BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

DESARROLLO SOSTENIBLE EN ESPAÑA EN EL FINAL DEL SIGLO XX

Alfredo Cadenas Marín y otros




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2.2.2.2 Factores Determinantes de La Ecoeficiencia de La Industria Española

Las posibles razones que se encuentran detrás de ese relativamente bajo seguimiento de la ecoeficiencia por parte de una mayoría de las empresas españolas, tanto en la actualidad como en un futuro cercano tienen que ver con la influencia de una serie de factores y actores sociales, entre los que se encuentran los consumidores, las administraciones públicas, la sociedad civil etc. (véase Tabla 2.1). En efecto, la empresa no se encuentra aislada de la sociedad, sino que se haya inmersa en una auténtica red social de la que recibe incentivos al cambio o al mantenimiento del statu quo. Las razones por las que la empresa industrial española no toma medidas relacionadas con la ecoeficiencia se deben indudablemente a la falta de impulsos que recibe de esos actores sociales:

• Consumidores. Aunque, en teoría, la demanda de productos ecológicos puede ser una fuerza motora del cambio empresarial en medio ambiente, constituyéndose lo verde en característica diferenciadora de la oferta, lo cierto es que, en general, los consumidores españoles no parecen estar dispuestos a pagar un sobreprecio por un producto con características ambientales más benignas. Así parece deducirse de las opiniones de los empresarios y de estudios empíricos (véase Cabezudo et al, 2000). Cabe afirmar, sin embargo, que la tendencia futura es a una mayor consideración de esos aspectos ambientales en las decisiones de compra.

• Opinión pública. La imagen de una empresa puede verse seriamente dañada si aquella mantiene una posición de enfrentamiento constante con el entorno social que le rodea, ya sea este local, regional o nacional. La posibilidad de que dichas presiones fuercen a la empresa a cambiar depende, entre otras cosas, del sector de que se trate y del lugar que ocupe en la cadena de valor empresarial. En términos generales podemos afirmar que es más fácil que esas presiones generen un cambio en empresas dedicadas a producir bienes finales que en aquellas especializadas en bienes intermedios, alejadas del consumidor final y a cuyas ventas no afecta tanto la mala imagen ambiental. Aunque, en principio, a las empresas industriales españolas no les interesa esa mala imagen, sin embargo eso no está motivando un cambio profundo en la empresa, en tanto en cuanto muchos de los impactos ambientales de la empresa no son visibles y aquellos que lo son no generan una fuerte reacción por parte de la opinión pública.

• Administraciones públicas - legislación ambiental. La verdadera fuerza de cambio empresarial en la empresa industrial española actual es la legislación ambiental. Los empresarios que actúan lo hacen, sobre todo, para cumplir la regulación ambiental. El problema es, por un lado, que aunque existe bastante legislación ambiental, la ejecución de la misma no tiene lugar con el mismo empeño que su promulgación, creándose una situación injusta por incumplimiento parcial. Por otro lado, los enfoques de regulación tienen el problema de que no fomentan el cambio tecnológico ambiental de tipo radical: el empresario se limita a cumplir la legislación sin considerar ni siquiera la posibilidad de ir más allá que esta, lo cual si ocurriría si tuviese un incentivo económico a reducir más de lo que se le exige.

La adopción y difusión d tecnologías limpias exige precisamente que se apliquen este último tipo de medidas .

• Entidades financieras/Aseguradoras/Inversores. A priori, parece lógico predecir la evaluación de los riesgos medioambientales como un elemento más en el análisis tradicional del riesgo, paso previo a la concesión de préstamos y créditos, a la contratación de un seguro o a la decisión de invertir en una empresa. Actualmente esto constituye un factor de cambio, pero muy débil todavía, auque es esperable que a corto/medio plazo ejerza una mayor presión.

• ONGs ambientales. Estas organizaciones si son un elemento motivador de cambio en la industria española, aunque todavía limitado. El problema es que, por un lado los costes empresariales necesarios para que la empresa adopte eco-innovaciones son en ocasiones muy grandes (por ejemplo para las pequeñas empresas o para sectores maduros, intensivos en capital), pero las ONGs no siempre son sensibles a estas consideraciones, con el problema que eso supone para lograr la sostenibilidad industrial. Proponer que la empresa tome medidas ecoeficientes radicales puede no ser tan beneficioso para el desarrollo sostenible, pues se estaría mejorando una de las dimensiones de la sostenibilidad (la ambiental) sacrificando otras (la económica y la social, en el caso de que los desafíos en términos de nueva inversión fuesen tan grandes que tuviesen un impacto negativo sobre el empleo). Por otro lado, no parece que las ONGs ambientales españolas informen a la empresa sobre las alternativas tecnológicas menos contaminantes disponibles (lo cual seria particularmente relevante para las PYMES), como si ocurre en otros países , siendo de confrontación su relación asidua y normal con la industria. La empresa a su vez recela de dichas organizaciones. Ambos deberían entrar en una dinámica de colaboración de la que sin duda se beneficiaría la sociedad en su conjunto.

