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IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS HABITACIONALES SIN COMPONENTES SOCIALES. EL ANÁLISIS DE UN CASO TESTIGO

Walter Fernando Brites




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Capítulo 2. Las políticas de desarrollo habitacional en Argentina

La política de vivienda se institucionaliza consolidadamente como política social en Argentina en los años cincuenta, en el marco de la puesta en marcha de ambiciosos programas nacionales de desarrollo económico y social. Ello llevó a materializar importantes inversiones en el ámbito de la construcción y de las obras públicas en general, políticas que al intentar mitigar las graves consecuencias sociales que producía el déficit habitacional generaron significativos efectos en la organización de los centros urbanos e introdujeron importantes cambios en las estructuras productivas y sociales del país .

La fuerte presencia del Estado en el campo habitacional, fue acompañado de los instrumentos keynesianos que se venían utilizando en los años previos a la década de los cincuenta. Sin embargo, las políticas de vivienda se materializaron de forma más sistemática y con carácter masivo, bajo el gobierno peronista cuando las fuertes migraciones hacia las ciudades y el crecimiento descontrolado de los centros urbanos crearon la conciencia de la necesidad de instrumentar soluciones para enfrentar la insuficiencia de viviendas (Lumi Susana; 1989).

La política de vivienda como parte del paquete de política social, fue cobrando fundamental importancia en el marco del Estado de Bienestar desarrollado en Argentina. Las acciones estatales en materia habitacional no pudieron concebirse de manera disociada de las políticas de bienestar social, de manera que el proceso de definición de la cuestión habitacional había implicado la incorporación al sentido común de la población la idea de la vivienda como un bien desmercatilizado con valor de uso. De manera que el derecho del ciudadano a los bienes sociales como función estatal de bienestar no se podría mercantilizar (Eping Andersen, 1992).

La vivienda en su valor de uso, consistía en algo orientado a satisfacer las necesidades de la población. Una necesidad de las personas que es la de ser albergada en un espacio en que se desarrolla la intimidad y, a la vez un ámbito que posibilita recomponer y fortalecer las energías para actuar y desenvolverse en sociedad. Así, al analizar el contexto en el que se produce la política de vivienda quizás lo más importante es el modelo de concepción y definición que sustentó a la misma. La vivienda apareció como un bien social que se producía para ser otorgada a sectores sociales, no para ser vendida como mercancía, sino para ser usadas en función de NECESIDADES SOCIALES reconocidas como derechos.

En este contexto, durante las décadas pasadas la vigencia un conjunto de políticas bienestaristas implicó una serie de experiencias exitosas tendientes a generar una acción estatal sostenible en el ámbito del hábitat popular, lo que dio lugar a que se realizaran programas de atención para la población en situación de carencia habitacional. De modo que solo en décadas las políticas habitacionales desarrolladas por el Estado habían generado una serie de programas que posibilitaron subsanar en gran medida el problema del déficit de vivienda y de los barrios precarios existentes en numerosas ciudades. La gran expansión del aparato estatal y su rango de actividades, implicó que en materia habitacional, la mayor responsabilidad estuviera en manos del gobierno central.

Durante este periodo, las llamadas viviendas sociales o viviendas de interés social se encontraron directamente determinados por la forma en que el Estado definió las modalidades de su intervención en el campo de las soluciones habitacionales. Las políticas de desarrollo, empleo, salud y educación para ser efectivas debían ser acompañadas de la política de vivienda, de modo que la cuestión habitacional cobro importancia crucial para el Estado. En este marco, las acciones en materia habitacional no se redujeron a la simple vivienda, sino a la dimensión más general del habitar y lo urbano. El campo de acción de las políticas habitacionales, desde sus inicios fue definido por el Estado Nacional, a pesar de que la creación en 1972 del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) y de los Institutos Provinciales de Vivienda diera la ejecución de los fondos a las provincias; las asignaciones de recursos y las normas para la construcción de viviendas estaban fuertemente centralizadas en la Secretaria de la Vivienda .

Bajo el modelo desarrollista y hasta mediado de los años ochenta inclusive, se concibió a la política de vivienda como la medida por excelencia para subsanar la situación de la población sin acceso al mercado inmobiliario de la vivienda: bajo la hipótesis de que el problema era la escasez de viviendas comenzaron a construirse grandes complejos habitacionales totalmente uniformes y estandarizados al más clásico estilo fordista, y bajo una óptica de cobertura universalizante del Estado . Junto a las políticas de empleo, salud y educación, la política de vivienda había adquirido un desarrollo notable constituyendo una dimensión indispensable del conjunto de políticas sociales desarrolladas y, que en sincronía con el modelo fordista, más allá de la vivienda se impulsaba un estilo de vida masivo.

Sin embargo la concepción de la vivienda como un bien social prioritario para la población no ha perdurado a lo largo del tiempo y, las modificaciones por la que ha atravesado la política social de vivienda estuvo sujeta al quiebre y reestructuración del modelo de Estado bienestarista argentino y su función de regulador social, así como también a las sucesivas crisis económicas por la que ha atravesado (a pesar de ello el Estado ha intervenido siempre con políticas sociales explícitas o implícitas). A veces con su acción directa, facilitando el acceso a la vivienda para los sectores populares; otras veces, al considerar que la vivienda es una prestación que debe realizarse por criterios de rentabilidad propios de las actividades económicas privadas (Feijoó; 1984). Esta última acción estatal (el des-involucramiento del Estado en estas políticas) ha generado efectos que repercutieron profundamente sobre las situaciones habitacionales de los sectores populares y sus modos de vida.


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