La larga duración del fallido Estado peruano y sus elites.

Entre el inicio de la “lucha armada” de Sendero Luminoso (SL) en el pueblo de Chuschi, Ayacucho, en 1980, y la “fuga” con posterior renuncia a la presidencia del Ing. Fujimori desde Japón en el 2000, el Perú fue un Estado en falencia (failing state) según la calificación que recibió el país en 1998 del Grupo de Trabajo sobre Estados Fallidos del gobierno norteamericano (Alcalde 2004: 34). Efectivamente, a lo largo de 20 años nuestro país reunía varias de las características que permitían identificar a un “Estado fallido”: violencia política, prácticas terroristas por parte de SL y del mismo Estado contra poblaciones andinas alejadas e indefensas, elevada corrupción en el sector público, deterioro del nivel y calidad de vida. Estos fueron los rasgos en los que nuestro país destacaba, haciéndose merecedor a dicho calificativo.

Sin embargo, adentrándonos en la historia, podemos aseverar que como país (ex- colonia y república) el Perú es un estado fallido desde que la modernidad se instaló aquí mediante la conquista y el sojuzgamiento, generándose un irresuelto problema nacional entre los sueños, ilusiones e intereses de las elites locales, y las expectativas y aspiraciones de ver atendidas sus necesidades -muchas veces defeccionadas por aquellas- por parte de la masa del “pueblo”. Es en este contexto que deben interpretarse las apreciaciones ciudadanas sobre la “credibilidad” o grado de confianza que inspiran los gobernantes, políticos y las instituciones del Estado peruano, difundidas por las encuestas de opinión.

Nuestra más reciente crisis política relacionada con el escándalo de los “petroaudios” no viene de ahora. Más bien, en el Perú, las crisis políticas se han vuelto moneda corriente y fenómenos recurrentes pues sus causas son históricas y estructurales, provienen del largo tiempo. Vivimos realmente un largo y agónico proceso de descomposición política e institucional que el triunfalismo económico es incapaz de ocultar y, por el contrario, lo vuelve más evidente. Para que el Perú sea viable como país y Estado “nacional” necesita transitar hacia una segunda república, esta vez de carácter popular, una república de trabajadores y pequeños productores quienes conforman las mayorías del país. La inserción del Perú en la economía globalizada, bajo condiciones de entrega irrestricta tanto de territorios como de recursos a la voracidad del capital transnacional, profundizará aún más el dislocamiento histórico. La disputa entre Lima y las regiones del interior ya es en si misma una expresión de ese dislocamiento, producido en este caso por la centralización de decisiones económicas y la presión distributiva por más recursos.

En este contexto conviene discutir, aunque sea brevemente, si el estado fallido en el Perú como en otros órdenes (social, económico, político e institucional) es una consecuencia necesaria de nuestra herencia colonial. En un libro reciente, Rochabrún (2007: 49) señala que la herencia colonial fue “puesta en circulación” por Cotler (1978: 21-70), libro que luego de su aparición se convirtió en un clásico de las ciencias sociales peruanas debido también al esfuerzo de síntesis realizado. Quienquiera que haya leído el primer capítulo de este libro que abarca desde el siglo XVI hasta los años de la Independencia, o lo vuelva a releer desde la realidad del país que tenemos en los tiempos actuales, coincidirá con su autor sobre la “presencia viva de la herencia colonial” (Cotler 1978: 385). En efecto, a lo largo de sus páginas, vemos desfilar múltiples expresiones de esta herencia, de las que ponemos a guisa de ejemplo: el “ordenamiento político de naturaleza patrimonial”; la “sociedad dividida jerárquicamente en estamentos”; el “permanente e insaciable deseo de concentrar el poder”; el “permanente estado de corrupción”; la “fragmentación de los intereses sociales” junto con la “falta de universalización del Estado”; la “ambivalencia e impotencia” de las elites (en aquella época, de la aristocracia criolla con relación a la metrópoli y corona españolas); la “inestabilidad política”, “ausencia de hegemonía”, “problemas de orden y unidad nacional”; la “fragmentación política”.

Respetamos la opinión del profesor Rochabrún sobre su rechazo a “las explicaciones que se apoyan en el ‘pasado remoto’” (Ibíd.), pero estimamos que la tesis de Cotler, adelantada en la introducción de su libro para justificar la apelación a ese pasado, se mantiene plenamente vigente: “[…] la sociedad peruana arrastra, sin solución de continuidad, un conjunto de características derivadas de su constitución colonial, que condicionaron el desarrollo de su estructura y proceso sociales.” (Cotler 1978: 15); apelación que se inscribe asimismo en una suerte de tradición clásica inaugurada por Mariátegui y Haya de la Torre (op. cit., 18). Tales características abarcan desde modos de producción hasta formas de expresión y del pensamiento, pasando por estilos de hacer gestión pública y actividad política. Sin ir muy lejos, un ejemplo paradigmático de tales características colonialistas lo proporciona la manera de pensar -y de gobernar- del presidente Alan García quien a través de sus artículos sobre el “perro del hortelano” concibió al país y sus habitantes como una chacra que se puede poner en venta a voluntad, como antaño lo hacían los hacendados “de horca y cuchillo”.

La apelación al pasado no es sinónimo de “pasadismo” ni de una mentalidad “arcaica” -en términos de “añoranza”- como diría un crítico liberal a lo Mario Vargas Llosa. Tampoco es una cuestión de que nos guste o no, como parece sostener Rochabrún. La cuestión principal consiste en saber cuál es la noción de historia con la que está trabajando o emitiendo opinión el investigador, intelectual o político, y explicitar hasta dónde llega su alcance en el tiempo, hacia delante y hacia atrás, o viceversa. En otras palabras, la noción de Historia en términos de la relación pasado-presente-futuro nos parece fundamental (Montoya 1980: 20-30).

Sin ser entonces ni “pasadistas” ni “arcaicos” defendemos la vigencia de la tesis sobre la herencia colonial considerándola una regularidad histórica y porque, además, en términos del análisis histórico que propuso Montoya (1980: 28) dicha herencia es “una parte de los elementos del pasado que constituyen el presente” de la formación social peruana en “su totalidad y su historicidad”. Debido a esa regularidad, la herencia colonial es reproducida no solamente en y desde las esferas del poder gubernamental; está instalada asimismo en una sociedad tan estratificada y estamental como la nuestra, que descansa fuertemente en relaciones de clase y jerarquía, así como de raza y en el dominio del patriarcado.

Con relación a la combinación pasado/presente, nuestra apuesta de futuro -que aparece enunciada en el título de este trabajo- es radical y por tanto de ruptura. ¿De qué otra manera podríamos proyectar cambios sustanciales sin quebrar el orden existente?