LA CONSTITUYENTE Y EL MOVIMIENTO OBRERO

La insurgencia popular que echó abajo a los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada (Octubre 2003) y Carlos Mesa (Junio 2005), canalizada por la política de concertación acordada entre los partidos neoliberales, el Movimiento al Socialismo (MAS- IPSP) y otras fuerzas políticas, hacia el proceso electoral, que tuvo como resultado el triunfo masista como producto de la radicalización y descontento general contra la política neoliberal aplicada y el apoyo de la población y del movimiento obrero (COB, FSTMB, CSUTCB, ETC.) a la propuesta antineoliberal, planteada por el MAS, expresada centralmente en el compromiso electoral consistente en abrogar el D.S. 21060; la nacionalización de los hidrocarburos y su industrialización, evitando vender el gas como materia prima; la recuperación de los recursos naturales y de las empresas capitalizadas a favor del Estado; una nueva ley de pensiones sobre la base de los principios de la solidaridad y la universalidad; la realización de una Asamblea Constituyente que refunde el Estado y apruebe una nueva Constitución, etc. contuvo el avance de la revolución boliviana.

La objetividad de la participación de los movimientos sociales, tendencias políticas revolucionarias, anticapitalistas y antiimperialistas, el movimiento obrero (COB, CSUTCB), estudiantes, campesinos, profesionales, etc. se manifestó en el voto de confianza que dio el pueblo a favor del MAS con la intención de impulsar y dar seguridad a su dirección en la lucha anticapitalista y antiimperialista a fin de alcanzar la independencia económica y la unidad del Estado ante la amenaza de la “media luna” de dividir el Estado y constituir la nación camba. Se fue reafirmando con ese acto la decisión popular de recuperar para el Estado las empresas capitalizadas (ENFE, COMIBOL, ENAF, ENTEL, etc.) y los recursos naturales, entregados a las transnacionales, con el objeto de consolidar el Estado revolucionario, emergente de la revolución de 1952, debilitado por el neoliberalismo.

El MAS se presentó como una alternativa, de poder anticapitalista y

Antiimperialista, relativa a retomar el proceso nacionalista revolucionario de 1952, interrumpido con el golpe de Hugo Banzer (1971). Pero ocurre que una vez en el gobierno, en vez de cumplir con su compromiso electoral, adecua su política de gobierno al D.S 21060, manteniendo la economía de mercado y la estructura jurídica y política, constituida por el neoliberalismo en forma casi intacta. Evita la nacionalización de los hidrocarburos, procediendo solo a la recuperación del gas y el petróleo a propiedad del Estado por medio de la compra de algunas acciones (2%, 1% o más en otros casos) de las transnacionales, que sumadas a las acciones de propiedad del pueblo, resultantes de la ley de capitalización, el Estado logra poseer en propiedad el 51% de las acciones, correspondientes a las empresas hidrocarburíferas capitalizadas, constituyéndose en socio mayoritario, sin expropiar las transnacionales de manera que su explotación, producción y comercialización se encuentran bajo la responsabilidad de YPFB y las empresas extranjeras que como socios minoritarios, sirven en los hechos para encubrir la política, gubernamental, de exportación acelerada del gas, realizada legalmente gracias a la firma de los nuevos contratos que legalizaron el abuso y saqueo de los hidrocarburos. Transnacionales que no obstante su capital accionario minoritario, controlan la producción, comercialización y explotación de los hidrocarburos a consecuencia de que YPFB aun no se encuentra organizada como empresa, al grado que no tiene bajo su control y responsabilidad ni un solo pozo en producción de hidrocarburos.

Tampoco recuperó las empresas estatales privatizadas con excepción de la fundición de Vinto, que la nacionalizó y la Empresa minera Huanuni, de propiedad de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), en la que se contrato cuatro mil obreros mineros con el objeto de elevar la producción y fortalecerla. Y, finalmente, utilizo la Asamblea Constituyente derivada con el fin de distraer la atención y manipularlo en función de evitar que la población discuta el problema del poder, el económico, político y social creando expectativas falsas en sentido de que la nueva Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente, y la organización de otro Estado, resolverá la exclusión social, la discriminación, el atraso y la pobreza en la que se debaten las mayorías nacionales y el pueblo. Sin considerar que la burguesía, las transnacionales, el FMI, y el Banco Mundial tomaron a la Constituyente como un instrumento de su reorganización para retomar el gobierno. Objetivo que pretenden alcanzar ante un movimiento obrero debilitado, por la acción del MAS-IPSP que logró controlar, en parte, los sindicatos, la COB, los movimientos sociales, etc. y la pérdida de apoyo social permanente provocado por sus errores.

La Constituyente al ser derivada no tiene la potestad para aprobar una Constitución que se encuentre fundada en una nueva ideología y consiguientemente organizar, estructurar y establecer el funcionamiento de un tipo de Estado, sustentado en una ideología distinta a la liberal, porque su función es limitada y reducida a establecer simples reformas constitucionales sin abandonar la ideología liberal que es el sustento de la organización del Estado y del ordenamiento jurídico vigente boliviano.

El gobierno y la dirección del MAS-IPSP no consideran la existencia del Estado revolucionario, resultante de 1952, razón por la que, en vez de consolidarlo por medio de la Asamblea Constituyente lo debilitan, porque no comprenden que el Estado revolucionario resume la experiencia histórica de la lucha por la independencia económica efectuada por el pueblo boliviano.