BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

DESARROLLO SOSTENIBLE EN ESPAÑA EN EL FINAL DEL SIGLO XX

Alfredo Cadenas Marín y otros




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5.2.6 Comparación De Impactos E Iniciativas Sobre Las Comunidades Autónomas más Representativas

A continuación presentamos unas Tablas en las que se resumen los resultados de los estudios realizados sobre cinco comunidades representativas del conjunto nacional.

Mediante la observación de las citadas dos versiones de tablas-resumen, se puede deducir que la índole de los problemas ambientales, sus causas y efectos son análogos en las cinco CCAA, aunque con las peculiaridades propias de cada territorio. (Matriz de Impactos de sectores y vectores ambientales).

Sin embargo, es desde la perspectiva de las iniciativas (actores sociales/ sectores y vectores ambientales) llevadas a cabo en cada una de las cinco CCAA cuando pueden observarse las diferencias. La sociedad de Navarra, por ejemplo, ha sido y se mantiene muy activa en su reconversión hacia el desarrollo sostenible, sobre todo en la faceta medioambiental (plan de nuevas energías, plan de residuos, plan de aplicación de medidas agroambientales y de las directivas de conservación de la biodiversidad y de reducción de la contaminación, etc.).

La organización socioeconómica y político-institucional de la Comunidad Foral de Navarra se está orientando de forma paulatina aunque decidida para avanzar en una senda de desarrollo sostenible. El nivel de vida, su significativa implicación social y cultural con el entorno rural y natural, así como el elevado grado de autonomía en la toma de decisiones administrativas, otorgan a Navarra una cierta posición de vanguardia en la consideración de políticas de sostenibilidad. En este sentido, la iniciativa política está resultando determinante en el impulso de sectores económicos decisivos en dicha senda como son, por un lado, la producción energética y, por otro, la gestión de residuos. Es notorio que, desde hace unos años, se ha establecido como objetivo que, en un horizonte temporal de 10 años, la totalidad de la energía producida en Navarra proceda de fuentes renovables, ya sea el viento, el agua, o la biomasa. En la actualidad, la creciente eficiencia en la transformación de la energía eólica en energía eléctrica está impulsando definitiva la consecución de dicho objetivo, si bien decisiones de la Administración a nivel nacional cuestionan la sostenibilidad de la producción energética en la región debido a la construcción de dos centrales térmicas, de gran impacto ambiental. En cuanto a la gestión de residuos, Navarra ha alcanzado con anticipación algunos de los objetivos dispuestos en la legislación nacional sobre envases, de modo que, actualmente, la recogida selectiva se realiza ya para más de un tercio del volumen de los residuos sólidos urbanos. Merece igual mención el esfuerzo de coordinación y dinamización que se está llevando a cabo para la definición y puesta en marcha de diversas Agendas 21 en municipios de la región que repercuten en el nivel de bienestar y calidad de vida de más de la mitad de la población navarra. Por último, es de destacar que la importante riqueza natural de la región, manifestada en su peso dentro de la Directiva Habitat de la UE, ha sido debidamente identificada como pieza clave en el desarrollo de Navarra, de modo que se están ideando esfuerzos relevantes para tratar de dotar una red de espacios naturales acorde con la importancia de dichos espacios y las exigencias de la de la Red Natura 2000.

Por su parte, y de forma parecida al resto de las Comunidades Autónomas, la distribución de competencias del Gobierno Autonómico Balear incluye una unidad administrativa (Conselleria) especialmente dedicada al medio ambiente y un amplio conjunto de otras dependencias administrativas que horizontalmente se ocupan de aspectos muy vinculados con el posible desarrollo sostenible del territorio insular (Sanidad y Consumo, Trabajo y Formación, Bienestar Social, Innovación y Energía...).

Uno de los objetivos que el Govern Balear afirma tener como prioritarios es la modificación del modelo turístico de las Islas y la consecución de un modelo sostenible que garantice su principal fuente de riqueza: un turismo de calidad que tenga su base en la protección del patrimonio natural. Para ello, ha tomado una serie de iniciativas, entre las cuales destacan: la “Ecotasa”, el proyecto “Ecotur”, el proyecto “Pla BIT segle XXI” y la Agenda Local 21 .

Estas iniciativas vienen acompañadas de una participación e involucración de los actores sociales insulares en los procesos encaminados hacia un desarrollo sostenible. Ello se traduce en un incremento de la sensibilización medioambiental tanto por parte de empresas como de ciudadanos, y en un desarrollo legislativo cada vez más estricto en términos medioambientales. En síntesis, podríamos decir que estamos ante una Comunidad Autónoma cuyo gobierno, instituciones y entes privados parecen claramente concienciados de la necesidad de abordar la compleja problemática de la sostenibilidad de su sistema económico, social y ambiental.

