BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

GASTO PÚBLICO Y SECTOR PARAESTATAL EN MÉXICO

Hilario Barcelata Chávez




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1.1.4 La autonomía estatal del Estado intervencionista.

El Estado intervencionista manifiesta un contenido cualitativamente distinto con una base ideológica sobre la que construye un conjunto de mecanismos e instrumentos para reorganizar el manejo de los recursos esenciales en la búsqueda del interés colectivo que ahora tiene, explícitamente, el encargo de defender. En esta transformación, el Estado aparece como una instancia que, por éste medio, adquiere autonomía con respecto a las clases sociales en general y a la dominante en particular. Separándose y colocándose por encima de la sociedad en la medida que es exigido como árbitro de ésta. Y se le reviste de una capacidad para resolver las contradicciones y los conflictos entre las diversas clases sociales con intereses encontrados, otorgándosele la autoridad y el poder necesario para consolidar y preservar el sistema en su conjunto. Dotado de éstas facultades y responsabilidades, el Estado utiliza esa autonomía para imponerle a la sociedad (como reflejo del interés colectivo) su supremacía y rectoría basada en un amplio intervencionismo económico, que no es la única forma de intervención, pero si la más importante para cumplir con su tarea fundamental de controlar, reducir y hasta cancelar los conflictos sociales y conciliar los intereses encontrados. La autonomía otorga libertad al Estado para elegir la forma de intervención económica más adecuada y su contenido queda definido a partir de la integración conflictiva de los proyectos de cada una de las clases sociales y del proceso interno de maximización de la autonomía estatal. De esta forma el intervencionismo económico se constituye en el principal mecanismo a través del cual se lleva a cabo una eficaz y eficiente defensa y promoción del interés colectivo. Lo que se traduce en una expansión armónica del sistema capitalista. De aquí que pueda establecerse una relación directa entre el grado de conflicto interclasista e intraclasista y la autonomía relativa del Estado, de modo que a medida que son más amplios los conflictos existentes, hay un mayor espacio y necesidad para la intervención estatal. Y este mayor grado de conflictividad se debe a la mayor diferenciación en la capacidad de acumulación de capital y uso de las libertades jurídicas respecto a la propiedad privada de las fracciones de la clase dominante, así como a la mayor diferenciación social derivada de la capacidad de cada clase para apropiarse de una determinada proporción del excedente económico. De modo que entre más amplias sean las disparidades sociales y económicas, mas se requerirá la intervención económica del Estado. Pero esa mayor intervención sólo es posible si la fuerza del Pacto de dominación le ha otorgado suficiente autonomía, la que, a su vez, se ampliará con esa mayor intervención. Esto significa, que a medida que las disparidades sociales y económicas son mayores en una sociedad, el Estado requiere una mayor autonomía debido a la mayor fuerza y presión que clases y grupos menos privilegiados van a ejercer sobre él. De aquí que sea posible decir, entonces, que la autonomía estatal esta en relación directa a la fuerza con la que se impongan las clases populares y ello, a su vez, depende del grado de conflictividad social que exista en la sociedad.