**Qué medidas se han adoptado tanto a nivel nacional como de CCAA para fomentar un mayor seguimiento de la ecoeficiencia?

Tradicionalmente se ha apreciado un bajo grado de integración de los aspectos ambientales en la política industrial española. Dicha tendencia pareció cambiar a finales de los años 80 y, sobre todo, a principios de los 90, con la creación del PITMA (que ha tenido continuación en el PITMA II y en la iniciativa ATYCA) que, entre otros cometidos tenía el de fomentar la innovación y difusión de tecnologías ambientales, con especial énfasis en aquellas basadas en un enfoque preventivo (tecnologías limpias). Sin embargo, estos programas han tenido un impacto limitado (por su propia naturaleza y por la relativamente modesta cantidad de fondos adscritos).

Especial relevancia de cara al futuro de la ecoeficiencia industrial en España tiene la Directiva de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (Directiva 96/61, de 30 de octubre de 1996 ) ya traspuesta al ordenamiento jurídico español (desde julio de 2002), que establece unos objetivos de emisión en base a las mejores tecnologías disponibles (BAT ) que las empresas industriales (aunque no de todos los sectores) deben cumplir. Otra Directiva que modifica a ésta y que en el futuro inmediato va a tener un impacto muy importante en la adopción de cambios tecnológicos que reduzcan las emisiones contaminantes es la Directiva por la que se crea, a partir del 1 de enero de 2005 un sistema de permisos de emisión de CO2 a nivel de la UE (Directiva 2001/581) .

No obstante, aunque se podría considerar que la Directiva IPCC fomenta el uso de esas tecnologías ambientales, no cabe ser tan optimista con respecto a su aplicación a los sectores industriales y la respuesta que, por el momento, se está recibiendo de estos. Por un lado, las empresas españolas se quejan de que los límites de emisión establecidos en los BREF (documentos sectoriales en los que se establecen cuales son las BAT) son difíciles de cumplir por parte de la industria bajo la actual estructura de costes y contexto tecnológico de la misma. Las empresas “temen que la aplicación de la Directiva haga depender a nuestros procesos de la innovación de países del norte, desincentivando la ya de por si escasa investigación española y las consecuencias en el factor coste que tendrán las inversiones a realizar en un mercado globalizado” (Fundación Entorno 1998). Por otro lado, la Directiva constituye una especie de modalidad de “forzamiento tecnológico” (technology forcing) que en realidad deja poca libertad a la empresa para elegir reducir la contaminación de la forma más eficiente para ella y para la sociedad . En todo caso, el principal efecto de la Directiva en el sector industrial está relacionado con la modificación que puede provocar en la legislación ambiental, como consecuencia de tener que adaptar el ordenamiento medioambiental comunitario, estatal y autonómico a la Directiva (Fundación Entorno 1998). Las CCAA han debido adoptar sus normativas ambientales a la IPPC, siendo Cataluña y País Vasco las primeras en hacerlo totalmente.

Con el objetivo de introducir la ecoeficiencia en las empresas, algunas CCAA han creado programas de apoyo a la misma, si bien es de destacar el de Cataluña. La principal acción consiste en informar a las empresas sobre la posibilidad de mejorar su eficiencia energética y reducir la generación de residuos, a través de la creación de una ventanilla a la que las empresas pueden dirigirse. Sería bueno una mayor implicación de las CCAA en este sentido, por ejemplo apoyando la realización de auditorías ambientales y energéticas en las empresas y estableciendo prioridades de actuación en este sentido.

Otro ejemplo es el de la Comunidad Autónoma de Castilla-León. Según Villamil y Serrano (2002, p.269) “Uno de los ejemplos pioneros y de relevante interés es el seguido por la Junta de CL, a través de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de CL(1/2000 de 18 de mayo), que establece “que las empresas cuyas actividades se encuentran incluidas en el Anexo III deberán presentar en Junta de CL un informe ambiental que será el resultado de la realización de la auditoría ambiental en el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de esta ley”. Posteriormente se añade que el requisito anterior es “imprescindible para la obtención de ayudas a la puesta en práctica de los métodos de protección del medio ambiente que se deseen implantar (…). El artículo 25 regula el régimen de ayudas económicas a las empresas que llevan a cabo auditorías ambientales. Se conceden subvenciones a empresas radicadas en CL para la ejecución de tales auditorías las cuales desempeñan un papel estimulante para que las firmas asuman la ecoauditoría como un mecanismo importante a servicio de la gestión medioambiental. La ayuda económica para la realización de auditorías de los sistemas de gestion ambiental será como máximo del 75% del importe total del gasto de inversión aprobado y realmente ejecutado. En cualquier caso, la subvención unitaria máxima establecida para este apartado será de 600 euros”.

