LAS INSTITUCIONES DE LO PÚBLICO

La institucionalidad del Sector Público o también llamado por algunos autores Rectoría Económica, está conformado por leyes que se encuentran regidas por la constitución Política, así como la Ley organiza de la Administración Pública federal, situación que en el capitulo anterior manifestamos en base a la importancia de las Instituciones en dicho Sector Público ya que en relación a su organización, se determinan diversos factores, atributos y decisión de las políticas públicas.

Las Instituciones determinan la autoridad, asi como lo que constituye el gobierno, para con los diversos sectores del país, participando e influyendo en todo momento en todas las áreas que le compete en cuando a producción, mercado, asociaciones, educación, seguridad, principalmente.; todo esto dentro de un marco legal que como dijimos se encuentra regido principalmente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que es la ley suprema y que en relación a los demás en está se dirige el desarrollo económico del país, y con ello beneficia el crecimiento económico, y crea con esto un desarrollo económico, en las posibilidades de fomentar sectores productivos que generen empleo y proporcionen, aporten una mejor distribución de riqueza.

El Estado tiene diversas funciones como son justicia social, organización y fomento económico, ya que legalmente se señala que nuestro sistema económico es mixto, toda vez que se tienen derechos, entre ellos el de propiedad pública, privada y social, situación está que se encuentra regulada en la constitución en sus artículos 25 y 26 en donde se fija la planeación que tendrá el Estado en la vida nacional, en donde este organiza un sistema de desarrollo democrático con fines que lograr mayor productividad en el proyecto nacional, mismo que no permanece estatico sino que constantemente tiene reformas, las que no siempre favorecen a la totalidad de la población, e incluso en algunas ocasiones es abiertamente perjudicial para cierto sector de la población, pero, la responsabilidad del estado es de gobernar y apoyar los factores que ofrezcan mayor crecimiento de desarrollo y tomar decisiones, mismas que no siempre son las más adecuadas para diversos sector de la población.

Para evitar que las medidas o decisiones políticas en las cuales se afecten intereses de los particulares es conveniente que el estado busque alternativas de soluciona o bien concientice a la población de la problemática existente y proporcione en su caso otros satisfactores, porque el hecho de que a un determinado número de población le satisfaga todas sus necesidades y las otras sigan careciendo de ellos podría generar en un problema social de fatales consecuencias, por ello se estima que los presupuestos de egresos que contemple el Estado en el rubro de Gasto Público, sea concordante con el de recaudación, y que desde luego aquel planee bien y priorice las necesidades de los ciudadanos a quienes servirá tal o cual poder y sobre todo que se cumplan los planes de desarrollo estableciendo esa coordinación fiscal propuesta. No basta que se encuentre plasmada en disposiciones sino que es necesario que se materialice buscando su efectividad y eficacia.

Todo lo podemos conjuntar en el marco normativo siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LEYES ORDINARIAS Y SECUNDARIAS

REGLAMENTOS.

México tiene un sistema de gobierno muy parecido y similar que tienen diversos países, esto es en cuanto a que es presidencialista, existen de la misma manera constitucionalmente el poder Judicial y el poder Legislativo, sin embargo tenemos un gran centralismo, el poder del presidente de la república es muy fuerte, viéndose esto en los tres niveles de gobierno, sea Federal, Estatal y Municipal, ya que en todos niveles se observa que la figura de la autoridad es muy fuerte y no siempre ofrecen mejoría al Sector Público, toda vez que ante el abuso de autoridad que se les es permitido, ante el poder que la figura presidencial ha tenido ante el congreso, en cuanto a los planteamientos, y propuestas, no siempre se plantean en beneficio de la mayoría de la población, en este caso se considera de riesgo el poder discrecional que estos tienen ya que en tal sentido y ante ese tipo de decisiones no todo lo que se plantee ante el congreso es beneficio para la población.

La ley orgánica de la administración pública es la establece la forma de organización de la administración pública, misma que a través del estado ejerce sus funciones, y se integra por órganos de la administración pública centralizada y otra que corresponde a órganos de administración paraestatal, misma que corresponden al área de competencia, de ahí la importancia de está ley en cuanto a la capacidad y apertura de la organización en la administración pública en lo que se refiere a todos los niveles, en los términos que aparece en el siguiente recuadro.

En este capítulo igualmente tenemos diversas leyes que regulan jurídicamente diversos aspectos en el desarrollo del país, leyes y reglamentos que en gran medida mantienen directamente el control, producción y distribución de los diversas funciones y atribuciones del estado considerando siempre las estrategias prioritarias para el desarrollo de la economía en el país. Reglamentos y Leyes que constantemente se han ido modificando y adecuando a las necesidades y a los cambios del país, diversas reformas legales con el objeto que estas beneficien los cambios en la población, en la estructura económica, así como mejorar la calidad de servicios tanto de instituciones como la banca, con el propósito de ofrecer beneficio colectivo.

Así mismo las reformas del articulo 28 constitucional en donde manifiesta que el Banco central será autónomo procurando la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda favoreciendo al estado, así como diversas disposiciones en relación a negar se constituya en monopolio su la función que el estado tenga.

En todo momento podemos considerar que la Institución en el Sector público es muy importante y necesaria, para que el país se desarrolle, ya que en la medida en que estas se encuentren bien organizadas, con buen funcionamiento y fuertes, se fortalece la Institución del Estado, o sea el Gobierno y con ello el desarrollo del país, creando un clima de estabilidad en la población .

Podemos decir que las instituciones son importantes en nuestro país para establecer y tener un estado de derecho refiriéndose con esto a la relación que existe entre el estado y el derecho, situación que determina que la vida se desenvuelva en un marco legal, en donde el estado proporcione y mantenga al sector público bajo su control, con la finalidad de que se protejan los derechos de la población, ya que la finalidad del estado es la protección legal de la población.

