IV.-Conclusiones

Podemos concluir que la epistemología, desde la perspectiva no excluyente, coincide en que la ciudadanía es la construcción de una ética basada en la reiterada práctica política de la igualdad legal, social y humana, la pertenencia activa y la integración social.

La pregunta inicial que dio origen al planteamiento de la investigación: ¿Cómo (con qué estrategias, desde dónde) se concilia el derecho a la identidad cultural de las poblaciones autóctonas con la práctica de la participación ciudadana?

Se responde mediante este trabajo que la familia es un potente mediador social, constructora en su interior de prácticas reiteradas o de ética (condicionada por el entorno cultural-circunstancial) y es agente fundamental en la articulación compleja del territorio, por tanto de la gobernabilidad, ya que genera diversas estrategias de participación local (pública) a través de sus miembros y recibe a través de ellos sinergias útiles para el doble juego de innovar y conservar. Las familias establecen lazos también para aumentar su control social sobre la comunidad y de la eficacia de esos lazos y la extensión de la red social-familiar se deriva la gobernabilidad: a mayor dominio familiar mayor necesidad de consenso para imponer la acción gubernamental.

La familia es un grupo contenedor de identidad cultural, también reproductor de cultura pero no de manera clónica sino adaptativa, es decir: las tradiciones perviven siempre que tengan la posibilidad de modificarse lo suficiente para adaptarse a los cambios de mentalidad. La familia protagoniza una negociación tradición-innovación dentro de un contexto, de un entorno cambiante. Precisamente observando las familias “ilegales” de homosexuales, lesbianas y transexuales hemos podido comprender que hay otras instituciones más conservadoras a ultranza que la familia: la judicatura, el cuerpo legislativo, las penitenciarias, las instituciones religiosas y de enseñanza, por ejemplo. Los movimientos sociales democratizantes parecen haber tenido mayor éxito en el ámbito familiar y vecinal (ámbitos de la cotidianidad popular) que en otras instituciones que se proclaman democráticas y constitucionales y que modifican ágilmente su discurso según lo políticamente correcto pero no así sus prácticas..

Parece que el Estado protagoniza la construcción de una ciudadanía excluyente que enfrenta nativos contra extranjeros pero no promueve con igual eficacia la construcción de ciudadanía responsable y participativa (o democrática). A su vez, parece más relevante que el papel del Estado, el de los movimientos sociales en el aprendizaje y fortalecimiento de las capacidades democráticas de los ciudadanos. Ese ser capaz para enfrentar y excluir ciudadanos pero no para integrar y construir democracia, está en la base de la llamada crisis del estado-nación.

La ciudadanía como fuente de derechos (civiles, políticos y sociales), participación en la vida pública o como conjunto de deberes propios del integrante de una comunidad política, o una misma cultura, tiene su primera escuela en la familia y la red familiar más amplia. Cierto que no todas las familias muestran la misma eficacia en este particular pero es la institución familiar la primera y más persistente creadora de esos valores y responsabilidades.

La crisis del Estado-Nación se expresa en nuestros días por la incapacidad de las unidades políticas de ejercer control absoluto sobre sus territorios, pero ese poder que hoy se considera perdido o en crisis, realmente no parece haber existido más que en los lugares centrales y de manera imperfecta o bien en la literatura creativa del siglo XIX.

La dificultad de la gobernabilidad no deriva de la convivencia multicultural de las sociedades de hoy ni de la confrontación de las viejas nacionalidades con el proceso de globalización, parece comprobado que cuando un estado nación no otorga cuidados a la población ni arbitra las relaciones sociales y económicas, no consigue ejercer el dominio territorial y deja esos espacios al dominio territorial de otros agentes.

Con todos los defectos que se hayan podido señalar al modelo keynesiano, para obtener el dominio territorial o la gobernabilidad el estado debe adoptar alguna manera de estado del bienestar, garantizando el cumplimiento de las responsabilidades públicas y un grado mínimo de transparencia y equidad si no quiere encontrarse con la anomia y el descrédito de su actividad. El estado no debe competir con la institución familiar sino dejar libre el espacio de la responsabilidad personal y ocupar su papel de árbitro de la vida político-social.

El concepto de ciudadanía exige la puesta en práctica de una ética generalizada: que todos somos iguales ante la ley, con derechos que reclamar y deberes que cumplir en tanto miembros de una sociedad y un Estado; la idea de pertenencia, vinculación o membresía a una determinada comunidad política entre cuyos miembros se establecen relaciones de interdependencia, responsabilidad, solidaridad y lealtad, requiere de la integración social, en donde cada grupo social minoritario o no, nativo o no, pueda sentirse parte corresponsable de una sociedad.

Todas y cada una de las instituciones sociales, de ámbito público o privado, tienen un papel fundamental en la construcción (u obstaculización) de la ciudadanía democrática y deben abordar su propio reto y reformar sus propias dinámicas. Eso será más útil y construirá más sociedad participativa que desplazar siempre el problema a las otras instituciones sociales a las que no se les da con qué afrontar las nuevas vicisitudes, como suele hacerse hacia la Escuela o la Familia.