NUEVOS PROLEGÓMENOS EN TORNO A LA REALIDAD SOCIAL, POLÍTICA Y ECONÓMICA DE MÉXICO

Jorge Isauro Rionda Ramírez
riondaji@hotmail.com

REFORMA ENERGÉTICA, SOBERANÍA Y CRISIS

Intereses extranjero, especialmente norteamericanos, ven en los recursos nacionales de México potenciales recursos de explotación. Centrado en la mira está el petróleo. Concesiones que ya en 1906 había obtenido los norteamericanos por el entonces régimen de Porfirio Díaz y que en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas les quita.

En 1991 se reforma la Ley para promover la inversión nacional y regular la inversión extranjera, por iniciativa de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari. Abre muchos renglones de la actividad industrial a la inversión foránea, especialmente en tópicos considerados estratégicos para la soberanía nacional.

Desde 1976, con el descubrimiento de los yacimientos de Cantarell en las costas de Tabasco, las finanzas nacionales se petrolizan. Del erario público, ya para 1980, el 40% son ingresos obtenidos de las ventas de crudo en el exterior. Se crea una grave dependencia fiscal y financiera al respecto de este recurso, y deja vulnerable a la economía nacional ante las arbitrarias variaciones de su precio internacional. Las crisis de los años 80 del siglo XX (1983, 1985 y 1987) se explican principalmente por esta razón.

En la sujeción de la economía mexicana por la norteamericana, el tema nodal resulta su intromisión no solo en las decisiones públicas de la estrategia económica del país en su desarrollo, sino en su propio manejo de recursos naturales, especialmente la energía y sus fuentes. En gran forma las reformas realizadas al artículo 27 constitucional a fines de 1991 e inicios de 1992 obedecen a abrir más posibilidades de aprovechamiento del suelo como del subsuelo, tanto a la inversión nacional como a la extranjera (especialmente esta última).

Pero las reformas se quedaron cortas ante los deseos estadounidenses de explotar los yacimientos de hidrocarburos ubicados en el territorio nacional (continental como litoral). La oposición no permite reformas a la altura de sus ambiciones y a la fecha les quedan chicas.

El 08 de abril de 2008, el presidente Felipe Calderón Hinojosa presenta una iniciativa de reforma energética ante el Senado de la República. Lo que se maneja no es privatizar, sino modernizar el sector, aunque esa modernización encubre el deseo de privatizar ductos, la extracción del petróleo, su almacenamiento, transporte, principalmente. Aquí no se trata de privatizar la infraestructura productiva de PEMEX, sino el recurso: el petróleo.

La designación como Secretario de Gobernación de Juan Camilo Mouriño se explica al considerársele como principal operador de las empresas europeas, especialmente españolas y las de su familia, en el debido manejo y orientación de las reformas energéticas emprendidas por la administración del Calderón Hinojosa.

La iniciativa se da en un momento no oportuno para la economía nacional, siendo que su dependencia financiera del hidrocarburo se torna delicada ante la crisis subprime de septiembre de 2008 surgida en la Unión Americana.

Internamente se velan situaciones de corrupción hacia dentro de la propia paraestatal PEMEX. Camilo Mouriño da concesiones a su propia familia por más de 100 millones de pesos mediante 108 contratos (Auditoría Superior de la Federación).

Las concertacesiones entre el PAN y el PRI son la plataforma de la cual el presidente Felipe Calderón Hinojosa parte para garantizar prospere en el Senado su iniciativa. Se vienen movilizaciones sociales de gran magnitud lideradas por la oposición, especialmente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador es el principal movilizador de esta respuesta a la posible privatización del petróleo. Legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) paran en seco la iniciativa mediante la toma de la tribuna legislativa al declararse en huelga.

Gracias a ello, de las 13 iniciativas que compone la reforma energética, 8 son canceladas, especialmente las respectivas que tocan la privatización de ductos, en materia de refinación, principalmente. No obstante, la neocorrupción propia de los regímenes de ultraderecha en México, redacta la reforma de tal manera que le deja lo que la prensa nacional vino a llamar “rendijas legislativas” donde, mediante una redacción tramposa, confusa, subrepticia, se abren posibilidades para la privatización promovida por el régimen en materia de energía.

