BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

FAMILIA, IDENTIDAD Y TERRITORIO, ACTORES Y AGENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA

Coordinadoras: Maria Teresa Ayllón Trujillo y Maria Rosa Nuño




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Epílogo: Pendientes para el debate de ciudadanía y gobernanza

María Teresa Ayllón Trujillo

El sesgo introducido por la mirada de la modernidad y de la causalidad lineal no nos favoreció para ver los procesos sociales y de construcción de los imaginarios colectivos en toda su complejidad, su oposición, su discurrir en líneas convergentes o divergentes, como olas en un mar pocas veces calmado. En los albores del nuevo siglo y milenio nos parece infantil pensar en los procesos como una sucesión organizada de nacimiento-desarrollo-culminación y decadencia para morir en el nacimiento de un nuevo proceso, igualmente secuenciado, igualmente lineal y progresivo. Al aplicar la dinámica sistémica a los procesos de construcción de la ciudadanía democrática, hemos podido observar que, para empezar, no hay una sola forma de ciudadanía y no todos los estatus de ciudadanía conllevan democratización, al menos en el sentido pos-neoliberal, incluyente o socializante que desde el humanismo actual se entiende como ciudadanía.

Esta obra se edita como resultado de diferentes proyectos que han confluido en una red de estudios sobre construcción de la democracia participativa y que hemos debatido en el encuentro promovido por el Seminario de Identidades, Géneros y Territorios , en noviembre 2007, ampliamente seguido de la finalización de los trabajos y su divulgación en diferentes encuentros promovidos por los miembros de la red, de donde salen las siguientes conclusiones que no son más que el señalamiento de los retos y puntos de partida para el comienzo de nuevas investigaciones.

Como hemos relacionado en el primer capítulo, ni siquiera en la Europa más abierta y democrática, resulta unívoco el vocablo “ciudadanía”: la pretensión de excluir de las ciudadanías nacionales a los hijos de inmigrantes o a los que profesan religiones diferentes de la tradicional, nos recuerdan más a la democracia ateniense soportada por masas de esclavos, libertos, extranjeros y mujeres quienes tenían más o menos vetada su participación en la política de estado.

La primera conclusión a extraer es que la línea de trabajo sociopolítico es la construcción de ciudadanía participativa o cuando menos que ante los problemas ambientales o de gestión pública se genere gestión participativa, corresponsablemente, lo que ayuda a la gobernanza y disminuye la anomia social. Para ello la ciudadanía a construir debe ser incluyente y participativa y a eso se le llama ahora ciudadanía democrática. En cambio, la ciudadanía recortada o excluyente, por las razones pretendidamente históricas, tradicionales o fóbicas, como está argumentándose desde algunos partidos democráticos europeos, construyen grupos de privilegios y grupos de segunda categoría, reproduciendo todo tipo de desigualdades y conflictos sociales conocidos.

La segunda conclusión es que la ciudadanía no se otorga o no se construye por norma sino que debe educarse, practicarse reiteradamente y tutelarse colectivamente ya que es frágil y resulta más sencillo desmontarla que construirla. La forma en que se construye ciudadanía democrática –o democracia participativa- es practicando en todos los asuntos sociales y por todos los agentes implicados, desde todos los ámbitos de la sociedad. No es posible educar “en valores democráticos” si en el resto de los ambientes sociales domina el autoritarismo, si la forma de resolver las diferencias o conflictos es promoviendo vencedores y vencidos, por el contrario: necesitamos fomentar la mediación como vía para resolver todo tipo de conflictos desde la escala más cotidiana y local –o familiar- a las relaciones internacionales. En el capítulo de Enriqueta Serrano hemos visto que las medidas jurídicas y normativas ya se han tomado: se ha decretado la participación social plena en todo órgano de gobierno y en todo proyecto de desarrollo sustentable, pero falta la capacitación transversal y la transparencia informativa para que la “participación” pueda darse; en ausencia del saber hacer se está imponiendo el simulacro de los “talleres participativos”.

Los proyectos de investigación científica se diseñan protocolariamente con inclusión de los agentes locales en gestión participativa pero cuando se llevan a cabo, se reduce la metodología a uno o dos “talleres participativos” o a incluir en la gestión a un individuo local o una o dos de las múltiples posibles instituciones implicadas en el proyecto pues se argumenta que hacerlo de otra forma “lleva mucho tiempo” o es “muy caro”. El tiempo es otro de los factores que debe mostrarse desde el inicio no como un obstáculo sino como una cualidad: sin tiempo –el tiempo necesario- no hay construcción de ciudadanía participativa. La sociedad debe dejar de regirse como el interior de una cadena de producción estajanovista o taylorista, al menos si buscamos una sociedad de personas libres y responsables.

