5.3.2 Los Residuos Tóxicos Y Peligrosos (Rtp). Análisis De La Situación Actual

España ocupa un lugar intermedio en la producción de residuos tóxicos y peligrosos (RTP) en comparación con otros países europeos, concretamente 1.576,6 miles de toneladas . Desde el punto de vista regional, los RTP se concentran en tres Comunidades Autónomas: Andalucía, País Vasco y Cataluña, acaparando el 68,8% nacional. Tras ellas, con porcentajes que oscilan entre el 1% y el 10% se sitúan Navarra (4,14%), Asturias(1,2%), Aragón (1,42%), Castilla León (4,5%), la Comunidad Valenciana(6,9%), Castilla La Mancha (1,02%), Madrid (4,6%), Cantabria (1,26%) y Murcia (1,23%). No superan el 1% del total nacional Canarias (0,1%) y Extremadura (0,5%). Por último, Baleares (0,02%) y La Rioja (0,08%) presentan producciones insignificantes a nivel nacional. Este desigual desarrollo, independientemente de la extensión geográfica de cada Comunidad Autónoma, se debe al distinto grado de industrialización y al modelo de desarrollo industrial de gran concentración espacial seguido en España hasta la fecha.

Las sustancias químicas peligrosas lo son por su carácter tóxico o carcinógeno, como es el caso de las sustancias halogenadas, o por su acumulación en tejidos y su larga vida, como los productos policlorobifelinos (PCBs). Otra categoría de RTP la constituyen los aceites de uso en procesos industriales. En todos los casos los RTP no son gestionados en su totalidad en las regiones que los producen pues comúnmente no existen plantas suficientes de tratamiento.

El Plan Nacional de Residuos en palabras de la propia Administración española, resulta insuficiente para resolver los problemas generados por lo que siguen existiendo resultados poco satisfactorios en la reducción en origen, así como un gran déficit de infraestructuras y equipamientos para la gestión y tratamiento de estos residuos. Por ello, y de acuerdo con las Comunidades Autónomas, se revisó el citado Plan, tratando de enfatizar la reducción en origen y su tratamiento in situ, así como los programas de inventario, control, asistencia técnica e investigación y recuperación de espacios contaminados. De cualquier modo, se sigue dejando un margen amplio para la decisión de las propias industrias, las cuales, en contadas ocasiones se atienen a las normas ISO14001, al reglamento EMAS y al establecimiento voluntario de sistemas integrados de gestión medioambiental, aunque la implantación de distintos sistemas va en aumento, puesto que en 2005 son las empresas industriales adheridas al reglamento EMAS, lo que sitúa a España en segunda posición a EMAS, después de Alemania, en cuanto a certificaciones EMAS (concretamente 477 certificaciones). Asimismo, el control de los poderes públicos de las declaraciones anuales obligatorias sobre los RTP es bastante escaso, tal y como hemos constatado en los análisis y entrevistas realizados en las cinco Comunidades Autónomas estudiadas para este informe .

También interesa señalar que el 96% de los RTP proceden de los subsectores industriales tales como la industria química, papel y celulosa y transformaciones metálicas, muchos de ellos con estrategias de crecimiento y desarrollo ancladas sobre todo en la tradición “fordista” de ubicarse en polos industriales lo que, por la concentración territorial de los impactos, magnifica sus efectos.

Una alternativa al citado modelo “fordista” de desarrollo la constituye el desarrollo endógeno, basado en aprovechar las capacidades internas del territorio en el que se ubican o establecen, bajo una orientación productiva deseable para los agentes económico-sociales de la región y que bien pudiera consistir en el desarrollo de tecnologías limpias.

Las posibles orientaciones futuras sobre el tratamiento de los RTP pasa por varios escenarios. Uno de ellos, que duda cabe, podría consistir en que la sociedad incentivara y, de algún modo, premiara un cambio tecnológico compatible con el desarrollo sostenible y respetuoso con el medio. Esta estrategia necesita de cambios profundos en la organización de la intervención pública estatal, en el reparto de incentivos y desincentivos pecuniarios y de prestigio de las empresas, y en los hábitos de consumo y concienciación ciudadana.

Otro escenario compatible con el anterior, tiene que ver con el modelo de desarrollo territorial escogido por la sociedad. Los modelos de desarrollo exógeno (es decir, a partir de potencialidades y recursos foráneos) han conducido a unos impactos ambientales indeseables por cuanto que, entre otros, no se atenían a los intereses de la población involucrada. Por ello, desde hace años, se propugnan pautas, o modelos, de desarrollo endógeno en base a potencialidades internas que, en gran medida, puedan reducir y, en parte, conseguir unos impactos territoriales y ambientales más equilibrados y consecuentes con el interés colectivo de la sociedad.

Finalmente, queda por reseñar que la UE hace tiempo que está estudiando los flujos europeos de residuos prioritarios para posteriormente tomar medidas que tengan que ver con la prevención, reciclado de materiales y responsabilidad del productor. Sobre ello, aparte de haberse aprobado en 2.000 medidas sobre el desguace de vehículos, la propia Comisión declara que la oposición de las industrias está mermando la posibilidad de poner en práctica las medidas, en principio, aparentemente aconsejables .

De lo anterior puede concluirse que la responsabilidad social de las industrias que producen RTP debería conducir a la adopción de una actitud más proclive a los intereses medioambientales de la sociedad, o parte de ella, estableciendo, por ejemplo, acuerdos voluntarios con los actores sociales involucrados.

5.3.3 Conclusión

En general, el problema de los residuos tanto en España como en la UE está sujeto a medidas paliativas con un efecto final no acorde con la perspectiva del desarrollo sostenible. Ciertamente una mayor ecoeficiencia a la hora de hacer disminuir los residuos procedentes de las actividades económicas y sociales es una condición necesaria, pero ello no es suficiente, si la escala total de procesos aumenta en una mayor proporción que la reducción conseguida mediante prácticas ecoeficientes. La cultura del consumo de masas encierra, por tanto, esta contradicción en cuanto al seguimiento de una senda de desarrollo sostenible compatible con los objetivos de la sociedad a largo plazo. En verdad, la solución pasaría, paralelamente a un cambio radical en los patrones de producción, por una drástica reducción del consumo individual y colectivo lo que, en efecto, tendría inevitablemente consecuencias sobre la distribución de la renta y la riqueza en España.