En el seno de estas “rendijas legislativas” se dan  355 contratos entre PEMEX y empresas transnacionales tales como REPSOL, SCHLUMBERGER y HALLIBURTON.

La subrepticia redacción de las leyes abren huecos favorables para interpretaciones convenientes a intereses de muchos tipos, lo que permite las maniobras de privatización. Trampas del derecho para irnos por la derecha, considera la prensa escrita.

Mientras el artículo 27 constitucional prohíbe que empresas no nacionales exploten los recursos del subsuelo, con las reformas y sus diversas interpretaciones tramposas, se permite que empresas privadas nacionales como extranjeras exploren como exploten los recursos del subsuelo, toca también a la minería.

Se crean empresas filiales a PEMEX con participación de capital nacional como extranjero para dicho fin, asociadas desde luego a las transnacionales extranjeras de las que destacan precisamente REPSOL, SCHLUMBERGER y HALLIBURTON. Los contratos son llamados de invitación restringida y por adjudicación directa…”. PEMEX dice a quienes beneficia en licitaciones directas con estas empresas u otras posibles.

Los yacimientos superficiales del país ahora se consideran solo duran para 5 años más ante la actual extracción del crudo, pero los yacimientos profundos son muy ricos y alientan expectativas de al menos 30 años más de extracción. Las potencialidades de hecho son enormes y ponen en materia a México a la altura de Venezuela, la nación de la región más rica actualmente en reservas comprobadas de hidrocarburos.

FASCISMO Y PRIVATIZACIONES

Para avanzar en la privatización de la energía en México, la liquidación de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC) obedece a una estrategia de debilitar a las fuerzas opositoras: el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Las empresas directamente afectadas por el interés de privatizar este ramo de la actividad económica, considerado estratégico para el desarrollo y la autonomía nacional son PEMEX, CFE y LyFC. Necesariamente las fuerzas opositoras a la privatización son sus sindicatos.

El ardid del Ejecutivo nacional para justificar el cierre de la paraestatal LyFC y la liquidación de sus trabajadores es que operaba con déficit (40 mil millones de pesos). Tratándose de una empresa del estado, los subsidios que otorga a sectores y ramos económicos (privilegios de hecho), explican esta situación. Empresas como American Expres, Televisa, Televisión Azteca, Bimbo, Aurrerá, empresas editoriales como Reforma o Unomasuno gozan del no pagar un centavo en energía eléctrica.

El déficit de la paraestatal es subsanado por el Estado, mediante el uso de los impuestos de los ciudadanos. Dinero que debe ir a los niveles socioeconómicos más humildes de la población del país, pero para estos parias las subvenciones desaparecen y son trasladadas a beneficiar a los empresarios más ricos del país.

La estrategia para justificar la privatización de la empresa es primero desprestigiándola. Exhibiendo sus “malas” finanzas y culpando a los trabajadores y sus sindicatos de ser los causales de esta desdicha, por sus altos sueldos y abusos. En promedio en el 2008 los trabajadores de LyFC es de 6 mil pesos mensuales. Similar estrategia sigue el Estado mexicano con el IMSS y su sindicato.

Los sindicatos en México son la principal fuerza opositora de las políticas neoliberales. De hecho ante la apertura del TLCAN el 1º. de enero de 1994, estalla el movimiento zapatista en Chiapas, de donde proviene a la fecha el 40% de la energía eléctrica que se produce en el país, que incluso provee a varias naciones centroamericanas de energía, y cuyo financiamiento estuvo ligado a los sindicatos corporativos del PRI, como el de petróleos mexicanos, el de la ahora empresa extinta Ruta 100, entre otros.

