BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

GASTO PÚBLICO Y SECTOR PARAESTATAL EN MÉXICO

Hilario Barcelata Chávez




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4.1.2. La estrategia de reorganización estatal y los conflictos sociales.

Para responder a la necesidad de reconstituir el proceso de reformas sociales a favor de una masa cada vez mayor de no beneficiarios del crecimiento económico, pero también para atender la necesidad de reforzar los mecanismos de acumulación de capital y resolver con ello los nuevos problemas a que se enfrenta el país, el Estado intentó replantear su papel en la economía. De ahí deriva la implementación de una estrategia de desarrollo basada en la expansión de su intervencionismo a través de la manipulación del gasto público y la reestructuración de su uso, así como mediante la creación de nuevas empresas públicas y organismos descentralizados que ampliaron la variedad de actividades en las que intervenía el Estado. Esto fue acompañado de reformas al marco legal en que se sustentaba la participación del Estado en la economía. En 1971 se crean, por ejemplo, el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y se reforman, entre otras, la Ley de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal. De hecho, la implementación de esta estrategia se entiende como un reencauzamiento hacia un nacionalismo revolucionario y hacia la recomposición de la economía mixta, instrumentos esenciales de las reivindicaciones revolucionarias que algunos gobiernos postcardenistas apartaron del proyecto de nación.

El Estado mexicano expresaba con ésta estrategia, la necesidad de ampliar sus márgenes de maniobra y con ello ampliar su autonomía relativa frente a las clases y grupos sociales, principalmente con respecto a los grupos de poder económico empresarial, para poder dirigir con plena libertad el rumbo del desarrollo del país. Esta búsqueda se intensifica como resultado de la ampliación del grado de conflictividad social existente, que es un factor condicionante del grado de autonomía estatal.

Esta estrategia agravó los conflictos políticos nacionales, ya que la ampliación de la autonomía relativa del Estado significó restarle poder a las clases y grupos sociales. Los empresarios (nacionales y extranjeros) se mostraron preocupados por la ampliación de la influencia del Estado que sentían como una amenaza a sus intereses económicos. En particular, los temores y el enfrentamiento de los empresarios se derivó, en primer lugar, de la propuesta de modificación de la política impositiva en diciembre de 1972 con el fin de incrementar sustancialmente los ingresos públicos por ésta vía. Dicha propuesta fue entendida como un atentado contra los grupos empresariales ya que pretendía eliminar las acciones y valores al portador y volverlas nominales, es decir, desaparecer la anonimidad de las sociedades. También proponía imponer gravámenes individuales a los causantes; impuestos a los ingresos derivados del capital con tasas iguales a los provenientes del trabajo; un nuevo impuesto nacional sobre el patrimonio; reducción de las deducciones en gastos de operación de los negocios y tasas impositivas progresivas para personas físicas

De igual modo se constituyeron en preocupaciones y en fuente de conflicto, las modificaciones jurídicas como la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y la intensificación del reparto agrario. Pero también el hecho de que, en el terreno de los argumentos, se reafirmaba públicamente el papel rector del Estado para fijar el rumbo y el ritmo de desarrollo y junto con ello, se intensificaba el lenguaje nacionalista y a favor de reformas que consolidaran la rectoría del Estado y ampliaran las bases sociales en que se fundamentaba su acción rectora. El propio PRI contribuiría en buena medida a alimentar los temores empresariales ya que radicalizó su discurso a favor de mayores espacios políticos para las clases populares dentro del Estado . Del mismo modo, los trabajadores se movilizan y plantean la defensa de sus espacios, sus logros y del modelo de desarrollo y su profundización. Es decir, se intensifica la lucha sindical a través de una gran cantidad de movimientos huelguísticos a favor de las fuentes de empleo, la vigencia del salario mínimo y la expansión de su contenido y se amplía la lucha por incrementar el salario de tal manera que pueda superar la pérdida del poder adquisitivo. Esto se sostiene hasta 1976, momento a partir del cual se practica una política de incremento distinta que inicia el proceso de deterioro de los salarios reales que se extiende hasta la fecha.

El gran movimiento sindical trató de estructurar un programa definido de organización nacional congruente con una ideología popular y antiimperialista, a través del cual se proponía ampliar la nacionalización a sectores productivos de la industria alimentaria, químico-farmacéutica, de maquinaria agrícola, de los bancos comerciales y la expropiación de empresas extranjeras De igual modo planteaban una ampliación de las funciones de Conasupo, incremento del gasto público, ampliación de la participación del Estado en la economía, abandono de la política económica “reaccionaria” del gobierno y una reforma fiscal que descansara en impuestos al capital.

Los temores empresariales se reflejaron, primero en un estancamiento de la inversión privada. La Inversión bruta fija privada que en 1971 fue equivalente a un 12.3% como proporción del PIB, se redujo a un 11.1% en 1973 . Luego tomó la forma de enfrentamiento verbal entre empresarios y el Poder Ejecutivo. Sin embargo, hay que considerar que la política fiscal no lesionó los intereses directos de los empresarios. De hecho el proyecto de expansión impositiva nunca se llevó a cabo, debido a la reacción empresarial que se opuso a toda costa y, pero también porque el Estado no se apoyó en las clases populares para darle un amplio respaldo popular a la reforma fiscal. Esto significó una gran victoria para las clases empresariales, una gran derrota para el Estado que pretendía ampliar su autonomía relativa para imponer su proyecto y marca el punto de partida del debilitamiento político del Estado frente a las clases propietarias para mantener vigente el Pacto de dominación bajo las condiciones que se planteó originalmente. Debilitamiento que propiciará el resquebrajamiento total de dicho Pacto y el surgimiento de un nuevo arreglo social, económico y político a partir de 1983.

