DIVERSIDAD CULTURAL: RESISTENCIAS Y ENTUERTOS

Leif Korsbaek
Héctor Ruiz Rueda
Ricardo Contreras Soto

La policía comunitaria

La autodefensa no es otra cosa que la necesidad de supervivencia, ya no sólo ideológica, sino física, en el más prístino de los sentidos, que se presentó como una necesidad de generar un orden coordinado que permitiera a las comunidades de la región sobrevivir a los altos índices de inseguridad que prevalecían en la Costa Chica y la Montaña de Guerrero, toda vez que al acudir a las instancias de justicia del estado a realizar denuncias de violaciones, robos o cualquier tipo de delito, o bien no existía respuesta alguna, o bien las mismas autoridades eran las responsables de las atrocidades que se cometían, como lo ha denunciado en innumerables ocasiones la Coordinadora Regional de Autoridades Regionales.

La Policía Comunitaria (PC) nace en octubre de 1995. Se fundó, en la comunidad de Santa Cruz El Rincón, municipio de Malinaltepec, encontrándose integrada por grupos de voluntarios pertenecientes a 36 comunidades decididas a frenar los asaltos, violaciones sexuales y abigeato que asolaban la región. Empezaron acompañando a las camionetas de pasaje, que constantemente eran asaltadas, y haciendo rondines por los caminos. Durante este proceso intervinieron organizaciones cafetaleras Luz de la Montaña y Unión Regional Campesina, así como el Consejo 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, el Consejo de Autoridades Indígenas, la SSS Café-Maíz, el Consejo Comunitario de Abasto y el párroco de El Rincón, Mario Campos Hernández, aun que no todas continúan colaborando en el proyecto. En este proyecto participan 62 comunidades de los municipios de San Luís Acatlán, Malinaltepec, Marquelia, Copanatoyac, Metlatónoc y Atlamajalcingo del Monte, cuya asamblea integra el primer nivel de este sistema de justicia. En el segundo nivel está la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias.

En el tercero, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), compuesta por seis coordinadores comisarios -que son los jueces que ordenan investigaciones y dictan sentencias- y el comité ejecutivo de la PC, integrado por seis comandantes regionales que tienen bajo su mando a los grupos de la PC, cada uno con su comandante comunitario. En total hay 612 policías comunitarios, en su mayoría indígenas tlapanecos, mixtecos y nahuas, aunque también hay mestizos. En 1997 vino un salto conceptual: puesto que los delincuentes que detenía la PC eran remitidos al Ministerio Público, de acuerdo con testimonios recogidos en la región, "más tardaban en entregarlos que en soltarlos por la enorme corrupción que había", por lo se tomó la decisión de introducirse a la impartición de justicia, naciendo el Sistema Comunitario de Seguridad, Impartición de Justicia y Reeducación. Este sistema de justicia se caracteriza por ser interétnico, multilingüe e intermunicipal. Su estructura normativa se integra por los habitantes y las autoridades comunitarias, ejidales y municipales de las comunidades indígenas que la integran.