La beligerancia del SME hizo que en 1999 no lograra la privatización de la energía eléctrica reformando la constitución, como pretendió. Se opuso a la firma de contratos privados de proveedores de energía eléctrica alternos a la CFE y de LyFC. Abiertamente el SME vino a apoyar en el 2006 la candidatura del Andrés Manuel López Obrador, dado que en su proyecto político no se contempla la privatización del sector.

Las elecciones internas del SME dadas en el 2009 son saboteadas desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Pública, que no permiten tomar protesta a su legítimo líder Martín Esparza. Se requiere un títere controlado desde gobernación para los fines que persigue el Ejecutivo nacional.

Finalmente la liquidación de la empresa paraestatal sucede el 11 de octubre de 2009, atribuyendo la causa a la “mala” situación financiera y por “costarle” al estado al año 40 mil millones de pesos. Débito causado por las subvenciones que el Estado otorga a los grandes grupos empresariales del centro del país. 55 mil trabajadores se quedan sin su empleo, nada menos que en medio de la crisis subprime suscitada en los Estados Unidos de América un año antes. La extinción de la empresa se hace fuera de la ley. Otra expresión del fascismo del Estado mexicano. Estaban de por medio los artículos 14, 73 y 161 constitucionales.

Pero más allá de la estrategia de privatización mediante el desprestigio de las paraestatales y sus sindicatos, y que estos últimos les son sediciosos al Estado, también entran los intereses de los empresarios. La creación de redes de fibra óptica y el uso de las instalaciones y redes tendidas de la paraestatal, son su principal móvil. El llamado triple play es una cable por donde se puede trasmitir el Internet, el teléfono y la televisión. LyFC tiene un tendido de esta fibra de 1,100 kilómetros. La CFE cuenta con otros 30,000. Este negocio se estima actualmente en 7 mil millones de dólares.

En conclusión, con la desaparición de LyFC, el Estado mexicano da un paso adelante a la privatización de la energía eléctrica, abre posibilidades muy atractivas y rentables a la iniciativa privada para el desarrollo de la tecnología – negocio basado en la fibra óptica, debilita en gran medida a una de las fuerzas opositoras y sediciosa al régimen: el SME, y termina con un contrato colectivo cuya dimensión allana el camino para la reforma laboral.

Las consecuencias sociales son diversas, considerando que las instalaciones de la paraestatal eran obsoletas, su mantenimiento y funcionalidad óptica es un mérito de la pericia de sus trabajadores. A la hora que se despide a estas personas y pasan a trabajadores de la CFE no familiarizados con la infraestructura que heredan, las fallas y apagones por todo el DF y el Estado de México empiezan a ser más frecuentes.

El Ejecutivo nacional habla del un boicot a las instalaciones por parte del SME, pero en realidad estos siniestros son inminente efecto de una abrupta e inmediata liquidación de 55 mil trabajadores cuya pericia no es nada despreciable y mantiene por décadas de obsolescencia infraestructural la proveeduría de la energía eléctrica a la población del centro del país.

El mayor siniestro se da el 04 de febrero de 2010, la inundación de aguas negras en el Valle de México se explica porque falla la provisión de energía en las instalaciones Madero y Xalostoc que dejan sin energía al cárcamo del Río de los Remedios. No hay como bombear el agua. En Chalco falla la subestación Ayotla, que causa lo mismo para el canal de la Compañía y se desborda. Viene en Iztapalapa a suceder lo mismo con las subestaciones Santa Cruz e Iztapalapa, se desborda el drenaje profundo y de su cárcamo. El resultado es la inundación de aguas negras del Valle de México. Similar al siniestro del desborde de presas en Tabasco y el desbordamiento del río Grijalva pocos años atrás, donde las inundaciones damnificaron a miles de familias del sur de Veracruz y de Tabasco, especialmente en Villahermosa. Inundaciones ligadas a una mala administración de las presas que nutren las hidroeléctricas por parte de las autoridades que promovía desabasto para introducir contratos privados. Las presas se sobrellenaron al estar literalmente cerradas sus compuertas para no alimentar a las hidroeléctricas, y de abrupto fueron vaciadas sin considerar que el gran causal de agua iba a causar una gran tragedia a la población vecina.

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