País dual.

En el Perú coexisten conflictivamente dos sociedades: una que pugna por nacer y otra que la bloquea. La primera busca instalarse en base a principios de derechos, inclusión, equidad en las relaciones de género, solidaridad económica y social, sustentabilidad ambiental, pluralidad y diversidad étnica, justicia distributiva, en el marco del Estado peruano actual. La segunda es aquella que los niega, pretendiendo supeditar/someter dichos derechos a los consensos del poder económico basados en “las leyes infalibles del mercado”: propiedad privada, inversiones y crecimiento económico, principalmente.

En la primera están comprendidos un abanico heterogéneo de grupos, sectores, capas, segmentos etáreos y estratos sociales. Estamos hablando de trabajadores del campo y la ciudad, obreros, artesanos, microempresarios, hombres y mujeres, desempleados, auto empleados, cesantes y jubilados, maestros, jóvenes de ambos sexos, pobladores urbanos, campesinos pobres y pequeños productores, estudiantes universitarios, movimientos por la defensa de la infancia, el adulto mayor, la salud y la educación pública universal, así como de los recursos naturales los pueblos indígenas, amazónicos y afroperuanos. Seguramente la lista es mucho más larga de lo que pretende esta señalación. Con todo, se trata de la mayoría del Perú.

Sin embargo, existe un problema no evaluado adecuadamente por parte de los defensores y promotores de nuevos principios de organización societal, de valores morales y éticos (particularmente las ONG), así como por los movimientos y liderazgos que se van entretejiendo, consiste en saber si el estado de cosas predominante es el más idóneo, en términos de la estructura estatal –además de la legislación- pero sobre todo de las relaciones de poder, como para emprender reformas de fondo sin romper necesariamente con el orden existente, aspirando solamente a democratizarlo.

Los preparativos y organización de la V Cumbre de Jefes de Estado ALC-UE, y su contrapartida, la Cumbre de los Pueblos 2008, realizados en Lima, sacaron a luz la “pugna” señalada. La campaña mediática lanzada desde las altas esferas del gobierno al mejor estilo macartista, “criminalizando” de antemano las manifestaciones, de protesta pero también de propuestas “alternativas” a las del consenso neoliberal, de arte y cultura popular; en el mejor de los casos –por la misma campaña- se procuró “silenciar” y marginar dichas expresiones de los espacios de difusión masiva, militarizando incluso el centro histórico de la capital peruana. Todo ello buscaba ciertamente inculcar miedo, temor y desconfianza para neutralizar los ímpetus movilizadores, inhibir los arrestos de rebeldía y despotricar contra cualquier signo de cuestionamiento crítico con epítetos y anatemas, para atemorizar y manipular la “opinión pública”, aplicando así lo que recomiendan los manuales de lucha antisubversiva. Se llegó incluso al extremo de la desfachatez de equiparar subversión y terrorismo, o de “subversivo” como sinónimo de “terrorista”.

El Estado peruano siempre ha sido y es actualmente un estado de clase, pero además es un estado opresivo y “democráticamente” autoritario. Desde la colonia, todas las “clases” dominantes que se sucedieron en el poder del estado, y/o los partidos que pretendieron representarlos, mostraron siempre su racismo y desprecio consuetudinario hacia los de abajo. Es asimismo secular el comportamiento tradicionalmente autoritario de las "clases dominantes" de nuestro país con respecto a los intentos de autonomía o liberación de los oprimidos y del "pueblo" en general. La violencia que se vivió en el Perú de los ochenta y noventa del s. XX proviene de ese trasfondo histórico; es decir, de la violencia milenaria que siempre han ejercido los poderosos para preservar sus intereses mezquinos, "en nombre de la nación" y de los "intereses nacionales". ¿Ha cambiado eso en el Perú de hoy, a comienzos del siglo XXI?

En el fondo de todo, hay un temor de que en el 2011 el régimen de García y el APRA sea reemplazado por fuerzas sociales y políticas aglutinadas en torno de un programa de cambios y reformas sustantivas, sea que provenga desde la izquierda, la centro-izquierda, de alguna candidatura “nacional”, o de la alianza de todo este espectro de fuerzas en un solo frente. Es probable que García haya hecho esa lectura, de ahí la acentuada derechización de su régimen y su afán personal por poner al Perú en venta a las transnacionales, con el beneplácito del poder económico y los lobbistas que actúan en las sombras y ven el desarrollo solamente en función de “hacer negocios”.

Desde el punto de vista de la conducción del estado, el Perú junto con Colombia, Chile y México, es uno de los puntales del neoliberalismo en la región; pero aun bajo regímenes de izquierda o de centro-izquierda –como en el Brasil de Lula- se aplican políticas neoliberales (al menos determinadas políticas: las que se requieren para el sostenimiento de las ganancias del capital privado), porque fueron parte de los arreglos previos con los grupos económicos (y las fuerzas armadas) para tener la opción de gobernar.