Ante está situación las personas están preparadas para aceptar las leyes que el estado impone, ya que vive en una sociedad, situación que constantemente se va modificando y en tal sentido también las instituciones por medio de sus leyes y reglamentos se van teniendo reformas que de una u otra forma benefician directamente a la población, sin olvidar como lo dijimos anteriormente esto es en beneficio del desarrollo de la población, ya que con una adecuada organización legal y aplicación de las leyes se obtiene un mejor desarrollo de la población, considerando esto que las necesidades básicas

El sector público está regido por un marco jurídico establecido con sus debidas leyes y reformas contempladas en nuestra Constitución.. Primero que nada el rescate de los marcos legales que tengan credibilidad con el sector público ya que es de suma importancia que vivamos en proceso triunfador, los grandes economistas y estudiosos de la materia han perseguido siempre el sueno que todos podremos lograr, de obtener una base económica cubriendo las necesidades más importantes del sector público, sabiendo distribuir el producto interno bruto, tanto de ingresos como egresos.

Nos dejamos guiar por la soberbia de alguna organización o institución que nos hacen seguir unas reglas que influyen tanto en la distribución de los bienes como en los patrimonios que nos han dejado algunas generaciones mal manejadas en la distribución del Sector Público, por lo que se busca eficientar para competir en los niveles que nos manda el mundo globalizado.

El sector público de la economía mexicana se rige por un conjunto de leyes, que dependen jerárquicamente de la Constitución, como Ley Suprema de toda la Unión, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y un grupo de leyes que determinar su estructura y funcionamiento, sus restricciones, capacidades y atributos en los asuntos de su competencia y particularmente en el diseño y aplicación de políticas públicas.

La Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, estable como obligación del Estado. A dirigir el desarrollo económico del país, a fomentar el crecimiento económico y el empleo, y a promover una justa distribución de la riqueza, teniendo además las siguientes funciones:

a) La plantación, coordinación y orientación de la actividad económica.

b) El fomento de la actividad económica en el marco de una economía de mercado.

c) El logro de la justicia social.

De acuerdo con nuestra Constitución, el sistema económico de nuestro país es mixto con rectoría del estado, la economía es mixta porque coexisten derechos de propiedad pública, privada y social, que determinan la existencia de los diversos sectores de la economía.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se ha definido como el conjunto de normas jurídicas que establecen las formas de organización y reglas de competencia de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, por virtud de las cuales el Estado ejerce sus atribuciones. De lo anterior, se desprende que los órganos de la administración pública se dividieron en dos grupos teniendo cada uno de ellos su propia normatividad. En efecto, el primer grupo corresponde a los órganos que integran la Administración Pública centralizada, quienes se encuentran organizados por funciones y el segundo gripo corresponde a los órganos que forman parte de la administración pública paraestatal, quienes se agruparon de acuerdo con sus funciones económicas y son dirigidos por aquella dependencia del Ejecutivo que corresponda al ramo de su competencia.

El enorme crecimiento de las empresas públicas entre 1955 y 1970 determinó la necesidad de crear un marco jurídico para su coordinación y control, emitiéndose para tales efectos la ley para el control de los organismos y empresas de participación estatal a fin de que en las entidades públicas se registraran, públicaran resultados financieros y contables.

El artículo 26 de la constitución política de los estados unidos mexicanos otorgó a los estados de la república el atributo de participar en la formulación del plan nacional de desarrollo lo que dio inicio para la coordinación intergubernamental estableciéndose también la facultad del ejecutivo de convenir con los gobiernos de los estados en la planeación del desarrollo en materias de salud, educación, infraestructura y fiscalización por medio de convenios de desarrollo y coordinación fiscal. Los convenios de desarrollo han evolucionado significativamente desde 1983 a la fecha, aún cuando se considera que en un sentido estratégico sigue siendo el mismo.

En el año de 1980 se estableció el nuevo sistema nacional de coordinación fiscal sustituyendo al de 1953, estableciéndose los mecanismos de coordinación fiscal entre los tres niveles de gobierno para evitar duplicidades y contradicciones, creándose tres fondos para la concertación fiscal que son: Fondo general de participaciones, fondo financiero complementario de participaciones y el fondo de fomento municipal para otorgar al sistema una mayor flexibilidad.

La contabilidad gubernamental se norma por su fundamento legal y los principios básicos de contabilidad gubernamental, en el ámbito federal, las entidades federativas del país cuentan con normas jurídicas que cada entidad ha promulgado a través de su congreso local y cuyas características pueden variar de una entidad a otra, como de hecho ocurre aún cuando también cuentan con rasgos comunes. Es una práctica normal el que las leyes estatales coincidieran generalmente con las leyes federales, aún cuando existen ciertas excepciones para ajustarse a las necesidades de los gobiernos locales. El fundamento legal de la contabilidad gubernamental se fundamenta en primer lugar en la constitución política de los estados unidos mexicanos, ley orgánica de la administración pública federal, ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal, reglamento de la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal, ley de ingresos de la federación, presupuesto de egresos de la federación, y ley general de deuda pública.

Partiendo de la base de que el derecho tiene como finalidad encausar la conducta de los individuos para hacer posible la vida en sociedad, al vivir en una sociedad regida por leyes y el respeto a las mismas es una condición necesaria para que haya avance económico, para que se desarrolle la sociedad y para que progrese el país, ya que los mexicanos hemos respondido históricamente a las circunstancias con que nos hemos encontrado ya que existen leyes y reglamentos en todas y cada una de las disciplinas jurídicas pero considera que viviremos en un estado de derecho cuando los gobernados como los gobernantes sujetemos nuestra actividad a los límites establecidos en nuestra norma superior que es la constitución y por las leyes secundarias que emanen de ella.

Resulta una opinión generalizada entre los agentes económicos el que sólo en un marco constitucional que garantice explícitamente los derechos de propiedad de los agentes económicos, se pueden realizar eficientemente las actividades económicas características de un régimen capitalista de donde resultaron la enorme importancia que representan las instituciones jurídicas en el desarrollo político y económico de una sociedad.

Es también de explorado derecho que las naciones con más alto nivel de desarrollo han logrado establecer un sistema jurídico imparcial, pronto y expedito y generalmente respetado como una condición necesaria para el ejercicio de la democracia, el funcionamiento del mercado y el crecimiento económico; en cambio, los países en vías de desarrollo no han logrado el respeto y certidumbre que crea un sistema jurídico imparcial pronto y expedito.

