BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

REFORMAS CONSTITUCIONALES Y REVOLUCIÓN BOLIVIANA

Ricardo Tito Atahuichi Salvatierra




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LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES Y EL PROCESO DE CAMBIO

“Cambio del Estado colonizador y neoliberal al plurinacional”, “vivimos una etapa de cambios”, “Nueva Constitución”, “Socialismo del siglo XXI”, “Nacionalización de los hidrocarburos”, “revolución cultural”, “lucha contra la corrupción” y otras frases rimbombantes del gobierno, irrumpen la rutina.

¿En qué consiste el publicitado “proceso revolucionario” de cambio”?

En lo fundamental, el D S 21060 que contiene la política neoliberal sigue vigente y en aplicación no obstante que su abrogación solo depende del poder ejecutivo y no del legislativo. Respecto al petróleo y al gas, en vez de nacionalizar los hidrocarburos y sancionar a las transnacionales por sus abusos e infracciones a la Constitución, se compraron sus acciones, en proporciones mínimas, hasta alcanzar el 51% del total de las acciones de las empresas transnacionales, y legalizaron sus contratos onerosos, a los intereses del Estado y el pueblo boliviano, para que continúen su explotación evitando que YPFB sea una empresa productora a cargo de la explotación, comercialización, producción y el control de los hidrocarburos.

Las transnacionales legalizados sus contratos, favorables a sus intereses e incrementados sus impuestos, siguen produciendo y exportando los hidrocarburos sin valor agregado. YPFB como empresa productora no existe, ni un campo de producción tiene, no obstante la presión (convenios incumplidos) de la población de Camiri. La industrialización del gas, el petróleo, y otros recursos no se los encara a través de una política económica planificada que estimule la producción, la productividad; defienda el mercado, incremente la capacidad de consumo, genere fuentes de empleo y eleve la calidad de vida de la población que se debate en la pobreza y el atraso.

Entonces, ¿Qué cambió?

La posición del Movimiento Al Socialismo (MAS – IPSP) porque una vez en el gobierno no abroga el D S 21060 conforme al mandato de La Agenda de Octubre, que se comprometió a cumplir, da un giro a la inversa de su discurso anterior a las elecciones, adecuando su política general aplicada a la política neoliberal. Particularmente a la económica, porque mantiene congelados los sueldos y salarios, las reservas fiscales fuera del país, etc., y jurídica porque: en el “Proyecto de la Ley de Pensiones” no contempla el aporte patronal y estatal sino, solo el ahorro individual del trabajador; en la ley INRA desconoce los títulos ejecutoriales otorgados con la ley de la Reforma Agraria (1953) y despoja de su derecho propietario a los campesinos. Mantiene los tributos calculados al cambio del valor del dólar (ley 843), etc., el D S relativo a los Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM) acumulando el Estado una deuda abultada con las transnacionales y la empresa privada; el convenio que permite el envío de tropas a Angola a pesar de haber prescrito y otras contrarias a los intereses del Estado y el país.

¿Hubo cambios similares, a los producidos por la revolución de Abril?

La revolución nacional en 1952 tuvo como dirección a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) ante el fracaso del golpe de Estado preparado por la dirección del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), y como fuerza social movilizada, la participación masiva del movimiento campesino que bloqueó, paralizó y derrotó en el campo la movilización, del ejercito feudal oligárquico, dirigida a controlar y aplastar el proceso insurgente iniciado y triunfante en La Paz, ignorado por la dirección del MAS – IPSP, los indianistas e indigenistas, produjo:

El cambio de la estructura económica y la superestructura jurídica y política que liquidó el Estado Semifeudal, sustentado en el trabajo gratuito y la servidumbre, sustituyéndolo con el Estado Revolucionario que consolidó la Nación boliviana y el Estado Democrático que se mantiene integro a pesar de sus limitaciones y los intentos neoliberales (“nación camba”) e indigenistas que pretenden dividir, con las reformas constitucionales, la Nación boliviana en 36 “naciones” étnicas debilitando el Estado en vez de consolidarlo como los Estado vecinos, protegiendo su mercado, producción e industria; estimulando su diversificación agraria y la industrialización de sus recursos naturales.


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