LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES Y EL ESTADO DEMOCRÁTICO

En un Estado capitalista, como el nuestro, cada clase o estrato social, a través de sus representantes organizados en partidos políticos, trata de tener el control y dominio del Estado para administrarlo y manejarlo a través de un gobierno que defienda sus intereses y no los del país y la sociedad que tienen un carácter común y general. El uso del Estado por una clase social define la naturaleza de clase que tiene el Estado democrático. Los gobiernos utilizan el Estado para defender los intereses de los sectores a los que representan, como en el caso de los gobiernos neoliberales que defienden los intereses de la burguesía ligada a las transnacionales y al capital financiero o los intereses del país y la sociedad como lo hicieron los gobiernos “socialistas” de David Toro que nacionalizó el petróleo, Germán Busch que propugnó la nacionalización de las minas y Gualberto Villarroel que planteó la redistribución de tierras y estimuló la organización de los sindicatos campesinos.

Tener el control pleno, económico, político y social del Estado significa que una clase social, democráticamente (caso Venezuela), a través de un organismo político que lo representa o de una fuerza social, sustentada en las armas (Cuba, China, etc.), toma el poder. Y consecuentemente adquiere la capacidad plena para disponer de los medios e instrumentos de producción, los recursos naturales, los ingresos y egresos económicos; la ley, el Estado y las instituciones en general.

La sociedad clasista contemporánea y por efecto la boliviana, emergente del modo de producción capitalista, está constituida por clases sociales, burguesía, proletariado y pequeña burguesía, al igual que lo estuvo la sociedad esclavista en esclavos y esclavistas, la feudal en feudales y siervos, y lo están, las sociedades denominadas “socialistas” (Rusia, etc.).

Una clase social es una parte de la sociedad no toda. Está conformada por distintos estratos sociales que comprende, incluso, a las etnias precolombinas (quechuas, aimaras, ayoreos, etc.) que fueron asimiladas, al sistema feudal primero, por medio de la conquista española (1535) y luego al sistema capitalista nominalmente, a partir de la fundación del Estado democrático en 1825, y en los hechos con la revolución de 1952, que destruyó el Estado Semifeudal y definió el paso del modo de producción medioeval, sustentado en la tenencia de la tierra, el trabajo gratuito y la servidumbre, al capitalista que integró a las etnias, a la sociedad y ciudadanía boliviana en igualdad de obligaciones y derechos expresados en el voto universal, la educación única y gratuita antiimperialista y anticapitalista (1955), el derecho a la propiedad, la tenencia de la tierra con La Reforma Agraria (1953), etc.

La humanidad se organizó sometida a la economía, razón que originó la sociedad constituida por clases sociales que al tener intereses antagónicos e irreconciliables dieron origen al Estado. El Estado, como producto de la cultura, tiene un proceso de desarrollo y evolución; se originó en un momento determinado de la historia, no siempre existió, no había Estado en el comunismo primitivo. En cada etapa histórica se produce una forma de Estado con características propias. No es lo mismo el Estado plurinacional y el Estado revolucionario son distintos, a pesar de su tronco común histórico expresado en el carácter irreconciliable de las clases sociales porque no hay Estado sin clases sociales. Históricamente el Estado es utilizado por las clases sociales, en defensa de sus intereses, como un instrumento de dominio, de una clase social sobre otra, reflejando su naturaleza de clase.

El Estado democrático o capitalista es un producto de la forma ideológica liberal de concebir un Estado creado por un pueblo o soberano, que expresa su voluntad en el voto, con sus órganos de poder, su forma de gobierno republicano, y la sociedad organizada en una Nación.

El soberano en 1952 definió la existencia del Estado revolucionario que hoy el gobierno trata de sustituirlo con un Estado plurinacional neoliberal indigenista, ocultando la voluntad del pueblo expresado en la agenda de Octubre (2003) cuyo mandato categórico fue el uso de los recursos naturales para la industrialización como forma de consolidar La Nación y su soberanía.