Desarrollo Histórico de la inflación en Guatemala

En Guatemala, la inflación ha sido un fenómeno generalmente estable y controlado. Salvo algunas excepciones, observadas en los períodos comprendidos entre junio de 1985 a marzo de 1987, diciembre 1989 a noviembre 1991 y en julio de 1993, la inflación no ha superado un ritmo interanual del 15 por ciento. En ese sentido, no ha existido en el país algún período de hiperinflación pese a haber enfrentado un conflicto armado interno durante 36 años, que coincidiría con la afirmación usualmente aceptada de gasto militar financiado con excesivas emisiones monetarias, causante de alta inflación.

Inflación, déficit fiscal y financiamiento del estado

El máximo nivel inflacionario durante el período de 1984 a 2008 se observó en enero de 1991 (60.7 por ciento), asociado por algunos al financiamiento del presupuesto público por parte del Banco Central. Dicho máximo está contenido en el año de mayor inflación en el país en las últimas dos décadas (un promedio de 42 por ciento en el período enero/90 a enero/91). Este período de alta inflación puede ser explicado también como efecto inmediato de la liberalización de las tasas de interés y del tipo de cambio en 1989, como parte de la consolidación del enfoque monetarista en la institucionalidad financiera guatemalteca , y no explicado precisamente por un abuso en la emisión monetaria inorgánica.
En 1990 el déficit presupuestal fue del 2.1 por ciento sobre el PIB, cuyos bajos niveles no representan una fuerte presión sobre la inflación; inclusive para finales de 1991 el saldo presupuestario público arrojó un superávit fiscal equivalente al 0.01 por ciento del PIB. El saldo presupuestal de 1990 y 91 es menor al déficit del 2.9 por ciento del PIB observado en 1989, y muy por debajo del 4.7 por ciento alcanzado en 1980 y 1982, del 7.4 por ciento de 1981, o del 2.8 por ciento de 1999 varios años después de la implementación de las medidas del FMI, y sin embargo, en esos años la inflación estuvo por debajo de lo observado en 1990 y 91.
Cabe destacar que la tradición monetarista afirma que es el exceso de endeudamiento público, financiado con emisión monetaria excesiva a través de los bancos centrales, la causa de los altos niveles de inflación (períodos hiperinflacionarios en Latinoamérica observados en Argentina, Bolivia, Brasil o Perú, pero nunca en Guatemala). Tal fenómeno económico, y en consecuencia la receta para aliviar dicho mal, poco o nada coincidían con el caso guatemalteco; no obstante, el programa de modernización financiera del Fondo Monetario Internacional –FMI- se impuso por medio de prácticas dudosas, con el objeto de privatizar el financiamiento del Estado, además de los servicios públicos, característicos de los programas de ajuste estructural impuestos por Instituciones Financieras Internacionales desde la década de los años 80 .
La privatización del financiamiento del Estado se consumó al más alto nivel, con la reforma constitucional de 1994, a pesar que la inflación en promedio no superó el 13.4 por ciento el año anterior. Por el contrario, en el año de esa reforma constitucional el endeudamiento público externo se incrementó en un 14 por ciento (para el Gobierno Central el incremento fue del 24 por ciento) y la deuda interna (incluido el financiamiento del Banco Central) pasó de una variación del 14 por ciento en 1993 al nueve por ciento en 1994 (señal de un desplazamiento del nuevo endeudamiento público hacia fuentes externas). El fantasma de la hiperinflación por emisión monetaria excesiva carecía de sustento en el comportamiento inflacionario del país, y contrariamente, fue acogido como estandarte para la implementación del programa de modernización (privatización) financiera mencionado.
En 1999 la emisión monetaria se incrementó en un 34 por ciento respecto a 1998, año coincidente con un alza del déficit presupuestal en relación al PIB, pero contenido en los años donde la prohibición del financiamiento del déficit por parte del Banguat se encontraba vigente, sin que dicha emisión monetaria presentara consecuencias sobre la inflación. En ese mismo año, la deuda pública interna se incrementó en un 25 por ciento, pero ante la imposibilidad de financiamiento por parte del Banguat, el endeudamiento debió contratarse con el sector privado. En la configuración de tales variables pueden observarse algunos puntos interesantes (ver Gráfica 4): 1) alza de la emisión monetaria; 2) incremento del déficit presupuestal; 3) incremento del endeudamiento interno; 4) estabilidad de precios (inflación promedio del 5.21 por ciento durante el año).
El comportamiento de dichos agregados demuestra que el incremento en la emisión monetaria no necesariamente es causa de inflación y, por el contrario, la prohibición de financiamiento al Estado por parte del banco central, privatiza el endeudamiento del sector público a favor de los bancos privados locales e instituciones financieras internacionales. Esto se respalda por el hecho que en 1999 los medios de pago (M2) se incrementaron tan sólo ocho por ciento respecto a 1998, contrario al promedio del 19 por ciento de la década, a pesar del alza en la emisión monetaria. La creación de dinero secundario pudo verse frenada por el desplazamiento del crédito productivo al sector privado a raíz de la preferencia de los bancos en financiar al Gobierno y no en asumir su rol de intermediación financiera que provea de recursos a actividades productivas empresariales*.
No obstante lo anterior, debe destacarse que la inflación se ha mantenido por debajo de un ritmo del 15 por ciento (la última vez que superó esa barrera, fue con 15.27 por ciento en Julio de 1993), mientras el máximo observado con posterioridad fue del 14.16 por ciento en Julio de 2008. En este último año la inflación se vio presionada al alza por choques de oferta en los precios del petróleo, trigo y maíz (extendido a otros gastos en alimentos), que como veremos más adelante, corresponden a presiones externas en los precios que el Banguat identifica como las principales causantes de inflación. Tales presiones, en repetidas ocasiones, se han dado en los años donde la inflación ha superado la meta explícita de inflación plasmada en la política monetaria, cambiaria y crediticia anual.
Cabe mencionar que, a pesar del aparente éxito logrado en controlar la inflación, algunos pensadores consideran que el costo social y económico de estas medidas debe ser considerado para relativizar el éxito pregonado por las mismas, pues “si bien lograron [las políticas neoliberales] frenar la inflación, lo hicieron al precio de crecientes desigualdades sociales y de un déficit muy alto en la balanza comercial… hoy  la  política  económica  de  esos países [los que adoptaron políticas neoliberales] depende estrechamente de lo que  ocurre en la  Bolsa  de Nueva York.  Sólo basta con que haya fugas masivas de capitales, como sucedió hace diez o doce años en América Latina, para que dichas políticas fracasen abruptamente, agudizando las desigualdades sociales ya existentes” . Una vez conocido esto, es importante analizar el comportamiento de los precios según distintos grupos de gasto, pues las desigualdades de las políticas pueden reflejarse en un comportamiento distinto en algunos grupos esenciales (como los alimentos) que otros grupos menos importantes para el consumo de los hogares pobres.

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