BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

DESARROLLO SOSTENIBLE EN ESPAÑA EN EL FINAL DEL SIGLO XX

Alfredo Cadenas Marín y otros




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CAPÍTULO 8

8 PERSPECTIVAS PARA UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ELABORACIÓN EN ESPAÑA DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL Y EUROPEO

La situación de España en relación con el desarrollo sostenible podría clasificarse como de transición entre dos etapas: la correspondiente a una evolución gradual desde la simple aplicación de políticas ambientales a la del asentamiento de una estrategia de desarrollo sostenible acorde con los principios o preceptos de la UE, según lo estipulado en el Tratado de Amsterdam de 1997 (art. 2) como objetivo inspirador de las políticas económicas y sociales.

La contribución mundial de la UE al debate y desarrollo de estrategias de desarrollo sostenible ha sido y continúa siendo muy importante por dos motivos. Primero, porque se trata de un espacio económico y político crecientemente integrado y en vías de ampliación a otros países europeos, que comparte valores y aspiraciones en cuanto al progreso y evolución de la sociedad y que ha sido capaz de desarrollar un amplio conjunto de instituciones y políticas comunes. Segundo, porque la UE es consciente de la dimensión internacional de estos valores y políticas y aspira a ejercer un liderazgo creíble y eficaz en el contexto mundial.

La UE ha venido desarrollando su línea de trabajo en materia de desarrollo sostenible en varias direcciones complementarias, como por ejemplo; al introducir el propio concepto de desarrollo sostenible entre los principios fundamentales comunitarios inspiradores de todas las políticas; al asumir el compromiso de desarrollar una estrategia conjunta de desarrollo sostenible, al impulsar el diseño de estrategias de desarrollo sostenible en los estados miembros y al explorar y experimentar con programas e instrumentos de carácter sectorial, incluyendo su seguimiento a través de indicadores, en estrecha colaboración con la Agencia Europea de Medio Ambiente.

En junio de 2001, la Propuesta de la Comisión de una estrategia de la Unión Europea de Desarrollo Sostenible fue adoptada, bajo la presidencia de Suecia, en la sesión de Gotemburgo del Consejo Europeo. La Estrategia Europea se basa en la selección de cuatro prioridades básicas, como primer paso de orientación futura de los políticos: cambio climático, transportes, salud pública y recursos naturales. La citada propuesta de estrategia europea fue precedida de una importante tarea de reflexión e integración del concepto de desarrollo sostenible en las políticas y en los instrumentos comunitarios y de numerosas iniciativas y estímulos para su puesta en práctica. A este respecto, cabe destacar, por ejemplo, la contribución al análisis de las repercusiones de incorporar la dimensión ambiental en otras políticas (sucesivos programas comunitarios en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible hasta llegar al actual VI Programa Plan de Acción) la consideración de la dimensión territorial de las políticas y del papel del desarrollo territorial y de la dimensión urbana y la escala local. A esto debe sumarse la actividad de la Agencia Europea de Medio Ambiente en materia de informes periódicos y diseño de indicadores.

La Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible de España debería incorporar tanto los principios generales de la Estrategia Europea, como aquellos sobre los que ésta se ha inspirado inicialmente y que se correspondían con los 27 principios contemplados en la Declaración de la Cumbre de Río de Naciones Unidas, destacando particularmente los apuntados en el capítulo 1 de esta obra, y que se refieren a los siguientes:

1- Equidad intra e intergeneracional. Ello responde a la exigencia actual de solidaridad internacional, y a su proyección futura a fin de conseguir la conservación, protección y recuperación de las capacidades de la Tierra en relación con los recursos naturales y ambientales. También obliga a abordar los desequilibrios territoriales y, en especial, a prestar atención a los grupos y situaciones más desfavorecidos así como a introducir el largo plazo en el diseño de las políticas.

2- Derecho a una vida saludable y en armonía con la naturaleza. Este principio constituye un objetivo de desarrollo social renovado, lo que significa dotar al desarrollo de una dimensión cualitativa. También supone introducir la calidad de vida como objetivo de las políticas públicas en tres componentes: bienestar social, calidad ambiental e identidad cultural.

3- Integración del medio ambiente en los procesos de crecimiento y desarrollo económico. Ello constituye el más importante desafío del mundo actual incluyendo las relaciones internacionales de intercambio comercial. Además obliga a considerar las grandes oportunidades que pueden aportar la innovación tecnológica y organizativa, mediante procedimientos informáticos.

4- Internalización de costes y beneficios ambientales tanto en los procesos de producción de mercaderías como de prestación de servicios, lo que conlleva el desarrollo de instrumentos para su medida y utilización.

5- Incorporación del principio de precaución como base para el diseño y ulterior desarrollo de instrumentos legales, técnicos y financieros.

6- Garantía de acceso a la información disponible en el seno de la Administración Pública y, asimismo, garantía de participación social en la elaboración de normas y procedimientos legales.

De otra parte, los anteriores principios podrían ponerse en práctica mediante, según la propia declaración de las Cumbres de Río y Johannesburgo, a) la promoción de sistemas de producción y consumo sostenibles, b) la corresponsabilidad de los diferentes agentes involucrados, implicándose según lo prescrito en la elaboración de la Agenda 21 local, tanto la sociedad civil a través de sus organizaciones y colectivos sociales, como los agentes económicos privados, y la comunidad científica y de innovación tecnológica. Y, c) el fomento de la cohesión social tanto entre ámbitos territoriales como entre los distintos estamentos sociales, sobre todo en cuanto al acceso a los equipamientos, infraestructuras y servicios comunitarios.


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