El escenario y las perspectivas.

Del 2002 a 2008 la economía peruana muestra una performance de crecimiento ininterrumpido. En el 2007 creció entre 8 y 9%, según la fuente oficial que se tome (MEF o INEI). Las proyecciones del 2008 (más del 9%) rebasaron las previsiones del gobierno (6,5%) determinadas por el estallido de la crisis financiera internacional (MEF 2008). La crisis financiera internacional que implosionó a mediados del 2008 desde los EE.UU., ha repercutido inmediatamente en el resto del mundo, empezando por los países más desarrollados. Sus efectos sobre el Perú empezaron a sentirse en el último trimestre del 2008, en el frente externo, mediante la contracción de la demanda internacional, el desplome de precios de los commodities y la disminución de remesas. Pese a ello el crecimiento económico del país fue alrededor de 10% en 2008. El 2009 estuvo fuertemente influido por la incertidumbre en cuanto a las expectativas de crecimiento, cuyas proyecciones eran siendo periódicamente revisadas, pese al excesivo optimismo presidencial. A largo plazo, la situación es todavía más incierta porque las medidas anti crisis priorizan las inversiones y atenciones a favor de las grandes empresas internacionales y sus asociados locales.

El extraordinario ciclo de crecimiento que experimentó el país, particularmente en el periodo 2001-2008, no benefició a la mayoría de la población y por eso se mantienen indicadores de pobreza relativamente elevados. La desigualdad afecta a más de 10 millones de habitantes especialmente de la sierra y selva. Existen factores estructurales y de política gubernamental que explican el pésimo y agravado cuadro redistributivo existente, impidiendo al mismo tiempo que la pobreza se reduzca aun más. De un lado, el empleo y la productividad por trabajador aumentaron pero los salarios reales se han mantenido estancados; de otro lado, el crecimiento económico se concentró en Lima y la costa (Francke 2009: 30).

Este comportamiento de la economía como un todo mantiene, en contrapartida, un proceso de desarrollo muy dispar entre las diferentes regiones, como la costa norte por un lado y la sierra sur por otro. Ciertamente, el desarrollo capitalista del país viene produciendo en la práctica un proceso de regionalización muy diferente a lo esperado en los dispositivos y normas legales del estado peruano actual. Espacios productivos y territorios, ciudades y puertos, son reordenados por el capital en términos de nuevos circuitos, corredores y ejes económicos, que son así incorporados a las cadenas internacionales de valorización de mercancías. La cara inversa de este proceso es el rezago de áreas, zonas y hasta regiones enteras que no logran acoplarse ni ser acopladas con la dinámica exterior, quedando expuestas a la voluntad política del gobierno central y dependiendo de las transferencias de recursos financieros desde Lima (canon minero).

Si atendiéramos a los resultados de las elecciones presidenciales del 2006, junto con los efectos que está produciendo la bonanza económica en términos regionales, y las expresiones de malestar en distintas partes del país, el Perú proyecta la imagen de un país fragmentado antes que de un “estado unitario” (excepto por la formalidad). Lima sigue siendo el principal centro de poder en el país, aunque las distancias socioeconómicas con respecto a las regiones y provincias del interior son muy grandes y hasta abismales en muchos casos, particularmente con los espacios rurales, cualquiera sea el indicador de desarrollo que se tome para la comparación.

Megaurbe al mismo tiempo que región, absorbiendo ingentes recursos, concentran-do decisiones claves y funciones de gobierno, el crecimiento y desarrollo de Lima se ha ido desacoplando y desentendiéndose de la suerte de regiones que se mantienen en el atraso y subdesarrollo, llegando incluso a volverse un obstáculo para las posibilidades de muchas partes del país que se mantienen postradas y abandona-das, como si el tiempo allí se hubiese detenido. En términos de la teoría ortodoxa del desarrollo económico, la región de Lima Metropolitana es incapaz de generar algún “efecto de arrastre” sobre las economías del interior. Estas están libradas a la capacidad ejecutiva y de gestión de sus propios gobiernos regionales y locales, a su propia dotación local de recursos naturales para la exportación y a la coyuntura favorable (o errática) de los mercados internacionales.

