BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

ECONOMÍA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN

Marcelo Fabián Vitarelli




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MARCO HISTÓRICO O CONTEXTUAL

La provincia de San Luis constituye en las recientes décadas un caso de estudio particular en la República Argentina, tanto en las formas de comportamiento y estructuración que adquiere su dinámica social como en las prácticas políticas ejercidas y su impacto en diferentes ámbitos.

La reapertura democrática en Argentina significó para este territorio la posibilidad de pensar un desarrollo local que de alguna manera reconstruyera el tejido social y productivo debilitado estructuralmente en épocas anteriores que se encontraba arrojado a condiciones de vida de pobreza y olvido histórico de sus poblaciones. Los sucesivos gobiernos de un mismo partido político – el Justicialismo- bajo la figura de su gobernante reelecto: el abogado Adolfo Rodríguez Saa, posibilitaron la puesta en marcha y su continuidad temporal, de planes sociales, educativos, de salud, de vivienda y de desarrollo productivo, entre otros, en el horizonte de la reciente promulgación de la Ley de Radicación Industrial con el reinicio democrático en Argentina (Olguín y otros, 2001).

Durante casi diez años la provincia de San Luis creció en su dinámica de población considerablemente, las ramas de la producción se diversificaron y la economía local se expandió. De hecho se constituyó en una provincia con indicadores positivos de crecimiento económico diferenciados en el total del país, entre los cuales el sector industrial y luego el agrícola – ganadero fueron los exponentes más positivos . “La conjunción de la restauración democrática con los planes de radicación industrial parecieron ser los primeros y firmes pasos hacia el desarrollo para la provincia de San Luis. Sin embargo, veinte años más tarde, cuando comienzan a desaparecer los beneficios para las industrias, aún quedan muchas expectativas sin concretarse” (Páez y otros, 2001).

Sin embargo este cuadro de situación planteado, no pudo ser ajeno a la realidad nacional en lo que respecta a un cambio en la dinámica social y en la relación que entre crecimiento y desarrollo venía aconteciendo. Mientras en otra época se vivía como el ciclo de una ciudadanía social asociada a las formas políticas del estado de bienestar en donde el trabajo era tomado como un valor de integración, podríamos decir que los 90 fragmentaron esta situación, empobrecieron el diálogo social y fortalecieron criterios de supervivencia individual generadores de competitividad entre las personas, logrando un mayor empobrecimiento, una inseguridad generalizada y una exclusión cada vez mayor (Vitarelli, M, 2007). Esta realidad, a la que la provincia de San Luis no pudo escapar, pero que vivió de una manera diferenciada, trajo para si una situación de incremento de la pobreza y la exclusión socioeconómica que a comienzos del nuevo milenio haría eclosión y produciría estallidos sociales tanto a nivel nacional como en focos locales .

Durante la década de los noventa se llevaron a cabo profundos cambios en el sistema productivo nacional, estos cambios nacidos en las políticas neoliberales fueron transformando la relación de estado –sociedad en una relación de mercado desigual y fragmentario. Se privatizaron empresas estatales, se desnacionalizó el aparato productivo y se fue desmantelando el sector industrial nacional del país, todo lo cual sin duda alguna contribuyó a un deterioro considerable de las condiciones de posibilidad laborales con la destrucción de puestos de trabajo y el aumento de desempleo (Feigelman, D. 2008). Vale agregar que en esta década el sistema educativo atraviesa cambios estructurales, y uno de ellos es el que hace referencia a la formación de trabajadores calificados para las distintas ramas de la industria y los diversos sectores productivos. Con ellos queremos recordar también que la formación para la inserción al sistema productivo queda cercenada y desvinculada de la realidad laboral vigente en ese entonces.

En toda la región latinoamericana y en Argentina en particular tres tipos de políticas sociales específicas fueron destinadas en esta oportunidad, entre ellas a) las políticas orientadas hacia los extremamente pobres (también llamados indigentes en Argentina); se trata entonces de asegurar el mínimo de los servicios de primera necesidad y de infraestructura social; b) las políticas de asistencia-beneficencia y de privatización: las políticas sociales orientadas son políticas de asistencia social. Paralelamente las clases media y rica que constituían los principales beneficiarios del estado providencia, van a abandonar cada vez más el sector público particularmente degradado (hospitales, enseñanza, sistema de jubilaciones) para hacer su apoyo al sector privado. La privatización constituye así la otra cara de las políticas orientadas, Argentina, Colombia, Chile y México son ejemplo de ellos, allí vemos debilitarse los sistemas de salud y de jubilación por ejemplo, se desarrollan en este momento clínicas privadas modernas y ricas en donde se dispensan cuidados especiales a los más ricos mientras los servicios de salud públicos se sumergen en profundas crisis. El sistema de jubilación por capitalización se desarrolla en detrimento del sistema de reparto y c) las políticas de descentralización que llaman a la participación popular: las políticas sociales orientadas son en gran medida aplicadas en las fases de descentralización. Ella responde no solamente a los programas sociales para sectores específicos sino también a una voluntad de reducir el déficit financiero: las políticas sociales clásicas del estado en materia de salud, educación, servicios urbanos y vivienda (Vitarelli, M. 2008).

En diciembre del 2001, la sociedad política argentina, se encuentra abandonada de todo cumplimiento de contrato social, una de sus consecuencias es el descontrol político civil. Un ejemplo de este estallido social en las calles de todo el país, lo constituye el movimiento autoconvocado que los argentinos conocimos con el nombre de “cacerolazo”. Desde el poder político – gubernamental emerge el acontecimiento decisivo que será la renuncia del presidente Fernando de la Rua, hecho a partir del cual en un plazo de diez días se sucedieron cinco presidentes, uno de ellos es el entonces gobernador de la provincia de San Luis, el abogado Adolfo Rodríguez Saa. Hacia el 1 de enero del 2002, asume por acuerdo interpartidarios el abogado Eduardo Duhalde como presidente interino. La credibilidad política está completamente desgastada, el malestar social es agudo y las condiciones de vida de muchos argentinos se encuentran fuertemente deterioradas en sus posibilidades estructurales.

Como respuesta a los focos encendidos en un período de agudos conflictos y problemas estructurales, los gobiernos nacionales y provinciales intentaron poner en marcha planes, programas, experiencias, políticas, etc. que atendieran el cuadro de situación planteado y ejercieran formas de contención social en plena crisis argentina. De este modo el Gobierno de la Provincia de San Luis, crea en el 2003 el “PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL -TRABAJO POR SAN LUIS” como paliativo público frente a la realidad social dada, y comienza desde entonces el caso de estudio que queremos abordar y que ha sido necesario contextualizar con algunos elementos de realidad local y epocal.


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