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IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS HABITACIONALES SIN COMPONENTES SOCIALES. EL ANÁLISIS DE UN CASO TESTIGO

Walter Fernando Brites




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Capítulo 4. Conclusiones

4. Reflexiones finales

El complejo habitacional de Itaembé Miní, fue inicialmente el resultado del diseño e implementación de un conjunto de políticas habitacionales, que contemplaron una solución eficientista e individual al problema de las familias sin viviendas. En su diseño original, estas políticas se han centrado exclusivamente en la provisión de la “casa-techo” y, no han incorporado los componentes sociales y la compleja dimensión del habitar. Situación que ha derivado en el corto plazo en la construcción de un mega-complejo de viviendas poco sustentable, con insuficiencia de infraestructura y carencias socio-urbanas.

Las experiencias de este modelo de diseño e implementación de las políticas, no consistieron en soluciones integrales a los problemas planteados, debido a que las propuestas de solución contenidas en los programas (experimentalmente implementados) desencadenaron nuevas problemáticas y necesidades en las poblaciones denominadas eufemísticamente beneficiarias. La forma en que se implementó el proyecto Itaembé Miní, ha disparado en alza un conjunto de carencias a nivel colectivo de los barrios. La falta de cobertura en servicios públicos esenciales como: agua potable, transporte, centros de salud, escuelas, alumbrado, saneamiento básico y espacios comunitarios, entre otros, no solo incrementaron un entorno deteriorado, sino que señalaron los puntos críticos de unas políticas habitacionales deficientemente planificadas.

En este sentido, durante los primeros años del complejo habitacional, los errores, distorsiones y desencuentros en el plan de acción de las políticas, no solo han generado efectos socio-urbanos no deseados, sino que ha despertado un abanico de problemáticas que se encontraron afectando la calidad del habitar, así como también las condiciones y estilos de vida de las familias involucradas en las políticas. Ello en el fondo sugiere, que desde el Iprodha al diseñar e implementar las políticas se tendió a imponer visiones y concepciones tecnocráticas (y por cierto eficientistas) en torno a los planes de acción necesarios para la solución de problemáticas y necesidades habitacionales de las familias atendidas por los programas.

La rigidez de las políticas implementadas, la ausencia de componentes sociales, la falta de inversión en servicios y, sumado a ello la incapacidad institucional para atender las demandas en los barrios del conjunto de viviendas, ha puesto de relieve el encarecimiento de políticas destinadas a solucionar de manera más integral el problema del déficit habitacional. En Itaembé Miní, con el correr del tiempo, este conjunto de situaciones ha despertado las agencias más sensibles orientadas a promover efectivamente la movilización de la población a fin de solucionar necesidades y demandas vecinales prolongadas.

En este sentido, la incorporación progresiva de componentes sociales y urbanos, en las políticas que dieron origen al complejo habitacional Itaembé Miní, ha implicado una sostenida lucha reivindicativa de vecinos organizados a lo largo y a lo ancho del complejo habitacional. En este trabajo hemos considerado que las diferentes prácticas organizativas y reivindicativas gestadas en el plano colectivo de los barrios; han nacido de las dificultades que permanentemente debieron enfrentar las familias para satisfacer el problema de las carencias de servicios urbanos y socio-comunitarios. La dimensión colectiva de los reclamos por servicios e infraestructura se expresó a nivel barrial, ámbito en el que las organizaciones barriales y las demandas colectivas han desempeñado un importante papel. De estas acciones barriales dependió, en la mayoría de los casos la provisión de servicios comunitarios y urbanos esenciales. Esas acciones además fueron vistas por los actores no como simples demandas que se situaron en el plano colectivo, sino como componentes esenciales y faltantes en el diseño de las políticas.

Junto a las políticas implementadas, las familias adjudicatarias que paulatinamente fueron poblando el complejo habitacional no conformaron simples depositarios o recepcionistas pasivos de un conjunto de operatorias implementadas, sino que las políticas desatadas, posteriormente de manera gradual fueron el resultado, del comportamiento activo, las prácticas y de la capacidad movilizadora de los vecinos. Ejemplo de ello es el complejo entramado de un conjunto de organizaciones barriales estratégicamente construidas, y orientadas a demandar soluciones a problemas colectivos y cotidianos poniendo el énfasis de sus reivindicaciones en el mejoramiento de las condiciones de los nuevos barrios que habitan.

Es en tal sentido, en que las condiciones estructurales, especialmente las que se derivan de políticas implementadas desde arriba hacia abajo, no impidieron la conformación de actores colectivos con capacidades para incidir en la orientación y redefinición de las políticas. Las reivindicaciones vecinales, las demandas por el suministro de agua potable, centros de salud, escuelas, alimentación, transporte, espacio urbano, atención comunitaria, etc., no fueron simples demandas vecinales fueron “hechos” que demostraron los intentos y efectos trasformativos de los actores sobre las políticas, evidenciando correcciones, reajustes, modificaciones y el desarrollo incremental de las políticas a la luz de nuevos problemas.