Si bien las relaciones entre Lima (sede del poder centralizado) y las regiones son muy tensas políticamente hablando, la reproducción del escenario boliviano en el Perú sería el peor de los escenarios posibles. Las condiciones políticas son diferentes en ambos países, empezando por la identidad racial y política de los gobernantes. En el caso de un hipotético gobierno indigenista o “nacionalista”, en el Perú, proclive a priorizar el desarrollo regional, la oposición provendría principal-mente de las elites limeñas que, a pesar de constituir una minoría, recurrirían a su poder económico e influencias internacionales para tratar de chantajear y doblegar cualquier voluntad de cambio en sentido “nacional-popular”. El caso boliviano muestra también que las tendencias autonómicas representadas por las provincias de la medialuna (Santa Cruz, Pando y Beni), proclives al separatismo para formar otros estados, y en contra de la voluntad mayoritaria del país, es un negocio políticamente rentable para las transnacionales y para un país como Chile, cuyo proyecto histórico como estado-nación quedó nítidamente perfilado desde la Guerra del Pacífico.

El denominado modelo neoliberal fue impuesto sobre el país en los 90 por las fuerzas de la globalización y la aquiescencia de los liberales, tecnócratas y burgueses criollos, para resolver la crisis y el desastre socioeconómico con que concluyó el primer gobierno aprista de la historia peruana (1985-1990). Ciertamente, la crisis heredada fue resuelta en los años 90 por el régimen de Fujimori, pero a favor de los grandes capitalistas y haciendo oscuros negocios a costa del erario público. Con crisis o sin crisis de por medio, con crecimiento económico o sin él, los regímenes políticos que se han sucedido en el país, desde por lo menos la segunda mitad de los años 80, han sido igualmente corruptos.

Desde la publicación de los artículos presidenciales sobre el perro del hortelano (cf. nota 166, supra), en el Perú vivimos un ambiente ideológico enrarecido, dando la sensación de que hemos retornado al macartismo de los años 50-60. La obsesión presidencial por el “crecimiento económico” a cualquier costo lo ha llevado a poner al Perú en venta con el propósito de inaugurar un nuevo ciclo de acumulación primario-exportador. Tras la violenta represión de los indígenas y pobladores amazónicos en la “curva del diablo” (Bagua, 5 de junio 2009), dejando muertes en ambos lados, García Pérez (2009) sacó nuevamente a relucir su discurso intolerable, provocador y violentista, herido en su orgullo por la derrota política que le propinó la protesta indígena a su régimen. Esta vez el peso de su ira recayó en lo que él denomina los “antisistema” (azuzadores, proestatistas, minorías políticas, etc.) que en su opinión influenciaron y manipularon a los indígenas para sus propios fines, apelando al mismo tiempo a una imaginaria “mayoría demócrata y racional” que compartiría su manera de pensar, y “es inmensa aunque esté silenciosa”. Similarmente a lo que en su momento fue el autoproclamado “pensamiento Gonzalo” (seudónimo de Abimael Guzmán, el fundador de Sendero Luminoso), creemos que el pensamiento del presidente García -desde la derecha más rancia y cavernaria, doctrinaria y colonialista- está plagado de milenarismo (Hildebrandt 2009c; Jiménez 2009).

En términos de los escenarios y las perspectivas en el futuro inmediato, tenemos al menos dos que se perfilan nítidamente en el Perú: uno dominado por las tendencias derechizantes y las fuerzas derechistas que abrazan el Consenso de Washington. El otro escenario es el de las “alternativas”, hegemonizado en el país por los discursos de la subalternidad Quijano (1998: 13-15) y sus expresiones políticas en el social-liberalismo (“izquierda caviar”), nacionalismo-humalismo, humanismo a lo Yehude Simon (ex-primer ministro del segundo gobierno aprista) y la “vieja izquierda” que apoya a Humala. Todas sin excepción carecen de un horizonte societal nítido y de alguna expresión organizativa unitaria en el presente.

El actual estado de cosas puede ser suplantado si se enarbola y construye desde ahora un proyecto “nacional-popular” que afronte el cambio social como un largo y difícil proceso de transición cuyo tiempo político e histórico no se agota en coyunturas electorales. Además de corregir lo que las elites dominantes han puesto “de cabeza” (la inserción plena del país en la globalización sin ninguna o poca preparación de las condiciones internas, económicas, políticas y sociales), el desarrollo desigual tiene que ser reemplazado por otro “modelo” que se vaya desplegando en base a la movilización de las capacidades endógenas y los recursos locales. Hablamos de un tipo de desarrollo autocentrado en sus propias posibilidades, donde lo “externo” es colocado en función de las necesidades endógenas (ojo: no estamos queriendo decir solamente “atención de necesidades básicas”), el desarrollo de fuerzas productivas a distintas escalas territoriales y la generación de bases locales de acumulación; concertando democráticamente con y entre actores que se empoderan estratégicamente en su propio territorio, así como entre regiones que busquen la complementariedad y relaciones de articulación entre sus espacios, antes que la inútil y febril competencia. Para todo eso y más se necesita de “otro estado” y otros actores-sujetos-liderazgos políticos.