Dependencia histórico-estructural y perennización del patrón primario-exportador.

El desarrollo económico peruano ha sido tradicionalmente sinónimo de «desarrollo primario-exportador», estando por eso mismo en función de la demanda internacional por materias primas y otros recursos naturales, con relación a los cuales nuestra historia económica registra variados ciclos de exportación (Thorp y Bertram 1985), siendo este patrón primario-exportador -ciertamente- una «herencia colonial».

Entre la última década del s. XIX y las tres primeras del XX (1890-1930) el patrón de desarrollo primario-exportador en nuestro país descansaba en lo que podemos denominar un capitalismo de enclave; es decir, en la articulación orgánica entre capitalismo y precapitalismo (Quijano 1978: 19-36). El primero estaba expresado -en términos del control y la propiedad- por el “capital monopolista” con su respectivo centro de acumulación en el exterior, mientras el segundo contenía un conjunto de modalidades “serviles” o “semiserviles” de producción, principal-mente entre campesinos y terratenientes señoriales. La reproducción del trabajo asalariado en los enclaves capitalistas mediante una corriente de bienes proveniente del precapitalismo, en el mismo ámbito regional, constituía la base de sustentación de dicha articulación orgánica; siendo por ende una fuente importante de la ganancia monopólica. Ejemplos emblemáticos y representativos del capital monopolista en el Perú fueron las siguientes empresas: Cerro de Pasco Copper Corporation (minería metálica), Grace & Co. (agricultura de exportación, producción textil), Internacional Petroleum (petróleo), Peruvian Corporation (ferrocarriles), las tres primeras de capital americano y la última de capital británico. Las relaciones productivas y de intercambio entre capitalismo y precapitalismo, en este periodo, configuraron “la primera estructura de acumulación imperialista en el Perú”, otorgando a la economía peruana de entonces y sus mecanismos de acumulación un carácter “semicolonial” (op. cit., 26-28). El orden estatal correspondiente a esta matriz económico-productiva fue el de un “Estado Oligárquico nacional dependiente” cuya base social era la coalición de poder entre los intereses de la burguesía imperialista como fracción hegemónica de esta coalición, la burguesía local dependiente, los terratenientes mercantiles y señoriales (op. cit., 54-55).

Téngase en cuenta que fue la primera estructura socioeconómica y de poder político que surgió tras la Guerra del Pacífico (1879-1883); de ahí su interés e importancia porque sobre esas bases han discurrido los procesos de cambio y transformación de la formación social peruana a lo largo de su historia posterior.

En el gráfico de la página siguiente la relación de ida y vuelta entre el país sede (representado por “A”) y el país receptor (“B”) define una dependencia estructural, mientras que el circuito que se establece entre espacios o territorios de A, B y C da lugar a una (o varias) cadena(s) de valor (“cadena imperialista” en términos de Quijano, siguiendo a Lenin). En uno u otro caso los mecanismos de articulación están dados tanto por el intercambio desigual de equivalentes como por la propiedad y el control de recursos (naturales, financieros, tecnológicos, comerciales e incluso políticos) que ejerce el capital monopólico (la “corporación gigante” en el lenguaje de la economía globalizada de nuestros días). La relación entre el capital monopólico imperialista y el precapitalismo implicaba que “plusvalía y excedentes mercantiles se combinan en la generación del beneficio global del capital imperialista” (Quijano 1978: 33), dando como resultado la dependencia estructural señalada. Esta relación, así como su expresión política en el Estado, se hallan al interior del país receptor “B”. [7]

En el modelo que busca representar el gráfico son necesarios algunos señalamientos:

• Cada una de las ramas primario-exportadoras se articulaba por separado con el país de origen del capital monopólico. Esto denotaba la ausencia de un eje articulador interno o de un sector que cumpliera este papel con relación a otros (p. ej. una industria textil que articulara metalurgia para fabricar maquinaria agrícola, que sirviera a su vez para la producción de algodón y lana, permitiendo también la incorporación de la minería y el petróleo).

• En relación con lo anterior, la ausencia de un mercado interno y de un circuito interno de acumulación, que absorbieran y/o capitalizaran el plusvalor generado por las actividades primarias.

• El Estado peruano cumplía con la “función estatal básica de garantizar la hegemonía del capital imperialista” (op. cit., 57), tanto política como administrativamente, en relación con el mantenimiento/reproducción de la dependencia estructural, y las necesidades de acumulación/realización del capital monopólico. De ahí su carácter de clase o predominantemente burgués, a pesar del predominio de las fracciones no-capitalistas en la coalición de poder.

Perú. Modelo primario-exportador dependiente basado en la articulación entre capitalismo y precapitalismo (1890-1930)

Fuente. Quijano (1978).

Elaboración. El autor.

