BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

EXPERIENCIAS MICROESCOLARES DE INTERCULTURALIDAD, PROYECTOS E IDEAS

Eduardo Andrés Sandoval Forero y otros




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2.- Consideraciones para la conformación del perfil de egreso de la Licenciatura en Derecho del Campus Huasteca

Se ha comentado que el profesionista del derecho, será requerido en toda organización social, entes políticos, instituciones públicas y privadas; por supuesto, podrá desempeñarse como profesionista independiente.

Con base al Perfil Referencial de Validez del egresado de la licenciatura en Derecho define que: “El egresado de la carrera de Derecho debe conocer las instituciones que fundamentan el sistema jurídico mexicano, y ser capaz de comprender y aplicar principios, promover procesos y utilizar técnicas y herramientas jurídicas ante la problemática social de las personas físicas o morales frente a normas y autoridades nacionales e internacionales, haciendo suyos los valores que orientan el Derecho, actuando de manera justa, respetuosa el orden público, de la paz social y de la dignidad humana.”

Las reflexiones sobre el campo ocupacional del licenciado en derecho se exponen en torno al interés de profesionalizar la disciplina jurídica con un sentido de mayor compromiso social, de mejoramiento de las responsabilidades profesionales, de incremento en la calidad de los servicios y naturalmente con mayor sustento en la ética profesional.

Luis Pásara expuso que “sin nuevos modos de entender y ejercer el derecho no habrá reforma posible, el cambio incluye, pues, a los abogados litigantes, protagonistas silenciosos del sistema de justicia, cuyas limitaciones, ineficacia y malas prácticas son trasladadas cínicamente al aparato estatal de justicia, cuando se rinde cuentas falsamente al cliente... trátese de un defensor público o de un abogado privado, predomina en muchos de nuestros países un estilo profesional chicanero, se denomina en algunos casos, leguleyo en otros; cuyo objetivo principal, distante del juramento que al optar el título obliga a prestar servicios a la justicia, ni siquiera sirve eficazmente al cliente”

Se afirma entonces, que los comentarios nada alentadores relativos a la práctica profesional del especialista en Derecho y concretamente en el ejercicio de la postulación, es primordial reforzar aquéllos valores y principios en la formación del estudiante del Derecho, estamos hablando de la Ética que a su vez, se fortalezca y conlleve a una ética profesional integral ya que de ésta es pieza clave en el sistema de justicia. Con base en la realidad social de nuestros días, se requiere urgentemente de un nuevo modo de ejercicio profesional, que el abogado se decida a litigar con mayor calidad y sobre todo con mayores sustentos éticos.

En los últimos años, se ha visto con mayor frecuencia, la necesidad de establecer una mayor conciencia o dimensionamiento del individuo social respecto con su entorno. Organismos internacionales (Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por decir solo algunas) Estados - Nación, Organizaciones No Gubernamentales, cumbres de especialistas, etc. Hablan de una necesidad de “re-concientizar” a los habitantes del futuro en temas ambientales y ecológicos. Es menester que los futuros profesionistas observen una cultura de respeto con su entorno, de preservación y sobretodo, de sustentabilidad atendiendo sus necesidades como las de los demás.

También, acuerdos internacionales como lo es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que bajo las siguientes consideraciones:

• La necesidad de reconocer las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven;

• Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión;

• Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales;

• Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la Salud, así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones;

Establece en el inciso b) del artículo 1 que su aplicación se dará a los pueblos en países independientes, considerados indígena por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas; por lo que es menester de que en la elaboración de los perfiles de egreso, sea también en el diseño de los programas y asignaturas, se contemplen esta serie de prerrogativas al momento de ofrecer la oferta educativa.

En América Latina, la década de los 90 se caracterizó por un desarrollo sistemático de políticas de internacionalización, que han sido apoyadas por los gobiernos, como respuesta a las dinámicas de integración sub-regional. Estas políticas también han sido apoyadas por universidades, públicas o privadas, que se han interesado en mejorar su propia ubicación al interior de sistemas de educación superior cada vez más competidos. La convergencia de tales factores ha sido determinante para la puesta en marcha de procesos específicos de internacionalización, concebidos en torno a diferentes necesidades según los países de la región.

En el caso de México, es patente que desde hace ya varias décadas comenzó el proceso de internacionalización. Este proceso es fácil de observar en la dimensión económica, un ejemplo claro de ello es la firma del tratado trilateral de libre comercio con EUA y Canadá. La firma de este compromiso internacional forzó el desarrollo de una diversidad de políticas gubernamentales que modificaron los entornos legales, políticos, económico, sociales, culturales y dentro de esta diversidad de elementos, la dimensión educativa también experimentó modificaciones radicales.

