1.7. Evaluación del Proceso

Esta primera etapa del proceso de la integración andina, bajo el denominativo de Grupo Andino o Pacto Andino y que duró más de 35 años (1969-1996), tuvo sus luces y sombras, sus avances y retrocesos, sus crisis y sus logros, pero lo innegable es que fue, en su momento inicial, quizá el proyecto de integración más dinámico que haya existido en la región y que logró un desarrollo y estructuración institucional muy importantes.

En relación a los objetivos y mecanismos planteados por el Acuerdo de Cartagena, en lo comercial, si bien con atrasos y muchas contradicciones, se llegó en los años 90 a lograr la zona de libre comercio, pero hasta ahora no ha sido perfeccionada la unión aduanera. En la programación industrial, que fue en su momento el programas que más consistencia daba al diseño andino, los avances fueron pocos ya que en los hechos sólo se pudo arrancar efectivamente en el sector metalmecánico, despúes al influjo de las corrientes aperturistas que proclamaban el libre mercado la misma concepción de la programación industrial entró en crisis y fue descartada, salvo en sus formas de complementación industrial que sólo fueron nominales. En todo caso, el acento industrialista del proceso que fuera su principal característica inicial fue elimanada casi por completo.

En el área de la armonización de políticas, sí que se avanzó mucho o por lo menos se formularon muchas acciones y políticas comunes, reflejadas normativamente incluso a través de Regímenes Comunes en muchas áreas de la integración. Esta formulación también se manifiesta en el notable desarrollo de convenios específicos y estructuras institucionalizadas donde participan todos los PM.

En lo político, quizá el ámbito más dificil y contradictorio, si bien se partió de bases y orientaciones comunes, a muy poco tiempo afloraron contradicciones de visión y política económica que determinaron la separación de uno de los miembros fundadores del proceso, lo que se repite en forma reciente con otro importante participante por discrepancias de carácter ideológico. Si se observa todo el desarrollo del proceso, un rasgo que está siempre presente, salvo en la primera fase, es la insuficiente voluntad política de cumplimiento de los compromisos asumidos y de reflejar en las políticas internas de los países a la integración como un factor importante de desarrollo. Primó más el interés individual que la noción del interés comunitario, ello estuvo agravado en muchas situaciones por tensiones fronterizas y conflictos, generalmente territoriales, que enfrentaron a algunos PM y crearon un ambiente nada proclive a su aproximación. Por otra parte, las presiones negativas tanto internas como externas, condujeron a la generación de alto grado de escepticismo en relación a la misma viabilidad del proceso y, por último, al desfase del modelo y a la necesidad de su reorientación, para compatibilizarlo con las corrientes de pensamiento económico y político que se impusieron en el mundo y en la región.

En resúmen, la política o modelo predominante en los setenta fue un “modelo de sustitución de importaciones”, o “cerrado”, que protegía a la industria nacional imponiendo aranceles altos a los productos de afuera. El Estado y la planificación tuvieron mucha importancia en esta etapa; sin embargo ese modelo entró en crisis.

La década de los ochenta fue tanto para los países andinos como para la integración andina, una década perdida. La atención de los países se volcó a los problemas de sus economías internas y a la crisis de la deuda que afectó a todos los países de la región y se reflejó en la integración, que sufrió un estancamiento.

A fines los ochenta, en 1989, en una reunión efectuada en Galápagos (Ecuador), se decidió abandonar el modelo de desarrollo cerrado y dar paso al modelo abierto. El comercio y el mercado adquirieron prioridad, lo que se reflejó en la adopción de un Diseño Estratégico y un Plan de Trabajo, donde el tema comercial era el predominante. Los países andinos eliminaron entre si los aranceles y formaron una zona de libre comercio en 1993, esto permitió que el comercio intracomunitario creciera en forma dinámica. Se liberalizaron también los servicios, especialmente los de transporte en sus diferentes modalidades.

En 1996, los Presidentes andinos decidieron, a través del Protocolo de Trujillo, introducir reformas en el Acuerdo de Cartagena para adaptar el proceso a los cambios en el escenario internacional. Esta reforma permitió que la conducción de la integración andina pase a manos de los Presidentes y que tanto el Consejo Presidencial Andino como el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores formen parte de la estructura institucional. Se creó la Comunidad Andina en reemplazo del Pacto Andino.

A partir de estas modificaciones estructurales, otra historia se escribiría, quizá cualitativamente menor respecto a la integración profunda que se pretendía en la primera etapa, pero más abierta y sintonizada con las realidades mundiales. En todo caso, la experiencia de la primera etapa dejó precedentes históricos muy valiosos, de los cuales se puede resaltar la vocación integradora que resistió y persistió como proceso a todos los problemas y crisis que se le presentaron en este periodo.