El caso de México

En el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (párrafo 3) existe un pronunciamiento que conlleva implícita la idea de la Acción Afirmativa, ya que se establece que:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Este artículo fue enriquecido y complementado durante el sexenio del Presidente Vicente Fox, a través de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en cuyos primeros apartados se estipula que se deben prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Tanto esta Ley Federal (a la cual se le da seguimiento a través del CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación), como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (promulgada en 2006) y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), aun cuando no se denominan específicamente políticas de Acción Afirmativa, se puede colegir que tienen la misma intención de enmendar las equivocaciones del pasado (discriminación, injusticia, marginación), y propiciar iguales condiciones de acceso a mejores niveles de vida y de oportunidades.

De hecho, a diferencia del Programa para la Modernización Educativa de Carlos Salinas y del Programa de Desarrollo Educativo de Ernesto Zedillo, es en el periodo foxista cuando se introducen los términos de justicia y equidad educativa en el discurso político, y cuando comienzan a ponerse en marcha programas “afirmativos” o “compensatorios” dirigidos a eliminar el prejuicio y la discriminación en las escuelas, a fortalecer la atención educativa de la población indígena y a desarrollar una educación intercultural para todos (PNE, 2001, p. 136).

Sin embargo, debe destacarse que los esfuerzos gubernamentales han sido dirigidos prioritariamente a la educación básica y al nivel medio superior, a los que se ha inyectado la mayor parte del presupuesto federal dirigido al sistema educativo. En términos de educación superior, las políticas han sido orientadas a la creación de las llamadas “universidades interculturales”, y al otorgamiento de diversos apoyos económicos para los estudiantes.

En lo que se refiere a estas Universidades, debe enfatizarse que constituyen espacios educativos en los que se atiende prioritariamente a los indígenas –grupos ancestralmente excluidos en nuestro país-, y se ubican geográficamente en lugares donde predominan estos colectivos.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (2008), estas instituciones tienen como propósito principal promover la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos indígenas del país, así como revalorar sus conocimientos y fomentar la difusión de los valores propios de las comunidades, revitalizando, desarrollando y consolidando las lenguas y culturas originarias. Así, durante el sexenio del Presidente Fox fueron inauguradas 8 de ellas, siendo la pionera la Universidad Intercultural del Estado de México .

Otra de las acciones emprendidas en nuestro país relacionadas con la Acción Afirmativa, son los apoyos económicos para los grupos menos favorecidos –no únicamente los indígenas-, otorgados a través del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), cuyos propósitos generales son:

Propiciar que estudiantes en situación económica adversa, pero con deseos de superación puedan continuar su formación académica en el nivel de educación superior, y lograr la equidad educativa mediante la ampliación de oportunidades de acceso y permanencia en programas educativos de reconocida calidad, ofrecidos por las instituciones públicas de educación superior del país (SES, 2008).

Así, todas las universidades públicas del país cuentan con este programa de becas federal que consiste en una asignación mensual para ayudar al alumno a continuar sus estudios universitarios, con posibilidades de renovación anual durante el lapso que dure su carrera profesional, hasta su egreso, priorizando como requisito académico, la obtención de un promedio mayor a 8, en una escala de calificaciones del 0 al 10, donde esta cantidad representa la excelencia en el desempeño estudiantil.

Con base en estos planteamientos, puede colegirse que las Acciones Afirmativas en México, se basan prioritariamente en el otorgamiento de apoyos económicos, o bien, en la creación de espacios educativos que tratan de integrar a los grupos étnicos; sin embargo, tendríamos que preguntarnos cuáles son los verdaderos motivos que se encuentran detrás de estas acciones, y si éstas están cumpliendo con su función de incluir a los grupos menos favorecidos en términos de propiciar el diálogo y la interrelación cultural en igualdad de condiciones, o bien, se están constituyendo en espacios que pretenden demostrar a los “marginados”, cuáles son las mejores formas de integrarse a la sociedad.

En este sentido, se postula también que pocos avances pueden lograrse en lo social, si persiste la idea de favorecer la inclusión de grupos culturales a los centros escolares a través de estrategias económicas o de compensación, sin emprender simultáneamente medidas que les otorguen un mayor reconocimiento y respeto, como es el caso de los grupos indígenas o del segmento de las mujeres y los discapacitados, quienes, por ejemplo, han enfrentado condiciones ancestrales de discriminación y marginación. Porque si no se les otorga voz y voto con los mismos derechos y con iguales condiciones de importancia que a todos quienes conformamos la sociedad, entonces no se podrá continuar hablando de inclusión.