El eje entorno al que se estructuraron los distintos cambios en nuestro país fue el llamado Desarrollo Humano. Al respecto el PNUD, en su informe anual del 2004 sobre México, explica la situación que guardaba el proceso del desarrollo para esas fechas en nuestro país. Para este apartado recurriremos a tal documento y al informe de 2006-2007, para mostrar de manera general para contextualizar posteriormente las tendencias sobre las que se inscribe la presente reforma.

Una de las principales conclusiones a las que el informe del PNUD 2004 nos acerca es que “una de las consecuencias de concebir el desarrollo como libertad es reconocer la participación de las personas como agentes en la generación de sus propias oportunidades y la necesidad de que las políticas públicas incentiven el esfuerzo individual en la obtención de estos logros. Esto es particularmente cierto cuando se habla de desarrollo local.” Entendemos entonces que la natural consecuencia del “Desarrollo es el posicionamiento de la sociedad como autogestora de sus propios satisfactores, apoyada en la implementación de políticas públicas.

Avisa también el informe citado que uno de los principales problemas que resaltan ante el análisis regional del proceso del desarrollo es “la desigualdad como el problema más persistente que habrá de enfrentar la sociedad mexicana y que requerirá esfuerzos específicos de política pública para su reducción.”

En otro sentido, observa el PNUD que los avances en los niveles del IDH nacional entre 2000 y 2003 avanzan correctamente, aunque la convergencia observada entre las distintas entidades del país es insuficiente dada la magnitud del problema de desigualdad que se enfrenta. Al plantear alternativas de desarrollo desde el ámbito local debe considerarse el municipio como unidad básica para el análisis, hacer énfasis en los elementos económicos que tienen mayor peso en las desigualdades del IDH, e incorporar las políticas públicas, la participación ciudadana y el entorno institucional.

Es evidente el énfasis que el informe del PNUD hace sobre la importancia del papel del Municipio en la consecución de la reducción de la desigualdad, por ello hacemos la siguiente cita:

“La importancia del componente de ingresos en la desigualdad del IDH conduce a plantear políticas económicas que busquen reducir las disparidades regionales en la generación de valor agregado. El planteamiento de tales políticas se puede beneficiar al distinguir aquellas dirigidas al mercado de trabajo de aquellas enfocadas en la aglomeración de la actividad productiva o la convergencia regional.

En lo que se refiere al mercado de trabajo, la existencia de una relativa eficiencia en su funcionamiento no debe distraer del hecho de que ésta se debe en buena medida a un aumento de la actividad económica informal. El reto es alcanzar tal eficiencia dentro de un mercado formal con normas que favorezcan la movilidad y la flexibilidad. En particular, debe mejorarse el potencial productivo del trabajo en las zonas rurales y en las regiones centro y sur-sureste del país. Otro reto de las políticas públicas es procurar la atracción de la inversión productiva a zonas con bajos niveles de capital físico, cuestión de gran dificultad, pues la aglomeración de los flujos de inversión refuerza una mayor concentración.

Finalmente, debe mencionarse que resultan cada vez más urgentes políticas que equilibren el desarrollo económico regional, pues la convergencia entre regiones se ha hecho más lenta y se ha dado con cierta polarización: grupos de municipios con características similares (urbanos, del mismo estado o con niveles educativos parecidos) se acercan cada vez más entre sí en términos de su desempeño económico, pero los grupos a los que pertenecen estos municipios no se acercan con la misma velocidad.”

El informe de 2004 apuntaba ya el problema de la inseguridad señalando que: “La inseguridad afecta proporcionalmente más a los más pobres. Asimismo, el perfeccionamiento de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en la provisión de este bien esencial, la seguridad pública, permitiría que las policías respondieran de mejor manera a sus comunidades y no solamente a sus jerarquías.” Una de las recomendaciones del informe 2004 en cuanto al tema de la seguridad es la de “Fortalecer la prevención, crear un entorno urbano favorable y establecer una rendición de cuentas efectiva a la comunidad son tres condiciones básicas para lograr que los gobiernos locales sean eficaces para garantizar la seguridad. El acceso a la justicia también es desigual. Dos ejemplos de esto son el débil ejercicio de la defensoría pública y el sesgo en la asignación de recursos hacia el sistema de justicia federal en comparación con los sistemas estatales. En el primer caso, la defensoría de calidad es asequible solamente para aquellos que pueden pagarla. En el segundo caso, la superposición de competencias da origen a la noción de que todo juicio puede llegar a una instancia federal y, por lo tanto, que es más importante invertir en el sistema a dicho nivel. En la práctica, los ciudadanos con menos recursos no pueden financiar juicios largos que lleguen a instancias superiores. Así, el relativo descuido de la justicia local va en detrimento del acceso equitativo a un servicio de calidad. En términos de seguridad pública y justicia, los esquemas de desigualdad interpersonal y regional se ven reforzados por distintas razones, que en muchos casos tienen que ver con un diseño institucional imperfecto y con falta de recursos presupuestales. El diagnóstico no es favorable, pero se han propuesto formas específicas de acción pública a nivel municipal y estatal que permitirían mejoramiento sustancial en esos ámbitos. Un primer paso es la decisión política de destinar más recursos que permitan ofrecer un servicio público acorde con la magnitud del problema. Un segundo paso es diseñar sistemas de rendición de cuentas y transparencia que sean efectivos y que permitan a los ciudadanos estar informados y exigir un mejor desempeño en donde se perciban fallas. Por último, es necesario repensar el esquema de incentivos, tanto en seguridad como en justicia, de manera que se promueva la eficiencia y la eficacia y se reviertan los procesos que generan la inequidad.

