4. TRATADO DE COMERCIO ENTRE LOS PUEBLOS (TCP)

4.1. Naturaleza

El Tratado de Comercio entre los Pueblos (TCP) - propuesto por el gobierno de Bolivia - es una reacción a los Tratados de Libre Comercio, posibilidad que se hallaba en proceso de negociación entre los países andinos y los Estados Unidos y del cual Bolivia, de todas maneras, no participaba. Posteriormente el TCP fue incorporado como apéndice del ALBA y se considera como un cuestionamiento al libre comercio y un planteamiento sobre el agotamiento del modelo neoliberal, fundado en la desregulación, la privatización y la apertura indiscriminada de los mercados.

Su argumentación central sostiene que ya no es aceptable que un grupo reducido de naciones poderosas, le nieguen a los países pobres el derecho a diseñar sus propios modelos de desarrollo en función de sus necesidades internas e intenten dictar una política económica "global" que no solucionará los problemas de desarrollo. Por eso en América Latina – se considera - los pueblos han comenzado a ser los artífices de su propio destino y están castigando en las urnas a los artífices de las políticas de entreguismo aplicadas durante casi 20 años.

4.2. Fundamentos del TCP

En los documentos difundidos, ya que no existe un tratado como tal, se fundamenta que a diferencia del ideario capitalista el TCP propone en el debate sobre la integración comercial la complementación, la cooperación, la solidaridad, la reciprocidad, la prosperidad y el respeto a la soberanía de los países, incorporando objetivos ausentes en los programas de integración comercial, como son la reducción efectiva de la pobreza, la preservación de las comunidades indígenas y el respeto a la naturaleza. El TCP entiende al comercio y la inversión – se afirma – no como fines en sí mismos sino como medios del desarrollo, por eso su objetivo no es la liberalización absoluta de los mercados y el "achicamiento" de los Estados, sino el beneficio para los pueblos.

Es decir, que se prioriza el fortalecimiento de los pequeños productores, microempresarios, cooperativas y empresas comunitarias, facilitando el intercambio de mercancías con los mercados extranjeros. El TCP no está pensado para un pequeño grupo exportador – se sostiene - sino que se propone como parte de un nuevo modelo económico destinado a mejorar las condiciones de vida de los bolivianos (ingresos, salud, educación, agua, cultura) y promover un desarrollo sostenible, equitativo, igualitario y democrático que permita la participación consciente de los ciudadanos en la toma de decisiones colectivas.

Si los TLCs se negocian en secreto – se advierte - el TCP debe ser parte de la activa participación y discusión por parte de los movimientos sociales.

La integración comercial promovida por los países centrales privilegian la "libertad de mercado" frente a las funciones regulatorias de los Estados, y niegan a las naciones más débiles el derecho a proteger a sus sectores productivos. Los TLCs son como un "candado" que impide salir del neoliberalismo y tomar medidas soberanas como la nacionalización de los hidrocarburos. Una de las cláusulas del ALCA y los TLCs establece que las controversias entre Estados y empresas se resolverán en tribunales arbitrales por encima de los Estados nacionales.

En función del interés nacional – se argumenta - la propuesta de TCP promueve un modelo de integración comercial entre los pueblos que limite y regule los derechos de los inversionistas extranjeros y las transnacionales para que actúen en función del desarrollo productivo nacional. Socios y no patrones es uno de sus principios fundamentales.

Por eso, parte de la propuesta es incentivar acuerdos entre empresas públicas de los diferentes países para lograr su fortalecimiento mutuo. El TCP no prohíbe el uso de mecanismos para fomentar la industrialización ni impide proteger las áreas del mercado interno que sean necesarias para preservar a los sectores más vulnerables. Si los TLCs implican la muerte del campo frente a los productos subsidiados del Norte, el TCP promoverá – se expresa - la defensa de las economías campesinas y la soberanía alimentaria de nuestros países.

El TCP declara reconocer el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias; a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional para evitar que su mercado doméstico sea inundado por excedentes de otros países; y a privilegiar el bien colectivo por sobre los derechos del agro-negocio a través del control de la oferta y la regulación de las importaciones. Al mismo tiempo, el TCP considera que los servicios vitales deben depender de empresas públicas como proveedoras exclusivas, reguladas por los Estados. La negociación de cualquier acuerdo de integración debe tener presente que la mayoría de los servicios básicos son bienes públicos que no pueden ser entregados al mercado.