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DESARROLLO SOSTENIBLE EN ESPAÑA EN EL FINAL DEL SIGLO XX

Alfredo Cadenas Marín y otros




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CAPÍTULO 3

3 LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN ESPAÑA

3.1 EL DESEQUILIBRIO DEL MODELO DE OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO EN ESPAÑA EN EL CONTEXTO EUROPEO

El territorio constituye el soporte de los recursos y es además, también, un recurso natural y el escenario en el que actúan los factores económicos y humanos de cuyo comportamiento dependerán las posibilidades de tránsito hacia un desarrollo sostenible. Por tanto, el territorio debe ser considerado desde dos perspectivas distintas: en primer lugar, por sus propias características físicas, relacionadas de forma directa con la dimensión ambiental de la sostenibilidad; en segundo lugar por las posibilidades y condiciones que ofrece un territorio concreto para la actuación de los factores económicos y humanos, es decir, por el vínculo que tiene el territorio con las dimensiones económica y social de la sostenibilidad.

La variable territorial, es por tanto, una variable clave a tener en cuenta en la transición hacia el desarrollo sostenible en España.

En cualquier caso, esta transición no estará primeramente condicionada por las características físicas del territorio español, por ello es necesario que repasemos sucintamente cuáles son esas características, relativas fundamentalmente al relieve y al clima.

El territorio español es de difícil orografía, lo que impone restricciones a la actividad económica, al dificultar las comunicaciones y reducir las posibilidades de cultivo del suelo. De hecho España tiene una altitud media de 650 metros, y el 58% del territorio tiene una altitud media de 600 metros, es decir, la altitud más elevada de Europa después de Suiza. La meseta es el núcleo central de un territorio cruzado de norte a sur y de este a oeste por cordilleras que constituyen barreras naturales y fragmentan el territorio nacional.

En el territorio español existen considerables diferencias climáticas. No obstante, en la mayor parte del mismo el clima es mediterráneo: escasa e irregular pluviosidad, veranos calurosos e inviernos suaves, si bien en la zona central, el clima es de tipo continental, por lo que los inviernos suelen ser más fríos. Contrasta con esta situación el clima de la estrecha franja septentrional del territorio, con clima atlántico: temperaturas suaves, tanto en invierno como en verano y abundantes lluvias.

En cualquier caso, lo más llamativo del clima en España es la irregularidad de las precipitaciones, tanto en el tiempo como en el espacio. Ello influye en la disponibilidad de agua, y ha configurado de forma importante los ecosistemas, la distribución de la población y los usos del territorio.

De lo anterior se deduce que la base física del territorio español, con acusadas deficiencias y contrastes, presenta un difícil reto a la hora de iniciar un proceso de desarrollo sostenible. Sin embargo, no deben obviarse algunas ventajas que presenta, como las de la existencia de un amplio litoral marítimo no siempre correctamente utilizado y un elevado relieve que revaloriza el paisaje. Por otro lado, el clima constituye un recurso turístico de primer orden. Todo ello ha de ser valorado si se pretende implantar una estrategia de desarrollo sostenible en España.

En lo que respecta a la segunda perspectiva desde la que ha de analizarse el territorio, entendido como variable determinante del desarrollo sostenible, cabe hacer dos distinciones. Por un lado, se deben analizar las condiciones que determinan las posibilidades de desarrollo económico y social del territorio español, en función de la posición significa que este territorio ocupa en el mundo, más concretamente en la UE, que constituye su entorno económico. Por otro, deben analizarse los desequilibrios que en esas condiciones se dan dentro del territorio español, ya que la cohesión territorial interna es una condición necesaria en un contexto de desarrollo sostenible.

España es un país periférico dentro de Europa. Esta característica es en principio desfavorable para sus posibilidades de desarrollo económico y social. Sin embargo, desde su incorporación a la UE, España no sólo ha podido aprovechar las ventajas derivadas de su integración en uno de los bloques económicos regionales más prósperos, sino que ciertas regiones españolas han sabido aprovechar la ampliación y extensión de los núcleos y ejes europeos más dinámicos. Todo ello ha redundado en una mejora de las condiciones económicas y sociales de España.

