H. La necesidad de un concepto de región plural y flexible

Para comenzar, es importante resaltar que en el contexto colombiano debe darse prioridad al papel que la región pueda cumplir en el indispensable proceso de superación de la crisis social y económica y de restablecimiento de la gobernabilidad democrática del país. En este sentido, podría decirse que el concepto de región recupera su significado más elemental y originario:

“Porción de la superficie. Una de las palabras más extendidas, imprecisas y polisémicas de la geografía. No obstante, implica un reino: regio; de: reg (dominar) como rey, regir y régimen” (Brunet, Ferras y Théry, 1992, p. 421).

Este énfasis político y ético otorgado al concepto de región está asociado, como se planteó en la sección precedente, a la necesidad de establecer una feliz conjunción entre espacios de diversa escala y naturaleza, como lo nacional y lo local, con dinámicas que no han logrado converger. Es por tanto recomendable, recuperar un segundo aspecto de la noción de región como bisagra, enlace, espacio de confluencia:

“Esta percepción induce a distinguir —como lo hace Hoerner— dos tipos fundamentales de territorio: los territorios próximos, llamados también territorios identitarios, como la aldea o el pueblo, el barrio, el terruño, la ciudad y la pequeña provincia; y los territorios más vastos, como los del Estado-Nación, los de los conjuntos supranacionales como la Unión Europea) y los territorios de la globalización. La región (o la gran provincia) sería la bisagra o punto de conjunción entre ambos tipos de territorio. De este modo, se estaría oponiendo esquemáticamente territorios más vividos y sólo accesoriamente administrativos a territorios, por así decirlo, más conceptuales y abstractos” (Jiménez, 2000, p. 96).

La institucionalidad, la política pública y la práctica social deben servirse de la región para conseguir esta necesaria pero hasta ahora malograda confluencia entre los esfuerzos de construcción regional, “desde abajo”, y los de regionalización, “desde arriba”. Esta confluencia requiere probablemente de una transformación en las ideas y mentalidades, a la cual está en obligación de aportar la investigación y la reflexión conceptual. Adicionalmente, puede requerir una revisión en las prácticas institucionales vigentes que, como se propuso más arriba, privilegien el aprendizaje horizontal y conviertan a los órganos centrales en asesores y acompañantes de procesos en los cuales ellos son socios de primer orden. Esto significa que no necesariamente debe pensarse que es necesaria una iniciativa legal o de reforma institucional pues probablemente en el espíritu de las leyes actuales esta forma de trabajo esté admitida y avalada o, por lo menos y en el peor de los casos, no prohibida.

El énfasis en la iniciativa local, el desarrollo endógeno y el desarrollo económico local ha sido social y políticamente positivo. No obstante, en Colombia y probablemente en algunos otros países latinoamericanos, se ha acompañado de una posible crisis de identidad del Estado central en estas materias. Esta posible crisis de identidad ha puesto en la oscuridad algunas responsabilidades del Estado-Nacional de indiscutible importancia para el desarrollo regional de las naciones. En primer lugar, la equidad en las posibilidades de acceso a las redes de transporte y comunicaciones son la base, el soporte físico real, de la igualdad en las oportunidades de desarrollo económico local y regional. En segunda instancia, el desarrollo y el crecimiento generan, por definición, desequilibrios territoriales que si no se desea que desemboquen en violentos procesos de desintegración y fragmentación social, deben acudir a fórmulas de ejercicio de la solidaridad territorial a través de fondos de compensación para inversiones económicas y sociales. Estos fondos y mecanismos se han diseñado en algunos casos como parte de las fórmulas de transferencia de atribuciones y recursos fiscales entre diversos niveles de gobierno. Adicionalmente, se han tomado iniciativas para establecer incentivos tributarios regionales y locales excepcionales o para la participación en las regalías e impuestos derivados de la explotación de recursos naturales, especialmente mineros. Aparte de la evidente dispersión en estos esfuerzos de compensación, está pendiente una evaluación de su eficacia e impacto.