En términos de su fenomenología, la dependencia estructural se presenta al observador como una relación entre flujos (el capital circulando en la forma de mercancías y dinero) de un país a otro y al interior del país receptor; flujos que son registrados usualmente por las estadísticas económicas y financieras agregadas (comercio exterior, inversión directa, préstamos, participación en el PBI, etc.). En cambio, desde el punto de vista de su esencia, el mismo fenómeno tiene tras de sí una trama de relaciones (económicas, sociales, institucionales) que se van densificando en el espacio y tiempo determinados, hasta volverse hegemónicas y/o predominantes, subordinando a su férula las relaciones pre-existentes.

La articulación entre capitalismo y precapitalismo en la esfera económica, considerando el país entero o porciones territoriales de este, su combinación (no reflejo mecánico) con la política, el Estado, el régimen político y el ordenamiento jurídico, dando lugar a un todo social contradictorio y desigualmente distribuido, está lejos de asemejarse a -o más bien se distancia de- los enfoques “dualistas” que predominaron en las ciencias sociales, los cuales obviaron o no prestaron atención a los procesos y tendencias de dicha articulación (al interior de la economía; entre economía, política y cultura, etc.). En un conocido estudio sobre la distribución del ingreso en el Perú de los años 60 (Webb 1975), se manejó el concepto de dualismo tecnológico basado en la dicotomía moderno/tradicional y urbano/rural. Cabe reconocer que esta dicotomía fue exitosa como criterio metodológico para el tratamiento de la heterogeneidad socioeconómica y espacial, en un país desigual y heterogéneo como el Perú, pero al costo de ocultar la existencia del capital monopólico en el “sector moderno” o en la categoría más general de “fuerzas del mercado”. Pero no solo era esto, pues también quedaba ocultada -y hasta negada- la vinculación de intereses y las relaciones de dependencia entre la burguesía local y la burguesía imperialista. Las preguntas relativas a la «marginalidad» (op. cit., 99-100) no pueden ser respondidas en ese contexto debido justamente a tamaña omisión como consecuencia del enfoque adoptado. La crítica al concepto marxiano de “explotación” (que en su sentido original se refiere a extracción de plusvalor del trabajo vivo) peca de incomprensión de este concepto al confundirlo con la asignación, uso y circulación del excedente económico a través de mecanismos de precios o políticas gubernamentales en el marco de la redistribución de ingresos. Pero este no es solamente un tema circulacionista.

A pesar de las limitaciones y ambigüedades del enfoque dual, este fue adoptado por muchos economistas, otros científicos sociales y aun líderes políticos de izquierda, sea para el estudio o la caracterización de la realidad peruana de los años 70 e incluso de los 80. Lo importante a resaltar es que la relación moderno-tradicional desplazó de las prioridades de investigación a las indagaciones sobre “la condición estructuralmente dependiente del capitalismo que se implantó en el Perú” (Quijano 1978: 30). De esta manera, la problemática implicada por la relación de dependencia, respecto a la presencia dominante del capital monopolista en la economía y sociedad peruanas, su relación de articulación y sus mecanismos de acumulación, fueron reemplazados por un abordaje que remarcaba las relaciones interno-externo, la procedencia “extranjera” del capital o de la propiedad, y el problema de definir el carácter del Estado más en función de la condición “nacional”, aun cuando esta condición estuviera permanentemente imbricada e interconectada con el problema de clase. Lo que estamos evaluando sucintamente para el caso peruano, en relación con la “dependencia”, había motivado un amplio debate a nivel latinoamericano especialmente entre los sociólogos (Weffort 1972).

¿Qué aconteció entonces desde 1930 hasta nuestros días? Sería muy largo y quizás tedioso hacer el recuento de esta historia. Solamente queremos dejar señalando tres grandes periodos con algunos rasgos destacables:

1930-1968. Podemos descomponer este periodo en dos tramos: a] 1930-1948, periodo que estuvo fuertemente influenciado por la gran depresión y la segunda guerra mundial; b] 1948-1968 que “fue un excelente ejemplo, en Latinoamérica, de aquel sueño de los economistas del desarrollo ortodoxo: un sistema orientado por las exportaciones” (Thorp y Bertram 1985: 311).

Los años 30 fueron el único momento del siglo XX en que la hegemonía del capital monopólico, principalmente de origen norteamericano, se aflojó. Este contexto propició dos experiencias de industrialización: durante la primera mitad de los años 30 en que se desarrolló la industria liviana de bienes de consumo, siendo un proceso débil y tardío con respecto a los niveles de crecimiento alcanzados por países latinoamericanos más grandes (Argentina y Brasil).

El impulso industrializador volvió a brotar en el transcurso de 1939 a 1942, aunque sin poder sostenerse sobre sus propias fuerzas debido al “desinterés de la élite por la industria y la ausencia de una clase industrial” (Thorp y Bertram 1985: 297). Favorecido por el gobierno de Manuel Prado (1940-1945), el capital monopólico de bandera USA recupera su poder e influencia sobre la economía interna durante la segunda guerra mundial.

