MUERTE, TERROR Y ESTADO

La muerte de la indígena Ernestina Ascensio a efectos de una brutal violación, y la versión  de las autoridades de haber sido una muerte causada por gastritis, deja en claro el grado de manipulación que gobernación da a la información que desea sea el saber popular de los acontecimientos nacionales.

Las ciudades de la frontera norte del país son las más violentas, dejando atrás al Distrito Federal en materia de inseguridad pública, que por décadas es considerada la urbe más peligrosa. Ciudad Juárez de 2008 a 2010 crece 10 veces en materia de violencia. Tijuana en el mismo periodo aumenta en 8 veces. Y por las mismas proporciones están otras más de las principales ciudades fronterizas del norte del territorio nacional.

México encabeza a nivel mundial ser el país donde más hay periodistas asesinados. De 2003 a 2011 superan los 60. Por las mismas cifras están los defensores de los derechos humanos y líderes de movimientos sociales, tema que se abre con el asesinato de Digna Ochoa y Plácido el 19 de octubre 2001, considerado el primer crimen de la derecha en México, a efecto de defender a campesinos ecologistas y atentar contra empresarios dueños de aserraderos en Michoacán.

Toda la violencia desatada parte del combate al crimen organizado, especialmente de la guerra fratricida contra el narcotráfico. Mientras la droga no logra salir al su principal mercado, los Estados Unidos de América, se canaliza al mercado nacional el consumo de la misma, así el consumo en el país de enervantes y estupefacientes sube de solo 4 años en un 60%.

El terrorismo por parte de este tipo de criminales aparece como parte de las vivencias nacionales, el evento que marca el inicio del su beligerancia se da el 16 de septiembre de 2008, en la ciudad de Morelia Michoacán, en plenos festejos patrios con el estallido de una granada que mata a 8 personas y deja heridos a 85 más. En la necesidad de que este hecho ante la opinión pública no quede impune, se “inventan culpables” y hay arrestos de lo que posteriormente se vuelve una costumbre de las autoridades: inventar chivos expiatorios.

Están otros crímenes como la matanza de Salvácar en Ciudad Juárez donde son asesinados 14 estudiantes quienes festejaban un acto deportivo. Acto que se atribuye al crimen organizado y que la finalidad es crear terror entre la población ante la caída de inocentes. Estrategia que le da a los delincuentes una gran ventaja ante el Gobierno al volcarle en contra al propio pueblo quien no quiere verse como “daño colateral” en esta guerra contra el narcotráfico.

En este acto criminal el Presidente como la Secretaría de Gobernación afirman tratarse de ajustes entre criminales, cuestión por la cual posteriormente debe ofrecer a los padres de los laudos una disculpa y donde es increpado por los mismos ante la “insensibilidad” de un discurso oficial que da por hecho que todas las víctimas son criminales. Es entonces que se empieza a hablar, y a admitir, “los daños colaterales”. No sin considerárseles costos admisibles e inevitables en el acto de ejercer un buen gobierno y mantener el estado de derecho.

Similar al caso del siniestro ocurrido al funcionario Ramón Martín Huerta y otros de sus acompañantes el 25 de septiembre de 2005, en 2008 el avión donde viaja en entonces Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, José Luis Santiago Vasconcelos, extitular de la SIEDO y otras personalidades más, se estrella en plana zona residencial de la ciudad de México. Ambos siniestros que se presentan como accidentes pero que bien se habla de golpes dados al Estado por grupos criminales. Anabel Hernández, en su libro “Fin de fiesta en Los Pinos” afirma que la muerte de Ramón Martín Huerta fue por causa de tener acorralados a los hijos de Martha María Sahagún Jiménez en las transacciones a costillas del poder que documenta la periodista en su texto.

Las ejecuciones a 5 años de la administración calderonista suman más de 40 mil. Tan solo en el 2009 son de 7,724. Urbes como ciudad Juárez que en el año 2000 son consideradas seguras y prósperas dentro de los parámetros de crecimiento de los esquemas neoliberales, en el 2010 se tiene como la ciudad con más violencia en el país y con mayor índice de criminalidad (130 muertes por causa violenta por cada 1000 habitantes). La prosperidad no se ampara ante 120 mil negocios cerrados, el crecimiento de la extorción a la población y una emigración de más de 100 mil personas en los últimos 5 años. De las muertas de Juárez ni hablar, tema que ahora palidece ante las nuevas cifras de impunidad y ejecuciones referentes a “los muertos más allá de Juárez”, de mexicanos ejecutados en los Estados Unidos de América por grupos criminales, tanto relacionados al narco, como de intolerancia racial y cultural.