En el más reciente informe el PNUD se aboca al desarrollo humano en torno al fenómeno migratorio. En las conclusiones del informe se aprecia el análisis del tema migratorio desde la política pública, la desigualdad y la pobreza. Interesa destacar de este informe, de manera sintética que las conclusiones del informe nos ofrecen el análisis de un tema que es producto de diversos causas, resumiendo el análisis del desarrollo de nuestro, a esos tres ejes mencionados.

En otro ámbito la Conferencia de las ONU para el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, contribuyó a impulsar el uso generalizado del término desarrollo sostenible, el cual ha sido aceptado por la comunidad internacional como un motor de reflexión y de cambio hacia modelos más respetuosos con los recursos naturales del planeta. Por desarrollo sostenible el Informe Brundtland entiende que es: el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Manifiesta José Gutiérrez que: “El papel que debe desempeñar la educación en el actual proceso de cambio queda recogido con toda claridad en los planteamientos que hace la UNESCO para la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014)2, a cuyo impulso y profundización ha de contribuir este período histórico:

El Decenio de las Naciones Unidas para la Educación con miras al Desarrollo Sostenible pretende promover la educación como fundamento de una sociedad más viable para la humanidad, e integrar el desarrollo sostenible en el sistema de enseñanza a todos los niveles. El Decenio intensificará igualmente la cooperación internacional en favor de la elaboración y de la puesta en común de prácticas, políticas y programas innovadores de educación para el desarrollo sostenible.”

Para terminar esta apartado diremos que los factores macros en las dimensiones social, económica, política y ambiental. Ofrece un escenario caótico, amenazador y en este sentido las señales parecieran de desesperanza, sin embargo paralelo a los conflictos mundiales y locales, del orden social (resurgimiento de viejos sentimientos nacionalistas, redefiniciones de mapas culturales, etc.) también se desarrollan y emergen posiciones, científicas, académicas y civiles, que privilegian la resolución de conflictos por vías pacificas y mediadoras; en cuanto a la problemática económica, el paradigma dominante del capitalismo, entra ya en una de sus fases de mayor crisis, mostrando las flaquezas del sostenimiento de la lógica acumulativa, siendo entonces que el propio sistema económico, dominante durante varios siglos, está debilitado por su propia lógica.

Ligado a la debacle de los modelos económicos capitalistas, liberales y neoliberales el contexto político se reacondiciona para desarrollar formatos nuevos que consoliden la democracia, aunque aún en distintas esquinas del mundo esta no se haya manifestado. La pérdida del posicionamiento en la sociedad de la política y los políticos, marca a la sociedad, rumbos coyunturales de crisis y oportunidades para la emergencia de nuevas identidades y la reafirmación de algunas otras marginadas y discriminadas; aunque el desarrollo de opciones o modelos políticos sigue siendo limitado, se tienen claras muestras de que la civilidad puede asumir el control social e influir en verdaderas políticas públicas que desarrollen los contextos necesarios para la sana convivencia.

La dimensión ambiental ha sido una d las grandes protagonistas de estas últimas décadas, sin embargo, el complejo entramado de factores, económicos, políticos, sociales y culturales han limitado la importancia de los factores ambientales, desplazando el interés de la sociedad a temas de menor relevancia, provocando con ello, ciertas ausencias de valoración al ambiente. Aunque la futura realidad se ofrece al mundo como un caótico escenario de desastres, estas mismas circunstancias han motivado al desarrollo de metodologías de investigación y educación en temas ambientales. Aunque los beneficios de una nueva conciencia ambiental, sustentable y responsable todavía no son visibles, ya se aprecian elementos que apuntan al desarrollo de posibilidades de concientización de la problemática ambiental por la que atraviesa el mundo.

La multiplicidad de variantes en las distintas dimensiones que hemos comentado, dificulta y complejiza el enriquecimiento de la formación del futuro licenciado en Derecho que deberá tener conciencia, vocación de servicio y compromiso social para ser lo suficientemente sensible, reflexionar sobre su rol social y ejercitar acciones pertinentes que conduzcan a la inmediata transformación del medio en el que se desenvuelve conforme a las necesidades que el mismo entorno le manifiesta, como necesidades fundamentales de ser satisfechas.


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