LA JUSTICIA AGRARIA Y SUS DESAFÍOS.

Rolando Pavó Acosta.

 
1. La Justicia Agraria: un tema crucial de nuestro tiempo 

    En el mundo de hoy, el sector agrario y el conjunto de normas jurídicas que lo regula enfrentan los desafíos de la globalización neoliberal; ante tales circunstancias algunos especialistas se muestran escépticos respecto al futuro del  Derecho Agrario, al tiempo que otro grupo sentimos que su existencia autónoma y desarrollo institucional sigue siendo la única alternativa válida para asegurar las conquistas de la Reforma Agraria y la realización de la justicia social en los campos y que con ese fin habría que investigar sobre el impacto de los cambios ocurridos, reelaborar la doctrina agrarista y seguir perfeccionando la legislación atinente a la actividad agropecuaria.

     Partiendo de los más consolidados criterios y de los recientes avances de la doctrina agrarista moderna, el Derecho Agrario, puede definirse como el conjunto autónomo de normas jurídicas que regulan las relaciones sociales que se generan en el ejercicio de la actividad  agraria, de acuerdo con los principios de la política agraria trazada por el Estado y que tiene como fines, la adecuada armonización de los inte­reses individuales, sociales y los de la comunidad rural, el uso racional de los recursos renovables y el aumento de la cantidad, variedad y calidad de los productos agropecuarios, todo ello encaminado hacia el crecimiento del bienestar de toda la sociedad y especialmente de la población rural. La inaplazabilidad del tratamiento de estos temas deviene incuestionable, ante los acuciantes problemas –a los que el profesor Ricardo Zeledón denomina justamente como “los desafíos del Derecho Agrario” o también como una de las “dimensiones del nuevo Derecho Agrario”-, que afectan a la economía agropecuaria, al hombre del campo, a la comunidad rural y a buena parte de toda humanidad en general, como son: la inseguridad alimentaria, la pobreza y marginación social de las poblaciones campesinas, la degradación del medioambiente rural y la irrealización de la justicia agraria.

    El sector agropecuario ha tenido y seguirá teniendo para Cuba, al igual que para otros países de América Latina, un significado esencial, si se considera su importante papel en el proceso histórico de formación de la nación cubana, su contribución apreciable al Producto Interno Bruto, sus aportes también relevantes en insumos para la industria, la construcción y otros sectores, así como para la  satis­facción de vitales necesidades de carácter social y su valor también significativo como fuente de empleos para  la población. La economía cubana, vive hoy un proceso de reformas –o de actualización del modelo económico como han preferido denominarlo fuentes oficiales-, y lo cierto es que los cambios en el sector agropecuario significan la clave de toda esa remodelación, algunos opinan que si se fracasa en este ámbito fracasaría todo el intento.

    En el 2008, la superficie cultivable del país es de casi 3.5 millones de hectáreas, pero sólo el 32.6 % correspondía al sector cooperativo y campesino, el resto al estatal, y el 51 % de la superficie agrícola estaba ociosa o deficientemente explotada. De acuerdo con varias fuentes consultadas, el sector cooperativo y el campesino en  su conjunto producen más de 60 % de los alimentos del país, garantizan el 60 %  de los tubérculos y raíces, el 62 % de las hortalizas, el  88 % del maíz y frijoles, el 36 % de arroz y el 60 % de las frutas. También producen el 42 % de la leche, el 95 % del tabaco, el 60 % del café, el 54 % del cacao, el 65 % de la miel de abeja y el 71 % de la carne porcina. Poseen además el 53 % del ganado vacuno existente, el 81 % del ovino, el 89 %  del caprino y el 80 % del equino.

    La insuficiencia de la producción agrícola se asocia forzosamente a otro problema no menos grave; al aumento de la dependencia de la importación de alimentos. La baja producción agrícola cubana de los últimos años se complementó con un incremento de las importaciones de alimentos, que en 2007 llegaron a mil 600 millones de dólares y en los años posteriores a rondado por un monto de entre 1.500 y 1.800 millones de dólares al año, una carga insoportable dada la situación general de carencias en las finanzas del país, de acuerdo con las fuentes antes citadas.

    El problema es que la producción agrícola lejos de aumentar, ha manifestado un  descenso sostenido en los últimos años, lo cual constituye el primer gran problema a resolver.
    Tomando en  consideración la vital  relevancia del  sector agrario, deviene irrebatible que  la impartición de justicia en materia agraria, debe procurar la mayor eficiencia en la atención a las reclamaciones y conflictos recaídos en los bienes agropecuarios,  habida  cuenta  de  que la demora o el error en la solución de tales controversias suelen traer aparejados, la improductividad o deficiente aprovechamiento de la tierra, daños o pérdidas a las producciones y cosechas, y no son despreciables las afectaciones que pudieran acarrearse en el disfrute de los derechos fundamentales de los trabajadores del campo, resultando incuestionable que ello también puede tener impactos en el estado de las relaciones familiares e interpersonales y  en la conciencia jurídica y la cultura jurídica de parte importante de la población, pudiendo derivarse también repercusiones  políticas.
   

  Efectivamente, el tema posee una clara significación política de si se toma consideración  que el problema de avanzar en la seguridad alimentaria constituye un desafío para la soberanía de los Estados y particularmente para las naciones subdesarrolladas, en el contexto cubano,  vale remarcar como la insuficiencia de la producción agrícola ha estado asociada forzosamente a otro problema no menos grave; al aumento de la dependencia de la importación de alimentos, lo cual resulta particularmente grave ante una coyuntura global caracterizada por el aumento en los precios internacionales de muchos de los renglones básicos, como el arroz, granos y cereales.