Sin embargo, en general, algunos resultados preliminares apuntan en la dirección de un seguimiento limitado, sin duda en parte debido a la falta de prioridades de las empresas en ese sentido y, también, a una dotación presupuestaria restringida de los mismos. Finalmente, si bien la filosofía manifestada por dichos programas es preventiva, la mayoría de los cambios que dichos programas parecen estar fomentando son de tipo correctivo o preventivo incremental. Sin duda este tipo de medidas son necesarias, pero no suficientes a largo plazo, en tanto en cuanto lo que verdaderamente se requiere para la ecoeficiencia (y, en general, para el Desarrollo Sostenible) son iniciativas que promuevan un cambio más radical en los patrones de producción y consumo que den lugar a una rentabilidad social (a veces también privada) a largo plazo. El problema es que estas medidas más radicales exigen desembolsos iniciales muy importantes y chocan frontalmente con la inercia empresarial y la renuencia al cambio; pero la tendencia debería ser exactamente esa. La resistencia es mayor en empresas pequeñas, familiares, que son las que mayoritariamente forman la gran mayoría de nuestro tejido industrial y en las que más importancia tienen los costes iniciales como barrera al cambio.

Las iniciativas tomadas por las CCAA varían en relación a los instrumentos de fomento utilizados y, por lo tanto, también en cuanto al grado de potencial de cambio esperable. Algunas CCAA realizan una mera función de información entre los empresarios de las alternativas tecnológicas ecoeficientes disponibles. Este es el caso de Castilla-La Mancha, que considera prioritaria dicha medida, pero que luego no parece que apoye (ni técnica ni financieramente) a las empresas decididas a adoptar. En el otro extremo del espectro tendríamos a CCAA que, además de informar, suministran apoyo de diversos tipos. Por ejemplo, Cataluña creó un Centro de Iniciativas para la Producción Limpia (CIPL), cambió su nombre por el de Centro para la Empresa y el Medio Ambiente CEMA en el año 2000. El CEMA, del Plan de Acción del Mediterráneo (PAM), lleva a cabo, a través de la difusión de información, el suministro de fondos para I+D, la formación y los proyectos experimentales, el objetivo de reducir los residuos peligrosos en un 20% para el año 2000 2007 (CEMA) (OCDE 1997, p.100). Sin duda la Comunidad Autónoma de Cataluña ha sido la pionera en la gestión de los residuos. En 1991 desarrolló un sistema global para el tratamiento de residuos y se aprobó un decreto dirigido a controlar los residuos industriales peligrosos y los no peligrosos. Desde 1993 se aplica la separación selectiva de residuos orgánicos domésticos (op. cit.). En 1998 aprobó la ley 3/1998 sobre “Intervención Integral de la Administración Ambiental” que incorpora todos los aspectos de la Directiva IPPC a su ordenamiento jurídico. También la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Madrid utiliza un amplio repertorio de instrumentos de carácter económico y financiero catalogables en el ámbito de las subvenciones y de los incentivos fiscales en inversiones en medio ambiente. Las subvenciones abarcan aspectos tales como el estímulo al ahorro y la eficiencia energética, a la implantación de sistemas de gestión y a la realización de auditorías ambientales, a la construcción por parte de corporaciones locales de centros de recogida de residuos valorizables y especiales (Puntos Limpios), al tratamiento y reducción de residuos y emisiones en PYMES industriales, a la recuperación de vapores de combustible en estaciones de servicio, así como el apoyo a iniciativas de grupos sociales que trabajan a favor del medio ambiente y subvenciones forestales.

El gobierno de las Islas Baleares desarrolla, en un amplio abanico de sectores económicos, un cúmulo de iniciativas y actuaciones que, en parte, son cofinanciados por programas de la UE relacionados con desarrollo sostenible. En el contexto de la ecoeficiencia en la industria debe citarse el programa operativo regional FONER que fomenta la gestión ecoeficiente de las PYMES.

Otra iniciativa digna de mención es la creación de una Fundación Navarra para la Calidad que incluye objetivos medioambientales y la obtención del certificado ISO14000, con el objetivo último de aumentar la ecoeficiencia de las empresas de la región.

No cabe calificar a dichas iniciativas como meramente anecdóticas, pues son cimientos sobre los que se puede fomentar una filosofía ecoeficiente en las empresas. Para ello sería necesario orientar las acciones de apoyo en direcciones de cambio tecnológico más radical, ampliar el apoyo que se da (que no sea sólo informativo) y aumentar la dotación presupuestaria de dichos programas.


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