INFLACIÓN POPULAR: EL IMPACTO DE LA DINAMICA DE PRECIOS EN LAS FAMILIAS POBRES URBANAS DE GUATEMALA

SERGIO A. ROSALES MAZARIEGOS
sergio1982arm@gmail.com

Entrevistas: criterios, realización, tabulación y manejo de la información obtenida

Como se explicó en el apartado 1.3.1, el criterio inicial para la realización de la entrevista incorporó una pregunta-filtro, que sentaba la pauta para continuar o no con la entrevista. El criterio utilizado estimaba un ingreso familiar por debajo del costo de la canasta básica vital por persona por el número de miembros en la familia (al mes de diciembre de 2008).
Previo a ello, por observación del investigador, se seleccionaron las familias a ser entrevistadas según su situación socioeconómica “aparente”, es decir, las condiciones de vivienda, empleo, nivel educativo y actividades económicas de sus jefes de hogar. En la Tabla 1 pueden apreciarse dichas características (las casillas de los jefes y jefas de familia se resaltan en gris), además de dos indicadores sobre la línea estimada de pobreza, uno mide la relación entre los ingresos reportados por cada caso, respecto al CCBV según el número de miembros de la familia.
El otro indicador relaciona el valor total del consumo reportado sobre el CCBV correspondiente. En ambos indicadores se observa una cercanía que valida la pregunta-filtro utilizada para la selección de cada caso para ser considerado como “pobre”. En consecuencia, para todos los casos el ingreso reportado fue inferior a la línea de pobreza utilizada como referencia, pues la relación ingresos/CCBV no superó la unidad. Si se evalúa la relación consumo/CCBV se observa una leve diferencia en los casos 2 y 3, lo que tiene sus causas en el endeudamiento de estas familias con sus proveedores por consumo de los productos comercializados por la familia y al consumo proveído por medio de las denominadas Bolsas Solidarias (ver apartado 2.2.2), aspectos que no alteran su consideración como pobres.

