5.2.2. La estructura interna de la contracción fiscal.

El profundo ajuste en la política de gasto público respondía a dos objetivos concretos:

a) Alcanzar el equilibrio presupuestal porque ello brindaría estabilidad a la economía, bajo la consideración de que la causa de la inflación y las distorsiones en los mercados tenían su origen en el déficit público.

b) Reorganizar las prioridades presupuestales del Estado a la luz del reconocimiento de la necesidad de renunciar a sus tareas productivas y sociales.

El primer objetivo se deriva del deterioro financiero que empezó a sufrir el Estado, particularmente debido a los desajustes presupuestales de las finanzas paraestatales. Según puede verse en el cuadro y gráfica 63, el sector paraestatal muestra una posición deficitaria desde 1970, la cual se va ampliando de tal manera que en 1981 representa el 5.5% del PIB. Este deterioro financiero obedece a la insuficiencia de recursos del sector paraestatal para sostener la fuerte expansión de la capacidad productiva a que estuvo sujeto, la cual requirió la contratación de deuda pública y el uso de un creciente volumen de transferencias otorgadas por el gobierno central, como lo muestra el cuadro y gráfica 64. A pesar de este déficit paraestatal, el sector público mostró una posición superavitaria durante el período mencionado, según consta en la información del cuadro 63, debido a que los ingresos públicos totales crecieron a un ritmo mayor que el gasto público total y mostraron valores superiores a éste, lo cual permitió compensar el déficit paraestatal. A partir de la crisis de 1982, la caída de los ingresos públicos a un ritmo mayor que el gasto público, propició el deterioro financiero del sector público, apareciendo grandes déficits fiscales que se mantuvieron hasta 1990, año a partir del cual se reducen, desapareciendo entre 1992 y 1994 y volviendo a aparecer y extendiéndose hasta el año 2000. Es importante destacar que la aparición del déficit del sector público coincide con la desaparición del déficit del sector paraestatal. Efectivamente, para 1983, después de 10 años de superávit constantes, el Balance total del Sector Público muestra un déficit que alcanza un 11.5% como proporción del PIB. En cambio el sector paraestatal obtiene un superávit, después de 14 años de déficit constantes. Esto se debe, en parte a la reducción del gasto paraestatal y en parte al incremento de las transferencias que precisamente, permiten aliviar la situación financiera del sector paraestatal deteriorando la del sector público. Por supuesto, esto propicia que el gasto paraestatal pueda reducirse más rápidamente que el gasto público. Sin embargo, en los años siguientes el déficit público persiste a pesar de que el volumen de transferencias disminuye dramáticamente, al igual que el gasto paraestatal. Así, por ejemplo, es posible observar que en 1988 las transferencias representaron menos de la mitad de las existentes en 1983, sin embargo el déficit público fue del 8% como proporción del PIB. Según se ve la contribución paraestatal al déficit público disminuye considerablemente y esto permite afirmar que el sector paraestatal a partir de los ochenta dejó de determinar el deterioro financiero del Estado, dicho de otro modo, el déficit público se independiza del déficit paraestatal. Como puede verse en la gráfica 63, mientras que a partir de 1983 el sector paraestatal prácticamente no presenta déficits o estos son muy pequeños, el sector público muestra una posición deficitaria permanente. Esto se explica por el hecho de que al disminuir la necesidad de apoyos al sector paraestatal, como resultado de la disminución de su gasto, disminuyen las transferencias otorgadas (de manera notoria a partir de 1986) a un ritmo tal que para 1996 son tan reducidas como en 1973. Esto significa que las presiones que ejercía el gasto paraestatal sobre el gasto total disminuyen y con ello, disminuye su influencia sobre el déficit público total. Pero también se explica porque el Estado ha perdido capacidad para incrementar sus ingresos como resultado de su retiro de las actividades económicas y porque la disminución de los recursos que orientaba al fomento económico, le impiden impulsar un crecimiento económico tal que permita recuperar los niveles de recaudación.

En conclusión, la reducción del gasto paraestatal sólo se alcanzó como objetivo en el mediano plazo, mientras tanto, no logró mejorar la situación financiera del Estado y en cambio debilitó la capacidad de la economía mexicana para reiniciar un proceso vigoroso de crecimiento económico en el largo plazo.

El segundo objetivo se deriva de la nueva concepción sobre las funciones del Estado y se manifiesta en la reorganización de la estructura interna del gasto público. La creciente participación que había mostrado el gasto económico en el gasto total, desde la trascendental reorganización fiscal en la década de los treintas, constituyó uno de los principales mecanismos de intervención económica estatal. Este gasto llegó a representar hasta el 57% del total en 1954 y en 1975, según consignan cuadro y gráfica 65. Y alcanzó su máxima participación en 1980, concentrando el 69.7% del total, en correspondencia con sus funciones de acumulación. Sin embargo, como resultado de la reformulación de esas funciones, a partir de 1984 es notoria la reducción de su participación, de tal manera que para 1996 representaba, tan sólo, el 23% del total. Proporción igual a la que tuvo en 1934, año en que, todavía a la distribución del gasto se realizó bajo criterios financieros liberales y que, además, no volvió a ser tan baja durante todo la etapa de vigencia del Estado Intervencionista.

Del mismo modo, la renuncia a las tareas sociales del Estado canceló la vía de las reformas sociales, lo cual se manifestó en una reducción de la participación del gasto social, que en 1985 representó apenas el 6.8% del total, mientras que durante los setentas tuvo valores hasta del 25% como en 1972 y en ningún año de esa década participó con menos del 16.4%. Sin embargo, a partir de 1988, este rubro recupera su participación, de manera que hacia 1996, representaba un 25% del total. Esto no significa, sin embargo, que el Estado haya recuperado sus funciones sociales, en realidad lo que sucedió es que, ante el deterioro del nivel de bienestar, resultado de las reformas económicas, se vió obligado a implementar una política social que amortiguara el impacto de los ajustes, la cual, pese al monto de recursos que se le destinó, no puede equipararse a lo que he denominado reformas sociales.

Los cambios en la participación del gasto administrativo, particularmente a partir de 1984, cuyos valores contrastan con los de la etapa intervencionista, denotan la renuncia del Estado a su papel impulsor del crecimiento y del mejoramiento del bienestar social y la recuperación de los principios del Estado Administrador. Así, el gasto administrativo pasó a representar una cada vez mayor proporción del gasto total, pues mientras en los setentas observó valores de entre 21 y 37%, su incremento constante en los años siguientes lo llevaron a alcanzar, en 1996 una participación del 51.8%. Porcentaje muy similar a los observados durante la etapa del Estado liberal pre-revolucionario.