Como todo ente económico el sector público no puede estar sin control, tiene una serie de normas que regulan su buen funcionamiento las cuales se derivan de la Constitución, La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras más que le dan institucionalidad al sector público, por medio de esas leyes se les da una base estructurada a las funciones y actividades del gobierno, reflejando las limitaciones, obligaciones y capacidades de su competencia. Estas instituciones son el enlace entre las figuras de los tres poderes, como lo son el presidente, gabinete, Congreso, principalmente; los diferentes acuerdos que se puedan tomar entre estas partes sin duda beneficiaran a unos grupos más que a otros, las instituciones deberían beneficiar a todos por igual, aunque la realidad no todas las instituciones fueron diseñadas para eso, ya que si eso ocurriera saldrían afectados las pocas personas que podrían obtener algún beneficio, esto de beneficiar a todos difícilmente se logra en la actualidad. El poder lamentablemente sigue ejerciendo un papel clave en este contexto, dándoles algunas ventajas a los grupos que tengan recursos sobre los que no.

Ciertamente la constitución le deja al estado la responsabilidad del desarrollo económico, pero además de eso le deja: la justicia social, la plantación, coordinación y orientación de la actividad económica, es por eso que en nuestra actualidad tenemos tantas organizaciones, leyes y reglamentos que nos ayuden a lograr los objetivos que nos marcan nuestra constitución, cada una con sus actividades que van desde las federaciones hasta los municipios, sin estas normas o formas de hacer las cosas todos quedaríamos sujetos a la disposición de la burocracia y sufrir por las decisiones de un gobierno sin rumbo.

Todos los objetivos de cada una de las instituciones del gobierno nos llevaran a garantizar la seguridad social, proteger las garantías individuales de los individuos, satisfacer las necesidades básicas de los más pobres, principalmente., para ello fue necesario hacer leyes que regulen todas las actividades económicas, políticas y sociales de la sociedad, pero eso no quiere decir que con solo tenerlas bastara para estar en un pleno estado de derecho como sociedad, debemos respetarlas todos por igual y aunque se diga que los mexicanos solo tenemos las leyes para quebrantarlas , también es cierto que hemos avanzado un poco en ese aspecto pero aun no es suficiente para fomentar en la población una plena seguridad de que sus garantías individuales no se verán afectadas.

Todas estas normas o reglamentos que hemos mencionado van desde la plantación de cualquier programa, hasta el control del mismo, dándole un proceso a cada actividad con la finalidad de controlar hasta el más mínimo movimiento económico, político o social, como por ejemplo: Ley para el control de los organismos y empresas de participación estatal, Ley General de deuda pública, Reglamento de la Ley de presupuesto, contabilidad, y gasto público federal, Ley de ingresos del estado, principalmente.

Estas son solo unas pocas normas por medio de la cuales el estado regula sus funciones actividades. Conforme pasaron los años nuestras leyes sufrieron algunos cambios para manejar un numero hablaremos de 350 reformas y 98 artículos reformados, todo con el fin de adaptarnos a los cambios que ha sufrido nuestro país. Un país que tiene leyes rígidas será un país que tendrá como consecuencia un desarrollo económico.

El hecho de que no avancemos como sociedad no recae en la falta de leyes, al contrario en nuestro país tenemos bastantes reglamentos que nos indican la forma de hacer las cosas, también tenemos bastantes instituciones del sector público que se encargan de verificar que eso se cumpla, más bien yo creo que para lograr que nuestras leyes e instituciones lleguen al fin para el cual fueron creados es en gran medida responsabilidad de los gobernantes, que en muchos de los casos estos solo se preocupan por el bienestar propio más por el es su trabajo.

Otro punto importante que debemos tener muy en cuenta para lograr un desarrollo económico es que todo va cambiando con el paso de los anos y es necesario que nuestras leyes también se reformen para modernizarnos como país, y poder enfrentar los cambios mundiales. De lo contrario llegara un momento en que nuestras leyes serán obsoletas y las necesidades de nuestra sociedad serán incontrolables.

En México todo lo referente al sector público se encuentra regido por un marco legal que se encuentra presidido por la constitución, la ley orgánica de la Administración Pública federal y otras leyes reglamentarias., las cuales de una manera expresa y directa le confieren institucionalidad a la organización del sector p+ublico.

Las instituciones gubernamentales definen la autoridad formal entre las diferentes instancias que componen al gobierno.

Es importante hacer notar que las instituciones están dirigidas a favorecer a todos los grupos sociales y económicos, pero ciertamente rara vez sucede. En la realidad las mismas instituciones de gobierno perjudican sin intención a unos grupos y favorecen a otros y esto sucede en virtud de que las instituciones no se encuentran bien diseñadas para conceder beneficios a todos por igual.

Al estado mexicano se le han asignado otras tareas que no era posible encontrarlas en el diseño tradicional de gobierno y, estas nuevas funciones se refieren a planeación de la actividad económica, fomentar la actividad económica en el marco de la globalización y una participación más directa en el logro de la justicia social.

De acuerdo con nuestra constitución la rectoría de la economía está a cargo del estado, economía que es mixta, donde participan derechos de propiedad social, privada y pública. El artículo 27 constitucional permite en México la participación de diferentes formas de propiedad como e la estatal o pública, social y privada. Los artículos 25 y 26 de la carta magna señalan lineamientos del estado en la dirección de la economía nacional.

El marco constitucional mexicano no ha permanecido inerte, sino que se ha ido modificando y adecuando a las demandas de la sociedad moderna y sobre todo con la finalidad de ponerse a la vanguardia en el desarrollo que se ha presentado en otros países altamente industrializados.

A partir de 1917 la constitución mexicana a tenido 350 reformas en 98 de sus artículos y el articulo que más reformas a soportado es el 73 con 41 reformas.

El parlamentarismo se nota cada día más en México en su ánimo e fortalecer la democracia, en la situación de que el titular del poder ejecutivo está bajo el control del poder legislativo, ya que como titular de la administración pública tiene que recurrir ante el legislativo a rendir cuentas además de que también se requiere de la aprobación de este ultimo poder para poner en vigencia la denominada ley de ingresos de la federación que en coordinación con el presupuesto de egresos son pilar de la economía nacional a través del gasto público

El banco de México tiene una reforma radical, para que como banca central pueda entrar al control en el nivel de precios., para que en la política monetaria pueda tener un determinado grado de confianza en la población nacional y pueda darse la participación de la inversión extranjera ., El banco de México puede establecer por si mismo leyes que permitan tener una buena regulación de crédito y otras prestaciones de servicios financieros, además e que este banco actuara como monopolio en la emisión de billetes.

