1.2.3. Las fallas del mercado, la eficiencia Paretiana y la inevitabilidad del intervencionismo estatal.

Las fallas del mercado son un factor importante que justifica la intervención estatal en la economía. Constituye el principal aporte de la Teoría Neoclásica al estudio de la intervención del Estado y la vía mediante la cual lo acepta, a pesar de que en sus postulados se opone a esa idea. Incorporo por separado el análisis de este factor por su origen teórico y porque, además, interesa observar como partiendo de los postulados de esta Teoría económica, no sólo es posible descubrir que la intervención estatal es necesaria, sino que, además, es inevitable.

La teoría neoclásica considera innecesaria la intervención del Estado en la economía, pues supone que la acción de los agentes económicos se da bajo condiciones de competencia perfecta, es decir, en un mundo en donde todo se ajusta automáticamente y encuentra siempre su mejor lugar. Ante la falta de coincidencia entre la teoría y la práctica, han surgido, dentro de esa misma corriente de pensamiento económico, posiciones que consideran la existencia de las llamadas fallas del mercado. Es decir, situaciones en las que no existe una o más de las condiciones necesarias para el funcionamiento óptimo del mercado y que caracterizan a la competencia perfecta. Más específicamente, una falla del mercado, de acuerdo con la teoría económica denominada Nueva Economía del Bienestar es el resultado de la trasgresión de los supuestos o condiciones sobre los que funciona el modelo de una economía competitiva, los cuales son: competencia perfecta, rivalidad, exclusión, información perfecta y mercados completos. De acuerdo con esta teoría, el mercado, con su sistema de precios competitivos genera asignaciones eficientes de los recursos, en el sentido paretiano siempre que se cumpla con los supuestos señalados. De modo que la ausencia de estos impide una asignación eficiente de los recursos, es decir, en cualquier mercado, con ausencia de estas condiciones, el sistema de precios competitivos estará generando asignaciones ineficientes de recursos. Y cuando hay ausencia de estas condiciones se dice que se está frente a una falla del mercado. Las fallas del mercado son:

i) competencia imperfecta, ii) monopolio natural iii) provisión de bienes públicos para los que los precios del mercado son inapropiados, iv) la existencia de externalidades no internalizadas: v) recursos de propiedad común, vi) información imperfecta y costosa, vii) mercados incompletos.

La noción de eficiencia que aquí se utiliza, remite al planteamiento del óptimo de bienestar del economista italiano Vilfredo Pareto . Según sus planteamientos, la eficiencia está determinada por el mejor uso que sea posible dar a los recursos en propiedad de los agentes económicos. De este modo, un sistema económico podrá ser considerado como eficiente sí:

a) Realiza asignaciones óptimas de recursos,

b) Maximiza el bienestar colectivo.

