BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

PLURICULTURALIDAD Y EDUCACIÓN. Tomo III

Gunther Dietz y otros




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Políticas de Acción Afirmativa

De acuerdo con las investigadoras Barrère Unzueta (2002) y Wendy McElroy (199?) las palabras “Acción Afirmativa” fueron utilizadas oficialmente por vez primera en Estados Unidos en una Orden Ejecutiva emitida por el Presidente John F. Kennedy en 1961, donde se estipulaba que las empresas contratadas por el Gobierno Federal debían adoptar medidas de integración de las minorías. Otra Orden Presidencial al respecto fue publicada por Lyndon Johnson en septiembre de 1965 (cuyo mandato abarcó el periodo de 1963 a 1969), en la cual se exigía a dichas empresas reclutar a mujeres y a miembros de grupos raciales más débiles para el ejercicio de cualquier empleo disponible.

Dentro de este conjunto de reclutas, sin embargo, todos los postulantes debían ser juzgados con base en sus méritos, y se consideraba ilegal rehusar contratar o despedir a algún individuo, o bien discriminarlo (limitarlo, segregarlo o clasificarlo) respecto de su compensación, términos, o privilegios laborales debido a la raza, el color, la religión, el sexo o el origen nacional de dicha persona. Con la presidencia de Richard Nixon a partir de los setenta, las políticas de acción positiva se extienden a las universidades, las cuales si cumplían con la normatividad, eran favorecidas con financiamiento público.

De hecho, el presidente norteamericano electo Barack Obama, ha afirmado que él mismo se benefició de este tipo de políticas mientras cursaba sus estudios universitarios, pero ha señalado que éstas “[…] deben tomar en cuenta la clase social, más que el origen étnico de los beneficiarios”, y que “[…] deben reconocer y tomar en cuenta las penurias y dificultades que las comunidades de color pueden haber experimentado, y continúan experimentando” (Obama, en Univisión, 2008).

Pero estas políticas -conocidas en inglés como "Affirmative Action"-, han estado rodeadas de controversia desde su origen; el ex candidato presidencial John McCain siempre se ha opuesto a los “programas de cuotas” , que constituyen una de las orientaciones de la Acción Afirmativa, y durante toda su campaña se postuló por la eliminación de dichas políticas. Entonces, estas directrices gubernamentales constituyen para muchos una acción discriminatoria –selección excluyente pero en términos negativos-, un tratamiento preferencial injusto y una violación al principio de igualdad establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, promulgada por la Organización de las Naciones Unidas.

En términos normativos, debe enfatizarse que poco se ha avanzado en este sentido: en 2001 la Organización de las Naciones Unidas publicó un estudio donde estableció el concepto general de esta política mundial: “La Acción Afirmativa es un conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas a corregir la situación de los miembros del grupo al que están destinadas en un aspecto o varios de su vida social para alcanzar la igualdad efectiva”.

Sin embargo, los detractores de este conjunto de ideas, aducen que, en términos jurídicos, este supuesto se contrapone al derecho de igualdad de cada persona, ya que esta política se encuentra en posición de “imponer” o condicionar resultados que pueden favorecer a unas personas por encima de otras, como ocurre con el caso específico de las “cuotas”. La asignación de cierto porcentaje o cuotas para las mujeres en términos electorales, por ejemplo, evidencia también una carencia de proporciones que debe ser analizada y valorada, ya que mientras en algunos países de América Latina como Costa Rica, la “cuota obligatoria” que exige la presencia de las féminas en las Cámaras de Diputados es del 40%, en naciones como Paraguay es del 20% (Peschard, 2003).

En el caso de México, el porcentaje de legisladoras ha aumentado de 5.06% a 16.2% entre 1961 y 2000; sin embargo, se considera que éste es un avance poco significativo en relación con el peso demográfico de las mujeres en nuestro país, y a comparación de otras naciones del mundo .

Estas distintas modalidades que adopta la Acción Afirmativa a través del establecimiento de cuotas (falta de porcentajes específicos, ausencia de sanciones por incumplimiento, amplio margen de discrecionalidad entre los partidos políticos, etc.) para algunos significa contribuir a la presencia de desigualdades, implica continuar reproduciendo las normas establecidas por la (s) cultura (s) dominante y la dilución de las verdaderas intenciones de las políticas positivas o facilitadoras. Porque estos mecanismos compensadores se supone que deben reducir las asimetrías existentes entre las personas y propiciar la alternancia (o distribución equitativa) de cargos, beneficios y cualquier bien o derecho dirigido a la población.

Pero al no existir un acuerdo claro sobre lo que son estas medidas o políticas, ni un consenso o igualdad formal a nivel mundial que garantice su aplicación, han surgido casos de demandas legales que han sido llevadas a juicio, y han tenido que ser resueltas por la vía de la jurisprudencia (normas sujetas a razonamientos que pretenden sustituir las lagunas u omisiones de la Ley), toda vez que se cree atentan en contra del principio de la igualdad de derechos, pero dependiendo de la interpretación y aplicación de la política en cada Estado o nación.

En América Latina, específicamente en países como Argentina, Brasil, Chile y Perú, los grupos más desprotegidos y que enfrentan cotidianamente situaciones de exclusión, actitudes de discriminación y condiciones de marginación social, son las mujeres y los grupos pertenecientes a culturas indígenas. La adopción de políticas de compensación o afirmación es aún muy reciente en dichos países, en términos de temporalidad histórica –los primeros esfuerzos se oficializaron a inicios de los noventa-, por lo que sus resultados son también incipientes.

Aunque en general se han difundido campañas a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y se han encaminado programas tendientes a eliminar o paliar la discriminación racial y a solventar ciertos perjuicios económicos y sociales, especialmente en los denominados “grupos minoritarios” como es el caso de los indígenas, o el caso de las mujeres en la Cámara de Diputados y Senadores, aún se necesita emprender acciones integrales que incluyan paralelamente, medidas relacionadas con lo económico, con lo social, lo cultural para que todas ellas incidan en conjunto, en las políticas educativas.


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