ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y MANIPULACIÓN POLÍTICA

Con la promulgación de la ley que autoriza y amplía el plazo de sesiones de la Constituyente el gobierno mostró que fracasó en su posición política de presentar la Asamblea DERIVADA como Asamblea Constituyente ORIGINARIA y en su intención de refundar el Estado y cambiar totalmente la Constitución, porque una Constituyente derivada tiene un poder limitado a reformas constitucionales que pudieron ser alcanzadas con la aplicación del Art. 230 de la CPE, sin necesidad de convocar a una Constituyente que con sus desaciertos exacerbó los regionalismos y atenta contra la integridad de la patria y la Nación, creando además, posibilidades de secesión alimentada por la oligarquía, que busca conformar la Nación Camba, y el MAS (36 naciones).

La concertación acordada (gobierno y PODEMOS) demuestra que la Constituyente ha sido utilizada por la oligarquía, para concentrar sus fuerzas y avanzar en su política secesionista, y por el gobierno a objeto de sustituir el Estado Revolucionario, emergente de la revolución de 1952, por otro denominado “Estado Plurinacional” que estaría constituido por 36 naciones organizadas sustentado en sus costumbres, tradiciones y valores culturales; con una justicia comunitaria administrada en órganos particulares correspondientes a cada grupo étnico; una población y religión sustentada con sus dioses vernaculares; lenguajes, territorios y gobiernos propios, es decir una especie de Estado Federal con matices parecidos al Estado Confederado propuesto por la oligarquía nacional. La coincidencia de las fuerzas políticas del oficialismo y la oposición en objetivos comunes como, sustituir el Estado Revolucionario y la defensa del modelo neoliberal expresado en el D. S. 21060, hizo viable la concertación a objeto de contener el proceso de la revolución nacional.

Las ONGs, fundaciones y otros organismos de carácter religioso, ideológicamente orientadas y económicamente sostenidas por las transnacionales, el FMI, BM, etc. luego de muchos años (1965) de propagación de las ideas indigenista e indianista lograron presentar, particularmente, a través del CIDOB y el CONAMAQ el problema étnico, como uno de exclusión y dominio de una raza sobre otra (indios y mestizos) en la perspectiva de ser resuelto por medio de la refundación del Estado y una Constitución Política indigenista, razón por la que se estimuló la movilización y participación de los grupos étnicos bajo la consigna de la Asamblea Constituyente, que posteriormente fue incluida en los programas de los partidos neoliberales y el MAS, que lo tomaron como un problema nuevo y de prioridad nacional, ignorando la experiencia de la revolución de Abril, la guerra civil de 1889, del Pacífico, del Chaco, las movilizaciones campesinas (Wila saco), el Primer Congreso campesino durante el gobierno de Gualberto Villarroel, el programa de Pulacayo, la masacre de Catavi, la nacionalización del petróleo (David Toro), etc. sin considerar que la solución al problema étnico, la marginalidad y el atraso no se los resuelve por medio de leyes, la refundación del Estado o porque un indígena sea Presidente de la República.

La revolución produjo la integración de los grupos étnicos en la lucha por la liberación nacional, la patria, la Nación, y las conquistas alcanzadas en Abril (voto y educación gratuita universal, abolición de la servidumbre y el trabajo gratuito, etc.), ya que sin la unidad del pueblo no hubiera sido posible el triunfo de la insurrección y la preservación del Estado revolucionario. La participación masiva de obreros, campesinos, etnias, clase media, etc. hizo posible el cambio de la estructura económica y la superestructura jurídico político del Estado semifeudal por la del Estado revolucionario.

Los constituyentes y la dirección del MAS no comprenden que el problema étnico, el aislamiento, la marginalidad de sectores importantes de la población, al igual que el atraso será resuelto dentro de un proceso de diversificación de la economía haciendo uso de nuestros recursos naturales, desarrollo industrial, etc. y una planificación de la economía que, a su vez significa constituir un Estado soberano e independiente sustentado por una democracia participativa.