La fuerza que demostraron los empresarios y su capacidad de negociación frente al Estado no sólo impidió perjuicios económicos en su contra, además, permitió mantener los mecanismos ya existentes de apoyo a la acumulación privada de capital, como lo demuestra el hecho de que la política de precios y tarifas bajas para los bienes y servicios producidos por el Estado, no se modificó sino hasta 1974. Tampoco hubo modificaciones profundas en materia fiscal, salvo un pequeño incremento en la tasa general del Impuesto sobre ingresos mercantiles que subió del 3% al 4%. De hecho la política impositiva se sustentó en la ampliación de los impuestos indirectos, antes que en aquellos que gravan los ingresos y la riqueza . Aún así, los empresarios mantuvieron una estrategia de enfrentamiento con el Estado, a tal grado que en 1975 los dirigentes de las principales cúpulas empresariales crearon el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) con el fin de oponerse a la ideología estatal y a su política económica . Este representa el primer caso de la creación de un organismo empresarial no promovida por el Estado y por lo tanto al margen de su control e intervención. Esto es trascendental porque la CANACO, la CAMCO, CONCAMIN, ABM, COPARMEX, y CANACINTRA, son todos organismos empresariales que surgieron promovidos por el gobierno para favorecer las actividades empresariales, manifestar sus opiniones y defender sus intereses pero sin cuestionar el contenido fundacional de la sociedad y sin cuestionar el modelo de desarrollo derivado de la revolución. Es decir, eran instrumentos mediante los cuales el Estado podía controlar y mediatizar la extensión de las demandas de las clases propietarias y, por esa vía, mantener bajo control el conflicto social subyacente al Pacto de Dominación. También es trascendental el hecho de que el enfrentamiento con el Estado llevó a los grupos empresariales a crear un clima de desconfianza en el gobierno y una visión catastrofista de la economía, a tal nivel, que creó dudas acerca de la gobernabilidad del país y la armonía social, generando fuertes tendencias económicas que actuaron en contra de las políticas públicas implementadas, como la gran fuga de capitales al exterior.

Estos hechos son significativos porque marcan el inicio del rompimiento del Pacto de Dominación que fundamentaba el papel socialmente aceptado del intervencionismo estatal en la economía y la forma en que se aceptaban y negociaban las decisiones del Estado. Es decir, el conflicto estaba impulsado por el objetivo de las clases propietarias de abandonar y

modificar las formas en que el Estado satisfacía sus intereses, debido a una incapacidad para entender que, aunque de modo indirecto y en el mediano plazo, dichas reformas se proponían apuntalar la acumulación de capital, al reformular el sistema económico a favor del capital. El hecho de que esto no sea evidente para los empresarios deriva de la consideración de que la

...política económica, en cuanto práctica social del poder, representa un fenómeno complejo que no sólo expresa la intencionalidad de quienes lo detentan hegemónicamente, sino, además, la manera como se procesan las contradicciones entre los diferentes componentes del bloque dominante

Así pues, la expansión intervencionista del Estado, acosada y acotada por el descontento y la persecución de las clases económicamente poderosas del país, representa una contradicción en sí misma, ya que dicha expansión se justificaba por la necesidad de ampliar los espacios para reformular y reconstruir los mecanismos de acumulación de capital y de aquellos que permitían el mejoramiento material de las clases populares y generaban legitimidad para el Estado, para el sistema económico y, por tanto, para la existencia misma de la acumulación privada de capital y de los mecanismos que el Estado manipulaba para hacerla viable. La ampliación de estos espacios implicaba crear un mayor grado de autonomía estatal porque, de hecho, sólo cuando el Estado obtiene más autonomía, es cuando mejor puede representar los intereses de todas las clases y grupos, en la medida que amplía los márgenes de maniobra de las políticas públicas.

Sin embargo, a pesar de la oposición empresarial, los espacios de acción se abrieron permitiendo la reformulación de las funciones y tareas del Estado y la ampliación de su base material, productiva y laboral, recuperando con ello la que tenía a fines de la década de los cincuentas, aunque ahora con mayores restricciones financieras y un gran deterioro ideológico.

De lo que se trataba, en suma, era de “caminar” a través de una crisis inatajable y, al mismo tiempo, procesar una transición “indolora” hacia un capitalismo industrial más integrado económica y socialmente en lo interno y menos vulnerable en sus relaciones con el exterior. De ahí la necesidad de hacer compatibles, a través del “diálogo” con las clases dominantes y la “apertura” para algunos sectores del bloque dominado, las exigencias urgentes de la modernización económica con las que se derivaban de la notoria, pérdida de legitimidad sufrida por el sistema político y el Estado a lo largo de los años sesentas

Sin embargo, el Estado no pudo sostener eficientemente esta situación por mucho tiempo. La ausencia de una estrategia que le permitiera sustentar su proyecto en el poder que le confería su base social y con ello imponer su autonomía frente al embate de los grupos empresariales, significó la pérdida de la capacidad para imponer una política económica que le permitiera seguir cumpliendo eficientemente con sus tareas de acumulación y legitimación. Con ello se inició un proceso de descomposición de la lucha política de las clases populares en el marco del Estado y se agotó su capacidad legitimadora frente a ellas. Debilitado y con serios conflictos internos derivados de las posiciones encontradas entre miembros del gabinete en torno a la conducción del país, se observa su rendición ante las clases propietarias y el principio del fin del Pacto de Dominación Postrevolucionario.


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