LA CONSTITUYENTE Y EL PROBLEMA DEL PODER

La humanidad, guiada por la sobrevivencia y la preservación de la especie, a fin de liberarse del dominio de la naturaleza, primero fue elaborando las ideas a partir de construcciones lógicas simples resultantes de la interacción social y de la relación del hombre con la naturaleza, dando origen al lenguaje como forma de transmitir los conocimientos de una generación a otra. Se Propuso también, luego, liberarse del dominio de la economía por medio: de la conciencia social que adquirió producto de sus experiencias, realizadas en su lucha por modificar las estructuras sociales; del desarrollo de la ciencia; y de su participación en la búsqueda de soluciones a los problemas generados por la clase social que detenta el poder constituido, como el Estado creado en la sociedad clasista (esclavismo, feudalismo, capitalismo y el denominado “socialismo”) para mantenerse en el poder defendiendo sus intereses y no los de la sociedad. De manera que el problema del poder consiste en que las clases sociales, definidas por los modos de producción en los distintos sistemas sociales, buscan para si el control del poder constituido con la finalidad de someterlo al servicio de sus intereses.

Producida la apropiación de los instrumentos de producción nace la propiedad privada y con ella las clases sociales y la lucha entre ellas constituye el fundamento de la lucha por el poder, que se dio a partir del esclavismo, bajo formas de carácter violento, como la Comuna de Paris (1871) y la revolución venezolana, en la que el pueblo tomó el poder, por la vía democrática a través de una Asamblea Constituyente Originaria (1999).

Los instrumentos de producción, la producción, los modos de producción, las estructuras económicas y las superestructuras jurídicas y políticas; la organización de la sociedad conformada por clases sociales emergentes de los distintos modos de producción constituye la expresión objetiva de la capacidad alcanzada por el hombre a fin de resolver el problema del poder por medio de la organización de una sociedad, libre, fraternal y justa sin clases sociales ni formas de sometimiento o dominio.

La lucha por el poder en Bolivia se dio a partir de su fundación. En 1825 Simón Bolívar desplazó del poder político al sistema feudal español, tomó el poder y creó el Estado liberal. En 1829 Andrés de Santa Cruz sustituye el Estado liberal por el Semifeudal por medio de las reformas constitucionales de 1831,1834 y el decreto de 2 de Julio de 1829. En 1952 se sustituyó el Estado semifeudal por el Estado Revolucionario por efecto de la insurgencia nacional que impuso la aplicación de la ideología nacionalista revolucionaria. En 1985 se trató de cambiar el Estado Revolucionario por el Neoliberal sustentado en el D. S. 21.060 y en el 2005 al Estado Revolucionario por un Estado plurinacional indigenista por medio de una Constituyente derivada.

La Constituyente es una expresión de la lucha por el poder, razón por la que no es ajena a los intereses de las clases sociales ni a la lucha de clases. Por ejemplo, la función que busca cumplir la Comisión Suprapartidaria, para darle funcionalidad a la Constituyente, demuestra que la Asamblea no es ajena a la lucha por el poder, por lo que los Constituyentes no son independientes o autónomos, menos neutrales a ese propósito por que pertenecen, cada uno, a una clase social; creer lo contrario es lo mismo que considerar que el éxito de una Constituyente es producto de la capacidad de personas especializadas, cuando no es así.

Finalmente, los actores que intervienen en la lucha por el poder son: las fuerzas de la burguesía ligada al capital financiero y la oligarquía que buscan dividir el Estado (nación camba); el masismo que se presta al juego de la oligarquía con la propuesta del Estado plurinacional y el movimiento obrero y la población progresista y antiimperialista que busca consolidar el Estado revolucionario: desarrollando la economía, la industria y la producción a través de empresas estatales o mixtas que generen trabajo; recuperando a favor del Estado las empresas capitalizadas (Agenda de Octubre); y abrogando el DS. 21.060 que constituye el sostén jurídico de las leyes neoliberales que se encuentran en plena vigencia.