BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

INTEGRACIÓN. TEORÍA Y PROCESOS. BOLIVIA Y LA INTEGRACIÓN

Alberto Solares Gaite




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6. FACTORES INSTITUCIONALES

6.1. Sector Público

La institucionalidad pública en Bolivia es precaria, en realidad la presencia del Estado está distorsionada, con una alta concentración en pocos centros y una casi inexistencia en la gran periferie. Existen áreas del territorio en las cuales la soberanía es puramente nominal, sin presencia efectiva del estado.

Organización del Estado

Hasta ahora se vive en un régimen de centralización tal que hace del Gobierno nacional el principal referente político y administrativo, con una fuerte dósis de un presidencialismo dominante sobre los otros poderes. El gobierno central planifica, formula y ejecuta las políticas, gobierna y gestiona casi todos los aspectos de la administración pública. Si bien en los años 90 se consolidó un régimen de autonomía municipal y un régimen de descentralizción administrativa para las regiones mediante la delegación de algunas competencias a las Prefecturas de Departamento, en ambos casos los resultados son cuestionables.

En el caso de los gobiernos municipales autónomos, se les otorgó dominio tributario propio y coparticipación de algunos impuestos nacionales, este fue el atractivo para la proliferación de municipios en todas las secciones de provincia que al presentea superan los 350. Sin embargo, los gobiernos municipales estructurados y con gestión adecuada no pasan de 20 y son los correspondientes a las capitales de Departamento y a algunas ciudades intermedias.

En cuanto a las Prefecturas de Departamento, el proceso de descentralización no superó en realidad una simple desconcentración con muy pocas competencias exclusivas, las políticas y la gestión pública principal, siguieron en poder del gobierno central. En el aspecto financiero, si bien se previeron ingresos y recursos departamentales, estos se recaudan por el Tesoro General de la Nación y la ejecución presupuestaria de las Prefecturas se halla condicionada a las erogaciones y la voluntad de las autoridades nacionales.

Por otra parte, una situación no prevista en el proceso de descentralización, fue la replica del centralismo en los Departamentos, con una concentración de estructuras y decisiones en el ámbito de las capitales departamentales, dejando a las provincias con una precaria desconcentración administrativa y a muchas áreas rurales en un crónico abandono.

En la recientemente aprobada Constitución, si bien se reconocen las autonomías departamentales se han reducido sus competencias en comparación con el anterior régimen desconcentrado, así como se han creado otros niveles de autonomía, las autonomías indígenas y las autonomías regionales, que sumadas a las nuevas departamentales y a las ya existentes, la municipal y la universitaria, conforman una estructura de cinco niveles autónomos de gestión gubernamental, cuyas competencias pueden constituirse en una fuente de duplicidades, sobreposiciones y contradicciones tanto funcionales como territoriales

Calidad de gestión

La gestión pública en Bolivia se ha mantenido siempre en niveles bajos de eficiencia. Al contrario, se caracteriza por su improvisación y excesiva politización, no existe una carrera administrativa que privilegie el mérito y el desempeño, provocando que en cada cambio político la administración sea el pricipal botín del nuevo gobierno. Pese a la normativa desarrollada en este campo, que parte del nivel constitucional y llega a constituir uno de los sistemas de administración y control gubernamental (SAFCO), la realidad mantiene las prácticas de escasa institucionalización donde predominan el clientelismo político y la dinámica de la circunstancialidad y la improvisación.

Desinstitucionalización

Si bien es cierto que en las últimas décadas se hicieron importantes esfuerzos para sistematizar y mejorar la institucionalidad del sector público, creando niveles de autarquía en las principales instituciones de función económica y logrando niveles importantes de institucionalización, además de sistemas de regulación independientes, al presente se han desconocido y destruido todos los avances de institucionalización logrados en décadas. Actualmente, como hace 50 años, la administración es el botín del gobierno con alarmantes niveles de improvisación y corrupción.

El proceso de desinstitucionalización se agrava, asimismo, por el hecho de una ausencia de estructuración de los niveles políticos de gobierno , conformados más bien por un conjunto de movimientos sociales (indígenas, cocaleros, cooperativistas mineros, colonizadores y grupos marginales), que se han constituido en los grupos de presión más radicales pero de mayor influencia en las decisiones gubernamentales (oclocracia).


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