La escolaridad de los jefes de familia no supera el sexto grado de primaria (con una sola excepción en tercero del ciclo básico, quien labora como conserje), e incluso dos reportaron no tener ningún nivel de educación formal. Esta caracterización de bajos niveles educativos fue un factor adicional utilizado para considerar a una familia como pobre, pues es un determinante importante de la desigualdad en la distribución de los ingresos y, en consecuencia, de la pobreza. Para ilustrar esto, según la categoría de asalariados en que se desempeñan los padres de familia, algunos estudios estiman una determinación de la educación sobre la desigualdad de ingresos equivalente al 25.29 por ciento para el sector formal y 10.72 por ciento para el sector informal, en tanto para los trabajadores independientes dicha determinación es del 11.14 por ciento (a nivel nacional la educación determina el 12.35 por ciento de la desigualdad en los ingresos) .
A partir del método de estudio de caso se procede a identificar uno o varios casos que concuerden con las propiedades identificadas para la categoría en estudio. De esa cuenta, se contrasta la educación de los jefes de familia (padre y madre) en los casos estudiados, con las características de educación de los hogares urbanos clasificados como pobres en la ENCOVI 2006. Esta información se detalla en la Tabla 2 y, como puede comprobarse, es evidente la inclinación de los hogares pobres y pobres extremos a contar con jefes de familia que no superan el nivel de educación primaria, elemento que coincide con las características de los hogares considerados para esta tesis.
Otro elemento a considerar es la actividad económica desempeñada por los jefes de hogar. Los padres de familia entrevistados se desempeñan como asalariados en el sector informal: albañil, mensajero, piloto de bus y conserje; mientras las madres de familia se dedican a oficios domésticos remunerados y no remunerados, y una comerciante informal. Al contrastar esta información con la ENCOVI 2006 se encuentra similar coincidencia que permite corroborar la clasificación de los hogares estudiados como “pobres”. Al igual que la información nacional, los jefes de los hogares seleccionados se desempeñan en actividades poco calificadas, como operarios y comerciantes informales, y que coincide con tres de las cuatro actividades principales desempeñadas por las familias pobres.
Otro aspecto que cabe resaltar es el hecho que los ingresos reportados no constituyen rentas fijas (con las excepciones de los padres de familia que laboran como conserje y como mensajero), aspecto que incide en una mayor vulnerabilidad e inestabilidad del consumo familiar. Esta información era, de forma un poco superficial, de conocimiento previo del investigador y de la persona que facilitó el contacto en las entrevistas*. Con las comprobaciones correspondientes, se afirmó la continuación del estudio de los casos elegidos.
La entrevista (formato incluido en los Anexos) se efectuó en la casa de habitación de cada familia, con una duración aproximada de 1:30 a 2:00 horas. Las respuestas usualmente fueron brindadas en forma participativa y consensuada entre los miembros de la familia, pues los quehaceres y adquisiciones domésticas son compartidos. Esto permitió contar con información más exacta sobre los gastos familiares. Asimismo, se efectuaron anotaciones al margen, que recababan algunas observaciones puntuales sobre el entorno socioeconómico de las familias. Una vez obtenida la información se procedió a tabularla en hojas de cálculo para su manejo y análisis.
En cuanto a las ponderaciones, se utilizó con algunos ajustes, la metodología empleada por el INE para las ponderaciones del IPC oficial. En este sentido, se agregaron los datos de consumo en forma mensual, se redistribuyeron los gastos según gasto básico y “para efectos de precisión [se trabajaron] todos los gastos agregados en valores (en quetzales) y una vez obtenidos estos, dividir cada agregado por el gasto total” . El IPC está estructurado por medio de la ponderación del gasto agregado mensual, clasificado por producto, gasto básico, grupo y división. De forma análoga, se efectuaron distintos ensayos con la información recabada. En principio, se estandarizó a valores mensuales los gastos reportados por las familias, es decir, los gastos diarios, semanales y semestrales se estimaron en su proporción mensual.
Como parte de la entrevista se cuestionaba sobre la periodicidad del consumo. Este dato se intentó utilizar para mermar el peso de la ponderación de aquellos artículos consumidos con menor frecuencia por las familias entrevistadas. Se desechó este intento. La estandarización mensual brindó una ponderación más realista que la ensayada a través de la merma por frecuencia de consumo. La frecuencia de consumo sirvió, en consecuencia, únicamente para desestimar el consumo que fuera con una periodicidad inferior a un semestre. El criterio de consumo/no consumo se tomó para incluir o excluir, y re-ponderar cada gasto básico según su importancia relativa en el gasto total. De esta cuenta, con la información mensualizada de consumo por gasto básico y el gasto total mensual se estimaron las nuevas ponderaciones para construir el IPC de la Canasta Básica Popular -CBP-.
Para elaborar la boleta de entrevista, los gastos básicos se depuraron previamente con la exclusión de aquellos gastos cuya ponderación en el IPC general se encontraban por debajo del 0.10 por ciento (diez centésimas por ciento), sin perjuicio de reincorporar algún gasto si surgiera en las entrevistas. Asimismo, se unificaron algunos gastos básicos para incluirlos como una sola agrupación, a saber: prendas de vestir, muebles para el hogar, cuchillería y cubiertos de mesa y de cocina (incluye ollas), y juguetes.
No se eliminaron los siguientes artículos a pesar de tener una ponderación por debajo del 0.1 por ciento: harina de maíz; pescados y mariscos elaborados, preservados y/o en conserva; sal; libros de texto y folletos no escolares, y demás material impreso diverso; otras cuotas fijas y extraordinarias de educación preprimaria y primaria, y Secundaria; y uniforme escolar. Estos se conservaron por el interés en conocer si efectivamente continúan las erogaciones por uniformes escolares a pesar de prohibiciones en su imposición, así como gastos en educación. En la boleta de entrevista se identificaron con un asterisco (*).
De cualquier forma, se consideró un apartado para adicionar gastos que no hubiesen sido incluidos en el formulario de entrevista. Ya en la práctica, de estos gastos adicionales no se incorporó ninguno a la estimación de la CBP, pues no coinciden con alguna clasificación de gasto básico, a excepción de un caso de fotocopia de documentos que se desestimó en incorporarlo por su poco peso y por haberse identificado en una única entrevista. También debe mencionarse la importancia del gasto en toallas sanitarias, mismas que no se consideran explícitamente al nivel de gastos básicos en la CBP. Su inclusión en la CBP se imposibilitó pues se carece del índice necesario para empalmar.
En primera instancia, se construyó una CBP particular para cada uno de los casos. Esto permitió analizar la situación y el impacto de la inflación para la familia en cuestión. Posteriormente, se agregaron los gastos de consumo de la totalidad de casos para construir una CBP integrada que permitió la estimación de la Inflación Popular para ilustrar y comprobar las hipótesis formuladas. Los resultados de las estimaciones mencionadas se presentan en el capítulo IV.

