BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

DESARROLLO SOSTENIBLE EN ESPAÑA EN EL FINAL DEL SIGLO XX

Alfredo Cadenas Marín y otros




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2.2.1.6 Conclusiones Estudios E Investigaciones Sugeridas

Nos encontramos en el inicio de la aplicación de medidas procedentes de la reforma de la PAC de 2003, que profundiza en la reforma de 1999. El objetivo de la misma es incrementar la competitividad de la agricultura europea , mejorar la calidad y seguridad alimentaria, así como integrar los objetivos ambientales en la política agraria y promover la diversificación de las economías rurales, alejándose del apoyo a los precios y las restituciones a la exportación tradicionales. Por tanto, la Agenda 2000 obliga a los agricultores a incrementar su (eco)eficiencia, a tomar nuevas referencias respecto al medio ambiente y a buscar nuevas fuentes de ingreso. Veamos cada una de ellas.

En lo referente a la ecoeficiencia, los agricultores necesitarán optimizar el uso de inputs con el fin de mejorar su competitividad y ello debería conducir también a una mejora ambiental. Incluso sería necesario profundizar en la introducción de instrumentos económicos, concretamente en forma de gravámenes para desincentivar el uso de fertilizantes químicos y pesticidas de cara a integrar los objetivos agrarios y ambientales de forma más decidida. Si bien es cierto que la experiencia es muy limitada, incluso en el contexto europeo , los resultados iniciales parecen alentadores. Asimismo, la formación de los agricultores es esencial pues en muchas ocasiones estos utilizan procesos ecoineficientes debido a la escasez de información o al asesoramiento interesado de las empresas productoras de insumos, que han venido a sustituir a los tradicionales servicios de extensión agraria. Por ejemplo, es frecuente la aplicación de fertilizantes y agua por encima de la cantidad necesaria para la producción .

Concretamente, en las cuestiones relativas a la escasez de agua y a los cultivos de regadío, consideramos deseable la introducción de un sistema de mercados y precios apropiados como forma de alcanzar un uso más eficiente del recurso que el que actualmente se efectúa mediante el pago de un canon por superficie regada. De hecho son numerosos los trabajos de investigación realizados en torno al establecimiento de precios del agua en España . De otra parte, la reformada Ley de Aguas permite la introducción de instrumentos de mercado, como los acuerdos privados de compraventa en la cesión de derechos de uso, lo que dará lugar a una utilización más eficiente del recurso. Sin embargo habría que conocer cuáles son las implicaciones ambientales de la nueva distribución de derechos que tendrá lugar una vez que el mercado actúe y el agua se concentre en aquellas explotaciones con cultivos más rentables.

Asimismo la Directiva Marco Europea para el Agua pretende que a partir del 2010 se incluyan en la tarificación del agua los costes de los servicios relacionados aplicando el principio de contaminador-pagador, por lo que los países deberán aplicar a los agricultores todos los costes de recogida, traslado, etc. hasta que llega a la explotación, lo que reducirá la rentabilidad privada de las explotaciones y conducirá a la desaparición e alguna de ellas.

De otra parte deberían establecerse más proyectos de recarga de acuíferos y de ordenación de las extracciones, debido al importante recurso ambiental que constituyen. Asimismo debería darse una importancia fundamental a los programas de formación de técnicos y regantes, programas de vigilancia ambiental y programas de mejora de gestión y uso del agua que complementan el Plan Nacional de Regadíos (PNR), con el fin de que contribuyan eficaz y eficientemente a una mejor utilización del recurso.

Retomando las cuestiones derivadas de la Agenda 2000, las políticas de apoyo directo a la renta deberán estar claramente condicionadas a la realización de buenas prácticas por parte de los agricultores, mediante el refuerzo por las autoridades nacionales del principio de cross-compliance (eco-condicionalidad) hacia objetivos más ambiciosos , acompañados de una labor de control de cumplimento (salvo que el objetivo no sea ambiental y sólo de apoyo a la renta). Sin embargo, para que las políticas sean efectivas y aplicadas por los agricultores deben compensar económicamente a aquellos que realizan agricultura intensiva, de forma que se pueda mantener la competitividad y las rentas simultáneamente. De todos modos el reto a ser asumido por los propios productores, independientemente de que reciban o no ayudas directas, es adaptarse a las nuevas exigencias del mercado en materia de calidad y seguridad alimentaria, las cuales tienen unas implicaciones claras en términos ambientales.

De cara al futuro, somos optimistas sobre el papel que las políticas agroambientales puedan tener, pero resulta necesario mejorar el diseño de las condiciones de aplicación de las mismas, así como la información disponible en lo relativo al valor económico de los daños producidos, investigación sobre la cual no se ha profundizado suficientemente en España a pesar de una necesidad avalada por la propia OCDE. De esta manera sería posible conocer mejor el valor de las externalidades positivas generadas para que la retribución sea acorde al beneficio social generado . Estas medidas deberían ser complementadas con otras horizontales de formación para los agricultores, superando así ciertas reticencias para acogerse a las mismas, que explican en buena medida la baja ejecución en España en el periodo anterior. Es necesario también identificar las demandas de la sociedad. En este sentido, sería esencial promover campañas de difusión a la sociedad de los beneficios generados por las prácticas en cuestión y que en la actualidad son desconocidos.

