BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

DESARROLLO SOSTENIBLE EN ESPAÑA EN EL FINAL DEL SIGLO XX

Alfredo Cadenas Marín y otros




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CAPÍTULO 5

5 EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA

5.1 LOS PROBLEMAS AMBIENTALES MÁS ACUCIANTES EN ESPAÑA

Tanto las perspectivas a medio plazo como la situación actual general española en cuanto la consecución de un rumbo adecuado en la senda del desarrollo sostenible son, tal y como se repite en numerosas ocasiones en epígrafes anteriores, bastante negativas, de forma muy parecida a la de los países de su entorno. De hecho, el propio V Programa de Acción Comunitario (1996-2000) titulado “Hacia un Desarrollo Sostenible” así lo declaraba para el conjunto de la UE antes de empezar a comentar los motivos de tan mal desempeño y de entrar a proponer los instrumentos de acción e intervención social que consideraba pertinentes. En resumen, en la introducción a dicho V Programa se decía que “las medidas aplicadas hasta ahora han reducido las tendencias negativas observadas en el estado del medio ambiente pero no se ha conseguido invertirlas. El modelo actual de numerosos sectores de actividad (industria, transportes, turismo y energía) no es sostenible. No es posible responder a estos problemas únicamente mediante la normativa.”

También dicho V Programa, para resolver los problemas de insostenibilidad ambiental, proponía recurrir a los instrumentos siguientes: fomentar una planificación sectorial y una ordenación territorial que integren los temas medioambientales; potenciar el conocimiento y control del estado del medio ambiente, así como la recogida de información y datos al respecto; fomentar el uso de instrumentos económicos y fiscales; impulsar la investigación y desarrollo de tecnologías que supongan un mayor ahorro de recursos y tengan menor impacto medioambiental; y aumentar la transparencia de los procesos de decisión y facilitar la comprensión de los problemas mediante la formación y la sensibilización. Además, el citado Programa proponía aplicar los mencionados instrumentos en cinco ámbitos: industria, energía, transportes, agricultura y turismo.

El V Programa, aplicable por supuesto a las condiciones de España, no pretendía arreglarlo todo. Se reconocía que se tardaría bastante en modificar los hábitos de comportamiento y consumo necesarios en la marcha hacia el desarrollo sostenible pero también que, aunque el camino es arduo y duro, había que dar de inmediato los primeros pasos para conseguirlo.

Durante los últimos cinco años es evidente que los principios e instrumentos de acción del V Programa han inspirado intensa y extensamente (y en algunos casos obligado a través de directivas europeas) las acciones de intervención social y las filosofías subyacentes al área del medio ambiente de la política española. Las autoridades españolas han sido bastante dóciles aceptando y adoptando la inmensa mayoría de las directivas, reglamentos, comunicaciones y recomendaciones emanadas de las instituciones de la UE, excepto en las orientaciones acerca de instrumentos fiscales y en la introducción de medidas de diversa índole dirigidas a la protección ambiental en los sectores de la agricultura y el transporte, tal y como se explica con mayor detalle en los epígrafes correspondientes de este libro. La ejecución, o puesta en práctica, de muchas de las directivas y recomendaciones, por el contrario, ha sido mucho menos efectiva que la adopción y transposición de las medidas debido, en parte, a la disfuncionalidad y descoordinación del entramado competencial, confusamente repartido entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos.

La evaluación global de la efectividad del V Programa (para corregir su curso de acción y preparar el VI Programa, que se inició a partir del año 2001) realizado por la propia Comisión Europea y AEMA, no ha sido contemporizadora con los mediocres resultados obtenidos. Las afirmaciones escritas en los documentos relativos a la evaluación global dan cuenta de la citada evolución. Estos informes son muy indicativos del grado de insatisfacción y de la preocupación existente por el futuro, tanto entre las propias autoridades de la UE como de la opinión pública.

El V Programa y, por ende, su aplicación en España, se ha saldado con un relativo fracaso en la consecución de los objetivos perseguidos; lo cual bien pudiera calificarse como de rotundo fracaso si la valoración se dirigiese al meollo principal del asunto (la sostenibilidad integral y su aportación a la sostenibilidad global, es decir, al cambio de rumbo por parte del conjunto de la Humanidad de lo que los países más desarrollados somos responsables).

En línea con los pronunciamientos de las dos entidades comunitarias, el CES y el CDR, que han llegado a valorar muy negativamente el informe global relativo a la ejecución del V Programa, puede afirmarse para la UE y para España que:

1. No existe el conveniente convencimiento y consenso, (ni en la UE, ni sobre todo en España) acerca de la necesidad de introducir cambios radicales que desvinculen el crecimiento del capital natural en los sistemas de producción, consumo y servicios, así como en los ámbitos sectoriales involucrados y en la política energética, de transportes y agraria. Se sigue pensando que los problemas medioambientales pueden resolverse mediante soluciones técnicas de corrección de efectos ambientales, tales como filtros, catalizadores, etc. El concepto de ecoeficiencia continua siendo algo ajeno a las actitudes y comportamiento de los agentes económico-sociales. Quizás si sea posible identificar en España un tímido cambio de tendencia en este sentido como muestran ciertas declaraciones oficiales (en documentos de política ambiental y ciencia y tecnología) y de ciertos sectores empresariales. No obstante es mucho el camino que queda por recorrer para que tanto empresas como consumidores y ciudadanos en general integren las cuestiones ambientales en su forma normal de proceder.

2. Los principios fundamentales de política medioambiental consagrados en el apartado 2 del artículo 174 del Tratado de Ámsterdam de la UE (relativos a “cautela”, “acción preventiva”, “corrección de atentados al medio ambiente en origen” y “quien contamina, paga”) no han sido introducidos de manera efectiva en las políticas sectoriales, ni existen planes de acción separados que contemplen estos principios mas que para un reducido número de contextos económico-ambientales (por ejemplo; residuos, aguas continentales y conservación de la naturaleza)

3. No se han dado los pasos suficientes para alcanzar, tal y como determina el V Programa, un consenso a nivel nacional y comunitario que englobe la mayoría de temas medioambientales en torno a unos objetivos, o metas, cualitativos u orientativos a largo plazo y menos aún de tipo cuantitativo. Estos objetivos deberían definirse en términos más concretos como, por ejemplo: “reducción de la utilización absoluta de recursos”, “incrementos máximos de temperatura, en relación al cambio climático, permitidos”, “no superación de carga y niveles críticos” (por ejemplo, acidificación y contaminación atmosférica), “buena calidad del agua” y un largo etcétera.

4. Los principios de subsidiariedad y de responsabilidad compartida originan conflictos y desavenencias a todos los niveles administrativos, a escala de la UE y a escala nacional . Sería menester alcanzar un amplio consenso y una ley o procedimiento para coordinar y armonizar, de forma definitiva, los planteamientos jurisdiccionales.

5. No se ha llegado a integrar los aspectos ambientales y los sectoriales, de tal manera que pudiera verificarse su avance o retroceso. Deberían de marcarse, para cada sector, las reducciones requeridas de emisiones y por niveles adecuados de utilización de recursos; incluso el sector agrario debería someterse a esta disciplina, a cambio de seguir otorgándosele subvenciones y ayudas de la PAC.


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