A nivel de la relaciones entre estados, el poder e influencia estaban especialmente referidos a los terrenos político, militar y de la ayuda al desarrollo, más que económico, lo cual se acentuó durante los años de la Guerra Fría y, más aun, tras la caída del muro de Berlín. El contexto histórico correspondiente constituía la tendencia al “progresivo deterioro de la posición hegemónica de los Estados Unidos, como el principal centro de poder imperialista” (Quijano 1971: 16), a raíz de la crisis del dólar en 1967 y la crisis del petróleo de 1973. Las relaciones con la embajada norteamericana, en el Perú, se volvieron referencia obligada para las elites económicas, empresariales, políticas y tecnocráticas (civiles y militares), tanto como para toda forma de oposición.

1969-1975. Hasta 1968 la coalición de poder venía depurándose, lenta pero ineluctablemente, de los intereses terratenientes y señoriales supérstites y, en consecuencia, se fue transitando de una formación semicolonial sustentada por una economía agro extractiva, a “una sociedad de capitalismo subdesarrollado y de organización nacional-dependiente” (op. cit., 10).

En ese trance, 1968 representó un corte, si se puede decir así, ya que en octubre de ese año un golpe de estado liderado por generales nacionalistas puso fin al estado oligárquico, implementó un conjunto de “reformas estructurales”, buscó reorientar el patrón de desarrollo volcándolo hacia la industrialización, y -por primera vez en la historia del país- el Estado asumió un liderazgo activo e intervencionista en la economía, en el marco de “una opción neo-imperialista a través del intento de conversión del Estado en el eje central del nuevo modo de articulación” (op. cit., 183). La izquierda peruana tardó en reconocer estos cambios, pues durante la década del 70 se la pasó debatiendo acerca de si el régimen de producción y el estado en el país eran de carácter feudal (semicolonial) o capitalista, cuestión de la que desprendían las alianzas tácticas, el contenido de la revolución y sus “fuerzas motrices”. Se trataba de un debate envilecido por el doctrinarismo y viciado de sectarismo, fuente además de las múltiples divisiones y desprendimientos al interior de los partidos.

A través del golpe de estado que defenestró a Belaúnde, los militares nacionalistas instauraron un régimen dictatorial que, en el terreno político-ideológico, pretendió tomar distancia por igual del capitalismo y del socialismo; ocasionando con esto una actuación y comportamiento ambivalentes que incluso desconcertaban a los opositores en la derecha e izquierda.

Dicho corte generó entonces un interregno con relación a lo que venía aconteciendo desde el periodo previo; es decir, representó un escenario donde el protagonismo estuvo detentado por las Fuerzas Armadas y los grupos tecnocráticos que le acompañaron, como “sectores de autoridad intermediaria” (op. cit., 35), por ende, con pretensiones de relativa autonomía para resolver la crisis de la hegemonía política y la consecuente fragmentación del poder.

Este “experimento” nacionalista fue interrumpido abruptamente por otro golpe militar que depuso al General Velasco, iniciando así la “segunda fase de la revolución peruana”.