El 15 de mayo de 2010 Diego Fernández de Ceballos es secuestrado en su propio rancho en el estado de Querétaro. El 28 de junio cae el candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas Rodolfo Torre. Cada mes desde el 2008 cae un edil de algún municipio del país en manos de sicarios del crimen organizado. Crímenes dirigidos a políticos como a administradores públicos le dicen al Ejecutivo nacional que nadie está a salvo del largo brazo de este tipo de criminales.

Aunque el discurso oficial se jacta de irle ganando la guerra al crimen organizado, la situación de violencia generalizada en el país le pone en entredicho, y la impresión a nivel popular es que son los criminales que se han infiltrado en lo más íntimo de las esferas del poder quienes realmente llevan la batuta. Destaca la impunidad con la que cuenta desde la administración de Vicente Fox Quezada uno de los criminales más buscados en el mundo, el Chapo Guzmán.

El caso de Paulette Gebara Farah en el 2010 deja al descubierto a la opinión pública la impunidad con la que puede gozarse si se tienen los medios para comprarla. La incapacidad de las autoridades en resolver este crimen por intereses “encubiertos” vela la corrupción prevaleciente en el poder judicial como en la administración de la justicia.

Se citan otros casos de impunidad pactada como es el caso de Susana Chávez, activista de Ciudad Juárez, o el de Josefina Reyes Salazar, otra activista que es liquidada frente al propio palacio de gobierno de Chihuahua. Recientemente sale una película – documental “Presunto culpable” donde se presenta un caso donde a un inocente se le hace “chivo expiatorio” de un sistema que busca culpables para allanar las estadísticas de impunidad del país, caso que es tipificable sin duda miles más en todo el país. También están en la misma línea las aprensiones de mujeres cuya culpa es haber perdido el producto de su embarazo involuntariamente al tratarse de jornaleras, cuyos trabajos de gran esfuerzo físico explican sus abortos; esto en el estado neoconservador de Guanajuato, bajo el gobierno del Yunque desde el año 2000.

MÓVILES SATÁNICOS

El combate al crimen organizado se encona principalmente a la supuesta guerra contra el narcotráfico. Pero esta se da a nivel burreros y capos y no se toca las élites del lavado de dinero. Lavado que se hace desde muchos negocios de todo tipo pero principalmente a escala de banca, aseguradoras, hipotecarias y grupos de asesoría o consultoría. Resulta ser que el lavado de dinero dispone a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) ingresos adicionales. A la hora de convertir el dinero de origen “malo” en aparentemente ingresos de negocios legales, notifican a Hacienda por lo que pagan impuestos, contribuyen. Es por eso que este rubro no es concebido en la “guerra contra el narcotráfico”.

El narco compite con las ventas manufactureras al exterior, con la captación de divisas por turismo, por inversión extranjera directa, las ventas de petróleo y con las remesas familiares como una de las 4 principales fuentes de divisas del país. Se afirma que anualmente el monto de captación de divisas por narcotráfico como mínimo llega a los 20 mil millones de dólares. Recientemente se sabe que este monto llega a superar los 30 mil millones de dólares anuales.  De los cuales la mitad se lava mediante la banca.
Si bien el narcotráfico es causa de violencia en el país, aporta ingresos al Estado que son parte de su estabilidad financiera. Similar a las ventas por petróleo, que aportan el 40% de los ingresos del Estado, este ramo de actividad económica ilícita vía lavado de dinero aporta el 20% de los ingresos de la SHyCP.

Se afirma por otra parte que esta actividad, sus empresarios, son parte de quienes financian las elecciones y su aporte es sustancial para las campañas proselitistas. Ya se cita su contribución disfrazada o encubierta en “Amigos de Fox”, con Lino Korrodi que posteriormente se le ha vinculado a negocios turbios ligados al lavado de dinero.