Bajo esta consideración, un sistema económico es eficiente cuando todas y cada una de las asignaciones de recursos que se realicen, son asignaciones Pareto eficientes o Pareto óptimas, es decir, son asignaciones de recursos que permiten alcanzar una situación B, que resulta ser superior o preferible a la situación inicial A, porque el cambio implica una mejora para algún o algunos miembros de la sociedad sin que ninguno otro resulte perjudicado. Asimismo se considera el concepto de Pareto Superioridad que se utiliza con frecuencia para comparar la eficiencia relativa de asignaciones alternativas. De donde se entiende que una asignación A es Pareto Superior a otra B cuando, en el cambio, la situación de toda la sociedad mejora sin que la de nadie empeore. Evidentemente, una asignación se considera Pareto óptima si y sólo si no se tiene ninguna otra asignación alternativa que sea Pareto superior . Esta perspectiva de la eficiencia se aplica tanto en la producción como en el consumo. En este sentido, la eficiencia exige que no sea posible encontrar una mejor asignación para producir mas de un bien sin reducir la cantidad producida de los demás bienes. Lo mismo debe darse en el consumo. Para que una asignación en el consumo tenga esa característica deberá ser imposible mejorarla en el sentido de no poder aumentar el bienestar de un individuo, derivado del consumo, sin reducir el de otro (u otros) mediante redistribuciones en los bienes. Desde esta perspectiva, entonces, el mercado puede producir ineficiencias, pero, también, resultados inequitativos, es decir, conducir a situaciones en las que, existe déficit de bienestar social. Esto es, que no se puede maximizar dicho bienestar debido a que se está maximizando sólo el bienestar individual de algunos. Esto significa que algunos individuos no están dispuestos a someterse a procesos de redistribución, porque no están dispuestos renunciar a una parte de su bienestar individual, aunque esta renuncia permita maximizar el bienestar colectivo. De lo anterior es posible afirmar que la ineficiencia y la inequidad que son derivadas de las fallas del mercado, deben entenderse como una disfuncionalidad del mercado, que puede ser coyuntural, pero normalmente es de carácter estructural, crónico, y permanente. Ello debido a que, en muchos casos, esto es resultado de la ausencia permanente de una, varias o todas las condiciones bajo las cuales puede funcionar eficientemente el mercado. Adicionalmente, es importante decir, que esta disfuncionalidad se entiende, en términos generales, producto de que el funcionamiento y las decisiones macroeconómicas son el resultado de un número muy grande de decisiones y acciones de orden microeconómico (de carácter individual) que generan, como consecuencia, situaciones que no coinciden siempre con las elecciones individuales. Esto significa que las soluciones económicas que se dan en el ámbito del mercado no son, necesariamente, soluciones eficientes, de modo tal que es posible afirmar que las decisiones racionales individuales pueden producir un resultado irracional en el plano social y macroeconómico. Por ello es válido decir que, bajo condiciones de mercado, en donde ese tipo de soluciones es predominante, un funcionamiento eficiente del capitalismo, es un resultado poco probable ya que dichas soluciones no son suficientes para garantizar un estado social óptimo. Desde luego, el esquema teórico paretiano, está sustentado en el liberalismo económico, sin embargo parece que su validez sea una defensa del libre mercado Por el contrario, como se observa de lo argumentado mas arriba, este esquema se sustenta en un criterio de eficiencia y equidad que remite a una valoración social en las asignaciones de recursos. Se entiende que si el mercado no está asignando eficientemente, se están dejando de alcanzar situaciones Pareto óptimas o superiores. Por tanto la solución óptima está fuera del mercado. Es decir, se rechaza el teorema de la mano invisible. En este sentido Sen opina que:

Aunque tradicionalmente se haya pensado que el criterio de Pareto era una expresión de libertad individual, resulta que, cuando se trata de escoger entre más de dos alternativas, dicho criterio puede tener consecuencias que son, de hecho, profundamente antiliberales.

Adicionalmente, es necesario considerar que, una situación de equilibrio general competitivo es un óptimo paretiano, pero un óptimo paretiano no necesariamente constituye un equilibrio. Por lo tanto es posible alcanzar situaciones óptimas sin estar en equilibrio y de hecho, la búsqueda del equilibrio general deja de tener sentido porque puede resultar una solución inferior a una óptimo Paretiana. Si este es el caso, el mercado sólo podrá ofrecernos equilibrios generales, pero no óptimos paretianos.

...la elegante solución teórica del óptimo individual no resuelve, sin embargo, el problema del óptimo social, que depende no sólo de la mejor asignación de los recursos, sino también de la distribución de la renta, que queda indeterminada en el planteamiento paretiano.