Una tercera conclusión apareció en el debate de la historicidad del concepto y de los procesos democratizantes: no estamos ante una utopía ni siquiera ante un inédito viable pues en el pasado, no tan lejano, han existido formas de participación social y de inclusión amplia que garantizaban el acceso a la justicia con más equidad y eficacia que ahora, como se ve en el capítulo de Ana Irisarri y Liliana Izaguirre; las sociedades de identidad gremial o las de identidad ideológica –iglesias, sectas, clubes- organizaban formas de gobierno participativo, aunque exigiendo protocolos de iniciación o aprendizaje conforme a sus creencias y resultando más o menos verticales u horizontales según su idiosincrasia, como nos lo expone Alejandro Gutiérrez, con el caso de la masonería.

Concluimos que la localización periférica, rural, en barrios “malos”, o en determinados lugares que la sociedad señala como de ínfima categoría, estigmatiza a sus habitantes y los marca más allá del tiempo en que habita esos lugares, de manera que influye también en las posibilidades de participación sociopolítica igualitaria y muy especialmente en las de representación de su comunidad. El estigma territorial se conjuga con prejuicios clasistas, racistas, culturales, de sexo-género, y otros, aumentando el efecto de marginalización o disminución de oportunidades. A veces la discriminación se produce a través de los apellidos o de rasgos estéticos pero éstos reflejan la pertenencia a un lugar o un colectivo territorial minusvalorado.

Así pues concluimos que la ciudadanía democrática se construye lentamente, desde las instituciones básicas: familia o red familiar, la estructura educacional que llamamos Escuela, las iglesias a que pertenecemos, las sectas, clubs o partidos con que nos identificamos y en los que también participamos, las normas que rigen lo que podemos o no hacer y los costos que tiene la infracción de las normas, sin olvidar la institución de Justicia que ejemplariza el cómo las personas valen igual o lo contrario: lo que cabe esperar en caso de confrontación de intereses. En todas esas áreas hay que actuar con criterios transversales para la construcción de ciudadanía corresponsable o democrática; la universidad –no solo la Escuela- tiene específicamente la labor de capacitar estos niveles sociales y a la vez hacer un papel mediador entre los poderes políticos y la sociedad que empieza a comprometerse en la corresponsabilidad participativa, tal y como lo demanda el capítulo de Wanderleia Brinckmann. Sin embargo hay otras áreas de poder social de difícil control por estar instaladas en la “vida privada” o en la “normalidad” cotidiana o, de manera contraria, por estar instaladas en las élites más inabordables y menos transparentes controlando el “Mercado”, eso es: la publicidad, los medios de comunicación, la producción, la mano de obra, la importación/exportación y ejerciendo fuerzas invisibles sobre otras instituciones de gobierno.

Efectivamente, hay áreas de poder social de difícil control y en las que el Estado poco puede intervenir al menos en las economías no socializadas: es el caso que nos muestran Iago Santos y Gerardo Castañón en el capítulo de las redes del poder financiero en México, donde señalan que el mercado nunca es libre sino que hay estrategias de control que hacen las firmas potentes, las que cotizan en Bolsa, sobre las otras empresas o grupos de empresas, consiguiendo no directamente, sino a través de la presión de los Consejeros que otras empresas hagan lo que beneficia a quienes los gobiernan. Son relaciones que intuimos fuertemente vinculadas pero cuyas articulaciones no habían sido estudiadas hasta ahora por la práctica imposibilidad de acceder a los datos. La red de Consejeros de Administración que han conseguido desenmarañar estos dos economistas ilustra someramente la difícil democratización del mercado financiero.