Imputación del consumo a partir de las bolsas solidarias

Una complicación especial en los casos estudiados constituyó el consumo realizado a través de los productos entregados por el Gobierno desde el año 2008, a través de la denominada “Bolsa Solidaria” –BS-. Para el efecto, en algunos casos, las familias reportaron compras adicionales de los productos que contiene dicha transferencia en especie, pues expresaron su insuficiencia. De cualquier forma, según el contenido oficial de dichas bolsas, se procedió a asignarle un valor monetario basado en los precios promedio a diciembre de 2008, según el levantamiento de información efectuado por el INE, con el objeto de agregarlos al consumo reportado por la familia.
Esto se optó, pese a no constituir una transacción de mercado efectuada por las familias, para no prescindir de dicho consumo a efecto de reflejar de forma más apropiada cómo impacta la inflación en las familias pobres, considerando que la entrega de este beneficio no es generalizado. En primera instancia la BS beneficia únicamente a familias residentes en asentamientos humanos y, más recientemente, se ha extendido al área rural con una bolsa de diferentes contenidos y volúmenes. De esta cuenta, la bolsa mencionada incluye los siguientes productos , junto a los cuales se consigna el precio identificado por el volumen correspondiente.
De los productos anteriores, la incorporación en la CBP no fue general. El arroz, frijol y aceite de cocina, se incluyeron en todos los casos. El atol nutricional se incluyó sólo en los casos de familias que contaban con niños menores de diez años. La harina de maíz no se incluyó como parte de la CBP. Los granos básicos mencionados se incluyeron por haberse identificado como efectivamente consumidos por todas las familias, e incluso, se reportaron compras adicionales por ser insuficiente la aportación contenida en la BS. El caso del atol nutricional fue incluido bajo el criterio de la edad, considerando el hecho que en condiciones normales, en donde no se reciba la ayuda de la BS, difícilmente sería adquirido para su consumo si no fuese para niños. Muestra de esto último es el hecho que algunas familias de la comunidad (por convivencia propia del investigador) tienen gran cantidad de paquetes de dicho suplemento alimenticio sin utilizar, mientras que las familias con hijos menores de 10 años efectivamente hacen uso de este tipo de suplementos alimenticios y quienes no los tienen, entregan el atol a aquellas para su aprovechamiento.
La harina de maíz no se incluyó por ser un área urbana, pues el consumo de productos de maíz es adquirido en tortillerías casi exclusivamente (81.4 por ciento). La donación de harina de maíz reduce la necesidad de adquirir tortillas, pero constituye una excepción a lo observado a nivel metropolitano. Una familia urbana que no recibe la BS, muy difícilmente adquiere harina de maíz para elaborar sus propias tortillas (únicamente el 5.39 por ciento de los hogares metropolitanos lo hacía en 2005), e inclusive, la adquisición de maíz blanco supera a las compras de este producto (7.87 por ciento).


Alejos, Luis. Participación de los determinantes de la desigualdad de ingresos. Estudios Sociales, IIES-URL, Guatemala 2003. Pág. 31.

* En este punto deseo agradecer el apoyo de Omar Rosales, por facilitar la realización de las entrevistas.

Instituto Nacional de Estadística. Metodología del Índice de Precios al Consumidor Base: Diciembre 2000. Guatemala, INE, Enero 2001.

Información obtenida del sitio Web oficial del Gobierno en este tema, corroborada físicamente con el contenido recibido por las familias de dicho asentamiento. http://www.bolsasolidaria.gob.gt.

Menchú, María Teresa. El consumo de alimentos en Guatemala. FAO, Curso de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Guatemala 2005. Descargado de http://www.rlc.fao.org/iniciativa/cursos/Curso202005/ 3prog/6_4.ppt, enero de 2009.

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