IV. 2. Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria para los extranjeros de los Estados Parte del MERCOSUR y de los Estados Asociados. (Programa Patria Grande).

Una de los mayores cambios que consagra la Ley 25.871 es el objetivo de propender a la regularización de los inmigrantes, explicitado claramente en su artículo 17 (“El Estado proveerá lo conducente a la adopción e implementación de medidas tendientes a regularizar la situación migratoria de los extranjeros”), el cual habilita la puesta en marcha por parte del Ejecutivo de programas para hacerla efectiva.

En correspondencia con esta disposición, unos meses después de la entrada en vigencia de la nueva ley, y ante la decisión de no considerar operativo el artículo 23, inciso (l) de la ley (que garantiza la residencia temporaria por criterio de nacionalidad a los extranjeros provenientes del MERCOSUR Ampliado), la Dirección Nacional de Migraciones comenzó a anunciar el lanzamiento de un inminente plan de regularización para poner en vigencia esa norma. Fueron los decretos Nº 836/2004 y 578/2005 los que determinaron la creación e implementación del Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria –denominado Programa Patria Grande-, dirigido a los extranjeros de los Estados Parte y Asociados del Mercosur para facilitar su acceso a la residencia. El mismo fue anunciado por el presidente de la Nación en diciembre de 2005 y se abordó la cifra de 750.000 extranjeros provenientes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, viviendo ilegalmente en el país, a los cuales se pretendía regularizar.

En ocasión de su lanzamiento, el presidente Néstor Kirchner destacó la importancia de apostar a una política migratoria radicalmente diferente a la de las últimas décadas, una política migratoria con eje en el ser humano, que garantice iguales posibilidades a los extranjeros que a los nacionales, y que esté orientada a fortalecer la integración de los países del MERCOSUR y América Latina . En esta, como en otras oportunidades en las que han hecho referencia a la política migratoria impulsada recientemente, el jefe de Estado u otros funcionarios de gobierno, la presentan como orientada por el respeto de los derechos humanos y el fortalecimiento de la integración regional.

Pero un hecho puntual e inesperado aceleró la puesta en marcha de este programa. En marzo de 2006, se produjo un incendio en un taller textil clandestino en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, que causó la muerte de seis personas de nacionalidad boliviana que se encontraban trabajando en condiciones de esclavitud. La noticia tuvo una amplia difusión y sacó a la luz una problemática real de nuestro país, vinculada a la explotación laboral de inmigrantes limítrofes, en su mayoría de origen boliviano, desarrollada comúnmente en lugares como este (talleres textiles clandestinos), y en la que la condición de irregularidad es la que determina, en la mayoría de los casos, la precariedad laboral y el sometimiento. Luego de este hecho, se clausuraron un número importante de establecimientos donde se registraron situaciones similares, no sólo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, sino también en otras ciudades del interior del país. En efecto, el gobierno nacional se vio obligado a acelerar la implementación del programa Patria Grande, que si bien estaba prevista desde hacía tiempo, se concretó el 17 de abril de 2006, pues no se podía esperar más para dar respuesta a un problema tan grave, que ahora gozaba de un incomodo impacto mediático.

La clave de este programa radica en la simplificación del trámite de regularización: sólo con su inscripción, el solicitante obtiene un certificado de residencia precaria, con el que podrá trabajar legalmente (además de estudiar, arribar y salir del país cuando quiera, etc.); en una segunda etapa, se tramita la residencia temporaria (por dos años) que luego se convierte en permanente. Para la residencia temporaria, se exige simplemente la presentación del documento nacional de identidad y un certificado que garantice la falta de antecedentes penales del peticionante. Esto, sumado al carácter gratuito y personal de la tramitación, marca un cambio fenomenal con respecto a las exigencias para radicarse que disponía la antigua ley, la cual establecía innumerables requisitos, que incluían hasta un certificado de salud, y altísimos montos para su acceso. De ahí la explosión de los trámites una vez lanzado el programa, que, gracias a la descentralización de los organismos encargados de tal proceso logró, según declaración de los funcionarios, documentar casi 200.000 inmigrantes, entre el 17 de abril y el 7 de agosto de 2006 (Lattuca; 2006).

Otra característica destacable y elemento diferenciador, es que el Programa Patria Grande no es una amnistía, no tiene una vigencia acotada, su aspiración es de política de Estado y regirá de ahora en más para los nacionales del MERCOSUR y de los Estados Asociados que se encuentren en territorio argentino y para aquellos que ingresen en el futuro. Incluso ahora se habla de una nueva posibilidad que tienen los inmigrantes del MERCOSUR Ampliado de hacer las radicaciones en los consulados argentinos de los países de origen con lo cual ingresarían al país con la residencia ya acordada (Rodríguez; 2006).

Hasta el momento, los resultados del programa son considerados muy positivos, pues se ha logrado el acceso a la residencia legal a 485.578 inmigrantes, entre el 17 de abril de 2006 hasta el 25 de julio de 2007. En orden de importancia, han obtenido residencia: 257.410 paraguayos (53%); 131.686 bolivianos (27%); 57.795 peruanos (12%); 13.104 uruguayos (2,7%); 10.407 chilenos (2,1%); 7.349 brasileños (1,5%); 4.305 colombianos (0,9%); 2.384 ecuatorianos (0,5%) y 1.138 venezolanos (0,2%) .

Cuando se lanzó el programa, muchas voces alertaron sobre la posibilidad de provocar una oleada migratoria proveniente de los países del MERCOSUR Ampliado, debido a las mayores posibilidades de radicación, así como también se habló de un incremento en los índices de desempleo producto del potencial incremento de los arribos. No obstante, ninguno de estos dos efectos se han hecho presentes en la Argentina: por un lado, el tradicional nivel constante y sostenido de la inmigración limítrofe sigue caracterizando los flujos en esa dirección, y por otro, de la mano de la recuperación económica posterior a la crisis de 2001, los niveles de desempleo han disminuido. Lo que ha hecho el gobierno con esta medida no es más que reconocer de derecho una situación que ya existía de hecho en nuestro país, con enormes repercusiones en cuanto el mejoramiento de la calidad de vida de estos extranjeros.

En lo que respecta al resto de los inmigrantes procedentes de otros países del mundo, a fines de 2004, se realizó un Plan de Regularización Migratoria destinado a todas las personas de países extra-Mercosur y asociados que se encontrasen en el país hasta el 30 de junio de 2004 (Decreto 1169/2004). La instrumentación de este programa comenzó el 4 de octubre de 2004 y se extendió por 180 días. Aproximadamente unas 14.000 personas (principalmente asiáticas, africanas, latinoamericanas no MERCOSUR, y de Europa del Este) se acercaron a la DNM para obtener su radicación. Hasta el mes de septiembre de 2005 se habían resuelto alrededor de 12.000 expedientes (CELS; 2005). Pero a diferencia del Plan Patria Grande, esta medida es de carácter excepcional, lo cuál evidencia la prioridad otorgada a la regularización de extranjeros miembros y asociados del MERCOSUR por sobre el resto, postura coherente con el volumen de inmigrantes de ese origen instalados en el país.

Cuadro Nº 19: Cantidad de ciudadanos extranjeros presentados al decreto 1169/2004, ordenados por continente y región.

Fuente: NOVICK, Susana; HENER, Alejandro; DALLE, Pablo (2005): El proceso de integración Mercosur: de las políticas migratorias y de seguridad a las trayectorias de los inmigrantes, Documentos de Trabajo Nº 46, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, p. 51.