Por otro lado, hay fuerzas desequilibradoras también o si se quiere reaccionarias a la dinámica democratizante, que son tan evidentes que se invisibilizan al no llamar la atención y tienen procedencia contraria o al menos no elitista si no popular, moralizante o transversal; se trata de los obstáculos impuestos por la marginalización social basada en la construcción de valores de género. Lo han tratado los capítulos sobre violencia familiar hacia las mujeres (Irisarri e Izaguirre), homofobia, transfobia (Ayllón), formas de excluir que están cambiando seriamente (Saez Capel) especialmente desde el nuevo humanismo democratizante en los países occidentales y con el cambio de leyes contrarias a la libre práctica sexual entre adultos. La legalización de cualquier forma de matrimonio o unión entre personas del mismo sexo deroga automáticamente las leyes de persecución de la expresión amorosa o romántica entre parejas homosexuales/lésbicas pues si pueden casarse o unirse legítimamente, en buena ley pueden mostrar la pasión que les lleva a ello. Es tan significativo el cambio que, antes de la ley de convivencia, en México o en España, las parejas homo evitaban las calles más vigiladas por la policía y hoy son las calles más buscadas por las mismas parejas ya que la policía ahora debe protegerles de los fóbicos en vez de atacarles. Este beneficioso cambio va a ayudar a la normalización de las diversas formas de vivir la faceta sexual que a cada quien le nazca de dentro aunque requiere sin embargo algo más para que los “glbt” dejen de ser un colectivo todavía excluido de la participación social en general por infravaloración.

Otra conclusión aparece con la intersección ciudadanía-sociedad de consumo donde la reflexión y los estudios de Ricardo Contreras nos llevan a comprender que aún en los países llamados “ricos”, los que no tienen acceso al consumo tampoco lo tienen a la participación, a la vez que como consumidores, más o menos organizados, poseemos potencialmente una buena dosis de participación política y social, aún hoy muy poco explotada.

Otra lamentable conclusión es que en los países donde el clasismo/racismo tiene una fuerte tradición, como es el caso de la República Mexicana, el ser indígena resulta un fuerte obstáculo a la participación política o a la ciudadanía plena, aunque se trate de una sociedad mayoritariamente indígena; así se ilustra en el capítulo de Maria Rosa Nuño, sobre identidad purépecha.

Queda por concluir que el momento actual de construcción de participación social y/o de gobernanza en las sociedades que, como México, presentan fuertes problemas de ingobernabilidad y deterioro estructural del sistema de gobierno, existen retos que todo estado puede afrontar y otros que no, pero que se pueden apoyar en una ciudadanía formada a medio y largo plazo. Los retos que se pueden afrontar son como apunta Otón Baños, unos procesos políticos basados el la escala local, en el cumplimiento de las promesas electorales y compromisos programáticos hasta donde se pueda e incorporando al máximo de los agentes sociales en la gestión participativa, independientemente de su afiliación partidista.

Otros procesos participativos que fundamentan la gobernanza y articulan los diversos agentes sociales que deben contar con la presencia y compromiso de la Universidad, como señala Brinckmann en su capítulo sobre la construcción de la participación social. La sociedad puede construir la resolución pacífica de los conflictos en la vida social cotidiana mediante la responsabilidad, la mediación y la justicia restaurativa, renunciando a la punitiva y a la criminalización estéril de la población. Igualmente la universidad pública tiene el deber de crear departamentos, disciplinas y entidades mixtas para ir capacitando en los múltiples aspectos que requiere la participación social y dejar de trabajar “para el mercado” como ha venido haciendo en buena parte hasta el presente.

Todo lo trabajado en esta red interdisciplinar de construcción de ciudadanía democrática, materializada como seminario permanente –denominado “Identidades, Géneros y Territorios”-, financiada por el proyecto SEP-PROMEP (2005-2008) y después por CONACYT, Ciencia Básica (2007-2009) nos lleva a afirmar rotundamente que la construcción de una ciudadanía democrática, participativa sin exclusión, requiere de esfuerzos interinstitucionales para no dejar fuera ningún colectivo social, muy especialmente los que han sido tradicionalmente desplazados, ninguneados y separados del poder y la representación por motivos de ser mujer, estar presos, tener capacidades diferentes, transgredir los mandatos de su género, su identidad, lo marginal de su trabajo, por su pobreza, su localización periférica, su orientación sexual u otras formas de trasgresión social.

No se han estudiado todos los grupos sociales -imposible hacerlo- ni siquiera todos los obstáculos específicos para el acceso pleno a la ciudadanía de los grupos estudiados, pero pensamos que esta es una aproximación significativa que puede enmarcar el estudio de cualquier otro grupo social y su forma (factores favorables y obstáculos) de incluirse y participar democráticamente.

Además, esta red universitaria adquiere el compromiso de seguir fomentando estos estudios con proyectos de investigación, asesoramiento de tesis, formación de materias escolares y académicas, unidades didácticas y publicaciones de divulgación, la organización de foros y la participación en entes interinstitucionales que nos capaciten y socialicen esta formación lo más ampliamente posible para avanzar en la difícil construcción de la ciudadanía democrática e incluyente.


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