NUEVOS PROLEGÓMENOS EN TORNO A LA REALIDAD SOCIAL, POLÍTICA Y ECONÓMICA DE MÉXICO

Jorge Isauro Rionda Ramírez
riondaji@hotmail.com

LEY DEL ISSSTE Y SEGURIDAD SOCIAL

El 15 de marzo de 2007 la administración de Felipe Calderón Hinojosa presenta ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al sistema de pensiones del Instituto de Seguridad  y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La iniciativa cuenta con el apoyo de la bancada priísta que vía concertacesiones ve en los comicios recientes como los del 2009 oportunidades de apoyo para ganar más terrenos políticos.

La alianza no solo es con la bancada priísta sino también con el corporativo base del Estado, la Federación de Sindicatos al Servicio de los Trabajadores del Estado (FSTSE).También aparece el SNTE y con otras alianzas parlamentarias del PAN con el PVEM y Nueva Alianza.

Con al artículo 123 constitucional, existe la obligación del Estado de brindar seguridad social a la población mexicana. El ISSSTE proporciona este aspecto a alrededor de 2 millones de derechohabientes, como a sus familias que son otros 10 millones de personas.

La seguridad social en México presente un principal oponente en la base patronal, a quienes nunca les agrada la carga financiera del pago de este servicio por sus trabajadores contratados.

Un régimen de ultraderecha desde luego lo que desea es dar este servicio pero descargando de carga a la clase patronal, más bien que la paguen los propios trabajadores. Es por eso que nace el Seguro Popular.

Desde el 2000 con la administración de Vicente Fox Quezada, se restringen los presupuestos a las instituciones que dan seguridad social a la población, con ello viene el deterioro de la calidad de los servicios que prestan. Incluso las iniciativas por mitigar este tipo de servicios vienen desde el tiempo de Ernesto Zedillo Ponce de León quien en 1997  se privatiza el sistema de jubilaciones del IMSS, donde las aportaciones de ahorro de los trabajadores se individualiza para manejarse como cuenta bancaria y se entrega al sistema SAT, vía AFORES, quienes administran los fondo de retiro. Sindicato de ahorradores, logran mejores tasas de interés que a nivel individual pero que por otra forma, aporta fondos adicionales importantes a la banca privada mexicana.

El riesgo es que la fuente de las ganancias bancarias es la administración de los recursos por una banca que los arriesga en la BMV, y especula con ellos. En determinada instancia, similar a como sucede en 1994, estos fondos bien se devalúan o pierden en una especulación arriesgada e irresponsable.

El principio del SAT y de las Afores no es malo, solo que funciona bien para naciones con estabilidad económica a largo plazo, altos niveles de ingreso y bajo nivel de desempleo, donde el desempleo friccional es subestimable. En el caso de México este inestabilidad económica indica que los márgenes de interés real son más modestos e incluso negativos ante la devaluación e inflación. Asimismo, las aportaciones son bastante modestas como para que como fondo de retiro signifiquen un aliciente importante. Agregando a ello está el tiempo del desempleo friccional que ante la flexibilidad laboral se viene ampliando al grado que en términos reales el salario del trabajador resulta una cuota o dieta paupérrima.

Las Afores en el país operan con comisiones muy altas, el doble de las obtenidas en naciones de ingresos altos. Desde su inicio se deja ver el interés corrupto de la forma en que vienen operando. Actualmente se sabe que en su transacciones está oculto otro fraude de dimensiones mayúsculas al igual que el FOBAPROA, cuestión de tiempo para que nos den la sorpresa. Mientras que desde inicio de sus operaciones las ganancias de las Afores fueron multimillonarias, ya para el 2010 muestran pérdidas en sus rendimientos.

La aparente quiebra de las instituciones de seguridad social es el fundamento de las iniciativas de reforma de sus leyes orgánicas. No obstante las aportaciones de los trabajadores no ha sido velado públicamente en cuando su administración y debido uso.

La razón que se esgrime para explicar la insolvencia del sistema de pensiones es el envejecimiento de la población y el crecimiento de enfermedades degenerativas propias de una población más longeva. Mismas que son más onerosas y persistentes.

La falta de crecimiento real de la economía, rezagado al crecimiento demográfico es la razón principal de este problema. Más empleo, mejores salarios y estabilidad son tres insumos necesarios para que todo sistema de pensiones basado en un histograma de población de población joven funcione. No es el incremento de la longevidad sino la falta de dinamismo económico lo que ocasiona la crisis del sistema de pensiones en el país.

Ante el congelamiento real del salario en el país, cuestión que se viene dando desde 1965, los contratos laborales colectivos se han sesgado a tratar de compensar con mayores prestaciones el bajo nivel de la dieta del trabajador. Cuestión que  recientemente se agudiza. En ello, el incremento de servicios comprometidos en materia de asistencia, previsión y seguridad social son cargos extras al sistema de la seguridad social nacional.

También la pérdida de contribuyentes por la generalización y cada vez más socorrida firma de contratos individuales, mediante contratos vía honorarios que son la manera en que se materializa la flexibilidad laboral. Así también la existencia del propio Seguro Popular que sin ser obligatorio, muchos empleadores ven como alternativa a un costo menor de contratación de seguridad social para sus empleados. En la actual administración se ostenta el reciente y de súbito incremento de derechohabientes de este tipo de servicio.

La nueva Ley del ISSSTE afecta al trabajador al cancelar muchos de sus derechos como a su cuota de contribución que se vuelve más onerosa. Mientras antes la aportación es de 8% de su salario, ahora esta es de alrededor de 11%. Antes en su retiro el trabajador percibe el 100% de su sueldo, ahora percibe entre el 35% y 45%. El sueldo mínimo era de 4 salarios, ahora solo es de 2. La edad de jubilación aumenta hasta en 10 años. Aparecen nuevas cuotas tales como el seguro para los pensionados, de invalidez y de muerte. Su aportación para su jubilación que antes es de 3.5% de su salario ahora pasa a ser de 6.75%.

Son los trabajadores del Estado quienes recienten y asimilan los costos de la crisis del sistema de seguridad social del país. Merma el derecho de los trabajadores, sus salarios y su ahorro laboral. Se pierden con esto 48 años de lucha de las organizaciones de trabajadores en materia de ganancia en este rubro.

La privatización se empieza a asomar ante la contratación de prestadores de servicios particulares en los servicios de salud. Se inicia el desmantelamiento de clínicas y hospitales de este sistema, similar a como sucede en el IMSS. Con ello se afecta a 12 millones de derechohabientes del ISSSTE. Favorece a la base patronal como al propio Estado quien relaja sus presiones financieras en la materia, como se deslinda de gran parte de sus responsabilidades.

A la hora de convertir las cuentas públicas de los trabajadores a cuentas particulares el Estado se endeuda con 0.4 billones de pesos adicionales a la deuda pública ya existente, lo que representa un 50% de incremento. Irónicamente el resultado de las reformas que pretendían desendeudar al Estado, causan su mayor endeudamiento.

Es el 31 de marzo del 2007, 16 días después de ingresada la iniciativa al Congreso de la Unión, es aprobada la nueva Ley de ISSSTE. En caliente. Gracias a las alianzas logradas con el PAN, PRI, PVEM y Alternativa Socialdemocrata, quienes lograron concertacesiones importantes de corte político. Con ello, el Estado ultra burgués mexicano se deslinda de gran parte de su obligación constitucional en materia de seguridad social, entrega las pensiones a especuladores inmorales y corruptos, a banqueros y de corredores de bolsa y entrega la salud de la población al escarnio abusivo de las altas rentas de las clínicas particulares.

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