No cabe duda que vivir en una sociedad regida por leyes y de respeto a las mismas es una buena medida para participar en un desarrollo económico, ya que avanza la población y por consecuencia progresa el país.

Se hacen recomendaciones para mejorar el funcionamiento del poder legislativo como establecer sistemas de accesoria técnica que mejoren las leyes, favorecer con participación de la ciudadanía del intercambio de opiniones e información.

Para la modernización del sistema de justicia se invita a superar obsoletas leyes, creando leyes para las nuevas necesidades sociales., fortalecer la independencia del sistema judicial así como modernizar la infraestructura física de los inmuebles y lugares en que se hace la impartición de justicia.

El sector público está alarmado por un conjuntos de leyes que regulan y facultan sus actividades un ejemplo de está leyes lo es: la ley orgánica del amistoso pública federal que contienen institucionalidad y de tiene la autoridad formal entre la diferentes partes que constituyen al gobierno.

Esta leyes y reglamentos son importantes dentro de el sector público en virtud que determinan, faculta, organiza, imponen las bases en la que cada institución cada ente público deberá obedecer sin salirse del marco jurídico en que está enmarcado, para con ello documenta de crecimiento económico del empleo y por ende promover una justa redistribución de la riqueza, el estado tiene asignada tareas fundamentales como lo son dirigir planear y orientar la economía, fomentar la actividad económica dentro de un mercado reglamentado por normas jurídicas y buscar el anhelado logro de la justicia social.

En México coexisten los derechos de propiedad social y propiedad privada, dos figuras de diferentes corrientes económicas como lo son: el socialismo y el capitalismo determinando si lo que hoy conocemos como economía mixta enmarcada fundamentalmente los artículos 25 y 26 constitucionales donde se establece la rectoría del estado sobre desarrollo social para garantizar la fortaleza y soberanía y su régimen democrático mediante el fomento del empleo y una más justa distribución de los ingresos y las riquezas así pues también estado tiene la obligación de garantizar la equidad y crecimiento del economía en el 40 los principales principios normativos de sector público.

El sector público no se ha quedado estático, como la mayoría de los países y defiéndannos acaso en México este ha evolucionado, combases en ordenamientos jurídicos dando paso al régimen democrático que permite la competencia entre distintos agentes para legislar la constitución de funciones y contenidos que permitan el desarrollo económico, político, social y democrático de distintos grupos el sistema presidencialista, es un sistema característico en la mayoría de los países latinoamericanos, México tiene formalmente un sistema político democrático. En el cual México a pesar de hablarse de un sistema federal, en la práctica este es un sistema muy centralizado con pocas restricciones reales.

En México se habla de un pacto federal, se habla de democracia, se refiere la historia los políticos con la verbigracia segura de la democracia se instituyó hace más de 65 años cuando en verdad no formuló pues si, puesto que surgió la figura del presidencialismo donde pesar de haber un congreso plagado de representantes de los estados como lo son los senadores y del pueblo como lo son los diputados, el presidente imponía la directriz de un país sin importar el verdadero consenso y voluntad de los integrantes del poder legislativo, es decir, la mayoría de nuestros representantes en el congreso asistían para levantar su brazo y con ello da su voto si ni siquiera conocer el contenido de las iniciativas del presidente enviaba para su aprobación, a eso se le puede llamar democracia, cuando creo que nos autor, no le tocó conocer, la realidad de hoy donde podemos referirnos el presidente ya no dirige totalmente el destino del país, como anteriormente llevaba a cabo.

Para lograr la institucionalidad del sector público mexicano se creó la ley orgánica de la administración pública federal, dicho ordenamiento consagra y contienen el conjunto de normas jurídicas establecen las formas de organización y de la de competencia de la administración pública tanto centralizada como paraestatal.

El crecimiento abrupto del sector público en los años setenta se dio la necesidad de crear una romana normatividad en materia de coordinación entre niveles de gobierno así como directrices encaminadas al desarrollo sustentable y sostenido en la economía del país surgiendo con ello lo que hoy se conoce como en la nacional de desarrollo que hoy en día cada sexenio, se presenta para poder visualizar las Aries de planeación estratégica inversiones públicas, especialmente orientadas a las por las política social.

El banco interamericano les una serie de recomendaciones a México para modernizar el poder ejecutivo, legislativo y judicial en los que destacan principalmente en defiéndannos al poder ejecutivo una promoción de servicio civil profesional así como también una verdadera reforma administrativa que mejore la eficacia de la sesión estatal.

Incrementar la capacidad de supervisión y control para establecer mayor transparencia y responsabilidad en áreas asesinadas a la administración financiera.

Incrementar a la mayor brevedad la descentralización del estado, especialmente en ámbitos de la reforma institucional para mejorar la coordinación vertical horizontal, desequilibrios regionales y favorecer la participación de la sociedad civil, con ello México se ven la necesidad de privatizar la mayoría de sus empresas públicas por las frecuentes presiones internacionales a la apertura de libre mercado y globalización.

En el ámbito del poder legislativo la recomendaciones que hace el banco interamericano para mejorar el funcionamiento del mismo, solicitan que este órgano mejore la caída de las leyes que promulga, que establezca medios de información en datos para la disponibilidad de información a la opinión pública a los estudiosos ya la sociedad en general, lo que hoy conocemos como la transparencia.

En ese orden de ideas al poder judicial le solicita la adecuación de leyes a las nuevas necesidades sociales así como mejorar los mecanismos de defensa de los derechos de la propiedad y los individuos.

Formación y capacitación de sus recursos humanos en área de impartición de justicia, la modernización de la de su infraestructura, de independencia de un sistema judicial, que ya no dependa el poder ejecutivo, y por último la creación de programa de asistencia el caso legal y popular para lograr un verdadero acercamiento con la sociedad escasos recursos y que tienen mayor dificultad para acceder a la justicia.

Así, México muestra su voluntad de acceder a una modernidad fundamentada en la democracia, en igualdad de oportunidades, un estado de derecho y un libre mercado y esto no se logrará hasta que no se castigue la desobediencia de la leyes, y con ello ceñí en los ha régimen de ley respetando lo vitoreando nos dentro de una sociedad pues en México históricamente se ha encontrado la una realidad económica, política y social donde se rige en un estado derecho.

