Capítulo IV: LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ

Al hablar de gobierno electrónico hacemos referencia de manera general a dos aspectos básicos:

• Los cambios en la forma de gobernar

• Los cambios en la manera en que los ciudadanos y ciudadanas se relacionan con el gobierno

Partiendo del hecho de que las iniciativas de gobierno electrónico apuntan a producir transformaciones en los ámbitos arriba mencionados, el valor de uso de las TIC para dichos cambios depende al menos de dos aspectos clave: los mecanismos para la interacción y la comunicación pública disponibles y accesibles en línea, y el tipo y calidad de la información pública.

En nuestro país no existe una agenda o estrategia nacional de gobierno electrónico que responda no solo a una política integral de sociedad de la información, a una política nacional de TIC y a una estrategia nacional de desarrollo y de reducción de pobreza. Es claro por tanto que el modelo de evolución de las iniciativas de gobierno electrónico en el país no se enmarca en una estrategia o agenda nacional. Han emergido orgánicamente a través de proyectos no vinculados entre sí de distintas instancias públicas (gobierno central, gobiernos locales, poder judicial, poder legislativo, etc.). El desafío está en el despliegue de esfuerzos para la integración, coordinación y la estandarización de las iniciativas en la perspectiva de la construcción de una agenda pública nacional de gobierno electrónico. Es importante mencionar que el hecho de tener una agenda central no significa que la implementación se haga también de manera centralizada. El desafío es tener una agenda central e implementación descentralizada.

No es adecuado concebir al gobierno electrónico exclusivamente como el uso de las TIC por parte del gobierno y de las instituciones del Estado con el propósito de incrementar su gestión y eficiencia técnica de sus procesos, elevar la calidad de servicios para la ciudadanía y reducir los costos administrativos y operativos. La concepción debe incorporar (en noción y práctica) el uso y aprovechamiento de las TIC para el fortalecimiento y ampliación de la democracia, por tanto para la transformación de la relación entre el gobierno y la ciudadanía, permitiendo la participación ciudadana amplia en el debate y la toma de decisiones sobre la configuración sus formas de vida y desarrollo, potenciando los mecanismos de ejercicio de monitoreo, auditoría, control y evaluación social de la gestión y desempeño del gobierno.

El gobierno electrónico no es sinónimo de prestación de servicios en un enfoque en el que se le otorga a la ciudadanía la calidad de clientes y usuarios. Si bien la prestación de servicios en línea es un componente esencial del gobierno electrónico, la ausencia de una perspectiva de derechos coadyuvaría para el mantenimiento o la profundización de las inequidades en el acceso a las TIC como herramientas para potenciar procesos de desarrollo y facilitar mecanismos de participación ciudadana.

Es una meta deseable para las iniciativas de gobierno electrónico ofrecer servicios de alta calidad, sin embargo, esto no debe confundirse con la participación, transparencia y rendición de cuentas que tiene lugar en el espacio de lo público, en el que los ciudadanos son sujetos de derecho. Esos son los componentes esenciales de lo que debería ser el propósito central del gobierno electrónico: la democracia electrónica. En ese marco, una agenda o estrategia de gobierno electrónico debe distinguir entre la creación de mercados para clientes individuales y la conformación de comunidades de ciudadanos en red.

Lo mencionado se relaciona con la necesidad de la recuperación y resignificación de lo público, entendido como el lugar de encuentro de los intereses comunes, como el espacio donde se da la negociación sobre esos intereses. Es preciso entender lo público más allá de lo oficial, más allá del gobierno. El reconocimiento y construcción de lo público significa hablar de los intereses de todos y todas.

Con lo expuesto, es posible afirmar que las iniciativas de gobierno electrónico, a más de orientarse a mejorar la eficiencia de la gestión pública y la provisión de servicios, deben contemplar objetivos sociales básicos, tales como:

• Acceso a la información. Es preciso recalcar que Ecuador cuenta con una de las mejores leyes de acceso a la información pública de América Latina y el Caribe. El desafío está en el establecimiento de reglamentos que faciliten su aplicación cabal. Se cuenta con un instrumento importante para asegurar la efectividad de las iniciativas de gobierno electrónico en la promoción de la transparencia y el combate a la corrupción.

• Rendición de cuentas

• Transparencia y combate a la corrupción

• Participación ciudadana en la toma de decisiones

El desafío recae en las formas y mecanismos de implementación de esos elementos en la práctica de manera efectiva.

BARRERAS PARA ESTABLECER EL GOBIERNO ELECTRÓNICO

Existen en el país barreras de diversa índole y a diversos niveles que inciden en el impacto positivo de las iniciativas de gobierno electrónico existentes, que deben ser superadas para la formulación e implementación futura. Algunas de las barreras identificadas son:

• La cultura imperante (en el ciudadano y el funcionario público) de uso de las TIC que no posibilita la interacción proactiva a través de mecanismos en línea.

