IV. Las disparidades económicas territoriales como problema de política económica y recomendaciones de política

El paso del análisis de los factores que explican las disparidades económicas territoriales a las políticas requiere considerar algunos filtros y mediaciones, no es inmediato. Estas disparidades pueden ser o no consideradas como objeto de acciones de política, dependiendo de los criterios con los que se la mire. Estos criterios no son exclusivamente, en ocasiones ni siquiera principalmente, teóricos y científicos sino que son también éticos y políticos. Por esta razón, en este capítulo se hará una breve presentación de los componentes éticos, políticos y teóricos que dan fundamento a la manera como en cada momento y lugar se juzgan y evalúan las disparidades territoriales. De esta manera se ofrecerá el contexto adecuado para la presentación de las recomendaciones de política derivadas de los estudios e investigaciones revisadas a lo largo de este documento, con las cuales se hará el cierre de este último capítulo.

En breve, el propósito central de este capítulo es preguntarse si las disparidades económicas territoriales son un problema de política económica o no, es decir de si exigen una acción colectiva.

A. Los fundamentos éticos de una política territorial

Un primer y fundamental aspecto a tener en cuenta es comprender los principios éticos sobre los cuales se construye una argumentación a favor o en contra de la intervención colectiva sobre las disparidades territoriales. Estos principios tienen fundamento en el hecho de que las sociedades modernas tienen como origen revoluciones políticas e ideológicas de corte liberal en rechazo de las formas tradicionales, monárquicas y jerarquizadas de organización social previamente prevalecientes. Esto significa estar inspirados sobre las bases culturales e ideológicas de la modernidad occidental.

Las mencionadas revoluciones liberales subvierten el orden social establecido y basado en el linaje, el privilegio y la autocracia para construir sistemas basados en la defensa y la promoción de la libertad de acción y de pensamiento del individuo. La subordinación del individuo al orden social establecido a través de la religión es transformada por un nuevo equilibrio en donde el sostén de la sociedad es la libertad del sujeto. Se supone entonces que es la defensa de este principio máximo la que garantiza a la sociedad su dinamismo, su capacidad de progreso, e incluso la obtención de valores sociales como la justicia y la equidad. El libre ejercicio de la iniciativa individual se garantiza a través de la equidad en el acceso a las oportunidades.

Aunque la doctrina liberal da prelación a la iniciativa individual, reconoce la inmanente tensión entre lo individual y lo social, entre los principios de libertad y la necesidad de orden. Por tanto, la organización social, sus características y desempeño interesan en función de su misión de garantes del ejercicio de la libertad individual:

“Los asuntos de la nación y del gobierno son, en verdad, más importantes que cualquier otra cuestión práctica de la conducta humana, en la medida en que el orden social proporciona el fundamento de todo lo demás, y para cada individuo es posible progresar en la obtención de sus fines solamente en una sociedad propicia a su consecución” (Von Mises, 1985).

Adicionalmente, una segunda ruptura del liberalismo consiste en reconocerse a sí mismo como una doctrina materialista, es decir que no está a la espera de los premios y compensaciones a ser recibidos en el más allá, en el otro mundo, sino que está a la búsqueda del progreso material presente. En palabras de Von Mises (1985):

“Liberalismo es una doctrina enteramente orientada a la conducta del hombre en este mundo. En este sentido, no tiene a la vista más que el avance de su frontera, bienestar material, y no concierne directamente las necesidades más internas, espirituales y metafísicas del ser humano. No promete la felicidad ni la satisfacción humana, sino solamente la más abundante satisfacción posible de todos los deseos que pueden ser satisfechos por las cosas del mundo material”.

De acuerdo con lo anterior, el ejercicio de la libertad individual debe permitir la consecución de los fines de bienestar y de progreso material del individuo. En caso de que estos fines no se obtengan, en sociedades con altos niveles de desigualdad social o territorial en la distribución del ingreso y de la riqueza, se presume entonces la posible existencia de alguna o dos de las siguientes fallas: por una parte, pueden existir restricciones al ejercicio de la libertad individual o, aún más básico, a las oportunidades que permiten este ejercicio (nutrición, alojamiento, formación, información, etc.); por la otra, que el orden establecido (por ejemplo, una determinada forma de funcionamiento de la economía en el territorio) coarte el ejercicio de estas libertades o el acceso a estas oportunidades.

Constatar la presencia de disparidades en la distribución territorial del ingreso y de la riqueza equivale a reconocer que no todos los integrantes de la sociedad están obteniendo sus metas de progreso y bienestar material. Se plantea, por tanto, la posible existencia de una falla de organización, del orden establecido, o bien problemas de acceso al sistema por parte de ciertos individuos.

Este razonamiento cuenta con su análogo en la teoría económica. El crecimiento económico y el bienestar material de los pueblos, entendidos como objetivos a ser obtenidos, dependen del libre ejercicio de la iniciativa individual y de la existencia de una organización social que lo haga posible. Esta organización tiene en el mercado su principal pivote y fundamento. Se espera así que el mercado libre garantice no solamente el ejercicio de la iniciativa y la obtención del bienestar individual, sino también del colectivo, bien sea comunitario, local, regional, nacional o global. Si el propósito de bienestar material se obtiene de manera muy desigual y restringida surge el cuestionamiento acerca de las razones y explicaciones de este fracaso.

En algunos casos se considera que este fracaso no es el resultado ni el producto de la existencia de disparidades económicas territoriales. No obstante, este resultado se puede llegar a juzgar indeseable y justificar una intervención colectiva para corregirlo. Surge entonces el espacio y la justificación de una política regional o territorial de corte principalmente social. En otros casos se estima que este fracaso o deficiencia, desigualdades sociales, deriva en parte de la existencia de disparidades territoriales, las cuales, con su existencia, van en detrimento no solamente del bienestar de unos pocos sino del conjunto. Surge, en estas circunstancias, la justificación de una política territorial de corte económico.

A este razonamiento le ha surgido una variante contemporánea que no le es totalmente consistente pero que adquiere fuerza e importancia. Esta variante está asociada con el surgimiento de nuevos valores y principios éticos socialmente reconocidos, tales como la diversidad cultural, étnica, lingüística, ambiental y ecológica. Al interior de esta vertiente se piensa que el lugar, el territorio o la región, son medios propicios para el desarrollo de formas culturales, lingüísticas, sociales, arquitectónicas que desaparecerían con su despoblamiento y empobrecerían la sociedad en general por la vía de la pérdida de memoria histórica y de diversidad sociocultural.

Este discurso, de origen moderno e inspiración occidental, es casi universalmente aceptado y reconocido como fuente de legitimidad tanto de la política económica como de la política territorial. No obstante, por razones de ethos y por consideraciones de orden teórico, dan lugar a diferentes configuraciones y construcciones específicas de la política territorial.