Desde el punto de vista de los procesos de construcción regional, la literatura especializada ha hecho énfasis en la dimensión económica como aquella con capacidad de aglutinación y síntesis de aspiraciones sociales complejas, múltiples y pluridimensionales. No obstante, lo que la mirada rápida y superficial de la experiencia colombiana sugiere es la necesidad de dar cabida, conceptual, teórica y política a otras dimensiones que puedan, en casos particulares, desempeñar este papel de aglutinación y de síntesis: lo político, lo ambiental, lo cultural, lo social. El discurso de la competitividad territorial, de la investigación e innovación, están sujetos, en el caso de muchas de las regiones (territorios subnacionales) de América Latina a la resolución paralela y simultánea de conflictos de identidad, deterioro ambiental, integración física, desintegración social o deslegitimación política.

El desarrollo local, regional o territorial, debe ser sostenible y duradero y, por esta razón, la dimensión económica es ineludible y preponderante. No obstante, en algunos casos debe estar parcialmente subordinada, o por lo menos acompañada de estrategias relacionadas con otras dimensiones de la vida social, sin la solución de las cuales la competitividad, la innovación y el desarrollo parecerán meras quimeras o juegos de ficción. En este sentido, finalizamos este ensayo dejando planteada una paleta de opciones y dimensiones a ser consideradas como acompañantes, en algunos casos estratégicos, de los procesos de construcción regional.

Hay dos conflictos históricos que están reapareciendo en la cuestión regional latinoamericana y que requerirán de un tratamiento adecuado, el del conflicto campo ciudad y el de la multiculturalidad de los pueblos, especialmente en aquellos países con fuerte presencia de naciones y culturas indoamericanas.

Romero (1976) ha recogido escenas y momentos del desarrollo del conflicto campo-ciudad y de su difícil relación y confluencia en los procesos de construcción regional en América Latina, las cuales estarían retomando vigencia. Estos cuadros o escenas ponen en evidencia la tensión y el conflicto que ha marcado estas relaciones. Por un lado, aparece la ciudad como foco de difusión de una cultura y de una civilización:

“Vigorosos centros de concentración de poder, las ciudades aseguraron la presencia de la cultura europea, dirigieron el proceso económico, y sobre todo, trazaron el perfil de las regiones sobre las que ejercían su influencia y, en conjunto, sobre toda el área latinoamericana” (Romero, 1976, p. xxii).

Por la otra, como puerto de dominación y también blanco de la resistencia y del descontento indoamericano:

“Pero la ciudad que se defendía era también una ciudad que atacaba. Mientras esperaba prevenida al enemigo, organizaba nuevas expediciones para ocupar el territorio circundante o las regiones que estaban bajo su influencia o sobre las rutas que convergían en la ciudad” (Romero, 1976, p. 81).

La vigencia y reaparición actual del conflicto se relaciona con los nexos encontrados entre la agudización reciente en los niveles de disparidad económica territorial en América Latina y la agudización de las distancias entre condiciones de vida y trabajo en los ámbitos rural y urbano (Cuervo, 2003).

Desde otro punto de vista, la creciente reivindicación del derecho a la diferencia como derecho básico y fundamental, sumado a las reacciones culturales y sociales suscitadas por la globalización, han puesto en el centro del escenario el papel de la identidad, bien sea como herramienta de resistencia, bien sea como instrumento de apropiación, adaptación, respuesta y aprovechamiento de las oportunidades y restricciones generadas en el contexto de la globalización. Esta reflexión cuenta con al menos dos vertientes que podrían ser catalogadas la primera como ontológica y la segunda como teleológica:

“La identidad regional —cuya existencia nunca puede presumirse a priori—, se da cuando por lo menos una parte significativa de los habitantes de una región ha logrado incorporar a su propio sistema cultural los símbolos, valores y aspiraciones más profundas de su región. Puede definirse, con M. Bassand (1981, p. 5), como la imagen distintiva y específica (dotada de normas, modelos, representaciones, valores, etc.) que los actores sociales de una región se forjan de sí mismos en el proceso de sus relaciones con otras regiones y colectividades. (...) De aquí la distinción, frecuente pero no siempre analítica, entre tres tipos de identidad (...)

