SEGUNDA PARTE:       FASCISMO DE ESTADO (ESTADO FALLIDO Y DE EXCEPCIÓN).

ESTADO DE EXCEPCIÓN

El 02 de diciembre de 2006 en Oaxaca se vive un estado de excepción. Precisamente un día después de la toma de poder del reciente presidente Felipe Calderón Hinojosa. Con ese evento se inaugura en México el terrorismo de Estado. De tácito se suspenden las garantías individuales, el allanamiento de moradas se acometía abiertamente por las fuerzas judiciales, sin necesidad de contar con orden judicial, juez u otra autoridad.

Amnistía internacional denuncia la violación fragante de los derechos humanos en el país. Prácticas de tortura, escarnio y desapariciones son la estrategia del gobierno para someter a los disidentes. Las detenciones realizadas en una entidad se resuelven en entidades distintas para con ello evitar una defensa eficaz e inmediata… la disuasión y el atropello son parte de la coerción estatal.

En ese tiempo nada más en la entidad de Oaxaca se dan 30 desapariciones forzadas, las víctimas son parte de los movimientos insurgentes tales como el EPR, el ERPI, y otros movimientos campesinos y de organizaciones de trabajadores, especialmente los de la educación. La respuesta insurgente se da mediante atentados a las instalaciones bancarias en el Estado de México y el Distrito Federal, así como de las instalaciones de PEMEX en varias partes del país.

La policía antisubversiva y los primeros arrestos van contra los dirigentes de la APPO, donde queda velada la intolerancia y el desinterés del Estado en llegar a una negociación con este movimiento social. En total se tienen 349 detenciones, 370 lesionados, al menos 20 muertos y un gran número de personas desaparecidas.

Amnistía internacional denuncia para el 2007 que en México existen al menos 500 presos políticos, dirigentes de movimientos sociales beligerantes al régimen, entre otros como son periodistas, intelectuales, ecologistas y defensores de los derechos humanos.

Ese 02 de diciembre, al parejo en que se da la represión en Oaxaca contra la APPO el sueldo de los militares recibe un sustancial aumento. Un estado represivo y opresor con un carácter judicial que raya en lo militar. El gasto militar también incrementa su presupuesto, restando 4 mil 500 millones de pesos a la educación y la cultura, en rubros destinados al financiamiento de la educación pública superior, destacan las universidades públicas como la UNAM y las universidades autónomas de las entidades federativas.

La represión a los comunicadores no alineados al régimen se vivifica o encarna en el caso del periodista José Gutiérrez Vivó, quien es amenazado por la coordinación de comunicación social de la presidencia de la República y sometido a censura. Esto el 06 de diciembre de 2006.

La nueva administración de inmediato matiza el carácter punitivo de su ejercicio contra todo aquello o aquel que pinte como insurgente o subversivo. Al principal opositor electoral de Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador se le amenaza de procesarle por conspirador al Estado.

En su estado natal, Michoacán, Felipe Calderón emprende el 12 de diciembre de 2006 un operativo policial respaldado por el Ejército Nacional contra el crimen organizado, inmediatamente se trabaja igual en otras entidades tales como Chihuahua, Durango, Baja California, Sinaloa. Se declara la guerra al narcotráfico para legalizar la salida del ejército a las calles, cuestión que mediante un decreto presidencial se formaliza el 24 de enero de 2008, donde se afirma que la militarización de la vida pública en México se prolongará hasta el término de la presente administración… en el 2012.

Se persigue el crimen organizado, pero también a los disidentes al régimen. Caen narcos como líderes sindicales o de movimientos sociales subversivos, mueren capos como guerrilleros y se arrestan delincuentes como periodistas e intelectuales, maestros como políticos. Los llamados efectos colaterales también son un costo social significativo en el número de defunciones como en el atropello de las garantías como de los derechos humanos.

El ejército en las calles no es más que un operativo para reprender a quienes se opongan al régimen de ultraderecha. El garrote contra el pueblo. El ejercicio de un poder basado en la violencia de Estado.

Mientras la policía disuade, el ejército ataca a la población. El riesgo es despertar la violencia social y perder el orden y la estabilidad política. Para el 2011 la violencia a tomado dimensiones inauditas, solo comparables a la situación civil de 1910 lo que deja al descubierto la existencia de una guerra de baja intensidad en el país.

La búsqueda de restaurar la legalidad en el país se procura con bases anticonstitucionales como es la presencia del ejército en las calles. Para ello el artículo constitucional 129 establece las condiciones en que debe operar el Ejército nacional en el combate de algo existiendo paz social.

La estrategia de establecer como enemigo común al crimen organizado, en especial al narcotráfico, es un fundamento que busca simpatía y unidad nacional en su combate. Pero los costos colaterales son muy altos y tienen inminentemente un costo político de antipopularidad para el ahora partido oficial.

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