La asamblea general tiene legitimidad social en la asamblea de cada localidad. Es la autoridad máxima en resolución y mando: decide sobre la responsabilidad penal de los detenidos con base en los dictámenes que le presenta la Coordinadora de Autoridades, aprueba las modificaciones al reglamento, la incorporación de nuevas comunidades al sistema de seguridad, la destitución de un carguero y, en general cualquier asunto de relevancia para la operación y mejoramiento del sistema de seguridad. A la asamblea general o regional asisten con derecho a voz y voto los comisarios municipales de las localidades adscritas, los miembros de la Coordinadora de Autoridades, los comandantes locales y los policías comunitarios, así como las organizaciones sociales de la zona y los maestros y dado que las asambleas son públicas cualquier persona puede ingresar con derecho a voz, pero no a voto. La Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas (o Coordinadora de Autoridades) se integra por seis comisarios electos por la asamblea general, las cuales representan idéntica jerarquía y desempeñan las mismas funciones. Este órgano se encarga de recibir las quejas y denuncias de las comunidades; expide las órdenes de aprehensión, analiza los expedientes de los detenidos y rinde los dictámenes correspondientes ante la asamblea general para que ésta decida si hay responsabilidad o no. En la comandancia regional o sede de la comunitaria deben estar permanentemente en horas hábiles los seis comisarios, sin embargo, entre ellos se arreglan cuando uno o más tiene que ausentarse por asuntos personales durante unas horas y hasta por quince días. El comité ejecutivo está integrado por seis comandantes nombrados por la asamblea general. Al igual que en el caso anterior, la jerarquía y tareas son idénticas entre ellos. Este órgano se encarga de diseñar y llevar a cabo los operativos de ruta con ayuda de los policías; presta auxilio como organismo persecutor o preventivo y realiza las detenciones por órdenes escritas de la Coordinadora de Autoridades o, en caso de urgencia, de las autoridades comunitarias y hasta de un grupo de personas. Son como consejeros o asesores del sistema de seguridad; ése es más bien un cargo honorífico, cuya razón de ser es aprovechar la experiencia convertida en ideas de los que sirvieron. El cuerpo está integrado por 42 organismos que se coordinan con la comandancia regional, cada uno encabezado por un comandante primero y un comandante segundo, quienes reciben órdenes en primera instancia del comisario municipal respectivo. De acuerdo con el reglamento, la cantidad óptima de elementos por localidad es de 12 (un pelotón), pero en la mayoría de los casos son 10 y en algunos casos 8. Un determinado número de elementos tiene la obligación de acudir con sus autoridades a las asambleas generales, en donde cuentan también con voz y voto. El universo de atención de la policía comunitaria es de 30,815 personas aproximadamente, ya que en los dos últimos años esta cifra ha ido en aumento. La gran mayoría de esta población pertenece a los pueblos tlapanecos y mixtecos, en su mayoría, ya que también hay nahuas, y mestizos. El sistema de seguridad estaba integrado por 18 localidades, que APRA 1998. Actualmente lo conforman 42 comunidades. Su creación formal se dio en una asamblea regional efectuada en la comunidad de Santa Cruz del Rincón (Malinaltepec) el 15 de octubre de 1995. Participaron en su conformación algunas organizaciones sociales más representativas de la zona, como Luz de la Montaña, Consejo Guerrerense 500 años de resistencia Indígena y el Comité de Autoridades Indígenas (Cain). La organización de justicia comunitaria surge con una acusación directa que se da a principios de los años 90, en la que los habitantes de la región de la Costa Chica y Montaña de Guerrero manifestaron que vieron como un grupo de maleantes se empezaba a apoderar de la población, así como de su economía, pero no conformes con esto comenzaron a dañar a sus más profundos sentimientos y moral; "hombres, esposas, hermanos, padres, hijos o abuelos, vimos cómo eran ultrajadas las mujeres de la región, sin importar la edad, llegando incluso al asesinato de personas cuando se resistían a ser despojadas de sus pocos recursos económicos, producto de su gran esfuerzo de trabajo. Lo que hizo intransitables los caminos a cualquier hora del día y mucho más en la noche." En junio del año 2000 se constituyó legalmente la llamada Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, A.C. (CRAI). Cuyos objetivos son: 1) promover la creación de un nuevo sistema de seguridad comunitaria, en el que la propia ciudadanía vele por la autodefensa de sus derechos y protección de su patrimonio; y 2) fomentar procesos de participación de las comunidades de la región con la finalidad de desarrollar actividades encaminadas a la generación de mejores condiciones de vida de la población en sus ámbitos económico, social y cultural. La CRAI, está compuesta por un presidente, un secretario, un tesorero y tres vocales, además de un consejo ejecutivo con varias comisiones, de organización y capacitación. Todos los cargos son definidos por la asamblea regional y tiene una duración de tres años para el representante legal y un año para el resto. Según un ex dirigente, el caso más difícil que ha enfrentado la policía comunitaria fue el primer asesinato que tuvo en sus manos, pues no se decidía a llevarlo al Ministerio Público y nadie se atrevía a tomar la iniciativa, hasta que decidieron juzgarlo en una asamblea regional. Esto, la impartición de justicia en delitos mayores, coto vedado por el derecho hegemónico y monolítico, es considerada por el sistema de seguridad indígena como un gran salto en el ejercicio del derecho de una autonomía de los pueblos indígenas.