En nuestra sociedad actual donde subyace la necesidad de las instituciones para controlar, evaluar y fiscalizar los costos del sector público en virtud que este tipo de instituciones hacen más eficiente el trabajo pero diferentes órganos integraran estado, y con ello lograr un verdadero federalismo, es decir, que todos y cada uno de las entidades federativas cubran los gastos originados por el sostenimiento operativo, así pues lograr la descentralización tanto la toma de decisiones como en la asignación del presupuesto de ingresos y egresos.

Es necesario precisar que un sector público sin marco jurídico no existiría por ende se estipula el conjunto de leyes y reglamentos tanto normativos como estructurales en nuestro país que se logra modificando la constitución para adaptarse a las condiciones cambiantes de nuestra sociedad y de nuestra economía

Por supuesto que el sector público está reglamentado por una serie de leyes que en desde el punto de vista jerárquico parte en de la constitución general de la república. Las diferentes leyes y sus reglamentos son importantes ya que se observan o se violan.

Desde luego, se necesitan reglas claras y transparentes, ello porque el sector público no debe estar sujeto a la discrecionalidad de la burocracia y sobre todo de los agentes económicos; así, la constitución mexicana obliga al estado a dirigir el desarrollo de la nación, básicamente con los siguientes: la planeación, la coordinación y orientación de la actividad económica, el fomento del economía en el marco de un libre mercado, y la búsqueda de la justicia social.

En México la estructura de la constitución mexicana está formada por un sistema presidencialista y con tres ramas de gobierno, tales como el ejecutivo, el legislativo y judicial, teniendo la idea el constituyente de lograr un equilibrio de poderes-sistema federal con autonomía respecto de los gobiernos de los estados y de los municipios.

Particularmente, la ley orgánica de la administración pública, contienen el conjunto de normas jurídicas establecen las la forma de organizar y la competencia de la administración pública federal centralizada y paraestatal.

También la ley para el control de los organismos y en presas de participación estatal, se crean por la necesidad de contar con un marco jurídico para la coordinación y control de las empresas públicas, registrando y públicando sus resultados financieros y contables.

Es importante comentar, que la normatividad de la contabilidad gubernamental de las entidades federativas está integrada por las normas jurídicas que cada estado ha promulgado a través de su congreso local; igualmente existe un sistema de coordinación fiscal, mediante el cual se han creado fondos para la asignación de recursos a los estados de la república.

Siguiendo con el concepto de contabilidad gubernamental, este comprende la captación y el registro de las operaciones financieras, presupuéstales y la consecución de metas de las entidades.

También, las constituciones de cada uno de los estados de la república, establece las facultades y obligaciones del gobernador, la administración estatal debe cuidar el uso, la recaudación y la distribución de los fondos públicos sujetos a la ley.

Para que haya avance económico, es condición indispensable que la sociedad viva regida por las leyes y que exista una cultura de respecto precisamente a la ley; por ello la constitución constantemente sufre reformas con el fin de adaptarse a las condiciones existentes, es decir el de homologar la realidad de derecho con la realidad de hecho.

Las instituciones que norman la vida del sector público son cruciales para definir su organización. De ellos depende la menor o mayor eficiencia del sector público, por ende el sector público está regulado en sus acciones por una pluralidad de leyes, acuerdos, decretos y reglamentos que tienen su base en la ley fundamental.

La Constitución en los artículos 25, 26, 27, y 28 fija un orden y manda que el Estado es el que tiene la función de dirigir el desarrollo económico de la nación, a través de funciones básicas de planeación, coordinación y orientación de la actividad económica en el marco de una economía de mercado, pues una sociedad que no rige su actuación a través de las leyes vive en la anarquía o en una jungla donde manda el más poderoso y no logra avance de ningún tipo ( avance político, social, económico, y demás), además de la Constitución como principal norma que rige al sector público y define al Estado como unidad nacional, existe la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley para el Control de Organizaciones y empresas de participación Estatal, El sistema de coordinación fiscal entre los tres niveles de gobierno, Ley de Presupuesto, Control y Gasto Público Federal, Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos, Ley General de Deuda Pública y en los Estados de la República la misma reglamentación pero de aplicación territorial.

El problema institucional es que a veces las leyes son obsoletas o son ignoradas o son contradictorias o son excluyentes o a veces no existe la disposición necesaria para regular una situación determinada.- La organización es siempre preactiva, lo que quiere decir que las empresas deben estar pendientes por mejorar hacia dentro,-eficiencia- y hacia fuera eficaces, es decir generando el cambio sinergético y generando progreso.—Todo ello además hace que las instituciones sean reactivas, establecen el pacto social, el reparto social fundamentada en la propiedad privada, garantizando el justo reparto a los dueños del capital y organizaciones sociales al trabajo y a la productividad.

A pesar de las múltiples reformas que ha tenido el marco normativo o Institucional del sector público, es necesario la constante de modernizar los sistemas administrativos en todos los sectores de gobierno para alcanzar un verdadero Estado de Derecho.

Un alto desarrollo (político, económico, social, democrático) solo es posible a través de un sistema jurídico imparcial que equilibre a todos los factores reales o agentes económicos, políticos y grupos de interés, como una condición ineludible para promover la igualdad de aportaciones y garantizar las necesidades básicas o de bienestar de cada uno.- Pienso además , que un sistema político debe tener un gobierno donde los gobernados participen activamente en la locución de los problemas de los gobernados en forma colectiva, con programas que provean el bienestar de cada uno, con valores explícitamente referidos en el marco constitucional con respeto, tolerancia, responsabilidad y hacer posible que haya desarrollo económico con empleo y con una justa distribución de la riqueza para un equilibrio de justicia social.

Aquí vamos a mencionar a las instituciones que señalan el camino para las operaciones en el marco de una economía mixta. El sector público está regido por un conjunto de leyes que jerárquicamente parten de la constitución, las instituciones son resultado de una elección de los agentes económicos, incluido el gobierno. Sin reglas claras y transparentes el sector público estaría sujeto a la discrecionalidad de la burocracia y los agentes económicos vivirían en la incertidumbre y padecerían las consecuencias de un gobierno sin control. El estado que desobedecer lo que dice la constitución la cual le dice cómo tiene que dirigir el desarrollo económico de la nación, con base en las siguientes funciones: planeación, coordinación y orientación de la actividad económica; en el marco de una economía de mercado; el logro de justicia social.

