BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

DESARROLLO SOSTENIBLE EN ESPAÑA EN EL FINAL DEL SIGLO XX

Alfredo Cadenas Marín y otros




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2.2.6 Diagnostico Agregado Sobre La Actuación de Los Sectores Productivos

Como acabamos de ver en los epígrafes anteriores, en relación a los sectores cuya sostenibilidad medioambiental y socioeconómica se considera imprescindible, tanto a nivel internacional como en el seno de la UE, la situación española es compleja pues, aún participando del modelo de desarrollo tradicional del conjunto de países europeos (afianzado en los últimos cuarenta años por la existencia de la Unión¬), su evolución ha seguido pautas un tanto discordantes a las del resto de países europeos.

De una parte, España ha avanzado aceleradamente en el crecimiento y desarrollo económicos en los últimos años. Sin embargo, su crecimiento económico no se ha desvinculado de los efectos perjudiciales para el medio ambiente, entre otras razones, por no haber incorporado un modelo de innovación tecnológica y organizativa compatible con el principio de la ecoeficiencia. Así, por ejemplo, la agricultura se práctica de manera contraria a lo deseable desde el punto de vista agroecológico; la industria, muy concentrada en polos geográficos, no alcanza a superar cotas de ecoeficiencia suficientes debido a múltiples impedimentos; el sector eléctrico exhibe abiertamente en múltiples foros una actitud algo pasiva y continuista, exceptuando una tímida incorporación de energías procedentes de fuentes renovables y ligeros cambios en sus procedimientos de tarificación en pos de objetivos medioambientales.

El sector agrario español debe reorientar su legitimación social para ser capaz de recabar el apoyo del Estado, en consonancia con los juicios ético-morales de los tiempos modernos y en los que priman los valores ambientalistas y las razones de solidaridad planetaria (apertura de fronteras a productos originarios de países en desarrollo). Por ello, debe incidir en proporcionar servicios de la índole actualmente englobada en el término de la multifuncionalidad, es decir, el de un mayor aporte al desarrollo sostenible en su faceta medioambiental y cultural (paisajes y tradiciones).

Debe diseñarse un código de buenas prácticas agrícolas por parte de los agentes socioeconómicos involucrados en los procesos agroalimentarios, incluyendo la industrialización y la distribución a los consumidores, con base en el Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural, publicado en 2003.

El sector industrial español adolece en general de una baja ecoeficiencia, aunque el nivel de deterioro ambiental del que es causante (contaminación atmosférica, hídrica y estética) es inferior a la de otros países europeos. Esta relativamente baja ecoeficiencia es consecuencia del escaso empuje de la sociedad en su conjunto (opinión pública, consumidores, entidades aseguradoras y financieras, ONGs, etc.). La aplicación inminente de la directiva IPPC constituirá un paso hacia delante en la historia de la regulación ambiental española, por y para lo que las CCAA españolas están desarrollando varias iniciativas concomitantes para cumplir con los objetivos ambientales incluidos en la citada directiva. La Directiva de comercio de derechos de emisión también supondrá un importante cambio en los sectores afectados.

El sector energético español sometido a una gradual aunque profunda reorganización, por efecto de la desregulación en ciernes, debe reconvertirse hacia una senda compatible con el desarrollo sostenible. Es preciso mejorar la eficiencia y el ahorro energético en todos los sectores económicos españoles y, en especial, en el transporte, la industria y la agricultura. La implantación de energías renovables es, asimismo, una asignatura pendiente en la que es preciso aplicarse, pues son éstas uno de los principales caminos hoy día conocidos para mejorar el desempeño ambiental. Sería deseable implantar mecanismos de mercado tales como los certificados verdes negociables, ligados a permisos de emisión si bien es necesario diseñar previamente las bases jurídicas e institucionales de los citados mercados.

Por su parte, el sector de transportes español no aporta un desempeño activo y consecuente con la sostenibilidad: su inercia para mantenerse en el rumbo insostenible actual está supeditada a una innumerable lista de intereses particulares que imposibilitan cualquier consenso social en aras del desarrollo sostenible. Tanto la política general española sobre transportes, como las acciones concretas (precio de los carburantes, diseño de redes de transporte por carretera, comunicación intermodal entre distintos medios de transporte, etc.) adolecen de un mínimo de planteamiento integrador de las opciones actualmente disponibles para mejorar su recorrido en la senda del desarrollo sostenible.

En cuanto al turismo, potente motor del crecimiento y desarrollo económico español, su desempeño en relación al desarrollo sostenible es, como en los casos antes mencionados, preocupante: p.ej. el entorno litoral sufre agresiones constantemente, debido al proceso de urbanización a causa de este sector económico. La presión sobre los recursos naturales de las zonas de alta concentración de turismo y debido a los modos de transporte (avión y carretera) lleva en ocasiones a la sobreexplotación de los mismos y a elevados niveles de ruido y contaminación .Sin embargo, las instituciones de la Administración no osan interferir en este cuadro desolador en el que el turismo es considerado la “vaca sagrada” a la que no es posible molestar (exceptuando casos específicos como el de la propuesta ecotasa balear, derogada por el gobierno balear, y los programas de turismo rural en Navarra y Asturias), por citar algunas Comunidades Autónomas estudiadas para la confección de este libro.


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