(i) Identidad histórica y patrimonial, construida en relación con acontecimientos pasados importantes para la colectividad y/o con un patrimonio sociocultural natural o socioeconómico. (ii) Identidad proyectiva, fundada en un proyecto regional, es decir, en una representación más o menos elaborada del futuro de la región, habida cuenta de su pasado.

(iii) Identidad vivida, reflejo de la vida cotidiana y del modo de vida actual de la región. Este último tipo de identidad puede contener, en forma combinada, elementos históricos, proyectivos y patrimoniales” (Jiménez, 2000, pp. 115-116).

Como ilustraciones de cada una de estas vertientes se pueden observar las siguientes:

1. En la versión patrimonialista:

“De esta manera, hábitat, proceso histórico, instituciones y cultura, configuraban unidades integradas con principios identificatorios propios. Entonces pude zonificar al país en lo que denominé complejos culturales o subculturas, dimensiones patrias dotadas básicamente de un hábitat particular, dentro del cual un conjunto demográfico de características étnicas dadas, había creado mediante un proceso histórico vivido separadamente, la sociedad, representada en instituciones, dentro de las cuales operaban valores, imágenes y pautas de comportamiento en complicada acción integrativa y bajo una marcada identidad” (Gutiérrez de Pineda, 1968).

2. En la mirada proyectiva:

“La cuestión de las identidades culturales salta así al primer plano de los proyectos: o las construcciones identitarias se asumen como constitutivas de los modelos, propuestas y procesos de desarrollo, o de lo contrario las identidades tenderán a atrincherarse en sí mismas colocándose en una oposición a ultranza de antimodernidad. Si lo que constituye la fuerza del desarrollo es la capacidad de las sociedades de actuar sobre sí mismas y de modificar el curso de los acontecimientos y los procesos, hoy resulta imposible enfrentar los retos de la globalización sin potenciar los diversos sustratos culturales de cada país” (Barbero, 1998, p. 267).

3. Como identidad vivida:

Se llamó Espacio de Vida al conjunto de lugares frecuentados por una persona o por un grupo social.

Espacio Social es el conjunto de lugares frecuentados por una persona o por el grupo, al cual se le agregan el conjunto de interrelaciones sociales que ellos soportan, sean éstas de parentela, funcionales, etc.

Finalmente, se entiende por Espacio Vivido al conjunto de lugares del espacio de vida y del espacio social al cual se le agregan los valores sicológicos asignados a los lugares, creadores de lazos inmateriales entre los hombres y los lugares.

Según Frémont (1980, p. 49), se descubre así una nueva geografía de las relaciones entre los hombres y los lugares y por concecuencia las regiones en donde viven. Esta aproximación ha sido también desarrollada por John K. Wright con su geography of mind y el término geosophy por él propuesto, o David Lowenthal.

En algunos casos, la descentralización ha abierto la posibilidad del desarrollo de proyectos políticos locales y regionales, no necesariamente adscritos a los partidos nacionales previamente constituidos. En este sentido las formas y fuentes de construcción de poder político se han enriquecido y ampliado y en algunas circunstancias han entrado en abierto conflicto con las modalidades previas. Por estas razones u otras más convencionales, como puede ser el sentimiento de marginación y aislamiento presente en muchos territorios latinoamericanos, ha vuelto a emerger otro sentido de la construcción regional como ámbito político de proyección de las elites locales. Se trata de la reconstitución de un área de influencia, ya no generada desde arriba como mera creación de una jurisdicción, sino fruto de las tensiones entre los intereses regionales de áreas diversas, especialmente las de mayor y menor desarrollo relativo.

Finalmente, la atención creciente y la intensificación de los conflictos ambientales ha abierto la posibilidad para otras estrategias de construcción regional, basadas en la búsqueda de unidades con identidad ecológica o bien con intereses convergentes en términos de la resolución de carencias ambientales severas o de explotación de posibilidades de desarrollo asociadas con la biodiversidad o el ecoturismo. Ha surgido y se ha desarrollado entonces una muy rica corriente de pensamiento de la que acá no se hace justicia pero se menciona por su vital importancia: la del desarrollo regional sostenible.