Por su parte el artículo 26 constitucional exige la planeación democrática de la vida nacional así determinan que el estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento del economía a la independencia y la democratización, política, social y cultural de la nación. En la práctica sin embargo es un sistema muy centralizado crear tuvo con poca restricciones reales, el poder discrecional del presidente es grande y los otros poderes no tienen todavía suficiente autonomía. Estas características se reproducen en el nivel de los gobiernos estatales, lo anterior es entendible ya que durante los últimos 65 años la característica básica del régimen político ha sido la existencia de un sistema presidencialista fuerte y de un partido dominante ligado estrechamente al estado ello ha permitido que las funciones fueran establecidas de un modo o de otro por los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en los niveles federales y estatales, todos ellos afiliados al partido oficial dominante, está es la razón por la cual la constitución le confirió al presidente de la república un poder extraordinario para reformarla.

Analizando las diferentes leyes de la administración pública federal así como todas las reformas que está contempla en los últimos años y que tienen relación directa en el sector público y sus instituciones porque se organizan las empresas de participación estatal, organizaciones auxiliares todas las entidades de administración paraestatal para unificar decisiones y cada una revise y resuelva los asuntos de su competencia, de ahí que se analiza la ley orgánica de la administración pública federal de la ley para el control de los organismos y empresas de participación estatal normatividad de la coordinación intergubernamental, la el presupuesto contable y gasto público federal, reglamento de la ley de presupuesto contable y gasto público, normatividad para la administración pública de los estados de la república, donde se incluyen las constituciones políticas de los estados, la leyes orgánicas de administración pública de los estados de la república, las leyes de presupuesto contable y gasto público estatales y las leyes de presupuesto de egresos, todas en un ámbito estatal.

La ley para el control organismos y empresas de participación estatal, surge por la necesidad de contar con un marco jurídico para la coordinación y control de las empresas públicas, registrando sus resultados finales y contables. El convenio único de desarrollo tiene el objetivo de instrumentar la política de desarrollo regional contenía el plan nacional de desarrollo a través de la coordinación de los distintos niveles de gobierno. Dentro de la coordinación fiscal se han creado diversos fondos para la asignación de recursos a los estados. En el ámbito social del gobierno es cada vez más consciente la importancia de promover la igualdad de oportunidades y la satisfacción de las necesidades básicas de la población como educación salud y vivienda para México es una condición indispensable que con éxito se lleven a cabo la reformas para lograr la modernidad plena del existencia de un verdadero estado de derecho.

Las constituciones de los estados establecen las facultades y obligaciones del gobernador; la administración estatal cuidará el uso, recaudación y distribución de los fondos públicos con arreglo a la ley también podemos ver que la constitución ha sufrido y seguirá sufriendo cierre tras reformas con el fin de adaptarse a las condiciones cambiantes del país una sociedad que viva regida por las leyes y respeto de las mismas es una condición necesaria para que haya avance económico.

Conversar que el ejecutivo desde 1985 se ha comprometido es lícitamente a retirarse de la actividad económica y a promover la productividad, no se cuenta con un marco jurídico a la altura del compromiso. La reducción de la discrecionalidad burocrática deberá ir acompañada de las restricciones a la actuación del poder ejecutivo en materia económica y los límites de las reformas constitucionales ya que el de lo contrario no podrá llevarse a la práctica el principio de que para el la autoridad está prohibido todo lo que no está expresamente emitido en las leyes, la constitución debe incluir sólo principios fundamentales como la división de poderes, la democracia los derechos humanos y dejar que los programas económicos sólo se refleje el leyes secundarias siempre y cuando no violen los principios fundamentales.

La institucionalidad del sector público son el conjunto de normas que regulan la manera en cómo se organiza el gobierno.

Las principales instituciones del sector público son:

La constitución política de los estados unidos mexicanos que le corresponde promover el desarrollo económico del país, empleo y la distribución de la riqueza.

La ley orgánica de la administración pública federal, que son las leyes que se encargan de organizar la administración pública federal centralizada y paraestatal.

La ley para el control de los organismos y empresas de participación estatal, son las leyes para el control de las empresas públicas en cuanto a su estado financiero.

La normatividad de la coordinación intergubernamental.

La planeación del desarrollo y coordinación entre niveles de gobierno.

La ley de Coordinación fiscal.

La Normatividad de la contabilidad gubernamental que son las leyes que tiene cada entidad.

La ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal que son las leyes que contienen la forma en que deben llevarse tanto la contabilidad como el gasto público.

Reglamento de la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público son reglas relacionadas a la contabilidad gubernamental.

Normatividad para la administración pública de los estados de la república contiene las obligaciones y facultades del gobernador.

La problemática en cuanto a la institución se refiere a que las leyes no se adecuan a un nuevo modo de vida porque aun que existan leyes en nuestro país nuestra sociedad no vive dentro de un estado de derecho.

Se sugiere al respecto que todo debe estar previsto por la ley modificándolas para el bienestar del país.

Indudablemente las leyes son una parte primordial en una sociedad, no se puede concebir una vida sin reglas ya que son de utilidad para regular la conducta de los individuos en todas sus actividades con el fin de lograr la armonía en sus relaciones con los demás, y es solo así como la comunidad puede progresar.

El sector público de la economía está normado esencialmente y primordialmente de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de está se desprenden la organización, funcionamiento del estado (dirigir el desarrollo económico, fomentar el crecimiento económico, empleo y distribuir justamente la riqueza) finalmente establece el sistema económico es mixto (existe la propiedad privada, pública y social). En concreto los artículos que hacen alarde al tema en cuestión son el 25 y 26 (éstas hablan de la obligación del estado por tener una economía nacional y del desarrollo de está en conjunto de una planeación democrática de la vida nacional) dentro de está planeación encontramos la división de poderes a manera concreta primero es constitución, después y a la par dentro de está división se encuentran la división de poderes y los estados de la federación, la idea del constituyente originario ha sido modificada en el transcurso del tiempo en algunos casos adecuando será la actualidad y en otros por conveniencia propia del ejecutivo, porque recordemos que nuestro país ha sido siempre un país presidencialista desde que surgió la democracia, aunque es sabido que éste tenía injerencias con los otros dos poderes, este sistema es totalmente parecido a muchos países desarrollados, la esencia de la constitución es que el estado se tiene que supeditar estrictamente a los lineamientos y reglas de competencia.