En términos de los escenarios y las perspectivas de futuro, tenemos dos que se van perfilando nítidamente en el Perú: uno dominado por la consolidación de las tendencias derechizantes y las fuerzas derechistas que abrazan el Consenso de Washington y apoyan las estrategias hemisféricas de los EE.UU. en América Latina, comprendiendo también aquellas tendencias que lindan con posturas fascistoides y recurren a campañas fuertemente manipuladoras, con un discurso abiertamente populista y “populachero” (como las corrientes fujimoristas). El otro escenario es el de las “alternativas” que sin embargo carece de un horizonte societal nítido, pero que aun así es denostado con cualquier pretexto y se lo pretende bloquear recurriendo a todas las armas disponibles (prensa y televisión, campañas mediáticas, “criminalización” de toda forma de oposición, amenazas y persecuciones, reformas legales con nombre propio, etc.).

Nada de eso es nuevo, y no solamente en nuestro país. Ejemplos y casos hay muchos en la historia, particularmente en la cultura europea, cuna de la “modernidad”. Así, la Revolución Francesa degeneró en el Régimen de Terror implantado por la voluntad de Maximilien Robespierre, que solo acabó con la ejecución de este en 1794 (régimen que duró 1 año). En Inglaterra, las “coaliciones obreras” (trade unions) fueron consideradas motivo de delito y por ende objeto de persecución, proscritas por una legislación abusiva y antidemocrática que rigió nada menos que “desde el siglo XIV hasta 1825” (Marx en El Capital). Este autor fue deportado y perseguido en varios países (Prusia, Francia, Bélgica) por sus ideas radicales y revolucionarias, así como por su papel de animador y organizador de los obreros industriales. En 1878 el “Canciller de Hierro” Otto von Bismarck puso fuera de la ley a los socialistas alemanes, la cual tuvo una vigencia de 12 años (en 1875 había tenido lugar el Congreso de Gotha, donde se produjo la unificación de las dos organizaciones obreras existentes, representadas por los eisenachianos y lassalleanos). A finales de los años 30, en Rusia, Trotsky y el trotskismo terminaron demonizados y criminalizados por el régimen despótico de Stalin, junto a otros antiguos aliados de este último (como Bujarin) luego de un prolongado periodo de luchas políticas internas que sellarían el destino de la URSS.

Los peligros y retos que se ciernen para la construcción de alternativas en nuestro país son tales que resulta imprescindible tenerlos en cuenta. Los resumimos en dos. De un lado, toda la campaña de desprestigio, satanización y criminalización contra personas, instituciones y movimientos, que aflora en cualquier momento, por cualquier motivo o circunstancia, y que seguramente continuará en los próximos años. Lo que se buscaría con esta estrategia de intimidación es debilitar el espacio de cualquier oposición democrática medianamente orgánica que se quiera promover sobre otras bases y principios. En otras palabras, volverla en todo caso “funcional” a los intereses de las transnacionales y del consenso neoliberal ya institucionalizado en el Perú, pues en caso contrario pendería el chantaje ideológico como una espada de Damocles. ¿Cuál sería el costo político por ocupar el espacio –del centro hacia la izquierda- que deja la “derechización” del segundo régimen aprista? De otro lado, pero al mismo tiempo en relación con lo anterior, está el reto de ir constituyendo una fuerza política –en el más amplio sentido de la palabra- capaz de dar un giro al manejo y orientación de los asuntos públicos, priorizando los “intereses nacionales” (i. e. de las mayorías); democratizando la economía y la política, permitiendo el empoderamiento de las organizaciones populares con relación a las decisiones públicas que les afecten; insertando al país en el actual contexto de cambios en la región con un rol también protagónico, y en igualdad de condiciones con respecto a otros países; con voz propia y capacidad de manejar las relaciones con otros procesos políticos (como el proyecto bolivariano de Chávez).

En las particulares condiciones del Perú, la cuestión nacional, la democracia y el socialismo se funden en una sola y misma trama. Por eso Mariátegui tenía razón y la sigue teniendo. En los años 80 algunas corrientes de la llamada “izquierda revolucionaria” postulaban para el país un proyecto de Estado democrático, nacional y popular. La historia pareciera haberles dado la razón, pues está implicado en las demandas y aspiraciones sociales, antiguas y nuevas. Sin embargo, en el contexto de la globalización capitalista –no solamente neoliberal- y de las bifurcaciones que exhibe potencialmente el sistema mundo (en términos de lo sostenido por Wallerstein) solo podría tratarse de un estado de transición.