2.4. La situación habitacional en la provincia de Misiones

En la Argentina la reforma del Estado y los procesos de descentralización política administrativa comenzados en la década de los ‘90s, ha generado, como hemos visto, grandes cambios dentro de los modelos de gestión e implementación de políticas sociales. En el caso específico de las políticas de vivienda, la tendencia ha sido a la desconcentración, descentralización y flexibilización de los planes y programas, redefiniendo y reperfilando la función de los institutos provinciales de vivienda antes dependientes de políticas diagramadas a nivel central. En el caso del IPRODHA de la provincia de Misiones, esto ha implicado una leve tendencia hacia regionalización de programas de viviendas y el planteamiento medidas que incentiven la producción de viviendas de bajo costos y que posibiliten el acceso a ellas a las familias excluidas del mercado de la vivienda.

En Misiones a pesar del interés de los gobiernos de turno de las últimas décadas por la cuestión habitacional, las acciones públicas en materia de viviendas para hogares carenciados no han experimentado significativas mejorías. Por otro lado, frente al incremento de hogares con déficit habitacional, las políticas de vivienda en el contexto de la provincia de Misiones se encuentran aún en manos del gobierno provincial, como gestor principal, de modo que el anunciado proceso descentralizador de transferencia de funciones aún no ha llegado a los municipios en el campo de las políticas de viviendas.

Desde finales de los años ‘90s, la problemática de la falta vivienda para sectores populares viene constituyendo un tema crucial en la agenda gubernamental. Como antecedente puede señalarse que simultáneamente al creciente déficit habitacional, la provincia de Misiones cuenta con una creciente configuración de ciudades intermedias, en donde se registra una fuerte tendencia hacia la urbanización generalizada y empobrecimiento de vastos sectores de la población, situación que es alimentada por el deterioro rural.

La sostenida crisis por la que ha atravesado el medio rural y agrario durante la década de los 90’s ha desatado (e intensificado) importantes flujos migratorios que se han desviado hacia las ciudades de tamaño medio (localizadas principalmente en municipios de primera). Esta creciente migración inter-municipal, posee un fundamento “económico” puesto que la búsqueda de inserción laboral, fue el principal motor de este particular proceso . En forma muy resumida puede afirmarse que la crisis agraria ha desencadenado un proceso de urbanización, independientemente del crecimiento del mercado de trabajo urbano, dando así lugar no solo al desempleo sino al surgimiento de amplios barrios carenciados. Este fenómeno pone de relieve, que los mayores niveles de pobreza se fueron concentrando en el contexto urbano de las ciudades y, en donde de hecho el problema de la vivienda fue cobrando significativa importancia .

En líneas generales, en la provincia de Misiones, los costes sociales de la pobreza y de la concentración poblacional acelerada, han venido resultando sumamente problemáticas. Las carencias de todo tipo se acumulan generándose nuevos asentamientos con insuficiencia de servicios y equipamientos y, donde la consecución de una vivienda que merezca tal nombre se convierte en uno de los objetivos de miles de familias (González Villar; 2000). Coyuntura que además se ha venido caracterizando por la inexistencia de políticas sostenidas y efectivas (que en un contexto social y urbano de profundos cambios) tendiera a paliar el agravamiento general del problema socio-habitacional.

Mayo de 2003.

En los últimos tiempos la propuesta programática del gobierno en materia de viviendas sociales apunta a buscar nuevas formas de relación entre el Estado y los ciudadanos. Así en el marco de los procesos de descentralización la política habitacional, llevada a cabo, representa un importante cambio de orientación en la política pública de vivienda, en un triple sentido: define el origen de los recursos a ser utilizados en la construcción de las viviendas subsidiadas, define los beneficiarios, y establece mecanismos de participación de la población. Especialmente, con relación a este último la nueva política de vivienda se desarrollará con la participación de la población destinataria. En función de ello “se viene fomentando la participación de la sociedad civil organizada en la gestión habitacional, apoyando y facilitando la promoción, capacitación y consolidación de organizaciones comunitarias, y de organizaciones intermedias de carácter gubernamental y no gubernamental”.

La incorporación de la sociedad civil a la instrumentación de la política habitacional es planteada como una vía hacia una mejor eficiencia y eficacia de las políticas habitacionales. Así, de acuerdo a los lineamientos de los organismos internacionales de créditos: “se debe estimular a la sociedad civil para su incorporación en la problemática social y habitacional”.