2.5 Las iniciativas locales de desarrollo

Sintetizando los planteamientos teóricos anteriores, y siguiendo a Tamayo (2000), los mismos se pueden agrupar en dos enfoques básicos, de demanda y oferta (figura 3). El primero atribuye las diferencias interregionales en el nivel y dinamismo de la actividad económica a diferencias en la demanda de trabajo (es decir, la inversión); por tal razón, en general su objetivo de política es redireccionar esa demanda hacia las regiones más deprimidas, lo que equivale a promover una relocalización de la actividad económica.

Por su parte, el enfoque de oferta atribuye los desequilibrios interregionales a diferencias en la productividad de los factores, por lo que el objetivo de política está relacionado con la promoción de la eficiencia general de esos factores productivos, recurriendo para ello a la eliminación de restricciones a su movilidad y los estímulos a la innovación y el emprendimiento.

En el ámbito de la discusión sobre las bondades de la intervención gubernamental, cabe señalar que la promoción del mercado en la asignación de recursos a través de políticas generales y el cuestionamiento a una política de crecimiento sectorial regional, responden claramente al supuesto de que en el largo plazo las diferencias entre regiones en el rendimiento de los factores productivos se reducirán progresivamente hasta desaparecer. Como se señaló, este supuesto implica que la asignación de recursos productivos se debe dejar al libre juego de las fuerzas del mercado, y el resultado será la reducción progresiva de los desequilibrios interregionales: una tendencia convergente de las tasas de crecimiento de las diferentes regiones (Tamayo, 2000 y Moncayo, 2002).

En términos territoriales, esto se reflejaría en un proceso de desconcentración de la actividad productiva hacia regiones de desarrollo intermedio y rezagadas. Bajo este enfoque, vinculado a la teoría neoclásica del crecimiento regional, la intervención gubernamental en la asignación interregional de recursos no se considera necesaria.

De igual manera, y aunque desde una perspectiva diferente, el enfoque que enfatiza la administración de la demanda termina desestimando la importancia de la política de crecimiento sectorial regional. En él se asume que la única acción colectiva realmente importante para las empresas consiste en reasignar la demanda de trabajo hacia regiones donde se percibe que ésta es deficiente7; y que dicha acción sólo puede venir del nivel nacional de gobierno, dado que para este enfoque el crecimiento de una región es el resultado del lugar que ocupa en un sistema de naturaleza jerarquizada y de relaciones asimétricas, definidas por el comportamiento determinístico de flujos y fuerzas que le son externas (Moncayo, 2002).

Contrario a lo anterior, el enfoque de desarrollo regional identificado como “iniciativas locales de desarrollo”8, que según Tamayo (2000) se difunde en los noventa en América Latina como una derivación de experiencias exitosas en regiones periféricas de Europa Occidental y, por tanto, no posee un fundamento teórico claro, enfatiza las ventajas que para las economías regionales representa el actuar colectivamente en busca de una mayor competitividad e integración al proceso de desarrollo nacional, viendo en esa acción una fuente de externalidades positivas.

A pesar de los difusos fundamentos teóricos de las políticas propuestas en este enfoque, el análisis de las mismas permite contrastarlo, particularmente, con el laissez-faire neoclásico. En general, en esta perspectiva se reconoce que los ajustes del mercado son mucho menos que perfectos, por lo que considera fundamental instrumentar acciones dirigidas a fomentar la competitividad de las industrias, especialmente PYME, a través de un esquema de apoyos para facilitar la formación de agrupamientos empresariales y cadenas productivas en entornos regionales, con un perfil especializado.

La estrategia consiste fundamentalmente en estimular la convergencia de agentes relevantes tales como grandes empresas, universidades, centros de investigación e instituciones de apoyo gubernamentales y semi-gubernamentales, en torno al objetivo de fomentar la competitividad e integración de las organizaciones al desarrollo regional. El éxito de dichos agrupamientos se atribuye, en general, a las prácticas de cooperación interempresarial e inter-institucional, que se han logrado desarrollar en entornos regionales. En la figura 4 se resume el conjunto de elementos necesarios para crear o impulsar iniciativas de desarrollo local.

A su vez, lo fundamental en la propuesta es la promoción de la movilización de factores endógenos, más que el movimiento interregional de recursos productivos, y la diversificación de la base productiva local mediante la incorporación de innovaciones basadas en la calidad y la diferenciación de los productos y procesos productivos; no obstante, como señala Alburquerque (2007), desarrollo local no es sólo desarrollo endógeno, muchas iniciativas de desarrollo local se basan también en el aprovechamiento de oportunidades de dinamismo exógeno. Lo importante es saber “endogeneizar” dichas oportunidades externas dentro de una estrategia de desarrollo decidida localmente. Asimismo, el desarrollo local no se limita exclusivamente al desarrollo económico, se trata de un enfoque integrado en el cual deben considerarse igualmente los aspectos ambientales, culturales, sociales, institucionales y de desarrollo humano del ámbito territorial respectivo.

Una decisión política que posiblemente ha fortalecido en las regiones colombianas la capacidad institucional para emprender iniciativas locales, ha sido el proceso de descentralización de las decisiones sobre la asignación del gasto público hacia los gobiernos departamentales y municipales; sin embargo, González (2004) advierte que en Colombia esa descentralización ha girado más en torno a los aspectos fiscales, dejando de lado otras dimensiones del proceso, como la espacial9.

Según la definición del Departamento Nacional de Planeación – DNP-, la descentralización espacial consiste en “… la transferencia de recursos e instrumentos a las regiones para promover la actividad económica e industrial en forma tal que se reduzca o limite la concentración a favor de unos pocos centros urbanos de gran tamaño” (DNP, 2002, 15), pero en Colombia el sesgo fiscal de esa descentralización no ha servido a la disminución en la concentración regional de la industria y la producción, y una diversificación geográfica del proceso económico del país. Así, en los noventa la concentración industrial persistió y dicha actividad no se trasladó desde las regiones de mayor desarrollo hacia aquellas rezagadas, a pesar de presentar muchas de estas claras ventajas de localización por su facilidad de acceso a los mercados externos (Lotero, 2005).

En otro sentido, Tello (2006) plantea que la evidencia del proceso de descentralización en los países en desarrollo muestra, por un lado, que estos procesos (en mayor o menor grado según el país analizado) están en plena implementación y no han sido concluidos. De otro lado, esa descentralización ha sido enmarcada en función de la desconcentración, privatización, delegación, y devolución de las responsabilidades, funciones y grado de autoridad del gobierno central hacia estamentos gubernamentales de un segundo (regiones; departamentos) o tercer nivel (provincias; distritos; municipios; pueblos; áreas locales). Afirma Tello de manera contundente que los procesos de descentralización en estos países no han sido formulados en función del desarrollo económico local.

Aún así, Tello (2006) advierte que las diferencias en las experiencias ‘exitosas’ de desarrollo económico local se basan, por un lado, en los diferentes roles de liderazgo (político, social, empresarial, comunitarios; de redes de negocios, etc.) de los agentes en las áreas locales y, de otro lado, de los mecanismos implementados a través del tiempo entre agentes para el logro del desarrollo económico local de dichas áreas. Bajo esta definición, el distinguir la importancia de un actor (como por el ejemplo, el gobierno) sobre los demás es limitar las posibilidades y el tipo de desarrollo económico de las áreas locales. Más bien, debe ser claro que los procesos de descentralización, en la medida que originen un sistema gubernamental adecuado y consistente con el proceso de desarrollo local, son necesarios aunque no suficientes para cristalizar los resultados objetivos de ese desarrollo.