La Banca mexicana para su estabilidad financiera requiere manejar montos superiores a los 160 mil millones de dólares al año. Tan solo el salvamento bancario de 1994 es de 100 mil millones de dólares. En la más modesta de las consideraciones, el lavado del dinero aporta a la estabilidad financiera del país aproximadamente la sexta parte de los fondos requeridos.

El combate al narcotráfico hace de la droga un producto de lujo cuyo precio se eleva conforme aumente el riesgo en su distribución. Por dar un dato, en los antros del país, una “grapa” que contiene una línea de cocaína se vende en el 2006 a $150. En el 2011 está a $350. Sin discriminar una inflación acumulada de aproximadamente el 16%, el aumento del precio se explica precisamente por el combate que hay en torno a la distribución de este tipo de mercancía.

La guerra contra el narcotráfico, si bien a violentado a la sociedad mexicana y trae consigo altos niveles de inseguridad y violencia, ha incrementado los ingresos de Hacienda por lavado de dinero, como los fondos bancarios que provienen del lavado de dinero, contribuyendo a la estabilidad económica del país.

Por otra parte, los capos comprar impunidad al financiar campañas de políticos. Se cita mucho el caso del Chapo Guzmán quien aporta, según lo afirma Anabel Hernández en su libro “Los señores del narco”, a las campañas presidenciales de Vicente Fox Quezada como de Felipe Calderón Hinojosa, principalmente, sin dejar de lado sus posibles patrocinios a candidaturas de diputados y senadores, ediles, principalmente.

Hasta el momento no han caído funcionarios, empresarios y ejecutivos vinculados al lavado del dinero. Pareciera que este tópico no existe en el crimen organizado del país. Más allá de ciertas venganzas políticas de gobernantes y políticos no alineados al régimen, como es el caso del ex gobernador de Quintana Roo Manuel Villanueva Madrid, o Jorge Hank Rhon, ex presidente municipal de Tijuana.

A gobiernos como el de Tamaulipas de Luis Alonso Mejía (del PAN), de Durango de Ismael González Deras, Fidel Herrera de Veracruz, Bours en Sonora, entre otros, se les cita como personas vinculadas a las redes de narcotráfico, sin dejar de lado el de Mario Marín, ex gobernador de Puebla vinculado a empresarios corruptos explotadores de menores.

Se afirma que muchos de estos políticos y gobernantes gozan de impunidad por su apoyo a la Presidencia de la República, apoyo muchas veces desde tiempos de la campaña a la presidencia en 2006.

El empresario de origen chino naturalizado mexicano, Zhenli Ye Gon, a quien se le condena por el tráfico ilegal de metanfetamina dirigido desde el territorio nacional a los Estados Unidos de América, afirma que aportó a la campaña de Felipe Calderón Hinojosa millones de dólares a través de Javier Lozano Alarcón. Es aún famosa la frase entre la población de “coopelas o cuello”.

Anabel Hernández documenta sobre el enriquecimiento inexplicable y de súbito de Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública, el cual explica por sus nexos con el crimen organizado.

La guerra entre cárteles es efecto de sus intereses al amparo del poder político y financiero. Al parecer el control de estos grupos los mantiene el Ejército mexicano y el Cárter de Sinaloa encabezado Joaquín Guzmán Loera (El Chapo). Considerado uno de los criminales más buscados del mundo.

Este cártel provee de droga a 47 países y es el principal proveedor de Estados Unidos de América, según lo afirma el investigador del ITAM Andrés Roemer y Eduardo Buscaglia en su libro Terrorismo y delincuencia organizada (un enfoque de derecho y economía).

El negocio del narcotráfico en México es tan importante que el 90% de la droga que ingresa a la Unión Americana proviene de los cárteles que operan en México. El cártel de Sinaloa introduce el 50% de la cocaína que circula en los Estados Unidos.

Al parecer el cártel de Sinaloa goza de protección del gobierno mexicano puesto que solo el 12% de los narcotraficantes capturados (cerca de 74 mil personas), pertenecen a éste cártel. Se afirma que la fuga del Chapo Guzmán del penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, el 20 de enero de 2001 fue previa negociación con el gobierno de Vicente Fox Quezada. Se volvió el principal operador del Gobierno para el control del narcotráfico en el país.

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