En este sentido es necesario mencionar las ventajas que la integración en la UE ha tenido en nuestro país, destacando no sólo las que se derivan de la creación de comercio, sino también aquellas que resultan de los mecanismos e instrumentos de redistribución de los costes de la integración con los que cuenta la UE. En este último sentido, España ha sido en los últimos años uno de los principales beneficiarios de los fondos comunitarios. Gracias, en parte, a los mismos se ha realizado una importante inversión en capital público, lo que ha impulsado el desarrollo de las infraestructuras físicas de comunicaciones y transportes (así como de las de información y las telecomunicaciones). Todo ello ha permitido mitigar los inconvenientes que para el desarrollo socioeconómico se derivan de las características físicas de nuestro territorio y hacer más accesible y más cercano el territorio español al resto de Europa. Esto ha contribuido a entroncar mejor a España con las zonas europeas de mayor renta y población.

Lo anterior está en consonancia con las exigencias de la nueva dimensión territorial de la política de la UE. En este sentido se ha establecido una Estrategia Territorial Europea (ETE) . Esta estrategia se ajusta al objetivo comunitario de procurar un desarrollo equilibrado y sostenible mediante el refuerzo de la cohesión económica y social. Por tanto se deben armonizar las exigencias sociales y económicas del desarrollo con las funciones ecológicas y naturales del territorio. Con el objetivo de conseguir una estructura equilibrada del territorio, la política de desarrollo territorial de la UE está basada en tres principios fundamentales:

1) El desarrollo de un sistema equilibrado y policéntrico de ciudades y una nueva relación entre campo y ciudad.

2) La facilidad de acceso de los diferentes grupos sociales y territorios a las infraestructuras y al conocimiento.

3) La gestión inteligente y la protección de la naturaleza y del patrimonio cultural en un contexto de sustentabilidad integral.

Además, este proceso político ha coincidido en el tiempo, con la difusión y ampliación de los ejes europeos más dinámicos. En un principio, esos ejes se concentraban en el triángulo formado por las ciudades del Rhur alemán, Londres y París. A partir de los años ochenta esos ejes se fueron difuminando hacia el Sur, concretamente, al norte de Italia y al sur de Francia (conformando la denominada “banana europea”, que incluía una franja de alto desarrollo que cubría desde Londres al Norte de Italia), para posteriormente avanzar hacia el litoral mediterráneo español. Hoy en día, ese eje del Mediterráneo Occidental es uno de los de mayor crecimiento y dinamismo de la UE.

Evidentemente, la existencia en España de ese eje de crecimiento beneficia a la economía española en su conjunto. Sin embargo, también pone de manifiesto la existencia de importantes desequilibrios territoriales en el interior del país. En efecto, tanto la población como la actividad económica en España, se concentran en ese litoral mediterráneo, en el valle del Ebro, hacia donde se ha difuminado el crecimiento del Mediterráneo Occidental, y en Madrid. El resto del territorio tiene un dinamismo económico menor ocupando algunas zonas un claro lugar periférico, no sólo en la UE, sino en nuestro propio país. Esta situación de desequilibrio habrá de corregirse en la medida de lo posible si se quiere iniciar un camino hacia el desarrollo sostenible en España, y todo ello, por razones, económicas, sociales y ambientales.

Para lograr corregir esos desequilibrios, no sólo basta con poner en marcha mecanismos de distribución de la renta territorial, mecanismos que por otro lado ya existen, ya que (además de existir en España un fondo de compensación interterritorial, que redistribuye renta entre las regiones españolas, la mayoría de los fondos estructurales y de cohesión de la UE se han dirigido hacia las regiones españolas más pobres ). Además debe ponerse en marcha una política integral de ordenación del territorio más en consonancia con las exigencias del desarrollo sostenible, y acorde con el marco que define la ETE.

Por ello, deben revalorizarse los ámbitos territoriales más débiles desde el punto de vista económico y social, y deben controlarse mejor las externalidades ambientales y sociales en los espacios más dinámicos. Para ello, las zonas menos dinámicas, que suelen coincidir también con las zonas más rurales, deben aprovechar las ventajas que de cara al desarrollo sostenible les ofrece su ruralidad. En las zonas más dinámicas, se debe avanzar en la elaboración de estrategias integradas de desarrollo que permitan la continuidad de su dinamismo a largo plazo sin que ello implique un aumento significativo de las presiones y efectos negativos sobre el medio ambiente.


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