El proceso mediante el cual el Estado adquiere esta autonomía con respecto a la clase dominante implica un proceso de disociación entre los integrantes de la clase dominante y los grupos burocráticos que componen el aparato estatal que ya no serán reclutados de aquella. Implica, también, un proceso de adquisición de una conciencia e ideología propias que proviene, de un proceso de identificación y de selección de aquellos valores y objetivos que las clases populares se proponen y tratan de imponer, bajo presión, al Estado y que éste adopta para sí, en un esfuerzo por constituir un proyecto nacional de largo plazo que asegure la viabilidad del sistema capitalista. Así, esto hace posible que la autonomía estatal exista como fenómeno que implica una capacidad de actuación del aparato estatal, políticamente independiente de la intervención directa de la clase dominante. Actuación que permite, a éste aparato, imponer restricciones, redefinir límites y formas de participación, redistribuir incentivos y tareas y reorientar objetivos a todas las clases, fracciones y grupos, en particular a la dominante y para buscar fines distintos a los particulares de ésta, tales como los intereses específicos del Estado . De este modo el Estado puede imponerle a la clase dominante, desde la aceptación de la redefinición de las tareas y objetivos del Estado, (con las que normalmente no está de acuerdo) hasta la obligatoriedad para seguir determinada conducta. Es decir, que sólo mediante la adquisición de una autonomía relativa con respecto a las clases sociales en general y a la dominante en particular, el Estado puede imponer, al sistema, modos específicos de funcionamiento y poner en práctica un conjunto de decisiones y medidas que constituyen, en conjunto, un proyecto de nación cuyos elementos constitutivos se derivan del Pacto de dominación y sin el cual es imposible asegurar la viabilidad del sistema en el largo plazo. Esto implica la inclusión de acciones, objetivos y compromisos materiales que pueden estar en contradicción, de modo inmediato, con los intereses de la clase propietaria, pero que constituyen mecanismos para mantener en equilibrio la presión de las diversas fuerzas sociales (ya sean clases subordinadas o fracciones de la clase dominante) y mantener dentro de sus cauces el predominio del capital, que sin esa autonomía sería imposible imponer.

La autonomía del Estado con respecto a las clases que lo conforman rebela una neutralidad estatal en relación con los intereses de dichas clases, lo que debe entenderse no como el hecho de que el Estado no reparta incentivos a nadie, sino que los va a repartir de manera más equitativa. Es decir, se entiende como el hecho de que el Estado esta trabajando en interés de la sociedad en su conjunto y no para el de una clase específica. Aunque no por ello renuncia a salvaguardar el sistema económico y las relaciones de clase sobre las que éste se sustenta. Por el contrario, dicha autonomía es necesaria para la supervivencia del sistema capitalista, sobre todo cuando aquello que se requiere para mantener el sistema, constituye una contradicción con respecto a los intereses de la clase dominante en general y de la fracción hegemónica en particular.

El Estado organiza y reproduce la hegemonía de clase fijando un campo variable de compromiso entre las clases dominantes y las clases dominadas, imponiendo incluso, a menudo a las clases dominantes ciertos sacrificios materiales a corto plazo a fin de hacer posible la reproducción de su dominación de largo plazo

Esto último va a plantear la posibilidad de identificar en el Estado capitalista un mayor o menor grado de neutralidad estatal, que no es sólo una apariencia, sino que forma parte de la nueva naturaleza de ese Estado sujeto a condicionamientos. El grado de neutralidad que alcance el Estado dependerá del grado de autonomía que logre obtener, lo que, a su vez, está sujeto al resultado del conflicto que se abre entre el Estado y la clase dominante por la necesidad de aquél de obtener mas autonomía.