El cuestionamiento generalizado de las políticas implementadas inicialmente, desempeño quizás una condición necesaria para graduales modificaciones y re-definiciones en los programas propuestos. Como se ha visto, las políticas que se vinieron desarrollando posteriormente al habitar un nuevo complejo de viviendas, incluyó gradual y acumulativamente los componentes sociales y urbanos reclamados colectivamente por las familias y, ello dependió más allá de las iniciativas del gobierno, de la capacidad de consolidación y organización entre actores ligados al barrio, en interacción con los poderes gubernamentales. De modo que las demandas de vecinos organizados en relación con el Estado corrigieron gradualmente a las políticas de manera incremental. En tal sentido, la experiencia del proyecto Itaembé Miní puso de relieve la pertinencia de la perspectiva incremental y transaccional de las políticas como una herramienta teórica que posibilitó el análisis de la problemática de la implementación de políticas habitacionales sin componentes sociales y urbanos.

En el complejo habitacional, la emergencia de variados procesos de gestión organizativa ha contribuido a la apertura de espacios de deliberación y ampliación de las oportunidades para el análisis y evaluación vecinal de los problemas desencadenados por las políticas. La realización de mítines, asambleas barriales, la participación en consejos; presentación de propuestas, firmas de petitorios; presentación de amparos judiciales; y hasta eventuales protestas y movilizaciones vecinales, etc., constituyen un conjunto de situaciones que pueden interpretarse como instancias derivadas de la discusión-evaluación de los programas implementados. Lo que señala que los actores sociales, interactúan, se organizan, interpretan, evalúan y replantean los actos de gobierno, tomando decisiones colectivas significativas para influenciar en la re-elaboración de las políticas.

Las experiencias de las políticas y programas de viviendas desarrollados por el Iprodha en Itaembé Miní, han sido propuestas tecnocráticas que simplificaron tergiversando la diversidad de los componentes del hábitat. Para que las viviendas respondan a sus funciones deben cumplir con un mínimo de requisitos materiales y de acceso a redes de servicios básicos e infraestructura, así como de equipamiento comunitario. A nivel social, los conjuntos habitacionales deben posibilitar a cada familia satisfacer estas necesidades, en condiciones básicas, pero no mínimas. Cuestiones que inicialmente no estuvieron previstas en el diseño de las políticas; por ello en Itaembé Miní el denominado plan de desarrollo habitacional generó un efecto inverso al programado, desatando una situación desventajosa y forzada para las familias; en donde los costes del residir en un barrio con múltiples carencias superaron los beneficios de la adjudicación de una nueva vivienda.

Las políticas implementadas bajo estos modelos simplistas han descuidado la alta importancia que tiene la dimensión social para un desarrollo sustentable y articulados de las familias con el entorno. La falta de componentes sociales y comunitarios en las políticas no constituye un problema únicamente para aquella población objeto de las políticas, sino también para las distintas instituciones encargadas de las políticas, debido a que deben asumir la responsabilidad de solucionar un numero creciente de problemáticas relacionadas a la falta de las mínimas dotaciones de servicios urbanos básicos.

La implementación de rígidos programas de viviendas con criterios eficientitas, centrado en la minimización de los costos, dificultan y obstaculizan la construcción de barrios de viviendas sociales en las que el “habitar” y la provisión de bienes y servicios de consumo colectivo constituya una forma de bienestar y desarrollo socio-habitacional. Acciones que por otro lado, se distancian de una auténtica política integrada al contexto del barrio y de la ciudad.

La experiencia del proyecto Itaembé Miní señala que diseñar e implementar eficientistas políticas de viviendas concebidas únicamente como casa-objeto que focalizan su atención sobre necesidades habitacionales mínimas y no incorporan articuladamente los componentes sociales y urbanos, necesarios para alcanzar el desarrollo y bienestar de las familias, acarrean en el corto o largo plazo “altos costos” para las administraciones gubernamentales que deben cargar con múltiples problemas emergentes (demandas y conflictos) y consiguientemente con la ineludible responsabilidad de solucionarlos. Situación que parece dar vida a aquel clásico aforismo: “lo barato sale caro”.

La racionalidad eficientista y tecnocrática ingenieril, con la que se han encarado el diseño de los programas habitacionales han resultado insuficiente para alcanzar verdaderas soluciones habitacionales integrales. Precisamente porque los programas de construcción de viviendas no han sido pensados como políticas sociales de bienestar, en el que las familias a través de la vivienda puedan mejorar la calidad de vida.

Las diferentes políticas habitacionales orientadas hacia familias individuales, implementadas de manera unidireccional, compensatoria, segmentada y desintegradamente de las políticas sociales, no solo no incorporan los componentes esenciales para el bienestar familiar y colectivo, sino que colocan a las familias denominadas eufemísticamente beneficiarias ante una situación desventajosa, forzada y de des-mejoramiento de la calidad de vida.

La política de vivienda como parte del paquete de política social, supone considerar junto a la vivienda, la cohesión, la integración social, la salud, la educación, el trabajo, los espacios públicos, los servicios urbanos, el ambiente y en general todos aquellos componentes que posibilitan el desarrollo de estilos de vida colectivos anclados territorialmente. Es decir contemplan soluciones socio-habitacionales sustentables que añaden la importancia de los componentes sociales, la dimensión del habitar y los estilos de vida colectivos.


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