III. Justicia y mentalidad ilustrada

La mayor parte de los procesos y de la realidad judicial que hemos descrito hasta aquí no parecen ser una novedad del siglo XVIII, sino algo que probablemente se daba desde hacía varios siglos. Pensamos esto porque no hay reticencias por parte de los funcionarios de justicia para actuar y porque en ningún momento se habla de novedad en los procedimientos. Nos referimos, por ejemplo, al hecho de “confiar” en la justicia, a que los delitos estuvieran claramente tipificados, que la mujer tuviera personalidad jurídica propia, que la violencia intrafamiliar y sexual se denunciara, etc. Sin embargo, otros elementos se explican por la nueva mentalidad y nuevas formas de vida que se comienzan a generalizar con el movimiento ilustrado en todo el mundo occidental.

En esta categoría podemos incluir especialmente dos procesos, el primero es la nueva visión sobre la familia en la que ya no se trata sólo de una institución dirigida a mantener el patrimonio familiar (aunque esta percepción todavía se mantiene), sino que ahora se trata de un concepto mucho más amplio donde también entran el afecto y los sentimientos. Esto suponía el matrimonio por amor, algo defendido por una buena parte de los intelectuales ilustrados . Este hecho, que se puede observar en todos los países occidentales, ha sido estudiado en México, especialmente, por Pilar Gonzalbo aunque también lo han hecho otros autores .

Por otro lado, una de las grandes preocupaciones del movimiento ilustrado fue la preocupación por la justicia, la proporción de las penas y la situación en que vivían los presos. La pena de muerte estaba en entredicho desde mediados del siglo XVIII y tampoco eran bien vistos los castigos corporales. De todas formas durante estos años los gobiernos occidentales se mostraron contradictorios y mientras que la nueva mentalidad ilustrada era reticente a este tipo de prácticas, demasiado “inhumanas”, por otro lado deseaban mantener su poder y estaban convencidos de que sólo con el castigo y el ejemplo se podía salvaguardar el orden público .

La principal justificación teórica sobre la necesidad de abolir la pena de muerte y la tortura fue la obra del italiano Cesare Beccaria titulada Los delitos y las penas. En ella abogó por la abolición de la tortura, ya que era una práctica inhumana y que no lograba su objetivo que es saber la verdad, sino sólo que el acusado diga lo que quiere el torturador . También defendió que las penas debían ser proporcionales al delito cometido. Esta obra no se quedó únicamente en las ideas sino que se trató de poner en la práctica y si bien no se llegó a prohibir la tortura si se plantearon una reforma en la administración de la justicia y, sobre todo, en la situación de los presos. En la monarquía hispana fue elegido un novohispano residente en Madrid, Manuel de Lardizábal, para que redactara una versión de esta obra que pudiera ser aplicada por el gobierno .

En estos casos hemos visto como al acusado se le proporcionaban los medios para un juicio justo y la correspondencia entre el intendente y el virrey archivada en el Archivo General de la Nación, fondo Intendencia nos indica que una de las preocupaciones de las distintas autoridades durante estos últimos años de la colonia fue la reforma de las cárceles de la intendencia con el fin de que los presos pudieran vivir en una situación digna y soportable . Todo esto nos indica que la mentalidad subyacente en el libro de Beccaria estaba presente en las distintas regiones del mundo occidental.

IV. CONCLUSIONES

La complejidad del estudio de la ciudadanía, por la amplitud del concepto y de los procesos que abarca, obliga a un estudio interdisciplinar y que incluya los diferentes aspectos de la vida en sociedad y de las relaciones tanto entre sus miembros como entre los ciudadanos y el Estado. En este aspecto, merece una especial atención el análisis del funcionamiento de la justicia, en cuanto que todo ciudadano debe tener derecho tanto a que se le haga justicia en los momentos en que se cree víctima de un delito como a tener un juicio justo en caso de tener que hacer frente a alguna acusación.

Este estudio centrado en los últimos años del virreinato y del Antiguo Régimen en la intendencia potosina nos muestra (siempre teniendo en cuenta que es un estudio preliminar basado en estudios de caso) cuál era el funcionamiento de la justicia y qué derechos tenía la población de San Luis Potosí a la hora protegerse y denunciar haber sufrido violencia por parte de algún vecino, y a la hora de defenderse de una acusación. El aparato burocrático preveía un protocolo de actuación claro y definido al que podían acceder todos los habitantes independientemente de su condición social.

Este derecho también incluía a las mujeres a quienes no se les ponía ninguna objeción para tramitar denuncias o representar a menores ante el juzgado. Por otra parte dentro de lo que llamamos “derecho a la seguridad” se incluye la violencia intrafamiliar o lo que actualmente se llama delitos de género y sexuales, estando la violación claramente tipificado como delito que incluso podía merecer la pena de muerte.

Finalmente, al acusado se le concedía un juicio con garantías, la investigación se realizaba con todo rigor incluyendo careos entre las partes, interrogatorios a testigos e incluso pruebas periciales.

El limitado número de casos no nos permite sacar conclusiones definitivas sobre hasta qué punto se puso en práctica esta burocracia en todos los casos, por ejemplo si siempre eran tramitados de la misma manera las denuncias de violencia de género o sexual. De todas formas la normalidad con son llevados estos casos y el claro protocolo que se pone en marcha nos indica que estos delitos son claramente considerados un asunto público y no privado y que su estudio merece una mayor atención por parte de los historiadores.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

a) Fuentes y abreviaturas

Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí (AHESLP), fondo Intendencia legajos número 17, exp. 11; 34, exp. 2 y 11; 35, exp. 9 y 17.

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