Esta consideración de las variables ambientales junto con la importancia creciente de la política de desarrollo rural, como política integrada , constituyen de hecho lo que se denomina ya como “el segundo pilar de la PAC”. Lamentablemente, tanto las políticas de desarrollo rural como las de contenido puramente ambiental apenas suponen el 10% de los fondos comunitarios de la PAC para el periodo 2000-2006, por lo que el alcance que puedan tener en términos de resultados estará de nuevo limitado en este periodo.

Queda asimismo mucho por hacer en materia de los acuerdos voluntarios que unilateralmente puedan llevar a cabo los agricultores, así como de aquellas que, eventualmente, se puedan acordar entre agricultores y otros agentes beneficiados. En este sentido las lecciones aprendidas de las experiencias en la industria resultan especialmente relevantes y la investigación y propuesta de mecanismos y acuerdos debería orientarse en este sentido. Mención especial merece la ganadería y los cultivos herbáceos, pues todavía quedan en España un número importante de explotaciones en régimen extensivo, cuya rentabilidad es clara. Dado que el impacto ambiental de las mismas es nulo, o incluso positivo, sería necesario potenciar las mismas como vía para hacer compatible la competitividad y la sostenibilidad.

Asimismo, los LEADER+ y PRODER han puesto en marcha (y lo podrán hacer hasta finales de 2006, fecha en que finaliza el periodo actual de programación 2000-2006)en regiones objetivo 1 y 2 numerosos proyectos con contenido ambiental, capaces de ofrecer cada uno efectos pequeños pero positivos sobre el medio ambiente rural al tiempo que logran movilizar fondos privados para estas actividades en una cuantía mayor que otros países de Europa. Esta capacidad de movilizar inversiones posiblemente sea indicadora de la preparación de los promotores para asumir la multifuncionalidad y la necesidad de diversificación de la agricultura. No obstante estos proyectos muchas veces han sido promovidos por líderes locales o neorrurales, por lo que el cambio de mentalidad debería extenderse a la generalidad de los agricultores mediante labores de información y formación. Concretamente, una de las novedades de LEADER+ radica en que las comarcas deben presentar “estrategias originales de desarrollo sostenible integradas, de calidad, destinadas a la experimentación de nuevas formas de valorización del patrimonio natural y cultural, (…)”, como indica la comunicación a los estados miembros (2000/C139/05). Esas estrategias deben estar centradas en torno a cuatro aspectos aglutinantes, uno de los cuales es precisamente la “valorización de los recursos naturales y culturales, incluida la de las áreas de interés comunitario en el marco de Natura 2000”.

Más allá del escenario 2006, correspondiente al actual periodo de programación comunitario, el futuro para la agricultura es incierto porque los factores de influencia tienen múltiples dimensiones (OMC, etc...). Por este motivo la identificación de escenarios obliga a realizar demasiadas hipótesis como para que los mismos tengan cierta validez. En la actualidad no es posible saber qué tipo de fondos estarán disponibles para la agricultura y el desarrollo rural, especialmente para los actuales estados miembros que deberán ceder recursos de un presupuesto ya de por sí ajustado y cuestionado, a los nuevos países con rentas más bajas y mayores problemas estructurales en la agricultura. Tampoco es posible saber qué forma tendrán las ayudas en el marco de lo que determine la Organización Mundial del Comercio, aunque lo que parece seguro es que no habrá una vuelta atrás hacia la política de mercados e intervención y que todos los pasos se darán en la línea liberalizadora actual, reconociendo y recompensando el carácter multifuncional medioambiental e invirtiendo en el desarrollo rural.

Dadas las limitaciones señaladas en el párrafo anterior sí parece posible aventurar la necesidad de cambiar paulatinamente las explotaciones hacia modelos extensivos o semi-intensivos pero superando, eso sí, los problemas de dimensión que en la actualidad limitan a las explotaciones españolas. De este modo se podría alcanzar una agricultura extensiva de dimensión suficiente como para competir en un mercado liberalizado y globalizado, cumpliendo los requisitos medioambientales que la sociedad demanda, con sustanciales mejoras en términos de ecoeficiencia. El coste más claro es el social, derivado de la desaparición del tradicional modelo mediterráneo de agricultura familiar y para el que habrá que buscar una solución y una vía de mantenimiento en aquellas zonas en las que las explotaciones citadas no sean viables o apropiadas para el alcance de los objetivos ambientales.

Estudios sugeridos

1. Establecimiento de un repertorio específicamente diseñado para España de medidas ecoeficientes más allá de las denominadas medidas agroambientales.

2. Análisis valorativo de los aportes del sector agrario (ejemplos concretos) a la sociedad en línea con el concepto de la multifuncionalidad.

3. Estudio de las relaciones de ecoeficiencia entre la actividad agropecuaria y la de la industria agroalimentaria de transformación y aprovisionamiento.

4. Estudios prospectivos de las posibilidades de vigorización medioambiental de los proyectos LEADER y PRODER en España.

5. Estudio de casos específicos españoles de mercados de agua para situaciones con un alto componente medioambiental.

6. Análisis de la efectividad de las medidas agroambientales en relación al mantenimiento de la biodiversidad.


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