El surgimiento de leyes complementarias en auxilio a la constitución nacen y existen por el simple hecho de regular cada caso concreto por ejemplo tenemos la ley orgánica de la administración pública federal en está se establecen las formas de organización y competencia entre la administración pública federal y paraestatales haciendo una división donde con un lado está la administración centralizada y lo organiza por funciones específicas, por otra parte están las paraestatales aquí se dividen por la función pero dentro de un ramo de competencia en una de las dependencias del ejecutivo, lo importante de está ley es que tiene capacidad de organización para la administración.

Otra ley complementaria es la del control de los organismos y empresas de participación estatal, surgiendo está por la eminente necesidad de contar con un marco jurídico para su control, otras leyes serían la de coordinación, el plan de desarrollo y coordinación entre niveles de gobierno, coordinación fiscal, normatividad en la contabilidad gubernamental, ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal, reglamentos de la ley de presupuestos contabilidad y gasto público y muchos más cada ley ha sido creada para subsanar y cumplir con la exigencia requerida en determinado momento o circunstancia y claro para tener un mejor manejo y control de los organismos del estado. El artículo 28 de la constitución también ha sido reformado con el fin de poner un candado a ciertos intereses primordiales de la nación mexicana, se habla también de la independencia que tiene la secretaría de hacienda y crédito público ya que por medio de esta se obtienen los recursos para el funcionamiento del estado.

Todo está regido por la constitución de que nacen las figuras, funciones, prohibiciones del estado, establece que estamos en un país presidencialista aunque formalmente somos democráticos, la división de poderes presuponiendo la igualdad entre ellos los diferentes reglamentos que existen y el porque de ellos así como de las constantes reformas de que ha sido objeto la constitución supone que el estado debe de existir respetando la idea original y viendo lo de su enfoque de economistas hacen alarde a la función primordial de las secretarías de crédito público porque de ésta surgen los recursos con que se van a llevar a cabo o dadas las funciones del estado en sí, así como de la reforma que le da independencia al banco de México para que pueda dar rumbo al desarrollo económico del país necesite.

Lo anterior me indica que de acuerdo al los grupos financieros y económicos se puede fijar la institucionalidad del sector público lo que no concuerda con los preceptos constitucionales del trato por igual a todos los individuos, además me molesta la justificación de la ineficiencia de un sector público propuesta de acuerdo a los grupos de poder, lo cual se complica si retomamos el punto de la globalización y los intereses del capital internacional, donde el estado se debilita en su accionar por el bienestar de la población, a favor de grupos y instituciones ajenas.

El sistema de economía mixta no está presente en la constitución en ningún párrafo, no emana de ella este sistema de producción, dónde el estado vigila la actividad productiva e interviene a favor de los propios ciudadanos, la constitución nos da la libertad de expresión, de culto, de transito, de trabajar en lo que queramos, siempre y cuando no contravengamos los preceptos legales y sociales de nuestra sociedad, lo cual sería un delito y el sector público a través de sus órganos judiciales tendría que sancionarlo mientras somos libres, el sector público solo tendrá que conducir y regular la economía de acuerdo a esto y al su obligación de procurar el desarrollo y crecimiento de lo población, sea cual sea su grupo u organismo. Como lo dice el propio artículo 26 constitucional, “el estado organizara un sistema de plantación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía.

Otro aspecto que solo menciona y no concreta es el relacionado a la burocracia la cual pareciera ser un barril sin fondo de confusión, primeramente menciona que las tareas públicas son organizadas para mantener la continuidad, sobre la base de reglas de gobernación establecidas, donde dichas reglas son técnicas y legales. Terminando con que en el sector público no existe un interés dominante que no es el interés público. Lo que contradice lo mencionado inicialmente al referirse a la influencia de los grupos de poder.

Posteriormente se define el Estado de derecho el cual consiste en la vigencia efectiva de un orden constitucional con leyes estables e iguales para todos que el gobierno respeta en forma cabal y que reduce al mínimo la coerción necesaria para que los mexicanos la cumplan, por aquí se tendría que haber iniciado la discusión que no. Sin embargo no hace ninguna mención de importancia al sistema federal y a los sistemas estatales de gobierno no entra en la polémica del centralismo y solo menciona que existen pero no describe como es está delegación de poderes y el surgimiento de otro sector público estatal diferente al federal.

Considero que está ultima parte podría ser mucho más importante definir pues de alguna manera que los ciudadanos tenemos que lidiar con dos sectores públicos y con dos tipos de burocracia que al final no responden al los mismos intereses o grupos. Donde los trámites y ventanillas se multiplican en lugar de reducirse y que al fin de cuentas no son más que una doble carga para el contribuyente al momento de pagar impuestos que terminan en sueldos de burócratas.

El sector público de la economía mexicana está formado por un conjunto de leyes que jerárquicamente parten de la constitución, la ley orgánica de la administración pública federal y un grupo de leyes que le confieren institucionalidad a las distintas funciones y organismos del sector público. La institucionalidad está inserta en el sistema político que define la forma de organización y la estructura institucional del gobierno. Estas características determinan las restricciones, capacidades y atributos del sector público en los asuntos de su competencia y particularmente en el diseño y aplicación de políticas públicas.

Las instituciones son el resultado de una elección de los agentes económicos, incluido el gobierno. Las instituciones define la autoridad formal entre las diferentes partes que constituyen al gobierno. Además, fija las reglas del juego escritas para el intercambio entre los distintos actores: Presidente, Gabinete, Congreso, Partidos políticos y grupos de interés. Las instituciones influyen en las miles de pequeñas decisiones que el sector público toma todos los días.

Las instituciones deberían favorecer a todos los grupos, pero en la práctica no es posible ya que en unos casos perjudican a unos grupos y favorecen a otros, además las instituciones no siempre son diseñadas para favorecer actos por igual porque si las reglas fueran diseñadas limpiamente esto perjudicaría a las personas que podrían obtener beneficios.