El Estado, como ente autónomo, tiene entre sus finalidades la búsqueda de la maximización de su autonomía. Porque, como he dicho antes, es la forma mediante la cual puede actuar de manera más eficiente en la realización del interés nacional. Pero esta búsqueda se traduce en una relación conflictiva entre el Estado (y más particularmente sus instituciones y los cuerpos burocráticos) y las clases sociales, en particular la clase dominante, porque el incremento de la autonomía implica una disminución de la capacidad política de ésta clase para imponerle al Estado su proyecto particular. Y representa, al mismo tiempo, la posibilidad de que el proyecto nacional contenga una menor proporción de elementos coincidentes con el proyecto de la clase dominante y más de los de las clases populares. Porque de hecho la adquisición de la autonomía es mayormente un fenómeno de separación entre el Estado y la clase dominante y una pérdida de la capacidad de ésta para imponer su proyecto e impedir la implementación de otro que incluya a las clases populares, ya sea, como se ha dicho, por el poder que estas representan, ya sea porque es la única fórmula para hacer viable el sistema. Por esa razón toda pérdida de autonomía es una pérdida para el interés colectivo en general y para las clases populares en particular. Y significa, a su vez, una pérdida de los valores, principios y objetivos que sustentan la filosofía social del Estado a favor de la justicia, la equidad y el desarrollo económico. Así la neutralidad y la autonomía misma, existen bajo límites determinados. Esto significa que el Estado puede ejercer una influencia determinada sobre los diversos procesos políticos económicos y sociales al interior del sistema capitalista imponiéndole a la sociedad condiciones, acciones, compromisos y objetivos que constituyen, en conjunto, los intereses específicos del Estado. Pero éstos deberán implicar, al menos en última instancia, la supremacía de la clase capitalista y la defensa y supervivencia del capitalismo. Ese es su límite, de modo que el Estado nunca podrá actuar, ejerciendo su autonomía, en contra de los intereses últimos de la clase dominante. De hecho la clase dominante puede impedir, en un momento determinado, que el Estado actúe autónomamente si sus intereses se vieran amenazados. Lo cual puede deberse, ya sea a que se tenga la percepción de que existe una incapacidad manifiesta para cumplir con las tareas de acumulación, ya sea porque la autonomía ha trascendido sus límites instrumentales y ha adquirido una autonomía estructural que le permite proponerse un cambio fundamental en las relaciones de propiedad y de dominio de clase, con lo que se enfrenta a una situación revolucionaria que podría significar el fin del Estado capitalista. Se entiende, aquí, por autonomía instrumental del Estado la situación en que la intervención de la clase dominante al interior del Estado se da de manera indirecta mediante el establecimiento del compromiso y condicionamiento implícito de salvaguardar los intereses de dicha clase. Ello permite que el Estado establezca un amplio margen de maniobra para dar cabida a los intereses de las clases subordinadas e implementar las medidas necesarias para que mediante la defensa de dichos intereses se asegure la viabilidad del sistema capitalista. Se habla de autonomía estructural al referirse a aquella situación en la cual el Estado ha sido permeado de manera absoluta por intereses distintos y contrapuestos a los de la clase dominante de modo que se cuestiona su hegemonía y puede llegar a proponerse, incluso, la desaparición del sistema capitalista.

La pérdida de la autonomía instrumental del Estado con respecto a la clase dominante no implica una debilidad del gobierno, por el contrario significa una forma distinta de imponer condiciones de gobernabilidad temporal. Dicha pérdida se deriva de la incapacidad del Estado para responder de manera eficiente a los intereses de dicha clase, o del avance “excesivo” de su autonomía estructural. Pero cualquiera que sea el caso debe ser reestablecida mediante un nuevo pacto. De otro modo la armonía social y la legitimidad quedan expuestas a un riesgo que conlleva la interrupción de la acumulación de capital.

La autonomía estatal esta en función directa al grado de eficiencia y eficacia que alcance el Estado en la preservación y expansión no conflictiva del sistema. Es decir que su mayor eficiencia y eficacia, permiten ampliar sus márgenes de manejo autónomo. Pero el mejor desempeño requiere, necesariamente, la maximización de su autonomía. Porque, en la medida que la autonomía se expande, se incrementa su poder para intervenir en el proceso de acumulación y distribución del excedente económico. De este modo el Estado va a ir construyendo un conjunto de instituciones sociales y estatales, entendidas no sólo como órganos de un aparato estatal, sino también, como un conjunto de reglas, normas, valores, principios y costumbres que le permiten modificar, en el sentido requerido, el comportamiento económico, político y social dentro del sistema y que a la vez, refuerzan su autonomía al cumplir con sus tareas de acumulación y legitimidad.

La autonomía estatal otorga racionalidad al sistema capitalista por cuanto posibilita la implementación de medidas que permiten la expansión de la acumulación privada de capital, hacen posible el mejoramiento material de las clases populares y, gracias a ello, la posibilidad de un desarrollo económico no conflictivo. Sin embargo, el conflicto desatado entre la clase dominante y el Estado derivado de la necesidad de la autonomía de parte de éste y la búsqueda de su limitación por parte de la otra, trae como consecuencia, un proceso de variación de los componentes que dan la esencia al proyecto nacional o de la forma que adquieren éstos en diversos períodos. Lo que implicará mayor o menor búsqueda del interés colectivo y, en coyunturas específicas, puede significar la imposición de medidas que, aunque no alteran el proyecto si frenan su implementación, afectando con ello los intereses de las clases populares.


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