La ronda campesina en La Toma

Cajamarca, el departamento donde se encentra La Toma, está en el extreme norte del Perú, llegando hasta la frontera con Ecuador; el departamento cubre un territorio de 33,318 km2, y su población fue en 1972 de 919,161 personas, en 1981 de 1,063,474, en 1993 de 1,297,835 y en 2002 de 1,498,567 personas, dando a esta última fecha una densidad de 44,98 personas por km2. Cajamarca es el centro de producción láctea del Perú, es la Suiza del Perú, la base económica es la producción de leche, queso y yogurt, y la base de la dieta es la leche. La toma es una comunidad campesina que pertenece al distrito de Niepos, a la provincia de San Miguel en el Departamento de Cajamarca en el norte del Perú. No obstante que la comunidad pertenece administrativa y políticamente al Departamento de Cajamarca, la comunicación es principalmente con el Departamento de Lambayeque y su capital, Chiclayo. De igual manera, el único modo de llegar a La Toma es partiendo de Chiclayo en el autobús que sale de allá en la mañana y llega a Niepos en la tarde, después de un viaje de unas seis horas. El viaje de Chiclayo a Niepos es todo un curso de ecología, pasando por un buen número de las zonas ecológicas que han definido John Murra, Valdemar Espinoza y otros. El camino que sigue hacia La Toma es, como se mencionó al inicio de este texto, un punto y aparte. Si bien la geografía es similar en casi todo el trayecto (extensas áreas verdes, presencia de árboles y cultivos, cerros empinados, etc.) el camino suele ser irregular, es decir, una angustiante subida inicial que pareciera quebrar la voluntad más inquebrantable y el eterno entusiasmo ingenuo de los antropólogos, a la cual le siguen subidas un tanto pronunciadas, cortos metros de superficie plana, atajos por los cerros, uno más empinado que el otro y siguen las subidas...En suma, en este trayecto lo irregular es una constante. Una vez en La Toma, y como se puede apreciar en los caseríos que la preceden, las casas, dada la naturaleza del campesinado parcelario de Cajamarca (Huber y Guerrero, 2006: 13) se encuentran a distancias considerables, distancia la cual se da en relación a la extensión de la parcela. La parte más alta donde se ubica la última casa se encuentra a 2900 m.s.n.m., hecho que da lugar a bajadas y subidas entre el acceso de casa en casa. Por otro lado, como mencionaba uno de los habitantes de Niepos, en general, la provincia de San Miguel (sobre todo este distrito) geográficamente está conectada con Lambayeque, en la costa, mas políticamente pertenecen a Cajamarca, en las montañas. Tal situación generaría una serie de problemas e inconvenientes no sólo en cuestiones de transporte y movilización sino en cuestiones tales como el acceso al sistema legal de justicia peruano y la comunicación entre su gobierno regional y el local distrital o incluso de las organizaciones propias de los caseríos (como las rondas campesinas) entre otras falencias. La población de La Toma es de alrededor de 400 personas, repartidas en unas sesenta viviendas, que están distribuidas de una manera sumamente dispersa, lo que evidentemente tiene influencia sobre la comunicación y la convivencia en la comunidad. De Niepos, la capital del distrito, que es al mismo tiempo su centro político y económico, hay una hora de caminata ara llegar a la primera casa de La Toma, y de allí hay otra hora de caminata al "centro" de la comunidad. Desde "el centro" de La Toma hay entre una hora y hora y media de caminata hasta las últimas viviendas del caserío, así que a los últimos habitantes de La Toma les puede tener una caminata de entre dos y tres horas para llegar a Niepos, donde tienen que ir para arreglar sus asuntos con las diferentes dependencias del gobierno o para acudir al mercado. "El centro" de La Toma es la principal concentración de viviendas, y es el centro en el sentido literal, pues las demás viviendas están dispuestas como una rueda alrededor de "el centro", y además la carretera que viene de Niepos y pasa por "el centro", continua hasta Miravalles, un caserío que se encuentra a una distancia de otras dos horas de caminata. Recientemente, es decir a partir de 2006, han construido la carretera de Niepos a Miravalles, y pronto se extenderá a San Miguel, pasando por Aguas Blancas, de manera que la costa quedará comunicada con Cajamarca, la capital de Departamento. En "el centro" viven unas veintiséis familias, y