En la Comunidad de Madrid nos encontramos ante un entorno no sostenible en el que el acelerado proceso de urbanización especulativa y el comportamiento de sus ciudadanos impiden una camino más respetuoso con el medio ambiente: la elevada concentración humana de la capital fomenta los intensos niveles de tráfico rodado y la exagerada generación de RSU, todo ello debido principalmente a los hábitos de consumo de los madrileños dado el alto nivel de renta per cápita que disfrutan. Existen ciertas actuaciones tales como la introducción de la recogida selectiva de RSU mediante “puntos limpios”, la creación de procedimientos más rigurosos sobre evaluación de impacto ambiental, las subvenciones a la implantación de sistemas de gestión ambiental en pymes o la creación de un plan forestal. Pero, lo cierto es que el panorama es más bien poco halagüeño con una Administración presionada por las empresas a la hora de construir más infraestructuras, unos ciudadanos apenas concienciados, unas empresas que apenas aplican criterios ambientales a la hora de realizar su actividad y unas ONGs con muy poca fuerza y muy pocas actuaciones. Obviamente este planteamiento insostenible ejerce una importante presión sobre los recursos, con unos ríos en muy mal estado en muchos de sus tramos, una elevada contaminación atmosférica, dadas las especiales características meteorológicas y orográficas de Madrid, y acústica (de las cuales el principal culpable es sin duda el tráfico rodado) y un buen número de vertederos ilegales que ejercen una importante presión sobre el suelo y sobre los recursos hídricos subterráneos. Sólo una planificación coordinada por parte de los distintos actores sociales y una mínima concienciación social de los madrileños puede solventar la actual situación, una situación sin duda soportada por el resto de Comunidades circundantes. Pero, ¿qué ocurrirá cuando éstas (que, no olvidemos, también tienen sus propios problemas medioambientales) superen su capacidad de carga y no puedan soportar más lo que las urbes madrileñas expelen hacia fuera?

El gobierno, tanto de la Comunidad Autónoma de Asturias como de los concejos que la forman, parece haber puesto el énfasis de la toma de medidas legislativas en materia ambiental en la protección del rico capital natural con que cuenta la región y, particularmente, sobre la protección de espacios de especial interés ecológico. En este sentido cabe destacar la Ley de Protección de Espacios Naturales (LPEN) del propio Principado, cuyo objetivo es doble: establecer una tipología de espacios naturales protegidos en Asturias y definir medidas para la conservación del medio natural, garantizando de esta forma la conservación del medio natural y una adecuada e integrada ordenación de sus recursos naturales.

Sin embargo, entrar a valorar el impacto de dicho acervo legislativo sobre el medio ambiente de la región es un difícil ejercicio. Por un lado, porque por las propias limitaciones en tiempo y recursos de este estudio no se conoce el grado de ejecución y cumplimiento de las medidas legislativas mencionadas. Por otro lado, porque del análisis de las actuaciones realizadas se observa la casi ausencia de medidas que impliquen directamente a los dos tipos de actores sociales más relevantes para lograr una senda de desarrollo sostenible en general: empresas y ciudadanos. En efecto, en relación a los primeros, se echa en falta un mayor grado de estímulo a la ecoeficiencia en las empresas por parte de las autoridades regionales. Por otro lado, las actuaciones en el contexto de la agenda 21 parecen tener un limitado impacto en esta comunidad, no aprovechándose del hecho de que la región cuenta con una de las tradiciones más antiguas de España en el contexto de la defensa activa de los activos ambientales.

Finalmente, en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, podemos resaltar la adopción de dos grandes grupos de medidas, unas de carácter genérico y otras más concretas. Las primeras son realmente principios rectores de la actuación socioeconómica y ambiental en la región, y se encuentran incluidas en la Ley de Ordenación Territorial de 1998, enmarcada en el Plan de Desarrollo Regional 2000-2006, contemplándose tres ámbitos de actuación fundamentales: uno “relativo a infraestructuras de comunicación y transporte y a innovación tecnológica”; otro relativo a “actuaciones medioambientales” de variado tipo y casi coincidentes con lo indicado más arriba y un tercer eje que “corresponde a las potencialidades del desarrollo local y urbano, en un contexto de desarrollo endógeno que utilice las capacidades internas de la región y que promueva la solidaridad o cohesión social.”

El segundo grupo de medidas, más concretas, viene establecido por el acervo legislativo ambiental de la región y están centradas en facilitar unas condiciones de higiene en el consumo de agua potable para la práctica totalidad de sus numerosos pueblos, está interesada en establecer una tasa destinada a las industrias energéticas implantadas en su territorio (para la reducción de emisiones de CO2) y un plan de ordenación territorial que planifique de una forma más ordenada el turismo rural y la construcción de infraestructuras de transporte por carretera y edificaciones de segunda residencia. Su posición, en suma, es mayoritariamente defensiva aún con ribetes de progreso en el contexto medioambiental. Posteriormente se han tomado algunas iniciativas legislativas tendentes a establecer una más adecuada ordenación del territorio y de la actividad urbanística, a crear un Catálogo Regional de Especies Amenazadas así como actuaciones dirigidas a desarrollar y adaptar legislación comunitaria y nacional sobre distintas cuestiones ambientales. A pesar de las buenas intenciones es sin embargo más lo que puede hacerse en este contexto.


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