1.7. Gobierno electrónico y proveedores privados: hacia una clarificación de esquemas vinculares

Todos sabemos que la razón de ser del Gobierno Electrónico (GE) reside en proveer soluciones para mejorar la información y los servicios estatales a las personas y organizaciones. Con base en esa premisa, en una reciente editorial del newsletter Directorio del Estado, GIGLI (2006), se pregunta: ¿cómo puede implementarse el GE sin conocer opciones técnicas para las posibles soluciones, modelos o plataformas que sustentarán las prestaciones?. Partiendo de dicho interrogante, formula las siguientes reflexiones: a) en nuestro medio “sobran” las propuestas estratégicas, los análisis y los ejemplos de buenas prácticas, lo que falta es gente que conozca los medios para plasmar los objetivos, b) sin soluciones tecnológicas (hardware y software) no puede haber GE, c) las soluciones tecnológicas provienen comúnmente de las empresas proveedoras, d) nuestros gobiernos exhiben notorias limitaciones para mantener vínculos claros, transparentes y constructivos con las empresas proveedoras, y e) para que el GE sea una realidad es necesario reunir voluntades y crear sinergias. entre lo público y lo privado, entre funcionarios y técnicos, entre quienes diseñan estrategias y quienes deben ejecutarlas.

Coincidimos con GIGLI (2006), en que cuanto más abiertas y transparentes sean las relaciones entre los responsables de programas de GE y las empresas proveedoras, más factible será disponer de un panorama actualizado de las oportunidades y opciones tecnológicas para mejorar la cobertura, calidad y transparencia de los servicios. La mayor parte de las experiencias exitosas de GE muestran que las empresas proveedoras pueden constituirse en valiosos aliados de los gobiernos en el desafío de mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios estatales. Disponen para ello de capacidad para generar y desarrollar soluciones tecnológicas, así como para invertir recursos en proyectos de riesgo.

A través de un somero análisis de la realidad circundante, puede afirmarse que aquellos gobiernos que experimentan mayor dificultad para concertar y plasmar visiones y estrategias coherentes de modernización, suelen relacionarse de manera traumática o patológica con las empresas proveedoras; debido quizás a presiones y pugnas de negocios.

En un plano relativamente abstracto, el rango de esquemas vinculares entre gobiernos y empresas proveedoras podría representarse a lo largo de un continuo acotado por dos extremos imaginarios:

• “Promiscuidad impune”: este extremo supondría que los mismos responsables de la gestión de GE son empresarios del sector aliados a gobernantes de turno. En este caso, cabría esperar que las visiones y estrategias de GE resulten relativamente sesgadas por intereses de negocios.

• “Aislamiento estéril”: en este extremo, diametralmente opuesto al anterior, existiría un divorcio entre los responsables de la gestión de GE y las empresas proveedoras del sector. Como consecuencia, serían sumamente escasas las posibilidades de plasmar soluciones idóneas para concretar las eventuales visiones y estrategias relativas al GE.

Entre esos dos polos imaginarios, existe una amplia gama de posibles pautas de relación entre gobiernos y empresas proveedoras. Entre los gobiernos de América Latina que exhiben hoy claros esquemas vinculares con el sector privado, puede señalarse el caso de Chile, cuya Agenda Digital 2001-2005 resultó de un amplio acuerdo público-privado sobre una estrategia-país y un plan de acción. Como fruto de una trayectoria de relaciones abiertas, contrataciones transparentes y credibilidad por parte de la comunidad, el gobierno chileno puede concentrarse en las definiciones estratégicas y normativas, así como en el control operacional (por resultados) de sus sistemas de GE (por ejemplo: Chilecompra, SII, Tramitefacil), delegando en proveedores privados el desarrollo, implementación y operación de las soluciones pertinentes.

En el caso de España, en una reciente entrevista a Domingo Laborda, Director General de Modernización Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas, se le preguntó acerca del papel que cabe a la empresa privada en los procesos de modernización estatal. Su respuesta fue que dicho papel es netamente análogo al que debe desempeñar -en cualquier sector- una empresa respecto de la administración. Así como la administración decide qué carreteras se construirán y cómo deben ser; para luego contratar a alguien que las construya, en los procesos de modernización la administración debe definir claramente las políticas, las estrategias y los distintos proyectos, con su misión, sus objetivos, sus recursos tecnológicos, su coste, su plazo y los indicadores de gestión. Una vez concertadas y formalizadas esas definiciones, puede pasarse a la fase de contratación por las vías pertinentes. Lo fundamental aquí es que las llaves del negocio no se las dejamos a nadie.

1.8. Antecedentes de la investigación

A la fecha se tiene como antecedentes los estudios y publicaciones que viene realizando la Presidencia del Consejo de Ministros en lo que respecta a Gobierno Electrónico y esto lo realiza a través de su Oficina de Gobierno Electrónico. Pero habiendo realizado un análisis documentario de fuentes oficiales, se presentan avances débiles respecto a su impacto en la lucha contra la corrupción, que trae consigo la modernización de la administración pública el mismo hecho de implementar todo el proyecto de gobierno electrónico en el Perú.

Asimismo encontramos investigaciones y trabajos realizados en otros países de Latinoamérica y del mundo, experiencias que han servido de análisis para plantear el presente estudio.