De todo lo anterior se desprende que este planteamiento teórico resulta ser una justificación teórica para la intervención estatal en los mercados y una refutación al planteamiento liberal de que ésta no es necesaria y que el mercado puede lograr el bienestar. Esta conclusión se refuerza con los aportes de la Nueva Economía del Bienestar (Bergson 1938, Kaldor 1939, Hicks 1939, Scitovsky 1941, , Samuelson 1947, Little 1949) en que se revitaliza la idea de que los juicios de valor, específicamente los relacionados a la distribución del ingreso, no pueden eludirse, por lo que es necesario explicitarlos. Idea que permite concluir que no es posible considerar que existe incremento de la eficiencia o bienestar si no existe distribución del ingreso. Sin embargo, la pretensión de la teoría es poder determinar una fórmula con la que se pueda maximizar el bienestar, de manera ampliamente aceptada, objetiva y sin controversias, de modo que se reduzca al mínimo los juicios de valor y las elecciones políticas en el proceso de asignación de recursos. De este modo, Bergson inicia y Samuelson continúa, la construcción de una función de bienestar social, entendida como una fórmula que expresa y determina el bienestar colectivo a partir de una escala de preferencias individuales de una comunidad. Preferencias, éstas, que, a su vez, expresan y determinan el bienestar de cada individuo. Desde luego, el punto más importante y delicado de la construcción de dicha función es el que refiere al paso de las preferencias individuales a las colectivas, porque significa poder establecer una combinación tal que exprese las aspiraciones de toda la sociedad considerando las aspiraciones individuales y la forma que adquiere la función estará determinada por las decisiones específicas sobre los objetivos que le sean introducidos y, por lo tanto, por quien o quienes corresponde tomar esas decisiones. Sin embargo, la Nueva Economía del Bienestar pretende que dichas decisiones carezcan de juicios de valor y que quienes las tomen lo hagan con estricta objetividad. Es decir, plantea la posibilidad de tomar medidas políticas sin apelar a consideraciones políticas, ni otras de carácter valorativo, por ello, pierde relevancia quién tomará las decisiones. La posibilidad de realizar una cuestión de esta naturaleza es desvirtuada totalmente por el Teorema de la Imposibilidad de Arrow , mediante el cual, este autor encuentra que es imposible encontrar una función de bienestar social que cumpla, simultáneamente el conjunto de condiciones necesarias que debe tener toda fórmula que exprese el bienestar colectivo a partir de las elecciones individuales. Es decir, que, en general, no se puede encontrar una regla para pasar de las ordenaciones individuales a una ordenación social compatible con sus condiciones “razonables”. La compatibilidad requeriría una función de bienestar social impuesta o dictada .

Esto significa, en otras palabras, que las posibilidades de lograr un funcionamiento eficiente y maximizar el bienestar por la vía del mercado, son muy limitadas, ya que la función social del bienestar debe reflejar los acuerdos a los que llegan los miembros de la sociedad, pero es escasamente probable que estos se alcancen de manera espontánea, por lo que se requiere que desde fuera del mercado se fije la función social que satisface a toda la sociedad. Esto significa que las reglas para el funcionamiento económico y los alcances del mismo, se determinan en una esfera distinta a la económica, en el ámbito político de la lucha por el poder, en la confrontación social por el dominio del Estado. Porque el Estado es el único instrumento capaz de promover la eficiencia y el bienestar, siempre que eso esté al alcance de los consensos alcanzados por las clases y grupos sociales. Es decir, la voluntad de hacerlo no le es inherente al Estado, la sociedad debe de imponérselo. De ese modo las preferencias individuales, de grupos y de clases que conformarían la función de bienestar, no se resuelven a través del mercado, sino a través del Estado que, como resultado de ella, permite que la economía funcione de una u otra manera. Es decir, que si al mercado o al Estado se le restringen, o se le asignan ciertas funciones económicas, o todas, ello se debe a que así lo han valorado, individuos, grupos y clases cuya voluntad resume el Estado en un conjunto de decisiones que impone como autoridad social. Por tanto, si el mercado no garantiza eficiencia y bienestar, ni los mecanismos adecuados para revelar adecuadamente las preferencias individuales, el Estado debe intervenir. Pero ello puede darse o no, dependiendo quien se encuentre tras el poder del Estado y hasta que punto está dispuesto a permitir que esa intervención se dé.