allí se encuentran los pocos edificios públicos: la escuela primaria, el jardín de niños, la casa de los ronderos, se está construyendo una capilla, y no hay que olvidar la tienda de la maestra. La siguiente concentración es El Cerro del Chivo, donde viven ocho familias, y siguen tres concentraciones con tres familias en cada una: El Sector de La Laguna, Malamuerte y Ponga la Mesa. Las demás concentraciones son solamente de una o dos familias en cada una. El paisaje económico está dominado por las vacas y la producción lechera, que gira en torno al Nestlé y la Gloria. Como es el caso en la mayor parte de Cajamarca, casi no existe tenencia comunal de la tierra y, a raíz de la reforma agraria, prevalece la pequeña comunidad agraria, y existen grandes diferencias entre los campesinos que podemos llamar "acomodados" y los pobres. Uno de los campesinos que conocemos bien tiene 19 vacas que diariamente rinden alrededor de 72 litros de leche, mientras que su vecino tiene solamente dos vacas (que ni siquiera son suyas) que no dan mucho más que dos litros cada una. De un primer censo que hemos levantado en La Toma, en unas cincuenta casas hay 38 ronderos, lo que significa que pocas casas carecen de ronderos, es una fuerte tentación postular que la ronda es tan general que constituye la estructura social de la comunidad. Dadas estas experiencias de vida, así como de la descripción de sus formas de vida en menor escala, hemos dado una revisión al contexto ronderil el caserío de la Toma. LA contradicción entre Estado como propietario del monopolio del poder y la violencia no admite de algún amanera poderes paralelos que puedan desarrollarse, ejemplificando mejores salidas ante problemas cotidianos pero no por eso menos importantes. Estos tipos de organizaciones nos muestran que el activismo campesino representa modos alternos de visión e identidad política (Starn; 1991), factores organizativos alternos. Pero de ninguna manera debe de idealizarse a la ronda en este caso específico, ya que de alguna manera entre factores positivos también conviven factores contradictorios como el mutualismo que existe. En la practica esta definición argumenta que si roban el ganado de alguna persona afiliada a la ronda, esta defiende los intereses del afiliado, pero la persona perjudicada no pertenece al ronda, esta no hace nada por ayudarle Ante esto ¿La justicia es para todos? ¿O caemos en las mismas segregaciones de siempre? Por otro lado, también tuvimos una conversación con el presidente de la ronda, el cual nos manifestó que a pesar de lo que algunos entrevistados nos expresaron, la ronda de la Toma también ha sido "tomada" por interese políticos ajenos a la organización de protesta rural que puede llamarse a la ronda campesina. A lo largo de toda la literatura sobre rondas campesinas en el Perú, se ha podido apreciar que el factor debilitador de la organización es la afluencia de personas con afanes políticos interesados, observando a la ronda como una presa fácil de sus apetitos políticos. Pero a pesar de todo, el presidente de la Ronda de la Toma, expresó que era una de las más organizadas ( si no las mas organizada) del sector. Por otro lado, esta creciendo un nuevo interés a lo largo de las investigaciones sobre movimientos sociales en el ámbito rural. Es la relación que tiene estos movimientos con la intrusión de las industrias extractivas en sus respectivos contextos. La Toma no ha sido ajena a este tipo de intrusiones. Cada cierto tiempo llegan ingenieros de Yanacocha con el propósito de evaluar el subsuelo, ya que pruebas iniciales han expresado que en el subsuelo de esta parte de Cajamarca existe oro. Hace medio año ya tuvieron roces con dicha empresa, fueron a protestar hacia las instalaciones de la minera, ocasionando algunos desmanes y expresando que la minera no entraría de ninguna manera a sus propiedades. Cómo vemos existe un nuevo contexto, pero ante esto ¿Qué papel toma la Ronda como movimiento social que se propugna de alguna manera como sistema alternativo de justicia? Este es un gran problema para los agricultores, ¿Cómo no darle una solución alterna si el Estado lo único que hace es hacer concesiones este tipo de empresas, las cuales no establecen planes de impacto ambiental serios? Esto es materia de análisis para futuras investigaciones en la línea de los movimientos sociales y protesta rural.

 

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