    A ese tenor la Asamblea Nacional del Poder Popular se pronunció por destinar un significativo volumen de recursos para asignarse a los productores más eficientes y anuncia realizar profundas transformaciones estructurales y organizativas que permitan aumentar a corto plazo la eficiencia económica de la producción agropecuaria, reduciendo su costo y eliminando las trabas, que impiden su avance, haciendo producir la tierra al máximo de sus posibilidades. Y  ha declarado que, es preciso  avanzar en el 2008 en la sustitución de las importaciones de alimentos como arroz, frijoles, leche, frutas y harina de trigo, así como pienso para alimentación animal, entre los rubros con mayores posibilidades de inmediato.  

    Desde una perspectiva histórica, es preciso destacar la estima en que ha tenido dirección de la Revolución al campesinado, y la sensibilidad que ha mostrado con sus problemas desde los momentos de la lucha insurreccional hasta nuestros días; ya en su discurso pronunciado el 1ro de marzo de 1959, expresó el Dr. Fidel Castro Ruz: "Y no podía ser menos porque esta es una Revolución eminentemente campesina, que partió del campo, que tiene su principal fuerza en los campesinos cubanos". Y luego en el discurso del 26 de julio de 1959, señaló, "El campesino de hoy es un héroe de la patria. El campesino de hoy ya no es el hombre de ayer, a quien los intereses creados y los poderosos se interesaron en mantener tanto en el olvido, en la ignorancia y en el ridículo, porque querían que aquel hombre jamás se liberara”.

    Las posibilidades de seguir desarrollando el proyecto social cubano, encaminado hacia un modelo  de  sociedad  socialista cada vez más justo y con adecuados niveles de crecimiento económico y de bienestar de la población, dependerán en gran medida, del grado de organización y eficiencia que alcance la agricultura.
    Es muy justo reconocer los logros alcanzados por el Estado cubano a lo largo de más de 30 años, en cuanto al desarrollo de  políticas sociales en las áreas rurales, así como en la realización de los derechos socioeconómicos fundamentales de los hombres del campo. No es posible menospreciar el hecho de que el 17 de mayo de 1959 se promulgó en Cuba una paradigmática Ley de Reforma Agraria que ha trascendido internacionalmente por haber expropiado los grandes latifundios extranjeros y nacionales, por convertir en propietarios de las tierras a todos los que las trabajaban como arrendatarios, aparceros, colonos y precaristas generando una distribución más justa de la tenencia de la tierra, por encausar el acceso de la población rural a la  tecnificación, a los servicios de salud, educación y seguridad social, y en fin por el logro de mayores niveles de desarrollo rural  y de justicia social  luego de 1959.

    No obstante los expresados fundamentos y la esencial importancia que le asiste al problema agrario, habiéndose creado en Cuba, en relación con ello, un Derecho auténticamente nacional y pese a la preocupación de la máxima dirección del  Estado por la política agraria, debe reconocerse que los estudios teóricos sobre materia agraria desde el ángulo jurídico han sido escasos. Resultando que existen aspectos esenciales  de la teoría y la práctica del Derecho Agrario cubano sobre los que apenas se ha escrito y debatido científicamente en nuestro país  en las últimas décadas, a pesar de su indudable actualidad y relevancia. Entre tales temas se encuentran los relativos al modo y eficacia con que se resuelven las reclamaciones y conflictos agrarios, lo cual constituye el objeto de esta exposición.
    Cuando se debate en torno a la necesidad de aumentar la eficiencia del sector agrario, el análisis a menudo se focaliza sobre los problemas relativos a las formas de organización de la producción, los precios, la comercialización, el empleo de la fuerza de trabajo, el apoyo financiero o principalmente sobre las demandas propias de la agricultura convencional, es decir, el aumento de la utilización de fertilizantes químicos, pesticidas, maquinarias agrícolas y de la introducción de nuevas tecnologías y semillas “mejoradas genéticamente”.

    Sucediendo que lamentablemente no siempre se incorporan al examen, ni se valoran justamente determinados aspectos referidos a los soportes institucionales y jurídicos a través de los cuales los Estados, para la mejor ejecución de las políticas agrarias, intervienen en la realización de la justicia agraria. La alta  significación de este aspecto se hace evidente cuando se traen a colación algunos datos significativos, como que en Cuba existen más de 150 mil propietarios de tierras, cerca de 200 mil usufructuarios, unas 6 mil organizaciones cooperativas agrarias,  la población rural del país es en total casi tres millones, que equivale a alrededor del 25% del total y más de un millón de habitantes debe su empleo directamente a las labores agrícolas, es posible imaginar entonces que resulta considerable la cifra de conflictos jurídicos en los que se ven involucradas estas personas naturales y jurídicas.

    En varios foros internacionales, como: la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria de Roma en 1966; Conferencia Regional de Caracas en 1970; Congreso Internacional sobre Derecho Agrario y Derechos Humanos de Lima en 1987; Primer Congreso del Comité Americano de Derecho Agrario de San José en 1997, se ha señalado que las normas de Derecho Agrario han estado careciendo de suficientes niveles de realización y que dicho problema aún no está definitivamente resuelto en muchos países, sugiriendo la necesidad de revisar la efectividad de los mecanismos de tutela jurisdiccional y administrativa de los derechos sobre la tierra y demás bienes agropecuarios.

 Informe de la Oficina Nacional de Estadísticas, citado por Francisco Ramírez, (NOTIMEX)  5  y 26 de abril, La  Habana, 2008. Tomando de  Red Jurídica, Unión Nacional de Juristas de Cuba, 27 de abril de 2011.

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