1976 hasta la actualidad. Aquí tenemos superpuestos y combinados una serie de coyunturas y ciclos económico-políticos. Empezamos con la coyuntura 76-78, de inicio de la crisis económica con un fuerte conflicto social y político que no se hizo esperar, entre el frente de la burguesía y el de los trabajadores. Los costos de la estabilización económica golpearon principalmente a los últimos (despidos masivos y ajustes salariales), pero asimismo a los sectores medios (por alza de impuestos, “gasolinazos” y devaluaciones) y sectores populares en general debido a la carestía y la creciente inflación. La inestabilidad política se reflejó en el relevo de ministros de economía (1 por año en promedio, entre 1975 y 1979), que implementaron las mismas políticas de “estabilización” comprometidas con el FMI en Cartas de Intención. La fuerza de las protestas y la oposición popular, que amenazaban convertir el conflicto en una crisis política de proporciones, obligaron a los militares en consenso con los partidos del orden (APRA, Acción Popular, Partido Popular Cristiano) a canalizar dicha amenaza mediante la transición 79-80 signada por la Asamblea Constituyente y la realización de elecciones presidenciales, permitiendo el retorno al poder de Fernando Belaúnde y su partido (AP). El inicio de las acciones de “Sendero Luminoso” en mayo 1980 inauguró el conflicto armado que se desató en el país, con la respuesta igualmente armada y represiva del Estado, hasta la captura del “Presidente Gonzalo” en septiembre de 1992. El primer gobierno de Alan García (1985-1990) formó parte de aquel periodo de violencia política y de violación de derechos humanos; su experimento “heterodoxo” desató la más grande hiperinflación de la historia del Perú (7,000%), dejando detrás una estela de corrupción. La década fujimorista que le sucedió (1990-2000) significó la instauración del neoliberalismo en la conducción económica y política del país, junto con el proyecto Fujimori-Montesinos de perpetuación en el poder del Estado a base de colusiones mafiosas en perjuicio del erario público (Cotler y Grompone 2000; Degregori 2001; Quijano 1995; Romero 1998b). La oposición democrática desde 1997 contra Fujimori y sus secuaces; la fuga y posterior renuncia de aquél a la presidencia desde Japón por fax, a fines del 2000; el breve gobierno transitorio de Valentín Paniagua (2001-2002) elegido por el Congreso; todos estos acontecimientos conformaron una nueva transición político-institucional con respecto a la cual se esperaban reformas de fondo en la gestión pública, el ordenamiento constitucional, el régimen de partidos y la descentralización. Estas y otras demandas (expectativas) de democratización fueron las banderas que recibieron la adhesión y el amplio respaldo en todos los grupos y estratos sociales. Aunque reconocidas y defendidas por los liderazgos opositores de entonces, terminaron siendo abandonadas. En lo que más se profundizó fue en el modelo económico neoliberal, bajo cuya continuidad la economía peruana experimentó un crecimiento económico sostenido desde el 2002 aunque, antes que a las supuestas bondades del modelo, obedeció más bien a la coyuntura favorable de precios en alza de las materias primas en los mercados internacionales. En paralelo con esto, el proceso de descentralización marchó débil y limitado; fue desatándose el escalamiento de la crisis distributiva y el consiguiente resurgimiento de conflictos sociales a escala sectorial, regional y nacional, así como conflictos ambientales contra empresas mineras.

Todo el proceso histórico que hemos relatado rápidamente ha desembocado en el hecho que el Estado peruano, hoy más que nunca, se halla al servicio de –y está domeñado por- los intereses de los grandes capitalistas, corporaciones, inversionistas, etc.; todos ellos armonizados alrededor del consenso neoliberal. En este contexto, el patrón de desarrollo primario-exportador, seguido tradicional-mente por el país, está siendo profundizado por el segundo gobierno aprista que inició su gestión en el 2006. La economía de «enclave» se ha extendido a otras regiones y territorios, como la amazonia peruana, donde además de extraer y explotar recursos naturales, las empresas petroleras -en la fase de prospección- realizan estudios conocidos como Líneas de Base Social, estudios de impacto ambiental y planes de relaciones comunitarias, que comprenden acciones de desarrollo (o de compensación) específicas para las poblaciones potencialmente afectadas. Esto forma parte, más bien, del “modo capitalista de entender la naturaleza y relacionarse con ella” (Ceceña, Aguilar y Motto 2007: 12). Se trata entonces de un fracaso porque no coadyuva -ni lo ha hecho en el pasado- a generar desarrollo también hacia el interior, articulando espacios y territorios (todo lo contrario), siendo esta una de las razones por las cuales el crecimiento sustentado en exportaciones primarias nunca “chorrea” ningún efecto beneficioso hacia dentro (solo gotea). El patrón primario-exportador viene siendo reforzado a través de mega-proyectos como el del IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), en donde el Perú está incorporado en 5 de los 12 “ejes de integración y desarrollo” del IIRSA (Zibechi 2006).

En épocas más recientes, ese mismo “desarrollo” ha venido siendo orientado por decisiones internacionales que en la actualidad asumen la forma del TLC con EEUU, China y Acuerdos de Comercio que se buscan cristalizar con otros grandes bloques de países (UE y el mercado Asia-Pacífico).

En consecuencia, sostenemos que el modelo primario-exportador ha fracasado con respecto a las necesidades y expectativas de las mayorías nacionales, siendo un hecho histórico concomitante con el Estado fallido peruano que es conducido por las elites (políticos “tradicionales”, grandes empresarios, militares); ambos hechos están en la base de la explicación de que toda “bonanza macroeconómica” -debido a ese tipo de crecimiento- convive todo el tiempo con el “malestar microeconómico” a manera de bomba de tiempo (Schuldt 2005b: 372-382). Los excedentes, concentrados y centralizados por el aparato estatal, son administrados y gestionados según intereses políticos, la conveniencia del partido de turno en el gobierno y/o para la futura capitalización electoral, asimismo, para atender a las presiones empresariales o hacer negocios oscuros que a la larga son descubiertos, antes que en función de las necesidades de desarrollo de los pueblos quienes solamente reciben atención en términos de algún proyecto o programa de “desarrollo social” -que, al final de cuentas, son intervenciones públicas concebidas para mantener la popularidad presidencial o la legitimidad del partido de turno-, en vez de hacerlo en términos de verdaderas estrategias nacionales de desarrollo.