras muestran que el 65% de los trabajadores de las empresas palmeras son contratados a través de cooperativas, es decir, dos de cada tres trabajadores no tienen contrato de trabajo con la empresa sino que venden un servicio colectivo según las necesidades de las plantaciones y bajo las condiciones fijadas por ellas. Si a los miembros de las llamadas cooperativas se le agrega el número de personas al servicio de contratistas, el porcentaje sube al 74% y si a esto se le suma los trabajadores por contrato a término fijo se tiene que el 85% de los trabajadores se encuentra en condiciones precarias.

Sin embargo, aunque hay otra información en el trabajo del Grupo Morichal que corrobora la precariedad de las condiciones, llama la atención que una gran mayoría considera justa la remuneración que recibe según la información de la siguiente tabla.
De otra parte, podría argumentarse que la actitud relativamente conformista de los trabajadores se explica porque las  fuentes de empleo en el sector rural son muy escasas, pero desde el punto de vista de la investigación se introducirían juicios de valor que le restarían fuerza al trabajo.

La situación descrita como parcialidad a favor de los empresarios combinada con la situación de los trabajadores configura un marco de conflictos permanentes y en este sentido cabe destacar dos aspectos de la violencia que ha vivido el País en los últimos años, explicada en parte por el control territorial y otra en la eliminación sistemática de opositores y dentro de estos, los líderes sindicales.

6.3.4 Violencia por el control territorial y contra el derecho de asociación

Uno de los aspectos que ayudan a explicar la violencia en Colombia es la propiedad de la tierra y continuamente se ha acusado a grupos paramilitares de abrir los espacios para los cultivos de palma africana. A los casos mencionados de Jiguamiandó y Curvaradó se le suman otros específicamente como la masacre de Mapiripán en 1997, y otra en San Carlos de Guaroa en el mismo año, denunciada por H.R.W.

De otra parte, el Informe de Desarrollo Humano para Colombia de 1999, tiene una información sobre municipios con presencia paramilitar y figura primero San José del Guaviare segundo Cesar y tercero el Departamento del Meta con presencia en el 66.7% de los municipios.

No necesariamente la presencia paramilitar tiene forzosamente que estar ligada al cultivo de la palma. Sin embargo, la denuncia de expansión de cultivos de palma, asociada a la presencia de fuerzas paramilitares ha sido denunciada por diversas fuentes en todo el mundo. Por ejemplo, una organización de derechos humanos señala lo siguiente:

Si bien las zonas palmeras más antiguas llamaron o conformaron grupos paramilitares como sistemas de seguridad privada, este recursos al paramilitarismo ha evolucionado hasta convertirse en el nuevo modelo de expansión palmera en Colombia cuyos ejemplos paradigmáticos pueden ser las zonas palmeras del Casanare, del Meta o del Chocó.

Pero no son solamente organizaciones de derechos humanos quienes denuncian esta asociación. Las mismas organizaciones paramilitares reivindican el hecho de que ellas brindaban seguridad privada y son bastante comunes los procesos judiciales que involucran a empresarios palmeros con el paramilitarismo pero quizás uno de los más conocidos es Víctor Carranza.

Pero la violencia no solo ha sido ejercida para despojo de tierras y expansión del cultivo de la palma. La persecución y asesinato de líderes sindicales es paradigmática esta vez la información proviene del Presidente de los Estados Unidos Barack Obama, quien el 21 de agosto de 2008 y el 20 de octubre del mismo año, señaló que la historia reciente de Colombia es que líderes sindicales han sido blanco de asesinatos cuya comisión ha quedado en la impunidad y no se hace nada por investigar esos delitos.

Y a decir verdad la estrategia ha funcionado porque desde 1996 el número de afiliados comenzó a descender y la palabra sindicalismo se ha erradicado de prácticamente todas las empresas privadas. Sin embargo, hay algunos remanentes específicamente en las empresas palmeras pero su actividad queda circunscrita a transmitir a sus afiliados las decisiones que toman los empresarios. No hay realmente una actividad en defensa de los trabajadores y la tasa de sindicalización, es decir, el número de afiliados dividido entre el del personal ocupado, presenta un panorama nada alentador, según los datos que a continuación se presentan:
De otra parte, hay dos argumentos que esgrime el gobierno y el establecimiento a este respecto. El primero hace referencia a la reducción  del número de asesinatos y el segundo a que los trabajadores no se afilian por el desprestigio en que han caído los sindicatos. El argumento del Gobierno podría tener un poco de verdad pero de una verdad lastimosa, porque sí se ha reducido el número de asesinatos selectivos de líderes sindicales porque ya casi no quedan. En cuanto a la segunda, se podría arriesgar una hipótesis muy fácil de comprobar pero que debe ser objeto de otra investigación: el número de afiliados se ha reducido, porque el número de trabajadores permanentes ha disminuido y ahora las empresas llenan  sus plantas con trabajadores temporales o contratan servicios utilizando el denominado outsourcing.

De otra parte, no puede caerse en el juego de satanizar una actividad de sembrar palma de aceite porque en primer lugar, las primeras plantaciones se establecieron mucho antes de que existieran paramilitares, por lo menos los de última generación. Además, en un país afectado por la violencia como Colombia,  los asesinatos de sindicalistas no están necesariamente relacionados con sus actividades gremiales ya que se trata de seres humanos que tienen también fuentes de conflicto similares al resto de los mortales. En todo caso, corresponde a las autoridades competentes esclarecer los hechos para que no quede en el ambiente de que se trata de un comportamiento sistemático porque hay otros problemas relacionados con el cultivo de la palma y son los relacionados con el medio ambiente. Este último, junto con el de los derechos de los trabajadores, será una amenaza que pende como la espada de Damocles en decisiones tan importantes para Colombia como el Tratado de Libre Comercio que Colombia espera firmar con los Estados Unidos en cuanto haya en el País del Norte una actitud política favorable.

Hay muchos argumentos que ponen de manifiesto una preocupación muy seria respecto de la sostenibilidad social y ambiental de la palma de aceite. Sin embargo, sería precipitado condenar a un cultivo simplemente con el argumento de que para su implementación será necesario quemar una significativa parte de la superficie arable, entre otras razones, porque en el Meta muchas de las áreas susceptibles de cultivar eran potreros en los cuales se practicaba una ganadería extensiva, esa sí altamente ineficiente. Además, no ha habido desplazamientos forzados de comunidades nativas para el establecimiento de plantaciones de cultivos de palma. Se requiere entonces una indagación mucho más profunda para determinar realmente los efectos medioambientales del cultivo de la palma de aceite en el Departamento del Meta y verificar además si realmente el cultivo tiene efectos tan perversos como los que se le atribuyen; entre ellos el establecimiento de una economía de enclave.

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