• La falta de voluntad política del gobierno y otros actores públicos para el establecimiento de una estrategia integral de gobierno electrónico

• El desconocimiento tanto de ciudadanos como de funcionarios públicos de los procedimientos para obtener y remitir información, así como para generar contacto directo con las instancias y actores adecuados

• La inexistencia de un marco legal y regulatorio coherente y propicio para el desarrollo del gobierno electrónico. En muchos casos, la inexistencia absoluta de marco legal y regulatorio para diversos ámbitos de la sociedad de la información y las TIC. No existe, por ejemplo, una comisión legislativa especializada en temas de la sociedad de la información y las TIC, que trabaje con coordinación con la Agenda Nacional de Conectividad y la Comisión de Sociedad de la Información. No existen comisiones y/ o grupos especializados multisectoriales y multidisciplinarios para trabajar en estrategias de sociedad de la información y tampoco existen al momento mecanismos claros para su conformación.

• La inexistencia de infraestructura de TIC adecuada en la que se pueda basar la provisión del servicio y del acceso universal.

• La ausencia de mecanismos adecuados que aseguren la viabilidad y sostenibilidad social, cultural, política y financiera de las iniciativas de gobierno electrónico.

• La no determinación y consideración de estándares, formatos y plataformas técnicas adecuadas para potenciar el acceso y uso equitativo y sencillo de los instrumentos y herramientas en línea del gobierno electrónico.

La necesidad de identificar claramente a los actores del gobierno electrónico y sus roles es un factor importante para el éxito de las iniciativas. Debería ser mandataria la participación en condiciones de igualdad de los tres sectores sociales fundamentales: sector público, sector privado y sociedad civil.

Las nuevas TIC no deben ser vistas como catalizadoras de transparencia y acceso a la información pública por sí mismas, preciso plantearse preguntas como: ¿en el marco de nuestras culturas, el acceso y uso de las TIC es prerequisito para la participación ciudadana? ¿La existencia de una ley de acceso a la información pública generará un interés por defecto para la construcción, crecimiento y mejoramiento de la infraestructura de TIC, que facilite de una u otra manera la aplicación de la ley? ¿la ley de acceso a la información pública será un instrumento que facilite el acercamiento de la población a las TIC y a las iniciativas de gobierno electrónico?

La instauración de mecanismos de monitoreo, evaluación, control y auditoría ciudadana de las iniciativas de gobierno electrónico es un aspecto crítico relativo a la responsabilidad en cuanto a la prestación de servicios como a la responsabilidad en la consecución de las metas sociales, que recaen en el campo de la democracia electrónica.

Es imperativa la voluntad política de los actores públicos para generar, de manera participativa e inclusiva, una agenda común y una dirección unificada de gobierno electrónico mediante procesos claros, transparentes y abiertos; y la facilitación de relacionamientos entre los diversos actores e iniciativas existentes. La voluntad política tiene que hacerse extensiva a la construcción de consensos y la concertación de los distintos intereses y visiones en una estrategia nacional. La voluntad políticas se hace también extensiva a la generación de condiciones para el acceso a las TIC y el crecimiento de la infraestructura de TIC.

Por otro lado, La implementación de estrategias e iniciativas de gobierno electrónico necesita de procesos de reingeniería en las instituciones del Estado, en la que se conjugen los intereses de los diversos actores mediante condiciones equitativas de negociación. La reingeniería debe hacerse con un alto nivel de soporte y apoyo técnico, político y social.

Es preciso combatir prácticas profundamente instauradas en la cultura peruana. Se hace referencia a las prácticas de corrupción, de ineficiencia, de secretismo. La política de secreto (en lo económico, en lo social, en el saber) ha significado que se legitime y naturalice la exclusión. Y ello ha derivado en procesos de autoexclusión de determinados grupos y actores sociales.

Es necesario el involucramiento de la ciudadanía en la formulación y desarrollo de la normatividad y las políticas públicas, así como su participación en la configuración de las iniciativas de gobierno electrónico existentes y en las futuras. Ello incidirá no solo en el nivel y calidad del impacto de esas iniciativas sino también en la conformación y estructuración de una agenda nacional de gobierno electrónico.

Transparentación y rendición de cuentas son palabras clave al referirnos a gobierno electrónico, y deben implementarse a todos los niveles, desde el diseño de las iniciativas hasta la evaluación de su implementación e impacto. Participación ciudadana es otra palabra clave en este proceso. Ello tiene que ver con el involucramiento de ciudadanos y ciudadanas en las esferas de toma de decisión sobre aspectos trascendentales que atañen a su propio desarrollo.