Dentro del marco constitucional del sector público nos referiremos en primer lugar a nuestra carta magna que es quién ordena al estado dirigir el desarrollo de la nación, a fomentar el crecimiento económico y el empleo y a promover una justa distribución de la riqueza. Al estado además de corresponden las siguientes funciones:

a) La planeación, coordinación y orientación de la actividad económica.

b) El fomento de la actividad económica en el marco de una economía de mercado

c) El logro de la justicia social.

De acuerdo con la constitución el sistema económico es mixto porque coexisten derechos de propiedad privada, pública y social que determinan la existencia de los sectores de la economía, además se establece la forma de propiedad privada pública y social

Los artículos 25 y 26 constitucionales establecen cuáles son las obligaciones del estado en la conducción del economía nacional de artículos 25 constitucional establece la rectoría del estado sobre el desarrollo nacional

Existen principios normativos del sector público: las tareas de las instituciones públicas son decididas por los políticos y la administración está basada en el criterio y tiende a realizar a una organización burocrática que es el centro de la administración pública moderna.

Por su parte el artículo 26 constitucional exige la planeación democrática de la vida nacional así determinan que el estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización, política, social y cultural de la nación

En la práctica sin embargo es un sistema muy centralizado y que actúa con pocas restricciones reales. El poder discrecional del presidente es grande y los otros poderes no tienen todavía suficiente autonomía. Estas características se reproducen en el nivel de los gobiernos estatales. Lo anterior es entendible ya que durante los últimos 65 años la característica básica del régimen político ha sido la existencia de un sistema presidencialista fuerte y dé un partido dominante ligado estrechamente al estado ello ha permitido que la funciones fueron establecidas de un modo o de otro por los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo y judicial en los niveles federal y estatal, todos ellos afiliados al partido oficial dominante. En la razón por la cual la constitución le confirió el presidente de la república un poder extraordinario para reformarla.

El presidencialismo es generalmente descrito como presidencialista para subrayar la notable importancia que tiene el presidente en la toma de decisiones de distinta naturaleza y en la legitimación política el crecimiento del sector público siempre ha sido en base importante para emplear más burócratas ya que el presidente tiene suficientes atributos en la economía presidencial.

La democracia en México debe fijarse por medio del parlamentarismo, y se consideran varias razones por las cuales se justifica está idea de ahí que plantea la solución al problema del presidencialismo que establece la constitución si tomamos en cuenta que se fijarían controles al poder ejecutivo para recuperar el verdadero espíritu del constitucionalismo, es decir que la ley esté por encima de poder, favorecer una representatividad ya no sustentada en una persona que supone una comunidad homogénea y unánime sino un órgano colegiado que refleje la pluralidad, los consensos y los disensos presentes en la sociedad, y así dejar de depender del temperamento de una persona

El parlamentarismo es el régimen institucional en el cual el ejecutivo está bajo el control efectivo del poder legislativo, el cual tiene como sustento principal a la constitución, esto quiere decir que el gobierno es nombrado, rinde cuentas y es responsable ante el congreso, está es la justificación de las reformas de los artículos 28 y 123 constitucionales

En México existen leyes y reglamentos para todo de ahí que tenemos una sociedad regida por leyes y el respeto a las mismas es una condición necesaria para que haya avance económico, para que se desarrolle la sociedad y para que progrese el país, sin embargo el que toda actividad económica, política y social tenga un marco jurídico no equivale a vivir dentro de un verdadero estado de derecho. Se cuenta con una estado de derecho cuando la actividad tanto de los gobernados como de los gobernantes se halla garantizada y limitada a la vez por una norma superior que es la constitución. El estado de derecho consiste en la vigencia efectiva de un orden nacional por leyes estatales e iguales para todos, que el gobierno respete en forma cabal y que se reduzcan al mínimo la coerción necesaria para que los ciudadanos las cumplan.

De nada sirve transformar la economía, modificar la relación entre el gobierno y la sociedad y crear nuevas condiciones para el empleo, la producción, las inversiones, los procesos electorales, los derechos civiles, si las leyes y la legalidad no son la excelencia de las relaciones que tienen estos ámbitos. Sino modificamos nuestra realidad jurídica, la posibilidad de alcanzar el desarrollo se verá francamente disminuida. Lo determinante en el concepto del estado derecho no es que el estado reglamente mediante preceptos jurídicos la vida que en el se desarrolla ni que limite sus fines a la realización del derecho, sino que este estado eleva el derecho a condición fundamental de su existencia.

En el ámbito social del gobierno es cada vez más consciente de la importancia de promover la igualdad de oportunidades y la satisfacción de las necesidades básicas de la población como educación salud y vivienda para México es una condición indispensable que con éxito se lleven a cabo las reformas para lograr la modernidad plena de la existencia de un verdadero estado de derecho

A pesar que el ejecutivo desde 1985 se ha comprometido explícitamente a retirarse de la actividad económica y a promover la productividad, no se cuenta un marco jurídico a la altura del comprometido. La reducción de la discrecionalidad burocrática deberá ir acompañadas de la elaboración de un marco normativo que a partir de la constitución decida en forma explícita las restricciones a la actuación del poder ejecutivo en materia económica y los límites de las reformas constitucionales ya que de lo contrario no podrá llevarse a la práctica el principio de que para la autoridad está prohibido todo lo que no está expresamente emitido en las leyes, la constitución debe incluir sólo principios fundamentales como la división de poderes, la democracia y los derechos humanos y dejar que los programas económicos sólo se reflejen en leyes secundarias siempre y cuando no violen los principios fundamentales.

Es claro que el sector público está regido por un conjunto de leyes que jerárquicamente parten de la constitución. Sin reglas claras y transparentes el sector público estaría sujeto a la discrecionalidad de la burocracia y los agentes económicos y vivirían en la incertidumbre y padecerían las consecuencias de un gobierno sin control, no debemos olvidar que la constitución mexicana autoriza al estado a dirigir el desarrollo económico de la nación debiendo cumplir con la planeación, coordinación y orientación de la actividad económica, así como fomentar está misma actividad en el marco de una economía de mercado para lograr la justicia social con las reformas que ha sufrido la constitución han determinado las condiciones cambiantes del país para lograr que una sociedad que viva regida por las leyes y respeto de las mismas sería una condición necesaria para que se logre un avance económico.